CE - Sentencia 11001031500020250622800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06228-00

Accionante: LEONOR ELVIRA OTERO NIETO

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTROS

Temas: Tutela contra tutela — Declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán . Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 (modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025), así como con el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 8 de octubre de 2025 2, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Leonor Elvira Otero Nieto, actuando en nombre propio,

referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Leonor Elvira Otero Nieto, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán. Con la solicitud de amparo pretende que s e le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica.

2. Las anteriores garantías las consider ó vulneradas con ocasión de la

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán. Asimismo, se dispuso la vinculación de la DIAN y a la CNSC y a los señores Juan Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa Murillo, Leidy Yoana Palacio García, Joaquín Pablo Ortega Ortega Said Elías Fadul Rhenals, Aimer Jovier Melo Bastidas y Golda Lida Móvil Pinzón. Igualmente, se ordenó vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última según lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso y se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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sentencia del 24 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. Mediante esta providencia confirmó el fallo del 15 de agosto de 2025, dictado por el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán, en la que se amparó el derecho fundamental al debido proceso «en concurso de méritos» de los demandantes de dicho proceso, con el fin de que «la DIAN reporte ante la CNSC las vacantes definitivas que tiene disponibles del cargo denominado Gestor II, código 302, grado 2, código de ficha TP -DE-3007, provistas actualmente en provisionalidad o encargo, conforme lo expuesto ». Ello, dentro del trámite de la acción constitucional identificada con el radicado 1900133-33-010-2025-00197-00/01.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

1. Ordenar al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO MIXTO DE LA ORALIDAD DEL CIRCUITO DE POPAYÁN - , representando por la señora Juez LILIAN MARCELA BURBANO TORRES, mayor de edad e identificada conforme a su acto de posesión TRIBUNAL, ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, representado por su honorable magistrado DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO , mayor de edad e identificada conforme a su acto de posesión que procedan a emitir nuevo un fallo amparados en la seguridad jurídica y debido proceso dentro de la tutela

su honorable magistrado DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO , mayor de edad e identificada conforme a su acto de posesión que procedan a emitir nuevo un fallo amparados en la seguridad jurídica y debido proceso dentro de la tutela con tramite radicación 19001 33 33 010 2025 00197 01, a favor LEONOR ELVIRA OTERO NIETO, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía 66.908.651, domiciliada y residente en Santiago de Cali.

2. Se reconozca la amenaza y vulneración de mis derechos fundamentales debido proceso, seguridad jurídica, a favor LEONOR ELVIRA OTERO NIETO, mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía 66.908.651, domiciliada y residente en Santiago de Cali. contra JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO MIXTO DE LA ORALIDAD DEL CIRCUITO DE POPAYÁN-, representando por la señora Juez LILIAN MARCELA BURBANO TORRES, mayor de edad e identificada conforme a su acto de posesión TRIBUNAL, ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, representado por su honorable magistrado DAVID FERNANDO RAMÍREZ FAJARDO, mayor de edad e identificada conforme a su acto de posesión3].

1.2. Hechos

4. Los señores Juan Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa Murillo, Leidy Yoana Palacio García y Joaquín Pablo Ortega Ortega interpusieron una acción de tutela en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo , de

acción de tutela en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo , de acceso a cargos públicos por mérito, a la igualdad de oportunidades, al trabajo, al mínimo vital, a la familia y a la «protección de sujetos de especial protección constitucional».

5. Señalaron que la vulneración de tales garantías se produjo porque la DIAN no cumplió con el deber de reportar las vacantes definitivas existentes en la

3 Transcripción literal que puede contener errores.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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entidad ante la CNSC. Indicaron que esta omisión impidió la elaboración del estudio técnico necesario para autorizar el uso de la lista de elegibles y, en consecuencia, bloqueó la posibilidad de realizar nuevos nombramientos. Afirmaron que esta situación a fectó directamente sus derechos y agravó sus condiciones personales, en especial por las dificultades económicas derivadas de no haber sido nombrados4.

6. El proceso correspondió al Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán, bajo el radicado 19-001-33-33-010-2025-00197-00.

7. Mediante providencia del 15 de agosto de 2025, dicha autoridad decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso en el concurso de méritos, al

7. Mediante providencia del 15 de agosto de 2025, dicha autoridad decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso en el concurso de méritos, al considerar que la omisión de la DIAN en reportar las vacantes definitivas impedía el uso adecuado de la lista de el egibles y vulneraba las reglas del principio de l mérito. Señaló que esta omisión no podía discutirse por los medios judiciales ordinarios y que la vigencia limitada de la lista generaba riesgo de un perjuicio irremediable. Por estas razones, ordenó a la DIAN reportar ante la CNSC las vacantes definitivas del cargo gestor II, código 302, grado 2, ficha TP -DE-3007, y negó las demás pretensiones.

