CE - Sentencia 11001031500020250618700 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez

Demandado: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral

Temas: Tutela contra providencia judicial en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / Defecto s fáctico y sustantivo Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Vidal Lemus Martínez en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Vidal Lemus Martínez promovió solicitud de tutel a con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social , los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado

50001333300720210026301.

2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 50001333300720210026301.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo Javier Eduardo Lemus Barreto mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».2

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez 2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, en sentencia del 31 de enero de 2024 negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditaron a cabalidad los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, específicamente la dependencia económica del demandante respecto del causante. En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexto Oral, en sentencia del 18 de junio de 2025 revocó la decisión del a quo y, en su lugar accedió parcialmente a las pretensiones, en el sentido de reconocer la prestación en un 50%, comoquiera que la mamá de Javier Eduardo Lemus Barreto se encontraba viva, a quien le quedaba

pretensiones, en el sentido de reconocer la prestación en un 50%, comoquiera que la mamá de Javier Eduardo Lemus Barreto se encontraba viva, a quien le quedaba en reserva el otro 50%.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto sustantivo por no aplicar el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1994 respecto de la distribución de la pensión de sobrevivientes.

2.5. En defecto fáctico al no tener en cuenta la declaración extra -juicio mediante la cual la madre indicó que no dependía económicamente de su hijo, razón por la que, si bien ambos padres se enc ontraban en el mismo orden de beneficiarios, lo cierto es que ella no era candidata al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, pues ella misma aseguró que no dependía económicamente de su hijo. Máxime cuando abandonó el hogar.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA: Que se declare que la sentencia de fecha 18 de junio de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA SEXTA ORAL dentro del expediente No. 500013333007 -2021-00263-01 REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: VI DAL LEMUS MARTINEZ/ DEMANDADO: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL, vulnera el derecho fundamental del debido proceso establecido en el artículo 29 de la constitución política debido a la contentiva de defecto sustancial, al desconocer el parágr afo 1 del

DEMANDADO: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL, vulnera el derecho fundamental del debido proceso establecido en el artículo 29 de la constitución política debido a la contentiva de defecto sustancial, al desconocer el parágr afo 1 del artículo 8 del decreto 1889 de 1994 entre otros, así como la jurisprudencia constitucional que permite que se acrezca mi pensión de sobrevivientes y por consiguiente me violento el derecho fundamental al debido proceso y a la seguridad social.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se me conceda el amparo de tutela solicitado, y se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha 18 de junio de 2025, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META - SALA SEXTA ORAL dentro del expedie nte No. 500013333007 -2021-00263-01 REFERENCIA: NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEMANDANTE: VIDAL LEMUS MARTINEZ/

DEMANDADO: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL.

TERCERA: Que se ordene a La ACCIONADA, dentro del término razonable que se considere, emitir la SENTENCIA de reemplazo, en la que se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción, se realice el juicio de subsunción con la normativa prestacional vigente (parágrafo 1 del artículo 8 del decreto 1889 de 1994 entre otros) para el momento en que sucedieron los hechos que llevaron a que la justicia3

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez administrativa me reconociera la pensión de sobrevivientes por la muerte de mi hijo

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez administrativa me reconociera la pensión de sobrevivientes por la muerte de mi hijo

(Q.E.P.D.) JAVIER EDUARDO LEMUS BARRETO en misión del servicio. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio2 si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Ministerio de Defensa Nacional3 solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante, pues la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad.

6. El Tribunal Administrativo del Meta 4 manifestó atenerse a lo que el Consejo de Estado decidiera, ratificó los fundamentos de la sentencia dictada en segunda instancia e indicó que no incurrió en los defectos endilgados.

