CE - Sentencia 11001031500020250617700 de 2025

Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06177-00

Demandante: HÉCTOR TERCERO MERLANO GARRIDO

Demandados: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

SUCRE Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. – Declara improcedencia por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Héctor Tercero Merlano Garrido , actuando en nombre propio , instauró acción de tutela 1 contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y la

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Héctor Tercero Merlano Garrido , actuando en nombre propio , instauró acción de tutela 1 contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la intimidad, al «secreto profesional», de defensa y a la libertad de expresión.

El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales, con ocasión de las providencias proferidas el 18 de julio de 2025 y el 24 de septiembre de 2025 por las autoridades accionadas , respectivamente, en el proceso disciplinario con radicado 70001-25-02-000-2023-00767-00/02.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el ampar o de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 Índice 02 Samai -Radicada 11 de septiembre de 2025Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

[…]

2. Que se dejen sin efectos la decisión del 24 de septiembre de 2025 y l a providencia del 18 de julio de 2025, que impusieron sanción disciplinaria en mi contra.

www.consejodeestado.gov.co

[…]

2. Que se dejen sin efectos la decisión del 24 de septiembre de 2025 y l a providencia del 18 de julio de 2025, que impusieron sanción disciplinaria en mi contra.

3. Que se ordene la exclusión de la prueba ilícita consistente en el audio captado accidentalmente en la audiencia de control de garantías.

4. Que, en virtud de la ausencia de animus iniuriandi y de la confesión calificada, se disponga la terminación del proceso dis ciplinario por atipicidad de la conducta atribuida. […]2.

Así mismo, solicitó como medida provisional la «(...) suspensión inmediata de los efectos de la sanción disciplinaria impuesta por la comisión Seccional de la Disciplina Judicial el día 18 de juli o de 2025 , y confirmada por la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial el día 24 de Septiembre del 2025, para evitar un perjuicio irremediable mientras se decide de fondo esta acción, en la medida que estoy actuando como representante judicial de la Ca ja de Compensación Familiar de Sucre, «COMFASUCRE» y de la Entidad territorial, Departamento de Sucre, y en ejercicio de la profesión liberal de la abogacía en representación de intereses privados, de contenidos sustanciales y que constituyen intereses eco nómicos de gran valía, como lo demuestro con los respectivos contratos de prestación de Servicios profesionales que anexo.»

Posteriormente, el 8 de octubre de 2025 3, el señor Héctor Tercero Merlano Garrido, presentó memorial complementario a la medida pro visional, y solicitó lo

Servicios profesionales que anexo.»

Posteriormente, el 8 de octubre de 2025 3, el señor Héctor Tercero Merlano Garrido, presentó memorial complementario a la medida pro visional, y solicitó lo siguiente: « Decretar de inmediato la medida provisional de suspensión de los efectos de la sanción disciplinaria que comienza a ejecutarse el 8 de octubre de 2025, hasta que se profiera fallo definitivo en la presente acción de tute la. Oficiar de manera inmediata a la Comisión Nacional y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre para que se abstengan de ejecutar y/o reportar la sanción mientras esté vigente la medida.»

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos4 que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 10 octubre de 2023, l a señora Helena María López García , fiscal 22 de Administración Pública del municipio de Sinc é instauró queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre contra el abogado Héctor Tercero Merlano Garrido por el indebido comportamiento dentro proceso penal identificado con radicado 70001-60-01-037-2022-017285, tramitado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sincé, Sucre, en el cual fungía como representante legal de las víctimas.

2 Transcripción literal de la acción de tutela 3 Índice 08 Samai 4 Índice 02 y 17 Samai. 5 Contra: Rodolfo José Martínez Mendoza Gerente E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Socorro

2 Transcripción literal de la acción de tutela 3 Índice 08 Samai 4 Índice 02 y 17 Samai. 5 Contra: Rodolfo José Martínez Mendoza Gerente E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Socorro

Delito: Prevaricato Por AcciónDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que , en desarrollo de la audiencia de restablecimiento del derecho, celebrada el 12 de septiembre de 2022 el profesional del derecho la catalogó de «bruta», «te rca» y «vieja loca» por oponerse a lo solicitado y no coadyuvar su s requerimientos.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, mediante providencia del 18 de julio de 2025, declaró disciplinariamente responsable a l abogado Héctor Tercero Merlano Garrido, de la falta consagrada en el artículo 32 6 de la Ley 1123 de 2007 e incumplir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 77 ibidem.

Así mismo, lo sancionó con seis meses de suspensión en el ejercicio de su profesión, de conformidad con el a rtículo 438 ibidem y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en atención al artículo 429 de la mencionada norma.

