CE - Sentencia 11001031500020250623601 de 2026

Consejo de Estado

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250623601 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06236-01

Demandante: ÁLVARO JAVIER GÓMEZ PIEDRAHÍTA

Demandados: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición. Modifica el fallo impugnado que declaró la improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, denegar el amparo solicitado y declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 20 de marzo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 18 de septiembre de 2025, e l señor Álvaro Javier Gómez Piedrahíta, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General

Gómez Piedrahíta, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.

La parte actora consideró que su garantía constitucional se vulner ó debido a la falta de respuesta a las solicitudes en las que planteó presuntas irregularidades que, según afirmó, le impidieron reclamar un premio de lotería.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

Le solicito a los Honorable Magistrados hacer que las Entidades involucradasDemandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respondan los derechos de petición, y se ha violado la Constitución Nacional al debido proceso en concurrencia del Art. 209 de la misma Carta Política, me he cansado de explicar a las diferentes Entidades que de parte de la empresa SUPER SERVICIOS DEL VALLE S.A., SE COMETIÓ UNA ESTAFA O FRAUDE, SE ENGAÑO A LA JUSTICIA EN UNA ACCION DE AMPARO CON LA CUAL SE ACLARARO TODO LO SUCEDIDO PÓRQUE NO ENTENDIA QUE FUE LO QUE PASO, ENTONCES ME DI CUENTA QUE LA FUNCIONARIA QUE ME ATENDIO

ENGAÑO A LA JUSTICIA EN UNA ACCION DE AMPARO CON LA CUAL SE ACLARARO TODO LO SUCEDIDO PÓRQUE NO ENTENDIA QUE FUE LO QUE PASO, ENTONCES ME DI CUENTA QUE LA FUNCIONARIA QUE ME ATENDIO

EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ROLDANILLO VALLE, DE NOMBRE NHORA

RESTREPO, SE HABIA APODERADO ENGAÑOSAMENTE DEL CHANCE Y

MANIPULO TODO, NO ES POSIBLE QUE ESA EMPRESA CON COMPLICIDAD

TAL VEZ DE OTROS FUNCIONARIOS DE SISTEMAS, Y DE ADMINISTRACION HICIERON UN CAMBIASO, DIJERON QUE YO HABÍA GANADO CON UN CHANCE HECHO EL 24 DE MAYO DE 2.025 Y COBRADO AL DIA SIGUIENTE EN LA OFICINA PRINCIPAL EL DIA DOMINGO, CON LAS LOTERIAS DE BOYACA Y CAUCA CON EL NUMERO 4039, QUE ESO ES COMPLETAMENTE FALSO, NUNCA COMPRE UN CHANCE ESE DIA Y LO MAS CURIOS FUE

USARON PARA EL FRAUDE LA MISMA IMPRESORA DONDE ME VENDIERON

EL CHANCE, O SEA, MANIPULARON TODO CON UNA FACILIDAD ESTREMA,

PERO NO HAY CRIEMN PERFECTO, TAL VEZ POR LA CARRERA QUE LES IMPUSO LA JUEZ 1 PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE PARA QUE CONTESTARON SE EQUIVOCARON, UTILIZARON UN TIQUETE FALSO, LE COLOCARON MI NOMBRE DE LA CUAL NO ES MI LETRA, Y LO MISMO LOS

NUMEROS DEL TELEFONO CELULAR Y DE LA CEDULA QUE NO

CONTESTARON SE EQUIVOCARON, UTILIZARON UN TIQUETE FALSO, LE COLOCARON MI NOMBRE DE LA CUAL NO ES MI LETRA, Y LO MISMO LOS NUMEROS DEL TELEFONO CELULAR Y DE LA CEDULA QUE NO CORRESPONDEN A LOS MIOS, AUN MAS NO ES MI FIRMA Y LA HUELLA DACTILAR TAMPOCO, LE COLOCARON QUE YO VIVIA EN LA VEREDA TIERRA

