CE - Sentencia 11001031500020250617800 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250617800 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante BIBIANA MAR˝A MORALES GARC˝A

Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La subsidiariedad. La relevancia constitucional. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por la seæora Bibiana María Morales García, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1 de octubre de 2025, la seæora Bibiana María Morales García interpuso acción de tutela, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2025

Sección Segunda, Subsección F, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2025 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho 1100133-42-057-2021-00001-01.

2. Hechos Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes: 2.1. La seæora Bibiana María Morales García interpuso demanda en e jercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas, en la que solicitó (i) la declaratoria de nulidad del acto administrativo por el cual la entidad demandada se negó a reconocer y pagar las acreencias laborales y prestacionales derivadas de la relación laboral existente desde 14 de julio de 2005 hasta la fecha en que permanezca su vinculación con el ente universitario; y (ii) el pago de las prestaciones sociales no canceladas y consignación de aportes a seguridad social, entre otras. 2.2. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2022 (expediente 11 001-33-42057-2021-00001-01), el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de BogotÆ accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia de una relación laboral desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la finalización del contrato 718 de 2022 que a

laboral desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la finalización del contrato 718 de 2022 que a la fecha de tal providencia se encontraba vigente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante: Bibiana María Morales García

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La autoridad judicial fundamentó tal decisión en que se acredita ron los tres elementos propios del contrato laboral, es decir (i) la prestación personal del servicio por parte del trabajador; (ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y (iii) la remuneración como contraprestación del servicio. De otra parte, se indicó que entre los contratos 178 de 2019 y 1016 de 2 020 ocurrió una interrupción superior a cuatro (4) meses, entre el 28 de octubre de 2019 día siguiente a la fecha de finalización del primero y el 5 d e marzo de 2020 momento de inicio de la ejecución del segundo. La autoridad judicial reconoció que no hay lugar a interpretar que los períodos de vacancia institucional constituyen interrupción a la vinculación. Sin embargo, el lapso de tiempo acaecido entre los contratos mencionados no alude al periodo norm al de descanso de los estudiantes y la vacancia institucional de la entidad accionada que habitualmente ocurre entre finales del mes de diciembre e inicio del mes de enero del aæo siguiente. En virtud de lo anterior, el Juzgado sostuvo que la demandante tuvo vige nte un vínculo laboral con la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas desde

del mes de enero del aæo siguiente. En virtud de lo anterior, el Juzgado sostuvo que la demandante tuvo vige nte un vínculo laboral con la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019, m omento de finalización del contrato 178 de 2019. En consecuencia, la seæora Mo rales García tenía hasta el 28 de octubre de 2022, como tØrmino mÆximo pa ra presentar la petición de reconocimiento de sus emolumentos ante la universidad accionada, a efectos de impedir la ocurrencia de la prescripción. En efecto, la petición fue radicada el día 6 de julio de 2020; de manera que no se presentó el fenómeno extintivo. Precisó que, si bien entre los contratos 178 de 2019 y 1016 de 2020 ocurrió una interrupción de mÆs de 180 días entre el 28 de octubre de 2019 y 5 de marzo de 2020, lo cierto es que el derecho sustancial de la demandante no se vio afectado por fenómeno extintivo de la prescripción ya que no alcanzó a transcurrir el tØrmino legal de tres (3) aæos entre la terminación del contrato 178 y la fecha en que presentó la reclamación de prestaciones en sed e administrativa (6 de julio de 2020). Incluso resaltó que la demanda tambiØn s e presentó dentro de este lapso de tres (3) aæos. Seguido, explicó que tampoco existe prescripción frente a los emolumentos causados a partir del 5 de marzo de 2020, momento en que inició la ejecución

presentó dentro de este lapso de tres (3) aæos. Seguido, explicó que tampoco existe prescripción frente a los emolumentos causados a partir del 5 de marzo de 2020, momento en que inició la ejecución del contrato 1016 de 2020, ya que la vinculación contractual de la demandante con la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas aœn sigue vigente, en virtud de la ejecución del contrato 718 de 2022. En consecuencia, aseveró que los derechos sobre las prestaciones sociales comunes y ordinarias no estÆn afectadas por el fenómeno de la prescripción. De otra parte, en cuanto a los derechos prestacionales en salud y pensión, dispuso que la entidad accionada debía establecer si durante todo el período de vinculación (desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la fecha actual) se presentó diferencia alguna entre los valores pagados por la contratista y los aportes que debieron ser liquidados y efectivamente pagados. Finalmente, sostuvo que no había lugar a acceder a la solicitud de reconocimiento de prestaciones sociales extralegales, ya que no es posible atribuirle a la accionante la calidad de empleada pœblica y, por ende, no le es aplicable el rØgimen salarial previsto por el Decreto 1042 de 1978 y demÆs normas especiales que regulan las relaciones laborales de los empleados territoriales, cuyos destinatarios son los servidores pœblicos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante: Bibiana María Morales García