7. El Ejército Nacional 5 requirió que se declarara improcedente el amparo pretendido por no acreditar el requisito general de la subsidiariedad comoquiera que el demandante dispone de más medios ordinarios y extraordinarios para cuestionar la decisión enjuiciada. Asimismo, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no vulneró los derechos fundamentales invocados y no es el competente para emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones invocadas.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas

y no es el competente para emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones invocadas.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333

2 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado « 9RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_10102025z(.zip) NroActua 8». 3 Ver índice 1 0 de Samai. Archivo denominado « 12_MemorialWeb_ConceptoPRONUNCIAMIENTOTUTE(.pdf) NroActua 10». 4 Ver índice 1 2 de Samai. Archivo denominado «17RECIBEPRUEBAS_Memorial_OficioNo060InformeTu(.pdf) NroActua 12 ». 5 Ver índice 1 3 de Samai. Archivo denominado « 17_MemorialWeb_RespuestaRESPUESTAADMVIDAL(.pdf) NroActua 13».4

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez del 6 de abril de 2021 6, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral.

Demandante: Vidal Lemus Martínez del 6 de abril de 2021 6, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral.

2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva

10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo

señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes . La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

11. La Corte Constitucional7 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 8. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “ en relación con el interés sustancial que se

persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental 8. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “ en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” 9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Cart a Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

12. El Ejército Nacional solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera que no tiene la competencia para acceder a lo pretendido por el demandante.

6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 7 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis. 8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell. 10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.5

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez

13. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero con interés al ser la parte demandada dentro del proceso contencioso en cuestión, en aras de garantizarle su derecho de defensa y contradicción, por lo que se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 12. Al

respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de

mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente . […]».

15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

16. Sobre el particular, el Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009solicitud se puede pre sentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 13 Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia de l 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.6

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez

17. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.

19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

20. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir : ¿si el Tribunal Administrativo de l Meta , Sala Sexta de Decisión vulneró los derechos fundamentales de Vidal Lemus Martínez con ocasión de la sentencia del 18 de junio de 2025 , mediante la cual , en segunda instancia, ordenó en s u favor el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, pero solo en un 50%, con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud

incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

21. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez 2.5.2. Defecto sustantivo

22. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad abs oluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

jurídicas, esta no es una facultad abs oluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

23. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma ; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

24. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.3. Defecto fáctico

25. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el

25. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene una dimensión negativa y otra positiva.

26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la « valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente »19. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar

17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell. 19 Sentencia SU -159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.8

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».20

27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Sobre el caso concreto

de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.4. Sobre el caso concreto

28. Vidal Lemus Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 18 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual revocó la decisión del a quo, y en su lugar, ordenó a el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en su favor, pero solo en un 50%, comoquiera que la madre del causante estaba viva.

29. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo al no aplicar el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 , r eglamentario de la Ley 100 de 1994 , respecto de la distribución de la pensión de sobrevivientes. Así como e n defecto fáctico al desconocer la declaración extra -juicio mediante la cual la madre aseguró que no dependía económicamente de su hijo, por lo que, s i bien ambos padres se encontraban en el mismo orden de beneficiarios, lo cierto es que ella no e ra candidata al reconocimiento de la prestación.

30. Al respecto, para la Sala resulta pertinente señalar que los defectos mencionados serán analizados de manera conjunta, por cuanto ambos se dirigen a cuestionar la decisión de no reconocer al demandante la pensión de sobrevivientes en un 100%, bajo el fundamento de que la madre del causante se encontraba viva y que, en consecuencia, el 50% restante le estaba legalmente reservado a ella.

cuestionar la decisión de no reconocer al demandante la pensión de sobrevivientes en un 100%, bajo el fundamento de que la madre del causante se encontraba viva y que, en consecuencia, el 50% restante le estaba legalmente reservado a ella.

31. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de l Meta, Sala Sexta de Decisión , respecto de la fracción a reconocer de la prestación pretendida, en los siguientes términos:

«[…] De igual forma, en criterio de la Sala, el hecho de que la señora ALBA LUCIA BARRETO SÁNCHEZ, madre del causante, señalara en una declaración extra juicio que el SLR JAVIER EDUARDO LEMUS BARRETO (q.e.p.d), dependía económicamente de ella, no tiene la entid ad suficiente para deslegitimar la dependencia económica del demandante respecto de su hijo, pues, el hecho de que un padre o una madre apoye económicamente a su hijo no impide que este haga lo mismo con su otro padre o madre, aunado al hecho de que según lo relatado en la audiencia, la madre abandonó el hogar cuando sus hijos se encontraban pequeños y nunca más los volvió a ver, lo cual hace creer que no es cierto que su hijo efectivamente dependiera económicamente de ella.