BALANCA DE ESTE MUNICIPIO, ESO ES COMPLETAMENTE FALSO, YO VIVO

EN LA CALLE 17 No. 7-51 Carretera Panorama hace m[á]s de 30 años, o sea, que todo es completamente falso, le solicite a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION CON LA COLOCACIÓN DE LA DENUNCIA PENAL, LE SOLICITE APOYO A PROCURADURIA PROVINCIAL DE CARTAGA VALLE, A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE A PESAR DE MI INSISTENCIA AL FIN HACE POCO LE DIERON TRAMITE A MI PETICIÓN PERO NO SE SABE NADA NADA MAS. LE PEDI A LA OFICINA DE TRANPSRENCIA DE LA PRESIDENCIA Y NO ATENDIO MI CASO ES UNA OFICINA QUE NO OPERA ME ENVOLATROSN DE AQUÍ PARA HAYA Y DE ALLA PARA ACA, BUENO HE AGOTRADOTODO SIN RESPEUSTA NI SOLUCUON ALGUNA Y VAMOS PARA CUATRO LARGOS MESES Y ESO SE ME CONVIRTIO EN UN PROCESO, ME PUSE CONTENRO AL GANAR UN PREMIO DE ESE CALIBRE, QUE NO HA LLEGADO A MIS MANOS, CON EL QUE

CONVIRTIO EN UN PROCESO, ME PUSE CONTENRO AL GANAR UN PREMIO DE ESE CALIBRE, QUE NO HA LLEGADO A MIS MANOS, CON EL QUE PRETENDIA SOLUCIONAR MUCHOS PROBLEMAS DE INDOLE ECONOMICO, SOY MUY POBRE DE ESTARTA 1 BAJO 1, VIEJO TENGO 72 AÑOS, NO CUENTO CON AYUDA DE NADIE NI SIQUIERA DEL GOBIERNO, QUEDE CON LA MISMA NECESIDAD Y NO VEO SOLUCION PRONTA A MI DESGRACIA.

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que había ganado un premio de chance comercializado por SuperServicios del Valle S.A., pero que la empresa se negó a pagarlo.

Refirió que, por tal motivo , presentó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio , en la que puso de presente dicha situación.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Sustento de la petición

El actor sostuvo que las entidades demandadas omitieron responder sus solicitudes sobre las presuntas irregularidades en el cobro del premio.

Indicó que la falta de respuesta afectaba no solo su derecho fundamental de petición, sino el debido proceso.

El actor sostuvo que las entidades demandadas omitieron responder sus solicitudes sobre las presuntas irregularidades en el cobro del premio.

Indicó que la falta de respuesta afectaba no solo su derecho fundamental de petición, sino el debido proceso.

1.5. Trámite

Una vez efectuado el reparto en primera instancia, mediante auto del 7 de octubre de 2025, el a quo inadmitió la demanda constitucional para que la parte actora aclarara qué autoridades demandaba, determinara los hechos vulneradores de sus derechos fundamentales e identificara plenamente el radicado y la decisión judicial en caso de demandar alguna.

Adicionalmente, requirió a la Secretaría del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Roldanillo para que allegara el expediente de tutela 76622 -40-40-001-2025-00045-00 e informara el estado actual de dicho proceso, en especial la fecha en que se profirió el auto admisorio y su notificación.

El actor presentó la siguiente subsanación:

Me permito notificarme sobre el requerimiento el día de hoy 14 de octubre del 2.025, sobre la pregunta de cual entidad hago referencia es muy claro es a los siguientes Entes:

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

DEFENSORIA DEL PUEBLO

PRINCIPALMENTE A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DECRETARIA DE TRANSPARENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Manifiesto que sobre el asunto numeral 1.5 solicitado. me refiero a que no han respondido aL DERECHO DE PETICION, ENTONCES NO HAN HECHO NADA AL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Manifiesto que sobre el asunto numeral 1.5 solicitado. me refiero a que no han respondido aL DERECHO DE PETICION, ENTONCES NO HAN HECHO NADA AL RESPECTO, YA HACE 4 MESES Y NADA QUE SOLUCIONA ALGO O SE HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS PRECAUTELARES SOLICITADAS A LA FIDCALIA GENERL DE LA NACION, ESTE CASO POR NINGUN MOTIVO DEBE QUEDAR EN LA IMPUNIDAD, ESA EMPRES DEL CHANCE ES UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD Y HAY QUE ACTUAR POR SE HA COMETIDO UN DELITO MUY

GRAVE DE TRANSPARENCIA, HONESTIDAD Y PONE EN JUEGO LA

SEGURIDAD JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DE UN JUEGO COMO ES EL

CHANCE QUE A LA POSTRE NO TIENE CONTROL ALGUNO.

DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS (Sic para la cita)

Mediante auto del 12 de diciembre de 2025 se admitió la acción de tutela. En consecuencia, se ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Superintendencia deDemandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio.

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Industria y Comercio.

Posteriormente, el 4 de febrero de 2026 el accionante informó que había perdido acceso a su correo electrónico registrado, por lo que, con auto del 11 de febrero siguiente, el a quo reconoció la nueva dirección , ordenó a la Secretaría General de esta corporación notificar a la parte demandante todas las decisiones judiciales proferidas dentro del presente trámite y requirió a las demandadas los soportes de envío de las respuestas.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Defensoría del Pueblo

Esta entidad sostuvo que no era competente para atender las pretensiones del actor, ya que no vulneró sus derechos fundamentales, razón por la cual propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

Esta entidad informó que el tutelante había radicado una solicitud que se identificó como SGD ORFEO, bajo el número 20257470030585, respecto de la cual se emitió una respuesta, mediante la que se informó al ciudadano que ya se desarrollaba un programa metodológico para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y responsables señalados en su denuncia.

Luego del requerimiento efectuado por el a quo, esta entidad allegó lo solicitado e insistió en que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.6.3. Superintendencia de Industria y Comercio

La entidad en mención indicó que el actor radicó una petición el 9 de julio de

insistió en que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.6.3. Superintendencia de Industria y Comercio

La entidad en mención indicó que el actor radicó una petición el 9 de julio de 2025, relacionada con inconvenientes presuntamente ocasionados por la sociedad SuperServicios del Valle S.A.

Al respecto, refirió que se pronunció el 16 de julio de 2025 y remitió su respuesta al correo electrónico lluaeverest@yahoo.es, bajo el consecutivo 1 del radicado 25322421-1.

1.6.4. Presidencia de la República

Esta entidad solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la parte accionante no aportó prueba alguna, ni siquiera sumaria, de una acción u omisión de la que se derivara la vulneración de derechos fundamentales.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.5. Procuraduría General de la Nación

Esta entidad consideró que debía declararse la improcedencia del amparo por configurarse un hecho superado.

Manifestó que, frente a la queja presentada por el actor ante la Procuraduría Provincial de Cartago por una presunta estafa relacionada con el pago de un premio de lotería, la vigilancia de la empresa privada denunciada excedía el ámbito de sus competencias.

Provincial de Cartago por una presunta estafa relacionada con el pago de un premio de lotería, la vigilancia de la empresa privada denunciada excedía el ámbito de sus competencias.

Por tanto, puso de presente que, mediante oficio PPIC -049 del 22 de enero de 2026, remitió la queja a Coljuegos e informó al actor sobre el traslado efectuado.

A su vez, precisó que, si bien correspondería dar traslado del asunto a la Fiscalía General de la Nación, el ciudadano manifestó que ya había acudido al ente investigador.

Posteriormente, dicha entidad informó que envió a la nueva dirección electrónica el oficio 0228 de 2026 y el oficio PPIC -049, los cuales se habían remitido inicialmente al primer correo suministrado por el accionante y allegó los correspondientes soportes.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 20 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.

Como cuestión previa al análisis del asunto, el a quo señaló que, de conformidad con la subsanación de la demanda, únicamente analizaría lo relacionado con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del actor frente a las autoridades señaladas como demandadas, a saber: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Precisó que no se acreditaron las solicitudes dirigidas a la Defensoría del Pueblo y a la Presidencia de la República.

de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Precisó que no se acreditaron las solicitudes dirigidas a la Defensoría del Pueblo y a la Presidencia de la República.

Advirtió que la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio respondieron antes de la presentación de la acción de tutela, el 15 y el 16 de julio de 2025, respectivamente.