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia

Demandante: Bibiana María Morales García

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tampoco accedió a la devolución de los valores que segœn la demandan te fueron cancelados por concepto de aportes para salud, pensiones y riesgos profesionales, ya que no existe prueba en el proceso de que tales sumas hubieren sido recaudadas directamente por la entidad demandada. AdemÆs, tales pagos en vez de perjudicarle contribuyen en beneficio a su derecho prestacional. Por las razones expuestas, el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de BogotÆ dispuso lo siguiente: «SEGUNDO: DECLARAR que, entre Bibiana María Morales García (…) y el Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas, existe una verdadera relación laboral con ocas ión de las actividades realizadas como Secretaria del Programa de Licenciatura en E ducación BÆsica con Énfasis en MatemÆticas, mediante contratos de prestación de servicios celeb rados desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la finalización del contrato No. 718 de 2022 que a la fecha se encuentra vigente, con forme a lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el O ficio No.

OJ-000904-20 sin fecha, mediante el cual la Universidad Distrital Franci sco JosØ de Caldas, negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, con ocasión de los servi cios prestados por Bibiana María Morales García, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios.

negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, con ocasión de los servi cios prestados por Bibiana María Morales García, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la entidad accionada Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas a: a) RECONOCER Y PAGAR a la demandante Bibiana María Morales García (…) todas las prestaciones sociales comunes y ordinarias derivadas de la relación laboral c uya existencia aquí se declara, tales como primas legales, bonificaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demÆs emolumentos correspondientes al cumplimiento de las funci ones como Secretaria en el Programa de Licenciatura en Educación BÆsica con Énfasis en Ma temÆticas de la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas causados desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la fin alización del contrato No. 718 de 2022 que a la fecha se encuentra vigente, tomando como salario el monto de los honorarios pactados en cada uno de los contratos celebrados, sin aplicar prescripci ón, acorde con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia, b) Establecer, mes a mes, si existió diferencia entre los aportes realizados dir ectamente por la contratista Bibiana María Morales García y los valores que debieron ser liqu idados con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, tomando co mo salario los honorarios contractuales pactados durante todo el tiempo de su vinculación, esto es, desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta

honorarios contractuales pactados durante todo el tiempo de su vinculación, esto es, desde el 14 de julio de 2005 y hasta el 27 de octubre de 2019 y desde el 5 de marzo de 2020 y hasta la finalización del contrato No. 718 de 2022 que a la fecha se encuentra vigente, y en caso afirmativo consigne su valor en la correspondiente Administradora de Salud y P ensión, a la cual se encuentre afiliada. c) Al momento de efectuar el pago, la entidad accionada deberÆ ACTUALIZAR los valores que surjan de la condena relacionada en los literales anteriores, mediante la formula (sic) consignada en la parte motiva de esta sentencia, acorde con lo previsto por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011». 2.3. La Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 2.4. Mediante sentencia de 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F modificó la decisión apelada. De entrada, explicó que no había lugar a reconocer la relación laboral hasta el 25 de mayo de 2022, como se hizo en primera instancia. La razón obe dece a que el acto administrativo demandado se refiere œnicamente a los contratos de prestación de servicios ejecutados y en ejecución durante el periodo de 14 de julio de 2005 a 30 de diciembre de 2020 (esta œltima fecha en la que finalizó el contrato 1016 de 2020), mas no a vinculaciones posteriores. AdemÆs, resaltó que la demanda fue interpuesta el 13 de enero de 2021 y el siguiente

el contrato 1016 de 2020), mas no a vinculaciones posteriores. AdemÆs, resaltó que la demanda fue interpuesta el 13 de enero de 2021 y el siguiente contrato fue suscrito con posterioridad, esto es el 1” de febrero de ese aæo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante: Bibiana María Morales García

