CE - Sentencia 11001031500020250621500 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: LUZ DARY VALENCIA ARBELÁEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

A Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los reproches formulados por la demandante carecen de carga argumentativa y constituyen una reiteración de los argumentos debatidos en el proceso contencioso-administrativo.

La Sala 1 decide la acción de tutela instaurada por l a señora Luz Dary Valencia Arbeláez contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 2 de octubre de 20252, la señora Luz Dary Valencia Arbeláez interpuso acción

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 2 de octubre de 20252, la señora Luz Dary Valencia Arbeláez interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con motivo del fallo del 30 de septiembre de 2024 y de los autos del 20 de junio y del 14 de agosto de 2025, proferidos e n el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 76111-33-33-001-2019-00043-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción con posibles errores incluidos):

1.- AMPARAR mis derechos humanos fundamentales y constitucionales 53, 93; 25; 4; 48; 43; 13; 29, al debido proceso; tutela judicial efectiva; seguridad jurídica vulnerados por los accionados TCA Valle y la Sección segunda – Subsección A del C.E. en medio.

1 Se advierte que, el 23 de octubre de 2025, ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 2.- AMPARAR otros derechos Constitucionales, humanos y legales, -principios de las normas laboralesno citados, así como el principio de Convencionalidad, por falta de aplicación de los tratados y convenios internacionales de protección a la mujer, el derecho a la defensa y contradicción, debido proceso y los derechos humanos en los términos de la Corte IDH.

3.- ORDENAR a los accionados, dejar sin efecto la sentencia 328 de 2024 del TCA del Valle M.P. Paola Andrea Gartner Henao y proferir los que en derecho correspondan o en subsidio dejar sin efecto los autos del 20/06/2025 Y 14/08/2025 NI 0123-2025 de la S2 Sub A C.E. en aplicación del principio iura novit curia, traducido al español como “el juez conoce del derecho”, con la Interpretación amplia y flexible de los requisitos formales y técnico-jurídicos

4.- ORDENAR a los accionados, en el término de 30 días dar cumplimiento y aplicación al fallo constitucional.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes

hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. La señora Luz Dary Valencia Arbeláez ejecutó labores en el Servicio Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios entre septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2017.

Aprendizaje, en adelante SENA, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios entre septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2017.

4. En diciembre de 2018, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la declaratoria de la relación laboral encubierta detrás de los contratos de prestación de servicios.

5. Al proceso le correspondió el radicado 76-111 33 -33-001-2019-00043-00 y en primera instancia lo conoció el Juzgado Primero Administrativo de Buga, el cual accedió a las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 26 de abril de 2022, por considerar que del material probatorio allegado se deducía la presencia de los tres elementos que configuran la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.

6. Inconforme con la anterior decisión, el SENA interpuso recurso de apelación , alegando la existencia de una mera relación de coordinación entre las partes que suscribieron los contratos de prestación de servicios profesionales allegados al plenario. También s ostuvo que, si bien se realizaba control sobre las actividades realizadas, ello era únicamente con el fin de garantizar el cumplimiento eficiente de las tareas encomendadas.

7. Por su parte, la actora apeló el fallo por considerar que desconoció la sentencia SUJ-025 de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por cuanto no tuvo en cuenta el término de treinta días para determinar la solución de continuidad entre la suscripción de uno y otro contrato.

8. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del

en cuenta el término de treinta días para determinar la solución de continuidad entre la suscripción de uno y otro contrato.

8. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión apelada y, en su lugar, denegó las súplicas. Esto, tras encontrar que no se demostró el elemento de subordinación, propio de la relación laboral reclamada.

9. Seguidamente, por considerarlo procedente, el apoderado judicial de la parte actora interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que se rechazó de plano mediante auto del 20 de junio de 2025, proferido por el magistradoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Luis Eduardo Mesa Nieves, integrante de la Sección Segunda, Subsección A , del Consejo de Estado.

10. Contra tal providencia, la parte interesada interpuso el recurso de súplica, el cual se resolvió desfavorablemente mediante auto del 14 de agosto de 2025.