8. Inconformes con lo resuelto, la DIAN y la señora Leonor Elvira Otero Nieto, vinculada a ese trámite como tercera con interés y actuando como accionante en el presente mecanismo constitucional, impugnaron la decisión.

9. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca, que mediante providencia del 24 de septiembre de 2025 confirmó la decisión. En efecto, estimó que el fallo de primera instancia se ajustó a derecho al ordenar a la DIAN reportar las vacantes definitivas pendientes ante la CNSC, pues quedó demostrado que la entidad no había cumplido plenamente con esa obligación y que dicha omisión afectaba el uso regular de la lista de elegibles del concurso DIAN 20225.

10. Por lo anterior, la señora Leonor Elvira Otero Nieto instauró la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10

Administrativo Mixto de Oralidad del Circuito de Popayán . Arguyó que las

10. Por lo anterior, la señora Leonor Elvira Otero Nieto instauró la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado 10

Administrativo Mixto de Oralidad del Circuito de Popayán . Arguyó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica al proferir los fallos de tutela dentro del proceso identificado con el número 19001-33-33-010-2025-00197-00/01.

4 Indicaron que participaron en el concurso de méritos de la DIAN realizado en 2022, correspondiente a la OPEC 198362 para el cargo de Gestor II. Afirmaron que superaron todas las etapas del proceso y que fueron incluidos en la lista de elegibles, ocupando p osiciones entre los puestos 214 y 250. Agregaron que, aunque la lista avanzó únicamente hasta el puesto 202, sus posiciones no fueron alcanzadas, por lo que quedaron a la espera de que surgieran nuevas vacantes que permitieran continuar con los nombramientos. 5 El tribunal señaló que no se pretendía, mediante la acción de tutela, el nombramiento de los accionantes por encima de los resultados obtenidos en el concurso de méritos, sino garantizar el cumplimiento del deber de la entidad frente a la correcta utilización de la lista de elegibles y el acceso a los cargos disponibles.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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1.3. Sustento de la vulneración

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte accionante manifestó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, al proferir las sentencias de 15 de agosto y 24 de septiembre de 2025.

12. Señaló que la Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela no constituye, en principio, el mecanismo adecuado para dirimir controversias derivadas de concursos de méritos, especialmente cuando existen actos administrativos susceptibles de control por la jurisdicción contenciosoadministrativa, como es el caso de las listas de elegibles.

1.4. Intervenciones

13. La DIAN indicó que la accionante actualmente se encuentra vinculada a la planta de personal de la entidad mediante nombrada en provisionalidad en el empleo denominado gestor II, código 302, grado 02 y que «a la fecha no se ha proferido ninguna resolución u acto administrativo que separe a la accionante del cargo que desempeña en la actualidad».

14. Indicó que no ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales alegados por la señora Otero Nieto y, en consecuencia, solicitó ser desvinculada del presente trámite.

15. La CNSC manifestó que las actuaciones cuestionadas correspondieron exclusivamente al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado 10

Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán, por lo que no tenía participación en los hechos que se le atribuían. Señaló que carec e de

exclusivamente al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán, por lo que no tenía participación en los hechos que se le atribuían. Señaló que carec e de competencia para administrar la planta de personal de la DIAN y para expedir actos de vinculación o desvinculación, por lo que solicitó ser desvinculada del presente proceso.

16. El Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca se limit aron a enviar el expediente del proceso.

17. Las señoras Deyanira Luna Rodríguez 6, Sindy Julieth Daza Daza 7 y Golda Lida Móvil Pinzón8, mediante escritos independientes, en su calidad de terceros con interés, informaron su intención de coadyuvar con las pretensiones de tutela y además solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela aquí debatido e « INCLUSIVE, la expedición de dicho auto

6 Mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2025, coadyuvando las pretensiones de la acción de tutela de referencia. 7 Mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2025, coadyuvando las pretensiones de la acción de tutela de referencia. 8 Mediante memorial radicado el 17 de octubre de 2025, coadyuvando las pretensiones de la acción de tutela de referencia.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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acción de tutela de referencia.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

admisorio de la acción de tutela, que fue expedido con violación al debido proceso y derecho de defensa».

II. CONSIDERACIONES

18. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por la señora Leonor Elvira Otero Nieto. Para ello, esta Sección explicará las razones por las cuales el asunto objeto de estudio no supera el requisito de procedencia de tutela contra una decisión de la misma naturaleza.