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que el anÆlisis de la sentencia se estructura a partir de los hechos expuestos en la demanda y no a situaciones acaecidas con posterioridad a su radicación. Tal circunstancia sería violatoria del derecho de defensa de la entidad accionada al resolver sobre hechos que no fueron definidos en sede administrativa y que son posteriores a la demanda. Por consiguiente, la Sala se declaró inhibida para pronunciarse sobre los contratos 289 de 2021 y 718 de 2022, es decir los ejecutados con posterioridad a la finalización del contrato 1016 de 2020. Precisado tal aspecto, el Tribunal sostuvo que se probaron los elementos que configuran una relación laboral sobre los contratos suscritos entre el 4 de julio de 2005 y el 30 de diciembre de 2020 y, por ello, la accionante tien e derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir. Por lo tanto, aseguró que había lugar a confirmar el fallo apelado sobre ese aspecto, ajustando el lapso temporal del reconocimiento, teniendo en cu enta lo previamente expuesto. Seguido, explicó que en el asunto operó la prescripción alegada por la entidad

aspecto, ajustando el lapso temporal del reconocimiento, teniendo en cu enta lo previamente expuesto. Seguido, explicó que en el asunto operó la prescripción alegada por la entidad accionada a travØs del recurso de apelación, la cual se configuró con la finalización del contrato 103 de 2011, es decir el 1° de noviembre de ese aæo. Por tal motivo, se declaró la prescripción y se aplicó a los derechos labo rales y prestacionales concedidos en primera instancia con anterioridad a dicha fecha, salvo los aportes a pensión. En cuanto al restablecimiento del derecho, se precisó que solo procede e l reconocimiento de las prestaciones sociales legales y no las convencionales ni extralegales. Por las razones expuestas, se modificó la sentencia de primera instancia en los siguientes tØrminos: «PRIMERO: INHIBIRSE de analizar las pretensiones de la demanda respecto de los contratos suscritos entre la señora Bibiana María Morales García (…) y la Universidad Francisco José de Caldas, posteriores a la ejecución y terminación del contrato No. 1016 de 2020, po r las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el NUMERAL 1° de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta y S iete (57)

Administrativo del Circuito Judicial de BogotÆ D.C., que declaró infundadas las excepciones que presentó la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas a travØs de la contestación de la demanda, cual quedarÆ así: PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción que propuso la Universidad

que presentó la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas a travØs de la contestación de la demanda, cual quedarÆ así: PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción que propuso la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas, respecto de lo causado por la seæora Bibiana María Morales García (…) con anterioridad al 20 de febrero de 2012, por la s razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, y declarar no probadas las demÆs que consignó en la contestación de la demanda.

TERCERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el NUMERAL 2° de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete (57)

Administrativo del Circuito Judicial de BogotÆ D.C., que declaró la existenc ia de una relación laboral entre las partes, cual quedarÆ así: SEGUNDO: DECLARAR que, entre la señora Bibiana María Morales (… ) y la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas, existió una verdadera relación laboral con ocasión de la s actividades realizadas como Secretaria del Programa de Licenciatura en Educación BÆsica con Énfasis en MatemÆtica, mediante varios contratos de prestación de servicios celebrados así: i) del 14 de julio de 2005 al 1° de noviembre de 2011, ii) desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 27 de octubre de 2019 y iii) entre el 6 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 202 0, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REVOCAR PARCIALMENTE los LITERALES A) Y B) DEL NUMERAL 3° de la parte

en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REVOCAR PARCIALMENTE los LITERALES A) Y B) DEL NUMERAL 3° de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta

y Siete (57) Administrativo del Circuito Judicial de BogotÆ D.C., que acc edió parcialmente al restablecimiento del derecho consignado en la demanda y, en su lugar, realiz ar el siguiente reconocimiento: A) RECONOCER Y PAGAR a la señora Bibiana María Morales García (…) las pr estaciones sociales y laborales de carÆcter legal o reglamentario establecidas por autoridad competente percibidos por una Secretaria, por los estrictos periodos contractuales comprendidos i) desde el 20 de febrero de 2012 hastaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante: Bibiana María Morales García

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el 27 de octubre de 2019 y ii) entre el 6 de marzo de 2 020 y el 30 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta para la liquidación el valor de lo pactado como honorarios en los contratos de prestación de servicios, (se excluyen los derechos extralegales y convencionales). B) Ordenar a la Universidad Francisco JosØ de Caldas realiz ar los aportes de seguridad social en pensiones a favor de la señora Bibiana María Morales Ga rcía (…) al fondo que corresponda, por los periodos comprendidos i) del 14 de julio de 2005 al 1° de noviembre de 2011, ii) desde el 20 de febrero