Mencionó que la Procuraduría General de la Nación atendió la solicitud durante el trámite al remitirla a Coljuegos e informar al actor, con comunicación reiterada a su nueva dirección electrónica el 18 de febrero de 2026; por lo que, frente a esta, estimó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclaró que el actor no señaló a Coljuegos como autoridad demandada ni le imputó la vulneración o amenaza de su prerrogativa constitucional. Agregó que el actor tenía conocimiento del traslado de su solicitud a dicha entidad y , por tanto, tenía la posibilidad de continuar ante esa autoridad el trámite que estimara pertinente.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó oportunamente el fallo de primera instancia . Afirmó que no había recibido una notificación adecuada de la decisión y que ello afectaba su debido proceso y su derecho de defensa.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó oportunamente el fallo de primera instancia . Afirmó que no había recibido una notificación adecuada de la decisión y que ello afectaba su debido proceso y su derecho de defensa.

Insistió en que las entidades demandadas no habían solucionado las irregularidades denunciadas sobre el prem io de chance, razón por la cual reiteró sus señalamientos de presunta manipulación del tiquete, uso de datos personales falsos y pago a un tercero.

Solicitó valorar los documentos y testimonios que aportó, adelantar investigaciones y proteger sus derechos.

Adjuntó comunicaciones anteriores, entre ellas una respuesta de Coljuegos y constancias relativas a su denuncia penal, para destacar que no le han brindado una solución a sus reproches.

1.9. Trámite posterior

A través de providencia del 17 de julio del mismo año, el a quo denegó la solicitud de nulidad formulada por el actor pues este no explicó las razones por las cuales la concesión de un recurso oportunamente interpuesto habría tenido el alcance de revivir una decisión ejecutoriada, ni identificó disposición normativa alguna que permitiera arribar a esa conclusión.

A su vez, el juez de primera instancia ordenó la remisión del expediente para que se surtiera el trámite de la impugnación.

1.10. Trámite en segunda instancia

Luego del reparto en segunda instancia efectuado el 3 de septiembre de 2026 , el actor presentó un escrito en la misma fecha con el cual formuló nuevamente una solicitud de nulidad de «todo lo actuado sobre negar la solicitud de nulidad

Luego del reparto en segunda instancia efectuado el 3 de septiembre de 2026 , el actor presentó un escrito en la misma fecha con el cual formuló nuevamente una solicitud de nulidad de «todo lo actuado sobre negar la solicitud de nulidad propuesta (sic)…porque es completamente ilegal» la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que es inexistente por violatoria del debido proceso.

Posteriormente, el magistrado ponente, mediante escrito del 7 de septiembre de 2026, manifestó estar impedido para conocer del asunto, en atención a las causales establecidas en los numerales 1º y 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal; no obstante, con auto del 10 de l mismo mes y año seDemandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaró infundado dicho impedimento.

Finalmente, con auto del 28 de septiembre de 2026, se rechazó de plano la solicitud de nulidad propuesta por la parte actora en segunda instancia pues se advirtió que esta se limitó a manifestar su inconformidad con la providencia que denegó la solicitud de nulidad que inicialmente formuló en primera instancia , así que sus argumentos no correspond ían a alguna de las causales taxativas establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

que sus argumentos no correspond ían a alguna de las causales taxativas establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de tutela de primera instancia , según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20191.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Solicitudes de desvinculación

La Presidencia de la República manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, al igual que la Defensoría del Pueblo ; no obstante, se denegará tal petición puesto que hacen parte de las entidades que demandó la parte actora y por tanto, podría recaer en ellas el deber de satisfacer lo pretendido en la demanda constitucional.

2.2.2. Acción de tutela previa

En primera instancia, se requirió al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Roldanillo para que allegara el expediente de tutela 76622-40-40-001-2025-00045-00, promovida por el aquí accionante.

De conformidad con la documentación aportada, la sala advierte que el actor promovió anteriormente una acción de tutela contra SuperServicios del Valle S. A., de la cual conoció en primera instancia el mencionado juzgado.

En esta, el accionante solicitó la protección de su derecho fundamental a la dignidad humana, con ocasión de la negativa de dicha sociedad a pagarle un

A., de la cual conoció en primera instancia el mencionado juzgado.