Para el efecto, s e consideró que el abogado incurrió en una conducta dolosa que

mínimos legales mensuales vigentes en atención al artículo 429 de la mencionada norma.

Para el efecto, s e consideró que el abogado incurrió en una conducta dolosa que se adecua de manera clara y objetiva a una falta disciplinaria típica, conforme a lo previsto en el régimen ético que rige el actuar de los abogados de Colombia al manifestar expresiones injuriosas contra una servidora pública lo que atenta directamente contra la confianza y el respeto que debe imperar e ntre los operadores judiciales y la ciudadanía hacia la administración de justicia.

Inconforme con esta decisión , el disci plinado interpuso recurso de apelación y solicitud de nulidad, pidió que se reconociera el carácter ilícito de la grabación de la au diencia celebrada el 12 de septiembre de 2022 , en donde él hizo las afirmaciones que consideró irrespetuosas la quejosa . Igualmente, que se dispusiera la exclusión de las expresiones indebidamente registradas y s e revocara la sanción impuesta por carecer de sustento probatorio válido.

6 ARTÍCULO 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justici a y a las autoridades administrativas: Injuriar o acusar temerariamente a los servi dores públic os, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas. 7 7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que

7 7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. 8 ARTÍCULO 43. SUSPENSIÓN. Consiste en la pro hibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años. PARÁGRAFO. La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública. 9 ARTÍCULO 42. MULTA. Es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la gravedad de la falta, la cual se impondrá en favor del Consejo Superior de la Judicatura el cual organizará programas de capacitac ión y rehabilitación con entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los coleg ios de abogados. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con las de suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación establecidos en el presente código.Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

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Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, l a Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante sentencia del 24 de sept iembre de 2025 10, confirmó la providencia del 18 de julio de 2025 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre.

Con relación a los argumentos del tutelante, esa Colegiatura consideró que no era procedente la solicitud de nulidad , toda vez que , las expresiones injuriosas no se produjeron en un ámbito netamente íntimo o reservado, sino en un escenario semiprivado o social laboral, vinculado directamente con el ejercicio de la actividad profesional. Así lo evidenció el hecho de que fueron realizadas en el marco de una audiencia virtual de restablecimiento del derecho que cursaba en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sincé, que, si bien se encontraba suspendida la diligencia, todavía continuaba la conexión con el despacho judicial, en presencia de los sujetos procesales.

De igual manera, precisó que el se ñor Héctor Tercero Merlano Garrido incumplió la carga d e indicar y argumentar en su recurso cual era la causal de nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, simplemente relató una serie de circunstancias fácticas y jurídicas que consideraba ilegales.

Se expuso que los argumentos del recurrente no lograron derruir los fundamentos

relató una serie de circunstancias fácticas y jurídicas que consideraba ilegales.

Se expuso que los argumentos del recurrente no lograron derruir los fundamentos de la decisión de primera instancia, y la dosificación sancionatoria no fue objeto de apelación ni los criterios que la determinaron, por lo tanto, daba lugar a confirmar la sentencia dictada por el a quo.

Esta decisión fue notificada al tutelante por correo electrónico el 30 de septiembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora manifestó que la decisión sancionatoria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneraron sus derechos fundamentales , toda vez que se basaron en un fragmento de un audio obtenido de una audiencia que se ce lebró de manera virtual, cuando el secretario del despacho judicial mantuvo abierto el micrófono por error, captando involunta riamente una conversación privada sostenida con su asistente personal, dentro de su propia oficina de abogado , lo cual constituye un ámbito constitucionalmente protegido, equiparable al domicilio personal.

Señaló que las expresiones emitidas al interior d e d icho espacio, en una conversación privada y posterior a la finalización de la audiencia judicial, no pueden considerarse públicas , ni sujetas a control disciplinario, pues fueron pronunciadas dentro de un contexto de privacidad absoluta y sin intención de difusión.

10 Decisión que tuvo Salvamento de voto del Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez TamayoDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido

Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro

difusión.

10 Decisión que tuvo Salvamento de voto del Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez TamayoDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como fundamento de lo anterior, mencionó que de acuerdo con el recibo de AFINIA pretende demostrar que su residencia y lugar de trabajo, son en la misma dirección.

Así mismo, adujo que el desconocimiento a sus garantías constitucionales radica en que las autoridades disciplinarias consideraron que dicho espacio correspondía a un «ámbito semiprivado» no protegido por la reserva de domicilio , por tanto, el contenido de la conversación podía valorarse como prueba válida dentro del proceso.

