CE - Sentencia 11001031500020250619400 de 2025

Demandante: CORPOURABÁ

Demandado: Tribunal Administrativo de AntioquiaSala

Octava De Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06194-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15000-2025-06194-00

Demandante: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

URABÁ – CORPOURABÁ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA OCTAVA

DE DECISIÓN

Temas: Mora judicial. Niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABÁ, por

Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABÁ, por intermedio de su apoderado judicial, Jaime Andrés Cuartas Cardona, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al plazo razonable y a la tutela judicial efectiva.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la presunta mora de dicha autoridad en resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 28 de marzo de 2025, mediante el cual, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial Turbo decretó una medida cautelar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 0 5837-33-33-002-202500031-00, promovido en su contra por el señor Jonnan Alexis Cerquera.Demandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales de CORPOURABÁ al debido proceso, acceso a la justicia, plazo razonable e igualdad de armas.

SEGUNDO: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrado Juan

PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales de CORPOURABÁ al debido proceso, acceso a la justicia, plazo razonable e igualdad de armas.

SEGUNDO: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrado Juan Gabriel Villamarín Martínez, resolver en un plazo máximo de diez (10) días hábiles el recurso de apelación interpuesto el 29 de abril de 2025 contra la medida cautelar decretada por el Juzgado de Turbo y que cursa bajo el radicado No. 05837-33-33-0022025-00031-00

TERCERO: Que se prevenga al Tribunal para que en lo sucesivo garantice la celeridad en la resolución de recursos sobre medidas cautelares, evitando que su inacción perpetúe órdenes provisionales sin fundamento.

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes: Señala la entidad accionante que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 05837 -33-33-002-2025-00031-00, promovido por el señor Jonnan Alexis Cerquera contra CORPOURABÁ, se pretende obtener la declaración de nulidad de la resol ución mediante la cual se le declaró insubsistente del cargo de Subdirector de Gestión y Administración Ambiental, así como su reintegro y el restablecimiento de los derechos laborales y prestacionales derivados de dicha desvinculación. En ese trámite, el demandante solicitó la adopción de una medida cautelar, orientada a evitar que los efectos del acto administrativo cuestionado continuaran produciendo perjuicios mientras se definía de fondo su legalidad, argumentando que se encontraba en incapacidad médica al momento de su desvinculación.

los efectos del acto administrativo cuestionado continuaran produciendo perjuicios mientras se definía de fondo su legalidad, argumentando que se encontraba en incapacidad médica al momento de su desvinculación. A renglón seguido, expone la accionante que, mediante auto interlocutorio No. 104 del 28 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo decretó como medida cautelar la suspensión provisiona l del acto administrativo demandado y, en consecuencia, ordenó el reintegro temporal del señor Cerquera al cargo de Subdirector de Gestión y Administración Ambiental, hasta tanto se resolviera de fondo el proceso. Explica que el 9 de abril de 2025, CORPOURABÁ interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, dentro del término legal.

Sostiene que, pese al tiempo transcurrido desde la interposición del recurso, la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia del Magistrado Juan Gabriel Villamarín Martínez, no ha emitido decisión alguna, configurándose una demora superior a cinco meses.

Indica que, el proceso principal se encuentra prácticamente para fallo, toda vez que ya se surtió traslado para alegar y se recibieron los alegatos de conclusión; sin embargo, la creación de los Juzgados Cuarto y Quinto Administrativos con sede en Apartadó generó una suspensión de términos, lo cual, en criterio de laDemandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co parte accionante hace improbable que se profiera sentencia en el año 202 5, reforzando la urgencia de obtener una decisión de segunda instancia sobre la medida cautelar.

Resalta que, mientras la apelación permanece sin resolverse, la medida cautelar continúa produciendo efectos, pese a haber perdido su fundamento fáctico, pues el señor Cerquera ya fue intervenido quirúrgicamente, superó la incapacidad médica y actualmente asiste a la entidad, según constancia expedida por la Dirección de Talento Humano.

Afirma que, la prolongada inactividad del tribunal genera un desequilibrio procesal y un detrimento patrimonial para CORPOURABÁ, que debe asumir el pago de salarios y prestaciones de un funcionario cuya desvinculación había sido adoptada conforme a derecho.

Posteriormente, señala que, el juez de primera instancia justificó la m edida cautelar bajo la premisa de que sólo permaneciendo vinculado el funcionario se garantizaba la práctica de una eventual cirugía, desconociendo la validez del régimen subsidiado.

Indica, además, que la intervención médica ya ocurrió por lo que la incapacidad concluyó y el funcionario acude al despacho desde meses atrás, lo que evidencia la pérdida de sustento de la orden cautelar.

régimen subsidiado.