De acuerdo con lo expuesto, en virtud de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJSII-010-2018 proferida el 12 de abril de 2018 por el H. Consejo de Estado, el demandante

20 Sentencia T-538 de 1994.9

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez

20 Sentencia T-538 de 1994.9

Radicado: 11001-0315-000-2025-06187-00

Demandante: Vidal Lemus Martínez tiene derecho a que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL- , le reconozca y pague la pensión de sobreviviente prevista en el artículo 46 al 48 de la Ley 100 de 1993, a causa del fallecimiento el SLR JAVIER EDUARDO LEMUS BARRETO (q.e.p.d), cu ando este prestaba el servicio militar obligatorio, dado que se acreditó el mínimo de semanas laboradas, la calidad de beneficiario del señor VIDAL LEMUS MARTÍNEZ y la dependencia económica de este respecto de su hijo.

En cuanto al monto de la pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, ésta se debe liquidar en cuantía del cuarenta y cinco por ciento (45%) del ingreso base de liquidación, en atención a que el caus ante tuvo un tiempo de cotización de 70.5 semanas; teniendo en cuenta igualmente que el ingreso base de liquidación debe calcularse a partir de los lineamientos del artículo 21 ibidem.

Frente a este aspecto, se precisa que en atención a que la mamá del SLR JAVIER EDUARDO LEMUS BARRETO (q.e.p.d), según se indicó en la demanda, se encuentra viva, al demandante le corresponde un cincuenta por ciento (50%) de la pensión de sobrevivientes, pues, el otro cincuenta por ciento (50%) se encuentra reservado por ley a la madre del causante. […]». (sic)

32. Como se observa, y a partir de una lectura integral de la sentencia enjuiciada,

sobrevivientes, pues, el otro cincuenta por ciento (50%) se encuentra reservado por ley a la madre del causante. […]». (sic)

32. Como se observa, y a partir de una lectura integral de la sentencia enjuiciada, la Sala concluye que el análisis de la autoridad judicial demandada está debidamente sustentado en las pruebas aportadas, entre las que se incluyó la declaración extra-juicio de Alba Lucia Barreto Sánchez, madre del causante, tan es así que aunque en la misma indicó que su hij o dependía económicamente de ella, consideró que su decir no era suficiente para deslegitimar la dependencia económica de Vidal Lemus Martínez respecto del causante.

33. Ahora bien, la Sala no desconoce que el verdadero motivo de inconformidad del demandante es que su prestación se hubiese reconocido únicamente en un 50%, aspecto frente al cual la Sala aclara que no se observa irregularidad alguna, pues se comparte la argumentación del tribunal referente a la reserva del otro 50% en cabeza de la madre, quien está viva, máxime cuando no se observa su vinculación al proceso, Razón por la cual, no es posible hacer un pronunciamiento adicional al respecto.

34. Aspecto frente al cual, se considera necesario mencionar que , mediante providencia del 29 de octubre de 2025 , se ordenó vincular a Alba Lucía Barreto Sánchez, en calidad de tercera con interés, para que, si a bien lo tenía, dentro de los 2 días siguientes al recibo de la notificación de dicho auto rindiera informe sobre los hechos planteados. Sin embargo, no fue posible su localización, además, de que el demandante al respecto m anifestó, «no tengo conocimiento de la dirección física o

los 2 días siguientes al recibo de la notificación de dicho auto rindiera informe sobre los hechos planteados. Sin embargo, no fue posible su localización, además, de que el demandante al respecto m anifestó, «no tengo conocimiento de la dirección física o electrónica de la señora ALBA LUCIA BARRETO SÁNCHEZ, con quien no tengo contacto alguno desde hace aproximadamente diez años (…) El pasado 5 de mayo de 2025, se trató de ubicar en la dirección Carrera 5 D No. 188 B - 24 Barrio Buenavista Tel. 6796304 - cel. 3115707958, lugar en el que residían los padres de ella, pero fuimos informados que dicha casa fue vendida y quienes la habitan actualmente no tienen conocimiento del lugar de domicilio de la fa