Además, precisó que la sanción impuesta se edificó sobre una fuente probatoria ilícita, cuya utilización genera nulidad constitucional y vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

Expresó que en el presente asunto se configura una causa l excluyente de responsabilidad identificada en la dogmática penal y disciplinaria como error de tipo, puesto que creía encontrarse en un ámbito absolutamente privado, de modo que faltó el elemento cognoscitivo del dolo, esto e s el conocimiento de la antijuricidad de su conducta.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico, orgánico, sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y

antijuricidad de su conducta.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico, orgánico, sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución Política.

En cuanto al d efecto fáctico , manifestó que las prov idencias cuestionadas desconocieron pruebas relevantes y tergiversó los hechos, al considerar que las expresiones se produjeron en un contexto profesional abierto, cuando está demostrado que se trató de un comentario fuera de audiencia captado por error del secretario.

Indicó que el fundamento de las decisiones disciplinarias fue una prueba ilícita, en abierta infracción del artículo 29 de la Constitución Política.

Respecto al error sustantivo, señaló que este se configuró por la interpretación abiertamente irrazonable de la norma disciplinaria, sin indica r el precepto normativo, al atribuir injuria sin demostrar el animus injuriandi.

Finalmente, se refirió al de fecto por violación directa de la Con stitución y del desconocimiento del precedente constitucional, al considerar que las providencias acusadas vulneraron los derechos fundamentales invocados , tales como la inviolabilidad del domicilio y el secreto profesional del abogado ( artículos. 28 y 74 C.P.), así como la libertad de expresión en su dimensión privada (artículo 20 C.P.). Y el artículo 32 del C.P. y el artículo 22 numeral 6 de la Ley 1123 de 2007.

1.5. Trámite de la acción de tutelaDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido

Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro

1.5. Trámite de la acción de tutelaDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia del 9 de octubre de 202511, se admitió la acción de tutela, se ordenó la notificación 12 al solicitante 13 y a la Comisión Secciona l de Disciplina Judicial de Sucre 14 y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 15, como autoridades judiciales accionadas

Así mismo, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora y se ordenó vincular en calidad de tercero con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la señora Helena María López García 16, Fiscal 22 de Administración Pú blica del municipio de Sinc é [quejosa.]

También, se ordenó publicar en el sitio web17 de la Corporación informando sobre la existencia del presente asunto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1 Comisión Nacional de Disciplina Judicial18

La Magistrada ponente de la decisión c uestionada de segunda instancia, manifestó que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que no se configuran la relevancia constitucional, ni la subsidiar iedad como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

manifestó que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que no se configuran la relevancia constitucional, ni la subsidiar iedad como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló que el accionante no cumplió con la carga argumentativa especial que le asiste al tratarse de una acción de tutela contra providencia judiciales, sus afirmaciones están encamin adas a utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia, para ventilar asuntos que ya fueron resueltos por el juez natural, la mayoría de las razones expuestas en la solicitud de amparo son una reproducción del recurso de apelación presentados en el proceso disciplinario.

Expuso que el tutelante prete nde desconocer que la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hace tr ánsito a cosa juzgada, y en su lugar busca abrir una instancia pro batoria e interpretativa adicio nal a la que ya tuvo en el marco del proceso disciplinario adelantado en su contra.

11 Índice 09 Samai 12 Índice 14 Samai 13 Notificación al correo electrónico hmerlanogarrido@hotmail.com 14 Notificación al correo electrónico sdiscsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co 15 Notificación a los correos electrónicocorrespondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co 16 Notificación a los correos electrónicos juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 17 Índice 15 Samai -Aviso a la comunidad 18 Índice 17 y 21 SamaiDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 17 Índice 15 Samai -Aviso a la comunidad 18 Índice 17 y 21 SamaiDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Indicó que el tutelante alegó con fundamento en una prueba a la cual no hizo alusión en el recurso de apelación que interpuso contra la sen tencia sancionatoria de pr imera instancia como fue el recibo de energía eléctrica expedido por la empresa de energía AFINIA daba cuenta que su domicilio o residencia coincidía con su oficina profesional, lugar desde el cual afirmó que la fiscal era «una vieja terca» y «bruta», espacio íntimo y protegido constitucionalmente a juicio del actor.

Por lo tanto, este argumen to p lanteado en la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que al tutelante le asistía la carga de referir o allegar dicha probanza al interior del proceso disciplinario, pero no lo hizo.

