CE - Sentencia 11001031500020250625600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

Accionante: Ernesto Rafael Lamby Goyeneche

Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: ajuste salarial docente . Subtema 3: defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Ernesto Rafael Lamby Goyeneche contra el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche, a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 28 de septiembre de 2022 y del 24 de

de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 28 de septiembre de 2022 y del 24 de julio de 2025, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo de l Atlántico, Sala A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 08001-3333-006-2021-00104-00/01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06256-00, índice 2, certificado 7DCBEF6310888180 7F853C0F5AB32DC7 5A784EC130137CC9 2238C21C12F9D347.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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2. La Secretaría de Educación del Atlántico, por medio de la Resolución núm. 0815 del 2017 , ascendió al señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche al grado 3 A del

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2. La Secretaría de Educación del Atlántico, por medio de la Resolución núm. 0815 del 2017 , ascendió al señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche al grado 3 A del escalafón docente, bajo el régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002, en atención a su título de maestría.

3. El Ministerio de Educación, a través de la Resolución núm. 013097 del 2019, convalidó el título de Doctor en Ciencias, mención gerencia, que el tutelante cursó y aprobó en la Universidad de Rafael Belloso Chacín de Venezuela.

4. El 8 de enero de 2020, el accionante presentó escrito ante la Secretaría de Educación del Atlántico , con el cual solicitó que se le reconociera el ajuste de la asignación básica correspondiente al grado escalafón 3 A con título de doctorado, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1016 de 2019.

5. La entidad, con la Resolución núm. 0010 del 21 de enero del 2020, negó el reajuste solicitado por el actor, por lo que este presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente por medio de la Resolución No. 0046 del 14 de mayo de 2020.

6. El señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Secretaría de Educación del Atlántico, con el fin de que se dejara sin efecto s los referidos actos administrativos y, en su lugar, se ordenara el reajuste de su asignación básica mensual desde enero de 2020, conforme a su cargo en el grado escalafón 3 nivel A.

con el fin de que se dejara sin efecto s los referidos actos administrativos y, en su lugar, se ordenara el reajuste de su asignación básica mensual desde enero de 2020, conforme a su cargo en el grado escalafón 3 nivel A.

7. El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, mediante sentencia del 28 de septiembre 2022 , negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el doctorado con el que el actor pretendía obtener el ajuste salarial no fue realizado en alguna de las áreas fundamentales de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994 . Contra dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación.

8. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A, a través de providencia del 24 de julio de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO: Conforme a lo expuesto, desde ya solicitamos al señor Consejero de Estado del conocimiento, que tutele los derechos fundamentales que le asisten al docente Ernesto Rafael Lamby Goyeneche, AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE IGUALDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, y demás derechos que se consideren vulnerados, consecuentemente decrete la NULIDAD Y/O DEJE SIN EFECTO las Sentencias del 28 de septiembre de 2022 y la del 24 de julio de

2025, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bar ranquilla yRadicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado con el N° 080013333006202100104/00-01.

SEGUNDO: Ordenar al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE DECISIÓN ORAL A, de acuerdo con sus competencias y obligaciones, a que en un término perentorio se profiera la decisión debidamente motivada que en derecho corresponda, donde se haga un estudio de fondo minucioso a lo pretendido por la parte accionante, O EN SU

DEFECTO QUE PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA CONCORDANTE CON LAS

PRUEBAS RECAUDADAS Y PRACTICADAS EN EL PROCESO […] 2.

10. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que las providencias del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, incurrieron en defecto fáctico porque no efectuaron una adecuada valoración de los elementos probatorios aportados al proceso ordinario , con los cuales hubiese podido constatar el derecho que le asistía al actor para

Administrativo del Atlántico, incurrieron en defecto fáctico porque no efectuaron una adecuada valoración de los elementos probatorios aportados al proceso ordinario , con los cuales hubiese podido constatar el derecho que le asistía al actor para acceder al reajuste salarial pretendido.

11. De esta manera, explicó que el demandante acreditó sus títulos a nivel de pregrado de arquitecto y contador público en la Universidad del Atlántico y a nivel de postgrado Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomas, Maestría en Informática Educativa en la Universidad Rafael Belloso Chacín y Doctorado en «Ciencia Gerencia » en esta última institución educativa . No obstante, las autoridades judiciales accionadas no les dieron el alcance pertinente a los estudios de maestría y doctorado, al considerar que no eran correspondientes con el pregrado ni a la materia en la que él ejerce como docente, lo cual resulta restrictivo.

12. Asimismo, consideró que las providencias acusadas no pueden desconocer que las capacidades del actor derivadas de sus estudios de pregrado y postgrado están relacionadas con la transmisión de conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel educativo que ejerce.

13. Por otra parte, indicó que la s decisiones cuestionadas desconocieron el precedente jurisprudencial porque no tuvieron en cuenta la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-617 de 2013 en la cual se precisó que: «la docencia debe ser ejercida por educadores idóneos, lo cual implica un reconocimiento de su formación, experiencia y competencias básicas».

14. Así pues, refirió que el demandante tenía las competencias profesionales

debe ser ejercida por educadores idóneos, lo cual implica un reconocimiento de su formación, experiencia y competencias básicas».