pensiones a favor de la señora Bibiana María Morales Ga rcía (…) al fondo que corresponda, por los periodos comprendidos i) del 14 de julio de 2005 al 1° de noviembre de 2011, ii) desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 27 de octubre de 2019 y iii) entre el 6 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020, salvo las interrupciones acreditadas, con base en los hon orarios pactados, mes a mes, por todos los períodos contractuales suscritos, en razón a que este derecho es imprescriptible. Para el efecto, la Universidad Francisco JosØ de Caldas deberÆ tomar el ingreso base de cotización (el valor mensual de los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes ya realizados por la contratista y los que se debieron efect uar, deberÆ cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, segœn la regla jurisprudencial fijada por el H. Consejo de Estado, siendo n ecesario que la parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en caso que exista diferencia o no se hubieran efectuado, el trabajador deberÆ asumir el porcentaje correspondiente. No procede el pago o reintegro de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones ni salud a favor de la demandante. Para el pago de aportes a seguridad social en pensiones la demandante debe acreditar las cotizaciones efectuadas, y en caso de que exista diferencia o no se hubieran efectuado, esta œltima deberÆ asumir el porcentaje que le corresponda como trabajadora QUINTO: CONFIRMAR en lo demÆs la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por

porcentaje que le corresponda como trabajadora QUINTO: CONFIRMAR en lo demÆs la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo del Circuito Judicia l de BogotÆ D.C., por las razones expuestas en la parte considerativa de la providencia.

SEXTO: Sin costas en la instancia».

3. Fundamentos de la acción La parte actora sostuvo que pretendía que se adopte una medida d e protección laboral especial a su favor en consideración a que en el oficio OJ -00655 -2023 de fecha 21 de junio de 2023 la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas ordenó no contratarla, por haber presentado demanda de nulidad y restablecimi ento del derecho contra la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas. TambiØn soli citó ordenarle a la Universidad que cesØ todo acto o trato discriminatorio en su contra y que consecuentemente se le renueve su contrato en las mismas condiciones que el ente universitario lo ha venido realizado por mÆs de 18 aæos.

Sostuvo que la Universidad Distrital ha tomado represalias en su contra y demÆs personas que han demandado o realizado reclamaciones administrativas por concepto de contrato realidad. Finalmente, aseguró que «La Universidad Distrital apeló la decisión y el proceso se encuentra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la finalidad de decidir el recurso de apelación».

4. TrÆmite e intervenciones 4.1. En auto de 7 de octubre de 2025, se requirió a la parte actora para que aclarara cuÆles son las autoridades accionadas en consideración a que en el escrito de

4. TrÆmite e intervenciones 4.1. En auto de 7 de octubre de 2025, se requirió a la parte actora para que aclarara cuÆles son las autoridades accionadas en consideración a que en el escrito de tutela radicado se indicó que la autoridad demandada era la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas, pero en el formulario de radicación se indicó que la autoridad accionada es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. AdemÆs, se anexaron las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el medio de control 11001-33 -42057-2021-00001-00/01.

Asimismo, se la requirió para que informara si pretendía controvertir providencias proferidas dentro del referido medio de control de nulidad y restablecimiento y para que indicara cuÆles son sus pretensiones respecto de cada autoridad accionada. 4.2. La parte actora allegó memorial en el que aclaró que incurrió en un error al radicar la acción, pues presentó un escrito de tutela errado que corresponde aRadicado: 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante: Bibiana María Morales García

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co otra tutela interpuesta hace varios aæos atrÆs. En sus palabras: «Por error se adjunto (sic) copia de una tutela que se radicó en el aæo 2023, ante l a jurisdicción ordinaria». Aseguró que en esta nueva oportunidad lo realmente pretendido es controvertir la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2025

adjunto (sic) copia de una tutela que se radicó en el aæo 2023, ante l a jurisdicción ordinaria». Aseguró que en esta nueva oportunidad lo realmente pretendido es controvertir la sentencia de segunda instancia de 11 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F la cual modificó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, sostuvo que sus pretensiones son las siguientes: «PRIMERA: Se CONCEDA el amparo y protección de los derechos fundamentales del accionante, BIBIANA MAR˝A MORALES GARC˝A; al debido proceso, derecho a la defensa, al trabajo y acceso efectivo a la administración de Justicia, vulnerados en la s entencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE, la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” de fecha 11 de marzo de 2025, dentro del proceso de radicado Nº 1100133420 57 2021 00001 01, en la cual figura como demandante la seæora, BIBIANA MAR˝A MORALES GARC˝A.

TERCERA: Se ORDENE al accionado dictar una nueva sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, fallo que se debe ajustar a los linea mientos que sobre el particular han dispuesto la Corte Constitucional y el Consejo de Esta do; accediendo a todas las pretensiones solicitadas en la demanda».