Igualmente, agregó que, solo en sede de tutel a el accionante plantea que cuando utilizó expresiones en contra de la fiscal, se configuró un error de tipo, dado que creyó de buena fe que se encontraba en ejercicio de su libertad de expresi ón dentro de un entorno de confidencialidad profesional , ni la desproporción de la sanción son reparos que no fueron planteados en ninguna parte del recurso de

creyó de buena fe que se encontraba en ejercicio de su libertad de expresi ón dentro de un entorno de confidencialidad profesional , ni la desproporción de la sanción son reparos que no fueron planteados en ninguna parte del recurso de apelación por el disciplinado.

Destacó que los argumentos que planteó el accionante en la solicitud de amparo no desvirtúan el fundamento principal de la sanc ión disciplinaria que se le impuso, y fue la grabación obrante en el referido expediente penal, en la cual se puede advertir que el inculpado al momento del hecho objeto de sanción se encontrab a ante un despacho judicial, con su micrófono encendido, en pre sencia de la fiscal, quien todavía estaba conectada a la diligencia, cuando la grabación continuaba (así estuviera suspendida la diligencia) y el letrado utilizó expresiones injuriosas en las q ue cuestionó el ejercicio profesional de la fiscal, al consider arla “terca no, bruta”, con ocasión del trámite que ella había sugerido a la audiencia de restablecimiento del derecho.

Finalmente, c ompartió el link del expediente digital del proceso discipl inario radicado 70001-25-02-000-2023-00767-00/02

1.6.2. La señora Helena María López García19

Manifestó que en la acción de tutela , únicamente, se hizo alusión a los audios de las audiencias donde el señor Merlano Garrido aceptó que lanzó acusacione s en su contra realizándolo en un ambiente de total resera y absolu ta privacidad, que dista de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que el tutelante desconoció el d eber de cuidado que todo profesional del derecho debe

su contra realizándolo en un ambiente de total resera y absolu ta privacidad, que dista de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que el tutelante desconoció el d eber de cuidado que todo profesional del derecho debe tener no solo en las diligencias que adelanta como son las audiencias sino con relación a los servidores en ejercicio de sus funciones.

19 Índice 018 SamaiDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre 20

El Magistrado ponente de la providencia acusada de primera instancia realizó un recuento del proceso disciplinario, solicitó que se decla re improcedente la acción de tutela , toda vez que no cumplió con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Adujo que , en el presente asunto, el accionante pretende que el juez de tutela actúe como tercera instancia del proceso discip linario y cuenta con mecanismos ordinarios idóneos para controvertir las decisiones adoptadas en ese trámite.

Precisó que , la s decisiones adoptadas por la Comisión Seccional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se ajustaron a derecho, no evidencian extralimitación de funciones o desviación de poder.

Compartió enlace de acceso al expediente del proceso disciplinario ra dicado 70001-25-02-000-2023-00767-00/02

extralimitación de funciones o desviación de poder.

Compartió enlace de acceso al expediente del proceso disciplinario ra dicado 70001-25-02-000-2023-00767-00/02

1.7 Manifestación de impedimento

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 29 de octubre de 2025 21, manifest ó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmerso en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de la fecha declararon infundada la manifestación, pues no encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para su configuración.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera i nstancia de la acción de tutela presentada por el señor Héctor Tercero Merlano Garrido , de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, el estudio del presente asunto se abordará a partir de los

20 Índices 019, 020 y 023 Samai 21 Índice 26 SamaiDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido

Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro

20 Índices 019, 020 y 023 Samai 21 Índice 26 SamaiDemandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentos contenidos en la providencia dictada el 24 de septiembre de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , comoquiera que fue la que puso fin al proceso objeto de debate.

De conformidad con los hechos expuestos, las intervenciones pr esentadas por la entidad demandada e interviniente, los medios de prueba arrimados al proceso , corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requ isitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, intimidad, «secreto profesional», defens a y libertad de expresión invocados por el señor Héctor Tercero Merlano Garrido dentro del pr oceso disciplinario identificado con radicado número 70001-25-02-000-2023-00767-02, al proferir la provid encia de 24 de septiembre de 2025?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela

septiembre de 2025?

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial , (ii) los requisitos generale s de procedibilidad y, ( iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Pro cedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 22, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tut ela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema23.

Así, después de un recuento de los criteri os expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificar los para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 24. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parám etros se haría ese estudio, pues la sentencia de unificación s implemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

22 Consejo de Estado, Sala Ple na de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01. 23 El recuento de esos criterios se encuentra en l as páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 24 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

23 El recuento de esos criterios se encuentra en l as páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 24 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido Demandados: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06177-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 25, la Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitu cional en la sentencia C -590 de 2005 26, para determinar la procedencia de la acción consti tucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo dispone el ar tículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha r eferido en forma amplia 27 a unos requisitos generales y otros específicos de procedenci a de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el d erecho de amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.

distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el d erecho de a