11. La parte actora adujo que el fallo del 30 de septiembre de 2024 y los autos del 20 de junio y del 14 de agosto de 2025 implicaron la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y de desconocimiento del precedente, porque obviaron la jurisprudencia existente en la materia,

20 de junio y del 14 de agosto de 2025 implicaron la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y de desconocimiento del precedente, porque obviaron la jurisprudencia existente en la materia, concretamente, las sentencias de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 y CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016.

12. Además, e xpuso que en la sentencia aludida no se tuvieron en cuenta los criterios de subrogación y temporalidad, en virtud de los cuales el SENA no podía contratar, bajo la modalidad de prestación de servicios , labores propias, misionales y permanentes de la entidad, como las asignadas a los cargos de instructor o de docente, ni para que estas se desarrollaran sin los límites temporales correspondientes, con lo cual desconoció que ese tipo de vinculación —la contratación de prestación de servicios — solo es válida cuando se realiza por el tiempo estrictamente indispensable.

13. En ese orden, la parte actora adujo que la contratación de las mencionadas labores y su ejecución permanente conllevan la subordinación y dependencia propias de la relación laboral, toda vez que implican que el contratista desarrolle sus actividades en las mismas condiciones del personal de planta, lo cual, por ende, debió ser declarado por el operador judicial.

14. Finalmente, s ostuvo que los autos por los cuales se rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y se negó el recurso de súplica implicaron la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque desconocieron el bloque de constitucionalidad y contuvieron decisiones

extraordinario de unificación de jurisprudencia y se negó el recurso de súplica implicaron la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque desconocieron el bloque de constitucionalidad y contuvieron decisiones arbitrarias, que no corresponden a los medios de prueba obrantes en el expediente.

B. Trámite impartido e intervenciones

15. Mediante auto de 10 de octubre de 20253, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar esa decisión a las autoridades judiciales demandadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado . Igualmente, se dispuso notificar a la gobernadora del departamento del Valle del Cauca y al director general del SENA en calidad de terceros con interés. .

16. La magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, integrante del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 4 , señaló que la demanda de tutela es improcedente porque no cumple el requisito de inmediatez, pues la providencia censurada se profirió el 30 de septiembre de 2024 y se notificó el 12 de noviembre

3 Samai, índice 4. 4 Samai, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 de 2024, mientras que dicha demanda se presentó el 3 de octubre de 2025, es decir, 10 meses después.

17. La gobernadora del Departamento del Valle del Cauca 5 se opuso a las

4 de 2024, mientras que dicha demanda se presentó el 3 de octubre de 2025, es decir, 10 meses después.

17. La gobernadora del Departamento del Valle del Cauca 5 se opuso a las pretensiones de amparo y manifestó que carecen de fundamento de hecho y de derecho. Además, sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva y, por lo tanto, solicitó ser desvinculada del proceso.

18. El SENA 6 advirtió que no se avizora la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la demandante, en tanto las autoridades judiciales accionadas profirieron sus decisiones conforme a derecho, razón por la cual es evidente que aquella pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario.

19. Los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardaron silencio, pese a haber sido notificados 7 sobre el auto admisorio de la demanda.

20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

22. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad

2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

22. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. S olo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulner aron los derechos fundamentales de la señora Luz

Dary Valencia Arbeláez.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

23. Legitimación en la causa8. Este requisito se cumple tanto por activa como por pasiva, pues la accionante es la titular de los derechos fundamentales cuya

5 Samai, índice 9. 6 Samai, índice 8. 7 Samai, índice 7. 8 En la sentencia T-495 de 2024, la Corte Constitucional explicó que, en esencia, la legitimación en la causa consiste en el «interés que ostentan quienes intervienen en el trámite constitucional, bien porque son titulares de los derechos cuyo restablecimiento se discute (activa) o porque tienen la capacidad legal de responder por la vulneración o amenaza alegada (pasiva)» .Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 vulneración se alega y la autoridad judicial demandada es su presunta causante, de modo que es la llamada a responder por ella si resulta comprobada.

www.consejodeestado.gov.co 5 vulneración se alega y la autoridad judicial demandada es su presunta causante, de modo que es la llamada a responder por ella si resulta comprobada.

24. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que si bien es cierto que la sentencia censurada fue proferida el 30 de septiembre de 2024 y notificada el 12 de noviembre de la misma anualidad, también lo es que, contra esa providencia, la parte accionante interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que sustentó con argumentos muy similares a los que cimientan esta acción constitucional, relacionados con el supuesto desconocimiento de providencias de unificación dictadas sobre la materia.

25. Ahora bien, el recurso extraordinario se rechazó mediante auto del 20 de junio de 2025, el cual, a su vez, fue objeto del recurso de súplica, resuelto desfavorablemente a través de auto del 14 de agosto del año en curso. Teniendo en cuenta todo ello y que la demanda de tutela se instauró el 2 de octubre de esta anualidad, se concluye que se radicó dentro de un término razonable.

26. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza 9. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 10, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la

Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 10, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»11.

27. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario e, incluso, se interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, como se mencionó en precedencia.

28. Relevancia constitucional . Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga

9 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de maner a excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular

juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 10 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU -573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 11 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 12 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de

o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 12 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

30. De entrada, la Sala anticipa que la demanda de tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional , en la medida en que : (i) carece de una carga argumentativa mínima que permita abordar el análisis de fondo de la controversia y (ii) la accionante pretende reabrir un debate estrictamente legal y probatorio que ya fue definido por el juez de la causa. Además, como se expondrá, la sentencia cuestionada no se aprecia irracional, caprichosa o arbitraria.

31. Recientemente, a modo de reiteración jurisprudencial , la Corte Constitucional 13 recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, únicamente cuando se acredite la concurrencia de los requisitos generales de procedencia 14 —entre los que se encuentra la relevancia constitucional —, y al menos uno de los requisitos específicos que vicien la validez constitucional de la decisión cuestionada.

32. Así, respecto de la relevancia constitucional , el alto tribunal constitucional 15

menos uno de los requisitos específicos que vicien la validez constitucional de la decisión cuestionada.

32. Así, respecto de la relevancia constitucional , el alto tribunal constitucional 15 sostuvo que, para que se cumpla tal requisito, se exige a la parte actora que cumpla con una carga argumentativa mínima que le permita al juez del amparo abordar el análisis del cargo planteado en la demanda.

33. En este caso, la accionante invoca los defectos sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto; sin embargo, no se ocupó de argumentar, en términos de relevancia constitucional, por qué el asunto trasciende la esfera de la mera legalidad para afectar sus derechos fundamentales.

34. Obsérvese que la actora se limitó a señalar que la sentencia censurada está viciada con dichos defectos porque, en su sentir, desconoció las sentencias de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, y CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016 y no tuvo en cuenta los criterios de subrogación y temporalidad, los cuales, a su juicio,

12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional. 13 Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González. 14 La Corte aclaró que los requisitos generales son los siguientes: «1) legitimación por activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal

14 La Corte aclaró que los requisitos generales son los siguientes: «1) legitimación por activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de tutela». 15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 impedían que el SENA contratara labores propias, misionales y permanentes de la entidad. También indicó que, al suscribir los contratos de prestación de servicios para el cumplimiento de esas actividades, el SENA provocó la configuración de una relación laboral subyacente.

35. En criterio de la Sala, no bastaba con que la parte accionante manifestara su desacuerdo con la valoración del material probatorio y con la tesis acogida por el operador judicial, sino que, por ejemplo, en relación con el defecto fáctico, debía precisar cuáles fueron los medios de prueba que no se analizaron o que supuestamente se valoraron de manera errónea, y debía explicar cómo la valoración errada o su ausencia arrojó un resultado distinto y por qué la conclusión de la autoridad judicial estuvo desprovista de cualquier rigor o fundamento.

36. En este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión

errada o su ausencia arrojó un resultado distinto y por qué la conclusión de la autoridad judicial estuvo desprovista de cualquier rigor o fundamento.

36. En este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión objeto de reproche, originada en que, en criterio de la accionante, el tipo de labor contratada (propias del empleo de instructor) es suficiente para tener como consolidada una relación laboral porque, de la ejecución de las labores permanentes y misionales de la entidad, se colige el elemento de subordinación , lo cual es contrario a la tesis d el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , el cual estimó necesario que se demostrara la dependencia de la contratista, aspecto que no se desvirtuó con el material probatorio allegado, del cual se dedujo que las reuniones y controles que ejercía la entidad obedecían a la simple coordinación para la correcta y cumplida ejecución de las actividades contratadas.

