CE - Sentencia 11001031500020250620300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedenci a. Legitimación en la causa. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela que interpuso Laura Camila Bermúdez Quimbayo en contra del Tribunal Administrativo d e Antioquia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Laura Camila Bermúdez Quimbayo , en nombre propio 1, promovió acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna a la estabilidad laboral reforzada y a la protección especial por estado de embarazo; garantías que consideró vulneradas por el Tribunal Administrativo del Antioquia al proferir la sentencia del 30

igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna a la estabilidad laboral reforzada y a la protección especial por estado de embarazo; garantías que consideró vulneradas por el Tribunal Administrativo del Antioquia al proferir la sentencia del 30 de julio de 2025, en el trámite de la acción de tutela identificada con el radicado número 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/02, pues no se le vinculó como tercera con interés.

También reproch ó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, mediante Resolución núm. 010672 del 17 de septiembre de 2025 2, dio por

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3. 2 Visible a PDF 10 contenido en el índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm.

035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

2 terminado su nombramiento en provisionalidad en la entidad, a pesar de su estado de embarazo.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica3:

2.1. Laura Camila Bermúdez Quimbayo expuso que fue vinculada en provisionalidad a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante la Resolución

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica3:

2.1. Laura Camila Bermúdez Quimbayo expuso que fue vinculada en provisionalidad a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante la Resolución núm. 2526 del 19 de agosto de 2021, en el cargo de Facilitador IV, Código 104, Grado 04 en la Seccional de Aduanas de Bogotá en el Aeropuerto El Dorado.

2.2. El 20 de marzo de 2025 el señor Juan David Jiménez Barreto promovió acción de tutela en contra de la DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, con la pretensión de que se protegieran sus derechos fundamentales y, en ese orden: i) se le ordenara a la entidad reportar a la CNSC todas las vacantes surgidas con posterioridad a la convocatoria del 29 de diciembre de 2022, pertenecientes al empleo denominado Gestor 01, Código 301 AT – OP3015 y hacer uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución núm. 4162 del 31 de julio de 2024 y ii) ordenar a la CNSC que efectuara la actualización de la oferta de vacantes y la provisión de estas con base en la lista de elegibles vigente.

2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín bajo el radicado número 05001 -33-33-001-2025-0008500/01/02, autoridad que mediante sentencia del 3 de abril de 2025 accedió a l a solicitud de tutela.

2.4. Inconforme con la decisión, la DIAN y los terceros con interés presentaron

00/01/02, autoridad que mediante sentencia del 3 de abril de 2025 accedió a l a solicitud de tutela.

2.4. Inconforme con la decisión, la DIAN y los terceros con interés presentaron escrito de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia quien en providencia del 30 de julio de 2025 confirmó la decisión del a quo.

2.5. En cumplimiento de tal orden, la DIAN profirió la Resolución núm. 010672 del 17 de septiembre de 2025 4, a través de la cual dio cumplimiento al fallo de tutela referenciado y, ordenó el nombramiento en período de prueba de Daniel Andrés Peñaloza Gámez, quien se encontraba en primer lugar en la lista de elegibles conformada en la Resolución núm. 4162 del 31 de julio de 2024 para el cargo Gestor 01, Código 301 AT – OP3015; dispuso la finalización del encargo de Juan Carlos Velasco Peña, para que regresara a su cargo de carrera de Facilitador IV, Código 104, Grado 04 en la Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropu erto El Dorado y

3 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333300120250008503050 0123 4 Visible a PDF 10 contenido en el índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm.

035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

3 terminar el nombramiento en provisionalidad de la accionante, para que el señor Velasco Peña reasumiera las funciones del empleo del cual ostenta derechos de carrera administrativa.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La p arte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna , a la estabilidad laboral reforzada y a la protección especial por estado de embarazo. Como consecuencia de ello, pidió: i) dejar sin efectos las actuaciones desarrolladas en el marco de la acción de tutela tramitada ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en su lugar ii) ordenar a la autoridad judicial que se le vincule como tercera interesada desde la admisión de la demanda y; iii) suspender los efectos de la Resolución 010672 del 17 de septiembre de 2025, en la que se ordenó su retiro de la entidad.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que su desvinculación fue lesiva, toda vez que no se le vinculó al trámite constitucional, ni se le notificó de manera preliminar que el cargo desempeñado se encontraba en la lista mencionada por el señor Jiménez Barreto en su solicitud de amparo, ni se le req uirió para que acreditara alguna condición de estabilidad laboral reforzada, como lo exige la jurisprudencia.

por el señor Jiménez Barreto en su solicitud de amparo, ni se le req uirió para que acreditara alguna condición de estabilidad laboral reforzada, como lo exige la jurisprudencia.