Aseguró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección F incurrió en defecto fÆctico , puesto que no tuvo en cuenta los

a todas las pretensiones solicitadas en la demanda». Aseguró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda , Subsección F incurrió en defecto fÆctico , puesto que no tuvo en cuenta los contratos de prestación de servicios suscritos en los aæos 2021 y 2022. Sobre este punto, la autoridad judicial sostuvo en la sentencia controvertida que «el anÆlisis de la sentencia se estructura a partir de los hechos expuestos en la demanda, y en estos no se hace alusión a situaciones acaecidas con posterioridad a la presentación del escrito y sería violatorio del derecho de defensa de la entidad accionada resolver sobre hechos que no fueron definidos en sede administrativa y que son posteriores a la demanda». La parte actora reprochó tal argumentación, puesto que la reclamación administrativa y la demanda se presentaron cuando la seæora Bibiana María Morales García aœn estaba vinculada con contrato de prestación de servicios; esta continuó trabajando en el ente universitario hasta el 2023, aæo e n el cual no le fue renovado el contrato por haber demandado a la universidad. De hecho, aseguró que tanto en la reclamación administrativa como en las pretensiones de la demanda se solicitó reconocer la existencia de una relación laboral «desde el 14 de julio de 2015 y hasta la fecha que ella permanezca vinculada a la administración». En la fijación del litigio tambiØn «el juez citó que hasta la fecha, es decir aæo 2022, fecha en la cual se llevó a cabo la audiencia inicial, sin que la e ntidad demandada interpusiera recurso alguno, quedando conforme con la decisión». Y en el decreto y prÆctica de pruebas se solicitaron todos los contratos de prestación de

interpusiera recurso alguno, quedando conforme con la decisión». Y en el decreto y prÆctica de pruebas se solicitaron todos los contratos de prestación de servicios de 2005 hasta la fecha, es decir hasta el aæo 2022, sin obj eción alguna por parte de la entidad demandada. AdemÆs, en la sentencia de primera instancia se reconoció el derecho hasta la vigencia del contrato 2022 y en el recurso de apelación la entidad demandada no manifestó inconformidad respecto de los contratos de los aæo s 2021 y 2022. Entonces, aseguró que no es cierto que al reconocer la vigencia de los contratos aæo 2021 y 2022 se afecte el derecho a la defen sa de la universidad, como lo indicó el Tribunal, pues estÆ probado que desde la reclamación administrativa se solicitó el reconocimiento del vínculo laboral hasta la fecha de permanencia en la universidad demandada. En suma, los contratos de los aæos 2021 y 2022 no fueron c ontrovertidos por la entidad en ninguna de las etapas procesales, negligencia que no puede ser soportada por la parte demandante. Por consiguiente, el Tribunal incurr ió en defecto fÆctico, al no haber tenido en cuenta los contratos suscritos para losRadicado: 11001-03-15-000-2025-06178-00

Demandante: Bibiana María Morales García

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aæos 2021 y 2022, pese a tratarse de pruebas obrantes en el expedien te y a que sobre estos jamÆs existió disputa entre las partes.

www.consejodeestado.gov.co aæos 2021 y 2022, pese a tratarse de pruebas obrantes en el expedien te y a que sobre estos jamÆs existió disputa entre las partes. Por otro lado, la parte actora sostuvo que el Tribunal accionado incurr ió en desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 ( 1317-2016), en la que se estableció como tØrmino de la no solución de continuidad u n periodo de treinta (30) días hÆbiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. AdemÆs, se indicó que en los casos que dicho lapso se exceda, el juez podrÆ flexibilizar su anÆlisis en atención a las especiales circunstancias que encuentre probadas dentro del expediente. En el caso, sin embargo, el Tribunal accionado «le dio un alcance distinto a la sententecia (sic)» referida al aplicar la prescripción a los contratos suscritos entre el aæo 2005 al 2011. A su juicio, debió flexibilizarse el tØrmino de los 30 día s hÆbiles, dadas las circunstancias en que se desarrolló el vínculo laboral. Al n o haber procedido así, la parte actora consideró que la autoridad judicial mencionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial. 4.3. En auto de 27 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta por la seæora Bibiana María Morales García contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F; se ordenó notificar como

4.3. En auto de 27 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta por la seæora Bibiana María Morales García contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F; se ordenó notificar como terceros con interØs a la Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas, al Ministerio Pœblico y al Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de BogotÆ; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.4. La Universidad Distrital Francisco JosØ de Caldas manifestó que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora estÆ empleando la tutela como si fuera una instancia adicional del medio de control. Esto en la medida en que se controvierte la declaratoria de prescripción sobre las acreencias laborales de l

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