En esta, el accionante solicitó la protección de su derecho fundamental a la dignidad humana, con ocasión de la negativa de dicha sociedad a pagarle un premio obtenido, según afirmó, en un juego de chance.

Mediante sentencia del 16 de junio de 2025, el referido despacho judicial declaró improcedente el amparo, al considerar que la controversia planteada era de naturaleza económica y que la acción de tutela no constituía el mecanismo judicial

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idóneo para resolverla. Esta decisión fue confirmada por el superior con fallo del 24 de julio del mismo año.

Ahora bien, aunque la presente acción de tutela tiene origen en los mismos acontecimientos relacionados con el presunto incumplimiento en el pago del premio de lotería, su objeto es diferente, puesto que, en el anterior proceso, el actor demandó la falta de pago del premio, mientras que en el expediente de la referencia lo que reprocha es la falta de respuesta a sus solicitudes por las irregularidades en la reclamación de aquella.

Por tanto, si bien ambas acciones comparten un antecedente fáctico común –la falta de pago d el premio de la lotería -, no existe identidad de objeto ni de causa,

irregularidades en la reclamación de aquella.

Por tanto, si bien ambas acciones comparten un antecedente fáctico común –la falta de pago d el premio de la lotería -, no existe identidad de objeto ni de causa, pues la controversia actual no se dirige propiamente a obtener el reconocimiento o pago de esta, sino a determinar si las autoridades demandadas cumplieron su deber de responder las peticiones presentadas por el actor.

En tal sentido, se descarta la configuración de la temeridad y , por tanto, no se emitirá pronunciamiento al respecto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio vulneraron el derecho fundamental de petición del accionante debido a la falta de respuesta a las solicitudes en las que planteó presuntas irregularidades que, según afirmó, le impidieron reclamar un premio de lotería.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) procedencia de la acción de tutela, (ii) el derecho fundamental de petición y, (iii) el caso concreto.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19912, entre otros motivos, la relativa a la existencia

2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).

2.4.1. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de autoridades administrativas

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política, así:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Ley 1755 de 2015 estableció un término general para resolver las peticiones de 15 días y, como término especial el de 10 días para las solicitudes de documentos e información y, de 30 días cuando se eleve consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo.

Al respecto, l a Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada3.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada c orporación ha establecido que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para contestarlo4.

De igual forma, consideró que este no se vulnera cuando la administración no está en capacidad de responder por las características del caso concreto como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha desaparecido.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial compila en la sentencia T -377 de 2000 5 como parámetros para su protección los siguientes:

  1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

en la sentencia T -377 de 2000 5 como parámetros para su protección los siguientes:

  1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

3 Al respecto, se citan las sentencias T -377 de 2000, T – 1075 de 2003, T -1006 de 2001, entre otras. 4 Sentencia T – 1075 de 2003. 5 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión.

  1. La solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo pedido.
  1. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible.
  1. La contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.
  1. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares.
  1. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa6 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental

casos a los particulares.

  1. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa6 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía fundamental.
  1. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix ) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder.
  1. Ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al interesado.

2.5. Caso concreto

El señor Álvaro Javier Gómez Piedrahíta, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición , el cual consideró vulnerado debido a la falta de respuesta a las solicitudes en las que planteó presuntas irregularidades que, según afirmó, le impidieron reclamar un premio de lotería.

El a quo declaró improcedente la acción de tutela al no encontrar constancia de la petición respecto de dos de las entidades y frente a las demás porque se advirtió que existía respuesta a la solicitud.

La parte accionante impugnó al considerar que persistía la vulneración de su derecho fundamental de petición.

6 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta

La parte accionante impugnó al considerar que persistía la vulneración de su derecho fundamental de petición.

6 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.Demandante: Álvaro Javier Gómez Piedrahíta Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06236-01 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tanto, a partir de la documental en comento, así como de la delimitación efectuada por el a quo y de la impugnación presentada por el actor, se procederá con el siguiente análisis:

2.5.1. Defensoría del Pueblo y Presidencia de la República

La parte actora sostuvo que las aludidas entidades habían vulnerado su derecho fundamental de petición porque no dieron respuesta a su solicitud.

No obstante, de l

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...