3.3. De otro lado, explicó que en el mes de abril del año en curso informó formalmente a la DIAN su estado de gravidez a través del sistema Kactus y mediante correo electrónico dirigido a su jefe, hecho que no se tuvo en cuenta al momento de la terminación de su vinculación al cargo en provisionalidad, pues ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional, lo que implica que el amparo que se deriva de su estado es temporal y transitorio, por ello los daños generados por la actuación de la entidad no pueden ser reparados de manera posterior y eficaz.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 7 de octubre de 2025 5 se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación como parte accionada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, al señor Juan David Jiménez Barreto, a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a los señores Daniel Andrés Peñaloza Gámez y Juan Carlos Velasco

5 Índice 0000 4 del aplicativo SAMAI , con certificado núm. 258677D0B600AA24 B0075F5C055A70F3

75B2C9BD0388711E 159DD6660025EA23.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

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4 Peña; asimismo, se decretó la medida provisional solicitada y se ofició al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín para que remitieran al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado número 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/02.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 manifestó que se atiene a los argumentos expuestos en la decisión atacada, por lo que dispuso acatar la decisión que se adopte en la presente acción.

4.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN7 puso de presente que la orden judicial censurada por la accionante obedeció al cumplimiento del fallo proferido en el trámite de tutela adelantado bajo el radicado núm. 05001-33-33-0012025-00085-00 en la que accedió al amparo promovido por el señor Juan David Jiménez Barreto, en el sentido de realizar los nombramientos en período de prueba de los elegibles pendientes de ser nombrados en el empleo Gestor I, Código 301, Grado 1 Código OPEC 198479 de la AT-OP3015; por lo que procedió a expedir las respectivas resoluciones de nombramiento en período de prueba.

Añadió que el tribunal avizoró una indebida integración del contradictorio por parte del juzgado, pues dejó de notificar a los terceros con interés, es decir, a los

respectivas resoluciones de nombramiento en período de prueba.

Añadió que el tribunal avizoró una indebida integración del contradictorio por parte del juzgado, pues dejó de notificar a los terceros con interés, es decir, a los servidores de la entidad vinculados en encargo o provisionalidad en el cargo Gestor I AT-OP3015, así como a los integrantes de la lista de elegibles de la Resolución 14162 de 2024 (OPEC 198479) . Por lo anterior, dispuso , como medida de saneamiento, que el a quo efectuara la notificación personal y continuar con el proceso.

Sin embargo, la señora Bermúdez Quimbayo no fue notificada dentro de dicho trámite, toda vez que no se encontraba nombrada en el cargo Gestor I AT-OP3015, sino que ocupaba temporalmente el empleo de Facilitador IV, en reemplazo del servidor Juan Carlos Velasco Peña, quien sí estaba en encargo del cargo Gestor I y fue debidamente notificado dentro del proceso judicial.

Esta situación obedeció a que, para el momento de los hechos, la actora no ocupaba el cargo objeto directo de los nombramientos ordenados judicialmente, esto es, el empleo Gestor I, Código 301, Grado 1, OPEC 198479 – Proceso Operación Aduanera, sino que se encontraba desempeñando temporalmente el cargo de Facilitador IV, en r eemplazo del servidor Juan Carlos Velasco Peña, quien se hallaba en encargo del cargo Gestor I mencionado

6 Índices 00009, 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97E94212A613CA99 66E67BC9211D13BB A27C801EAB95500D 04A8C5243EC15F71.

6 Índices 00009, 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97E94212A613CA99 66E67BC9211D13BB A27C801EAB95500D 04A8C5243EC15F71. 7 Índice 000 11 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 1AA60C3FA9EA9E3A A923DB26FE1ADF95 FCD37E6265573A6B D07A8B66DAC9878D.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

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5 De cara al asunto de fondo , explicó que la Resolución No. 010672 del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual se formalizó la terminación del nombramiento provisional de la accionante, se expidió en cumplimiento estricto de la orden judicial impartida por el Juzgado Primero Administrativo Ora l del Circuito de Medellín, confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenó ejecutar los nombramientos en período de prueba de los elegibles de la Resolución CNSC 14162 de 2024. No obstante, reconoció que no solicitó previamente documentos a la señora Bermúdez Quimbayo para verificar una posible condición de debilidad manifiesta o estabilidad laboral reforzada, dado que no se previó que su situación administrativa pudiera verse afectada indirectamente por la terminación del encargo del señor Velasco Peña.

Sostuvo que en el aludido acto se dispuso de forma expresa que contaba con la facultad de interponer recurso de reposición. En virtud de ello, la tutelante repuso la

del señor Velasco Peña.