19. Para ello, se estudiarán, en primer lugar, las solicitudes de nulidad presentadas en este trámite; y, luego, se resolverá el caso concreto.

2.1. Cuestión Previa

20. A continuación, se atenderán las solicitudes de nulidad . La Corte Constitucional ha indicado que, cuando estas se invoquen antes de proferida la sentencia, podrán resolverse en el fallo 9. Esto se justifica en la celeridad e informalidad que rigen el trámite de la acción de tutela, cuyo procedimiento, por expresa disposición constitucional, es especial, preferente y sumario10. En tales

términos:

habida consideración de que a la tutela sobre los derechos fundamentales concierne un trámite que por ministerio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política ha de ser preferente y sumario, es apenas obvio que la

términos:

habida consideración de que a la tutela sobre los derechos fundamentales concierne un trámite que por ministerio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta Política ha de ser preferente y sumario, es apenas obvio que la decisión definitiva sobre la protección de un derecho fundamental cuando se estima que él ha sido violado o se encuentra amenazado de inminente vulneración, ha de quedar en firme a la mayor brevedad posible. Por ello, el trámite de esta acción es, conforme a su regulación por el Decreto 2591 de 1991 desprovisto de las formalidades propias de los procesos que se adelantan ante las distintas ramas de la jurisdicción del Estado. Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por analogía todas las normas del Código de Procedimiento Civil al trámite de la acción de tutela, pues de esa manera podría darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que la Constitución exige para ella un procedimiento sumario, esto es simplificado, breve, donde no es posi ble ni la admisión de todos los incidentes que sí lo serían en un proceso civil o en un proceso contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991 […]11.

21. Lo anterior implica que al trámite de tutela no le son aplicables automáticamente, por analogía o por remisión, las disposiciones que rigen los procesos ordinarios, relativas, por ejemplo, al trámite de incidentes —como el de nulidad12— o a l porqué de la improcedencia de recursos distintos a la impugnación del fallo de primera instancia 13 —como lo serían los recursos en contra de las decisiones que resuelven nulidades o medidas provisionales —.

nulidad12— o a l porqué de la improcedencia de recursos distintos a la impugnación del fallo de primera instancia 13 —como lo serían los recursos en contra de las decisiones que resuelven nulidades o medidas provisionales —. Esto, en aras de garantizar la celeridad del procedimiento en los términos

9 Ver: Corte Constitucional, sentencias T-718 de 2017, T-357 de 2024 y SU-342 de 2024. 10 Corte Constitucional, Auto 287 de 2010. 11 Corte Constitucional, Auto 270 de 2002, reiterado en el Auto 287 de 2010. 12 Corte Constitucional, Auto 287 de 2010. Así mismo, ver T-570 de 1998. 13 Corte Constitucional, Sentencia C-284 de 2014. Así mismo, ver Auto 287 de 2010.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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dispuestos por el mismo constituyente.

2.2. De las solicitudes de nulidad14

22. Las señoras Deyanira Luna Rodríguez, Sindy Julieth Daza Daza y Golda Lida Móvil Pinzón solicitaron que se declare la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela aquí debatido e «INCLUSIVE, la expedición de dicho auto admisorio de la acción de tutela, que fue expedido con violación al debido proceso y derecho de defensa».

trámite de tutela aquí debatido e «INCLUSIVE, la expedición de dicho auto admisorio de la acción de tutela, que fue expedido con violación al debido proceso y derecho de defensa».

23. Asimismo, pidieron que «con motivo de la nulidad que aqueja a los fallos proferidos por estos despachos judiciales, se deje sin efectos dichas decisiones de tutela» y se ordene a la «UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN» que se abst enga de desvincular a los funcionarios que se vean afectados por dichos fallos en especial «los empleados identificados GESTOR I, código 301, gado 1».

24. En consecuencia, pretenden que se ordene: i) a la «UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN» que no hagan ningún nombramiento en relación con los referidos fallos hasta que no se garanticen los derechos de todos los funcionarios afectados «se vinculen al proceso y puedan ejercer derecho de contradicción y defensa respecto de las pretensiones de las tutelas», ii) a los despachos judiciales que se abstengan de incurrir nuevamente en prácticas «violatorias al debido proceso» o a los funcionarios p úblicos que se encuentra vinculados a la planta de la entidad «DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANDAS NACIONALES DIAN EN LOS CARGOS DE GESTOR I y de los que llegare a conocer».

25. Es preciso advertir que el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala la posibilidad de aplicar los principios generales del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), para interpretar las

25. Es preciso advertir que el artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala la posibilidad de aplicar los principios generales del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso (en lo sucesivo CGP), para interpretar las disposiciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 en todo aquello que no sea contrario a dicho decreto.