Indica, además, que la intervención médica ya ocurrió por lo que la incapacidad concluyó y el funcionario acude al despacho desde meses atrás, lo que evidencia la pérdida de sustento de la orden cautelar.

Precisó que, en su criterio, la omisión prolongada del tribunal convierte la medida en una “cautelar perpetua”, figura in compatible con la naturaleza temporal y accesoria que establece el artículo 231 del CPACA y con el precedente del Consejo de Estado, generando una afectación directa al interés público y a la misión institucional de la entidad.

Concluye que, la falta de d ecisión del tribunal vulnera los derechos fundamentales de CORPOURABÁ al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a un plazo razonable e igualdad procesal, al impedir un control real y oportuno de la decisión de suspensión, vaciando de co ntenido la garantía de la doble instancia.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, la omisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, en cabeza del Magistrado Juan Gabriel Villamarín Martínez, al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 29 de abril de 2025 contra la medida cautelar decretada dentro del proceso radicado 05837 -33-33002-2025-00031-00, vulnera de manera directa sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al plazo razonable y a la tutela judicial efectiva.

En primer lugar, la accionante alegó la configuración de una vulneración al debido proceso derivada de la inactividad injustificada del tribunal frente a un

la tutela judicial efectiva.

En primer lugar, la accionante alegó la configuración de una vulneración al debido proceso derivada de la inactividad injustificada del tribunal frente a un recurso que debía ser tramitado con celeridad, dada su naturaleza de apelaciónDemandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de auto que decreta una medida cautelar. Señala que, han transcurrido más de cinco meses sin pronunciamiento, desconociendo que la eficacia de la doble instancia presupone que la impugnación sea resuelta opo rtunamente, especialmente cuando de su decisión dependen los efectos de una disposición de carácter provisional.

En segundo término, sostiene que, la mora judicial en este caso se traduce en una afectación al plazo razonable, entendido como parte del deb ido proceso judicial. Afirma que, la medida cautelar fue concebida para responder a una circunstancia estrictamente temporal, esto es a la incapacidad médica del señor por cálculos en vesícula, cuya dolencia ya desapareció tras la intervención quirúrgica p racticada al señor Cerquera. No obstante, no se ha resuelto la apelación, lo que convierte la cautelar en un mecanismo de carácter permanente, contrario a su esencia provisional y transitoria. En su sentir, esta situación configura una “cautelar perpetua”, prohibida tanto por el artículo 231 del CPACA

apelación, lo que convierte la cautelar en un mecanismo de carácter permanente, contrario a su esencia provisional y transitoria. En su sentir, esta situación configura una “cautelar perpetua”, prohibida tanto por el artículo 231 del CPACA como por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional

La parte accionante también invoca la violación del derecho de acceso a la administración de justicia, por cuanto la ausencia de un pronunciamiento judicial oportuno convierte la apelación en un recurso sin fundamento en la realidad, privando a la entidad de un medio efectivo para cuestionar los fundamentos y los efectos de la medida cautelar. Afirma que, la justicia no puede limitarse a ser formal; debe actuar dentro de los tiempos exigidos por la naturaleza del asunto, máxime cuando la prolongación injustificada de la medida genera consecuencias económicas relevantes para la entidad pública.

Asimismo, se aduce una violación del principio de igualdad procesal, pues mientras el demandante continúa beneficiándose de la medida al mantenerse vinculado recibiendo salarios, CORPOURABÁ debe asumir cargas patrimoniales sin contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la contradicción en segunda instancia. En criterio de la accionante, ello genera un desequilibrio injustificado entre las partes, especialmente porque el fundamento fáctico de la medida ya no existe y el proceso se encontraba próximo a fallo antes de la suspensión de términos derivada del traslado a los nuevos despachos del circuito de Apartadó.

1.5 Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 30 de octubre del 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte

1.5 Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 30 de octubre del 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandado al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión. En consecuencia, dispuso vincular a Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo y al señor Jonnan Alexis Cerquera.

1.6 Intervenciones

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo Mediante el escrito que allegó solicitó su desvinculación de la acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que losDemandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reproches formulados por CORPOU RABÁ no se relacionan con su actuación, sino con la presunta mora atribuida al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión. Expuso que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 05837-33-33-002-2025-00031-00, en cuya a dmisión se decretó la medida cautelar objeto de controversia, fue tramitado en debida forma y cumplió oportunamente todas las etapas legales: admitió la demanda el 14 de marzo de 2025, decretó la medida cautelar mediante auto interlocutorio No. 104 del 28 de

cautelar objeto de controversia, fue tramitado en debida forma y cumplió oportunamente todas las etapas legales: admitió la demanda el 14 de marzo de 2025, decretó la medida cautelar mediante auto interlocutorio No. 104 del 28 de marzo de 2025, resolvió la solicitud de aclaración el 7 de abril de 2025, y concedió el recurso de apelación interpuesto por CORPOURABÁ mediante auto de sustanciación No. 238 del 21 de abril de 2025. Afirmó que, de esta manera, garantizó plenamente el acceso a los recursos de ley y el debido proceso. Señaló igualmente, que el proceso fue remitido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Apartadó el 2 de octubre de 2025, en cumplimiento de los Acuerdos PCSJA25 -12306 de 2025 y CSJANTA25 -199 del 29 de septiembre de 2025, despacho que avocó conocimiento el 24 de octubre de