Sostuvo que en el aludido acto se dispuso de forma expresa que contaba con la facultad de interponer recurso de reposición. En virtud de ello, la tutelante repuso la decisión el 7 de octubre de 2025, el cual a la fecha se encuentra en trámite y dentro de los términos legales para ser resuelto.

En ese orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Ley 927 de 2023, destacó que el acto administrativo de desvinculación no ha adquirido firmeza, razón por la cual la señora Bermúdez Quimbayo mantiene su vinculación activa en el cargo Facilitador IV, mientras se decide de fondo el recurso interpuesto.

No obstante, manifestó que, al advertir el estado de gravidez de aquella, puso de presente que adoptó medidas de acción afirmativa orientadas a preservar la estabilidad laboral reforzada de la accionante. En tal sentido, al existir una vacante temporal disponible en el empleo Facilitador IV, ID 5062, procedió a asignarlo a la señora Bermúdez Quimbayo.

Finalmente, más allá de la situación presentada y el trámite desarrollado en la acción de tutela objeto de controversia, concluyó que la actora no logró acreditar la configuración de algún defecto contenido en la providencia atacada, ni demostró un perjuicio irremediable que ameritara la intervención del juez constitucional, por lo que solicitó declarar la improcedencia de la acción.

4.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín 8 procedió a esbozar las actuaciones desarrolladas en el trámite de la acción de tutela, sin que

que solicitó declarar la improcedencia de la acción.

4.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín 8 procedió a esbozar las actuaciones desarrolladas en el trámite de la acción de tutela, sin que avizorara vulneración de alguna garantía fundamental de la actora, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.

8 Índice 0001 2 del aplicativo SAMAI, con certificado nú m. 70EB5161D68F7349 E7D8CB08D1173879 0551944BFE9F77AA 7A79F1D0C18408CD.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

6 4.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 9 solicitó su desvinculación del presente trámite, pues lo pretendido por la accionante desborda su competencia.

4.6. La Comisión Nacional del Servicio Civil 10 expuso que, a partir de la lectura del escrito de tutela, concluyó que no es la autoridad responsable de los actos cuestionados por la accionante, pues su actuación se limita a la organización y vigilancia del proceso de selección meritocrático de la DIAN 2022, por lo que no interviene en la administración de personal, ni en actos como nombramientos, desvinculaciones, insubsistencias o provisiones temporales. Por lo anterior, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.7. Mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2025 11 el Despacho ponente requirió a la DIAN para que aportara el acto administrativo que sustentó la medida

declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.7. Mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2025 11 el Despacho ponente requirió a la DIAN para que aportara el acto administrativo que sustentó la medida adoptada para preservar la estabilidad laboral reforzada de la accionante, así como los soportes de pago correspondientes a la seguridad social en salud, pensión y caja de compensación familiar.

El 20 de noviembre de 2025 12 la entidad presentó memorial en el que puso en conocimiento la certificación laboral de la accionante, quien en la actualidad funge en el cargo “facilitador IV grado 04”, así como la planilla de aportes correspondiente al mes de noviembre de 2025.

4.8. Jimmy Rivera González13 solicitó su reconocimiento como tercero interesado en la presente acción. Manifestó que es uno de los elegibles de la lista conformada para el cargo “Gestor I – Ficha AT -093015”, cuyo nombramiento en período de prueba se efectuó mediante Resolución 010678 del 17 de septiembre de 2025, por lo que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la accionante, debido a que no tiene la potestad para reclamar que se anule o retrotraiga una decisión judicial, pues no ocupaba la mencionada vacante, y la situación en la que se encuentra obedeció de manera exclusiva a las decisiones administrativas internas de la DIAN, la cuales no pueden ser imputadas ni al juez que profirió la decisión ni a los accionantes que promovieron la tutela objeto de censura en esta oportunidad.

9 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 08AD45E65992AA51 8416AD82453E6BC5

accionantes que promovieron la tutela objeto de censura en esta oportunidad.

9 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 08AD45E65992AA51 8416AD82453E6BC5 DF7AEA38A8927425 E9623B031C696722. 10 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. A8ADAFC047C53141 6795F91326A8076F 4BB283F0F72BADB7 028920D0E14A1F6A. 11 Índice 00024 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 1747465B9AF8D866 EC74E20E031D5228 49BC478B41F9E7E5 ED493B3A69F234E7 12 Índice 000 33 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. D49BF79A6161BF5F 4B247605A8D8D70D B276E5A3FCCD6EB6 6EF5589F500C08FD. 13 Índice 00028 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8D992D626AEE81F3 AA66DF7D809D5E7F 7BED6516F383D333 75334F5AAE803EFB.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

7 4.9. Juan David Jiménez Barreto14 sostuvo que actualmente cursan tres acciones constitucionales con identidad de hechos, partes y pretensiones, por lo que guardan relación directa entre sí, de manera que solicitó su acumulación.