26. En lo que respecta al trámite de las nulidades, el artículo 135 del CGP dispone que la parte que la invoca, además de tener legitimación para proponerla,

14 Índice Samai 19. El 20 de octubre de 2025, por medio de fijación en lista, la Secretaría General del Consejo de Estado corrió traslado de las solicitudes de nulidad suscritas por las señoras Sindy Julieth Daza Daza y Golda Lida Móvil Pinzón. No obstante, encontrándose en trámite el proceso para resolver las nulidades propuestas, el Despacho ponente advirtió que no se había practicado el procedimiento correspondiente respecto de la solicitud de nulidad presentada por la señora Deyanira Luna Rodríguez. En consecuencia, mediante auto de fecha 7 de noviembre de 2025, se ordenó a la Secretaría General de l Consejo de Estado dar el traslado correspondiente de la referida solicitud de nulidad. Índice Samai 30. El 12 de noviembre de 2025, se fijó en lista y se corrió traslado de la solicitud de nulidad presentada por la señora Deyanira Luna Rodríguez.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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debe expresar la causal invocada, los hechos en que se fundamenta y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

27. No obstante, las proponentes no cumplieron con ese deber, motivo por el cual, las solicitudes de nulidad propuestas serán rechazadas. Ciertamente, las señoras Luna Rodríguez, Daza Daza y Móvil Pinzón se limitaron a solicitar la nulidad de todo lo actuado dentro del trámite constitucional cuestionado en la presente acción de tutela, en el cual, a su juicio, se vulneraron sus garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa. Sin embarg o, no invocaron ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del CGP.

28. Por ende, al incumplir con uno de los deberes procesales exigidos por el ordenamiento jurídico, lo procedente es rechazar la solicitud de nulidad.

2.3. Caso concreto: la solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

29. El Consejo de Estado 15 y la Corte Constitucional 16, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 17 y a la configuración de algún defecto especial18 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo

procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales 17 y a la configuración de algún defecto especial18 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

30. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especia les de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

31. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.

32. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de l 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 16 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 16 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 17 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no s e dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 18 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

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invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. Legitimación por activa . La Sala advierte que la señora Leonor Elvira Otero Nieto está legitimada en la causa por activa. Esto, dado que fue vinculada como tercero con interés en el proceso constitucional con radicado 19001-33-33010-2025-00197-00/01 y, además, impugnó la decisión proferida en primera instancia en dicho trámite.

34. Legitimación por pasiva. Tanto el Tribunal Administrativo del Cauca como el Juzgado 10 Administrativo Mixto de la Oralidad del Circuito de Popayán se encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser la s autoridades que profirieron las decisiones controvertidas en esta oportunidad. Sin embargo, la Sala precisa que el estudio de limitará a l fallo de 24 de septiembre de 2025 , mediante el cual el tribunal accionado decidió en segunda instancia el trámite constitucional aquí cuestionado.

35. En cuanto a las solicitudes de desvinculación presentadas por la DIAN y la CNSC, estas serán negadas, toda vez que dichas entidades fueron vinculadas al presente proceso por el interés que les asiste al ser las demandas dentro de la acción constitucional cuya decisión aquí se cuestiona.

36. Coadyuvancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código General del Proceso, la Sala aceptará la coadyuvancia de la acción de tutela presentada por señoras Luna Rodríguez, Daza Daza y Móvil Pinzón. Esto,

36. Coadyuvancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código General del Proceso, la Sala aceptará la coadyuvancia de la acción de tutela presentada por señoras Luna Rodríguez, Daza Daza y Móvil Pinzón. Esto, porque su intervención contiene los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya n y se acompañaron las pruebas pertinentes. Además, dichas solicitudes no están en oposición a los intereses de la parte actora y no implica disposición del derecho del litigio.

37. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea controvertir decisiones de tutela.

38. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparoAccionante: Leonor Elvira Otero Nieto

conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparoAccionante: Leonor Elvira Otero Nieto Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06228-00

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de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a acceder a la justicia19.

39. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.

Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de justicia»20. Sin embargo, la carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de «aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente ” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas»21.

40. En el sub judice , como viene de verse, la parte tutelante cuestiona la providencia del 24 de septiembre de 202 5, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión que amparó el derecho al debido proceso de los señores Juan Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa Murillo, Leidy Yoana Palacio García y Joaquín Pablo Ortega Ortega en el

Administrativo del Cauca confirmó la decisión que amparó el derecho al debido proceso de los señores Juan Carlos Amézquita Londoño, Víctor Andrés Villa Murillo, Leidy Yoana Palacio García y Joaquín Pablo Ortega Ortega en el concurso de mé