2025. Indicó que, en consecuencia, ya no tiene a su cargo la actuación relacionada con la apelación ni posee control funcional sobre el expediente.

Finalmente, añadió que, en el tr ámite adelantado por ese juzgado, no se ha incurrido en actuación irregular ni en vulneración de los derechos fundamentales alegados, dada la observancia estricta de los términos y etapas procesales. 1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión En primer lugar, explicó que, no ha incurrido en mora judicial, pues la Sala Octava de Decisión a su cargo enfrenta una carga laboral extraordinaria derivada de su reciente creación. Señaló que, el despacho fue conformado mediante

En primer lugar, explicó que, no ha incurrido en mora judicial, pues la Sala Octava de Decisión a su cargo enfrenta una carga laboral extraordinaria derivada de su reciente creación. Señaló que, el despacho fue conformado mediante Acuerdo PCSJA23-12125 del 19 de diciembre de 2023, entró en funcionamiento el 4 de abril de 2024, y desde entonces recibió 685 procesos redistribuidos; de los cuales 533 correspondían a apelaciones de sentencia o de auto, y 152 se encontraban en trámite de primera in stancia. Añadió que, esta carga se incrementa diariamente con los asuntos ingresados por reparto, además de las acciones constitucionales y especiales. Indicó que, pese a esta situación, ha mantenido una productividad significativa, pues durante el año 202 4 profirió 598 providencias, y en lo corrido de 2025 ha proferido 634 decisiones, entre sentencias, autos interlocutorios y de sustanciación. Estas cifras fueron aportadas para demostrar que no existe negligencia ni desatención en el cumplimiento de las funciones judiciales. En cuanto al proceso específico (rad. 05837 -33-33-002-2025-00031-01), el Magistrado informó que el expediente ingresó al despacho por reparto el 28 de abril de 2025. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2025, tanto el ponente como la otra integrante de la Sala, la Magistrada Luz Myriam Sánchez Arboleda manifestaron impedimento para conocer del recurso de apelación, al considerar que se encuentran inmersos en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del CGP. Ello, por haber integrado la misma Sala que resolvió previamenteDemandante: CORPOURABÁ

Demandado: Tribunal Administrativo de AntioquiaSala

que se encuentran inmersos en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del CGP. Ello, por haber integrado la misma Sala que resolvió previamenteDemandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una acción de tutela interpuesta por CORPOURABÁ contra el auto de 28 de marzo de 2025, que decretó la medida cautelar ahora cuestionada. En esa oportunidad, la Sala Octava declaró la improcedencia del amparo medi ante sentencia del 22 de abril de 2025. Precisó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 del CPACA, el impedimento fue remitido a la otra integrante de la Sala, la Magistrada Angy Plata Álvarez para su resolución, y que una vez se resuelva procederá de manera inmediata a resolver el recurso, o a remitir el expediente al funcionario que resulte competente. Finalmente, sostuvo que, no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante, puesto que la sola existencia de términos prolongados no constituye, por sí misma, mora judicial. En su criterio, la carga laboral extraordinaria, el elevado número de expedientes en trámite y la tramitación del impedimento constituyen razones objetivas y razonables que justifican la falta de decisión dentro del término pretendido por la accionante. Por lo anterior, solicitó denegar la acción de tutela, al considerar que este no es el

tramitación del impedimento constituyen razones objetivas y razonables que justifican la falta de decisión dentro del término pretendido por la accionante. Por lo anterior, solicitó denegar la acción de tutela, al considerar que este no es el mecanismo idóneo para impulsar trámites judiciales ni sustituir al juez natural en el ejercicio de sus competencias.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Cuestión previa

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de los derechos de la accionante.

No obstante, la Sala denegará tal solicitud, porque esta entidad no fue vinculada como demandada sino como tercera, en atención al interés que le pudiera asistir en las resultas del proceso.