4.10. James Núñez Dueñas15 en su calidad de elegible en el concurso de méritos

constitucionales con identidad de hechos, partes y pretensiones, por lo que guardan relación directa entre sí, de manera que solicitó su acumulación.

4.10. James Núñez Dueñas15 en su calidad de elegible en el concurso de méritos de la DIAN, presentó oposición a la tutela presentada por la señora Bermúdez Quimbayo, pues consideró que la finalidad de aquella fue interferir con el cumplimiento del principio de mérito, contenido en l a orden impartida por la jurisdicción contenciosa en Antioquia.

De otro lado, destacó que la provisionalidad es una figura temporal y precaria, que no otorga derecho a permanecer indefinidamente frente a una lista de elegibles vigente.

Finalmente, resaltó que cualquier protección laboral reforzada debe garantizarse mediante su reubicación u otras medidas administrativas, pero sin suspender o impedir el nombramiento de quienes superaron el concurso.

4.11. Laura Botero 16 se pronunció acerca de los hechos y pretensiones de una acción de tutela diferente al presente asunto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

El artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando

de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de

14 Índice 00028 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5439F3EA0E8A5FBE 43207B6898098866 E841C2AC00953112 C2C5A7DE52E3DDA5. 15 Índice 00030 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. CD30C1DCC71775B4 9E8F6BCBC7625F7E 5FA56E7B8FA0010E E24FDEE27831C210. 16 Índice 00031 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. C3EF1DBB8E406A14 1677BBDE6142D27A 1B79F2DC42F13ABA D063BCD45D51F123Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

8 cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.17

Por su parte, e l artículo 10 del mismo decreto establece que la acción de tutela podrá ser interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial. Al respecto, la Corte Constitucional18 ha indicado que se encuentra legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre que se presenten las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante

se encuentra legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre que se presenten las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.

En esta línea, l a Corte Constitucional, en sentencia T -1020 de 2003 19, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se “[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad […]”.20

A partir de este marco normativo, en el caso en concreto es preciso señalar que, conforme a la jurisprudencia constitucional, cuando la tutela se dirige contra providencias judiciales, están legitimados por activa no solo quienes hayan sido parte en el proceso en el que se profirió la decisión, sino también quienes demuestren un interés directo y particular en él 21, así como aquellos que no fueron parte, pero acrediten que la decisión cuestionada les genera efectos lesivos en sus derechos fundamentales22.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado que “en los casos en los que se

parte, pero acrediten que la decisión cuestionada les genera efectos lesivos en sus derechos fundamentales22.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado que “en los casos en los que se ataque por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia que se controvierte”23.

17 Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez. 18 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020 19 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 20 «Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991». 21 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014. 22 Sentencia T-256 de 2023. 23 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015-0758-00. Sección Quinta, en sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

9 2.1. En el presente caso, Laura Camila Bermúdez Quimbayo solicitó dejar sin efectos la sentencia dictada el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de

9 2.1. En el presente caso, Laura Camila Bermúdez Quimbayo solicitó dejar sin efectos la sentencia dictada el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el trámite de la acción de tutela identificada con radicado núm. 0500133-33-001-2025-0008500/01/02 mediante la cual confirmó la decisión de amparar los derechos fundamentales del señor Juan David Jiménez Barreto, en el sentido de realizar los nombramientos en período de prueba de los elegibles pendientes de ser nombrados en el empleo Gestor I, Código 301, Grado 1 Código OPEC 198479 de la AT-OP3015; situación que, a su juicio, vulneró sus garantías fundamentales, dado que implicó la desvinculación de su cargo así como el desconocimiento de sus derechos como madre gestante.

También reprochó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, mediante Resolución núm. 010672 del 17 de septiembre de 2025 24, dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en la entidad, a pesar de su estado de embarazo.

En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento esencial para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito que permite vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos del accionante y que justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además, porque está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias generales de procedibilidad.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Laura Camila Bermúdez Quimbayo al ser la titular de los derechos que

porque está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias generales de procedibilidad.

Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Laura Camila Bermúdez Quimbayo al ser la titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, dada su condición de tercera afectada con la decisión proferida en el trámite de la acción de tutela adelantada bajo el radicado núm. 41001-33-33-006-2023-00141-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo d e Antioquia, por cuanto actuó como jue z dentro del mencionado proceso, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales. Así como de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN pues es la entidad en la que se encuentra vinculada laboralmente la accionante.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

24 Visible a PDF 10 contenido en el índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm.

035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

10 judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo

10 judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 25 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 26 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto27.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”28.

25 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”28.

25 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 26 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 27 Las causales específicas de procede