37. En otras palabras, pese a que el desacuerdo con la sentencia censurada es evidente, los argumentos expuestos por la demandante no cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela realice el estudio de fondo, pues no se preocupó por detallar las razones por las cuales considera que la providencia judicial cuesionada causó una violación de sus derechos fundamentales.

38. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de tutela contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe,

escueta alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de procedencia que ha fijado la Corte Constitucional, existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales16.

39. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los derechos fundamentales para considerar que se cumple con el primer ítem del requisito de relevancia constitucional. Para ello, en cambio, es necesario sustentar amplia y razonablemente el vicio endilgado a la providencia judicial, a fin de que el juez constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 201500380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

40. Aunado a lo anterior, la Subsección encuentra que la señora Valencia Arbeláez pretende continuar con el debate probatorio suscitado en el proceso de origen, referente a la demostración la relación laboral subyacente , supuestamente iniciada el 29 de septiembre de 2009. Ese debate ya fue abordado de fondo por la autoridad

pretende continuar con el debate probatorio suscitado en el proceso de origen, referente a la demostración la relación laboral subyacente , supuestamente iniciada el 29 de septiembre de 2009. Ese debate ya fue abordado de fondo por la autoridad judicial de segunda instancia, quien , para resolver los recursos de apelación interpuestos por ambos extremos del litigio, examinó exhaustivamente el acervo probatorio y determinó que los medios de prueba obrantes en el expediente no fueron suficientes para demostrar la consolidación de una relación laboral entre las partes, toda vez que, si bien se probó la prestación d el servicio personal, no se demostró la existencia de subordinación.

41. En efecto, en la sentencia del 30 de septiembre de 2024 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca efectuó el siguiente análisis (transcripción con

posibles errores incluidos):

1. Prestación personal del servicio

Se advierte que, en los contratos de prestación de servicios se evidencia en el objeto del contrato que siempre se requería la prestación personal del servicio, como ejemplo de ellos, se copian algunos dentro de los contratos suscritos: (…)

Se encuentra entonces probado con los contratos allegados, ya que el objeto de los mismos enmarca que debían ser ejecutados por la demandante y en los cuales la entidad definía los diferentes lineamientos e impartía directrices para la realización de las actividades a desarrollar.

2. Subordinación

Por otra parte, en cuanto a la subordinación, se tiene dentro del plenario los siguientes elementos probatorios:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Por otra parte, en cuanto a la subordinación, se tiene dentro del plenario los siguientes elementos probatorios:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06215-00

Demandante: Luz Dary Valencia Arbeláez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Así mismo, reposa en el expediente informe de ejecución contractual enviado por parte de la demandante al supervisor del contrato, doctor Alexander Atehortúa González, en el que se plasma todas las actividades realizadas con el fin de demostrar el cumplimiento del contrato suscrito.

Por otra parte, en el expediente se evidencia Acta 15.02.2017 por medio de la cual se hace entrega de lineamientos y metas de centro SBDC en emprendimiento y ser del Centro Agropecuario de Buga.

No quiere decir lo anterior que la demandante hubiere estado cumpliendo órdenes, sino que se evidencia que dichos correos se limitan a realizar jornadas para el seguimiento de los lineamientos del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes y de acompañamiento de los contratistas en el cumplimiento de tales lineamientos, sin que esto quiera decir que a la demandante se le haya fijado un horario para la respectiva prestación del servicio o tuviera que cumplir órdenes, razón por la cual, este último elemento no se encuentra probado en el presente asunto.

Así pues, no puede desconocerse entonces que el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual s e vincula excepcionalmente a una persona natural con

o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual s e vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

3. Remuneración

Finalmente, en lo que a la remuneración respecta, se encuentra comprobado el pago por los servicios prestados, que, en los términos de las cláusulas contractuales y comprobantes de pago obrantes en el plenario, se pagaba por cuotas mensuales.

Por lo expuesto, esta Sala de Decisión revocará la sentencia de primera instancia al no encontrarse probado en el plenario el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la d