2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con ocasión de la presunta mora de dicha autoridad en resolver el recurso de apelació n interpuesto contra el auto del 28 de marzo de 2025,Demandante: CORPOURABÁ

Octava de Decisión vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con ocasión de la presunta mora de dicha autoridad en resolver el recurso de apelació n interpuesto contra el auto del 28 de marzo de 2025,Demandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante el cual, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial Turbo decretó una medida cautelar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837 -33-33-002-2025-00031-00, promovido en su contra por el señor Jonnan Alexis Cerquera . Para el efecto, se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) mora judicial, y (iii) análisis del caso concreto. 2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los de rechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los de rechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio sólo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable1.

2.5. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problem as estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes2.

Asimismo, dicha corporación ha considerado que «atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales3».

En esa línea, frente al particular, en la sentencia T -230 de 2013, precisó lo siguiente:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de

jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sente ncia T -803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que

1 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-1019 de 2010. 3 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.Demandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se de muestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan o tras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento

controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mor a judicial, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de c ontera, al debido proceso de las partes en un proceso4.

2.7. Caso concreto

En este caso, CORPOURABÁ en calidad de tutelante, por intermedio de su apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a un plazo razonable y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de la presunta mora en la que habría incurrido dicha autoridad j udicial en resolver la el recurso de alzada contra el auto del 28 de marzo de 2025 que decretó la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado dentro del proceso de radicado 05837-33-33-002-2025-00031-01

Asegura el demandante que promovió el referido recurso el día 9 de abril de 2025, y fue concedido mediante auto del 21 de abril de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo.

Asegura el demandante que promovió el referido recurso el día 9 de abril de 2025, y fue concedido mediante auto del 21 de abril de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo. Como consecuencia de lo anterior, el expediente fue radicado el día 28 de abril de 2025 en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, para resolver el recurso interpuesto contra la medida cautelar decretada provisionalmente en favor del señor Jonnan Alexis Cerquera, sin que hasta el momento se haya dictado la providencia que resuelve el recurso de alzada. En criterio de CORPOURABÁ, la falta de pronunciamiento oportuno por parte del tribunal desnaturaliza el carácter provisional de la medida cautelar y prolonga de manera injustificada los efectos de una decisión, cuya revisión en segunda instancia resulta esencial para preservar la igualdad procesal y garantizar la efectividad de la doble instancia. Cabe destacar también que, conforme a lo expuso, que si bien la autoridad judicial accionada no resolvió el recurso de apelación contra el auto que decidió

4 Ver entre otras, las siguientes sentencias: 10 de agosto de 2012, rad. 11001 -03-15-000-201201093-00(AC) y 19 de junio 2014, rad. 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC).Demandante: CORPOURABÁ

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la medida cautelar dentro del plazo de 20 días que señala el artículo 236 del CPACA5, ello obedece a circunstancias objetivas y verificables relacionadas con la reciente creación del despac ho, la elevada carga laboral y la necesidad de resolver previamente un impedimento manifestado por los magistrados que integran la Sala, tal como lo afirmó en la contestación. En efecto, el magistrado a cargo explicó que el despacho 024 fue creado mediante el Acuerdo N° PCSJA23 -12125 del 19 de diciembre de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura y entró en funcionamiento en abril de 2024, recibiendo desde su instalación 685 procesos redistribuidos, de los cuales, más de 500 correspondían a apelaciones tanto de sentencia como de autos, además del reparto ordinario diario y del trámite preferente de acciones constitucionales. Señaló que, esta situación ha exigido un proceso de clasificación, revisión e impulso de cada expediente, lo cual ha representado un volumen significativo de trabajo para un despacho recientemente creado. Aunado a lo anterior, informó que, el 10 de noviembre de 2025 tanto el ponente como la magistrada integrante de la Sala Octava manifestaron impedimento para conocer del recurso de apel ación. Lo anterior debido a que conocieron de la acción de tutela promovida por CORPOURABÁ contra el mismo auto que

como la magistrada integrante de la Sala Octava manifestaron impedimento para conocer del recurso de apel ación. Lo anterior debido a que conocieron de la acción de tutela promovida por CORPOURABÁ contra el mismo auto que decretó la medida cautelar, situación que encajaría, en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 141 del CGP. Por ello, remitieron la manifestación de impedimento para su resolución a la otra integrante de la Sala, la magistrada Angy Plata Álvarez, cuya actuación actualmente se encuentra pendiente de decisión. Con base en lo anterior, esta sala concluye que no existe mora injustificada y la demora encuentra explicación en factores estructurales y procedimentales ajenos a cualquier actitud negligente o dilatoria. Además, se precisa que existe una elevada productividad y carga laboral en el despacho en los años 2024 y 2025 que demuestra el cumplimiento diligente de sus funciones. En consecuencia, se negará el amparo solicitado, reiterando que la acción de tutela no constituy