14. Así pues, refirió que el demandante tenía las competencias profesionales requeridas para ejercer la labor docente y, por ende, debía efectuarse el respectivo reconocimiento económico con el ajuste salarial pretendido.

2 Se transcribe incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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2.3. Trámite procesal

15. El despacho ponente, mediante auto del 8 de octubre de 2025 3, admitió la demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y al Tribunal Administrativo del Atlántico, y puso en conocimiento el escrito de tutela al departamento del Atlántico, Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su condición de terceros con interés

2.4. Intervenciones

16. La Secretaría de Educación del Atlántico4 solicitó que se declare improcedente la tutela porque carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la solicitud de amparo está dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales en cuyo trámite de expedición no tuvo injerencia alguna, razón por la cual no se puede inferir

la tutela porque carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la solicitud de amparo está dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales en cuyo trámite de expedición no tuvo injerencia alguna, razón por la cual no se puede inferir que vulneró los derechos fundamentales alegados por el actor.

17. El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla5 manifestó que la sentencia del 28 de septiembre de 2022 , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante , realizó una valoración adecuada de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, así como de las pruebas aportadas y practicadas sin desconocer las garantías fundamentales de los sujetos procesales.

18. Por otro lado, expuso que el accionante en el escrito de tutela no refirió los elementos de prueba que tentativamente fueron parte de la valoración caprichosa o arbitraria al momento de tomar la decisión final, por lo que no es palpable el defecto fáctico que plantea en su demanda.

19. Asimismo, refirió que el actor pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, con el propósito de que se le ordene al juez administrativo valorar nuevamente el acervo probatorio allegado al proceso ordinario, en aras de que se emita una decisión favorable a este.

20. Así pues, mencionó que en el presente asunto el accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos generales para la procedencia de la presente tutela, así como tampoco alguna de las causales específicas, por lo tanto, el presente trámite deviene improcedente.

cumplimiento de los requisitos generales para la procedencia de la presente tutela, así como tampoco alguna de las causales específicas, por lo tanto, el presente trámite deviene improcedente.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06256-00 índice 5, certificado 108C577D293A164A C095AE1D1988857D 793351FCA1DC072F A1AF329B77CB998C. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06256-00 Incide 9, certificado 5856CA9C7D44C1EA 8A539E58AE984A22 42FE5E8167441DDF 23C2B6B26BC73BDA. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06256-00 Incide 10, certificado 08572E85A45FD70E 38754CD10E5B3A90 16CC52804C78A004 6A12DFFD867858ED.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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21. La Fiduciaria la Previsora S.A6., pidió que se declare improcedente la tutela, por cuanto la solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por cuanto el accionante no desarrolló una adecuada carga argumentativa y probatoria en ese sentido.

cuanto la solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por cuanto el accionante no desarrolló una adecuada carga argumentativa y probatoria en ese sentido.

22. Además, refirió que la acción de tutela tiene por objeto cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso ordinario promovido por el actor, de modo que la entidad no es responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados por el actor, pues no existe nexo de causalidad entre la entidad y la aparente acción, omisión y amenaza de las garantías constitucionales del tutelante.

23. Por lo anterior, afirmó que en el presente asunto se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.

24. El Ministerio de Educación Nacional 7 solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela, toda vez que carece de legitimación en la causa para responder por las pretensiones del tutelante, pues la inconformidad de este se dirige en contra de una providencia judicial.

25. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida que la parte tutelante no desarrolló una carga argumentativa encaminada a demostrar las posibles falencias probatorias en las que incurrieron las autoridades judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.

26. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A8 explicó que la sentencia del 24 de julio de 2025 confirmó la providencia de primera instancia que negó las

judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.

26. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A8 explicó que la sentencia del 24 de julio de 2025 confirmó la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el reajuste solicitado por el actor no cumplía con los parámetros y requisitos establecidos en el Decreto 1016 de 2019, el cual fija los criterios de afinidad académica y pertinencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje.

27. Informó que al examinar los documentos aportados por el tutelante se evidenció que el Doctorado en «Ciencias, mención Gerencia», que sirvió de fundamento a la pretensión, no correspondía con el pregrado en arquitectura, ni con el área de desempeño docente en educación artística, y tampoco que dicho título se enmarcara en las áreas fundamentales del proceso de enseñanza del aprendizaje

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06256-00 Incide 11, certificado 34A87D1393D22CD0 3DF7440B986D26FB 9DA97A1D4497730C D3C1EEE0149F550F. 7 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-06256-00, índice 1 2, certificado 5C8CC0F3B6B0094F 0E16235BC010C594 796E830202923338 72636114244EC786. 8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-06256-00, índice 16, certificado E19189C23393C4A8 33BF06BC85689174

796E830202923338 72636114244EC786. 8 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-06256-00, índice 16, certificado E19189C23393C4A8 33BF06BC85689174 DD296FDAA7711E4D AC3FB323A102DD71.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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de los estudiantes, lo cual se sustentó en los presupuestos descritos en la normativa aplicable al asunto.

28. Indicó que la decisión cuestionada no fue caprichosa ni arbitraria, sino que estuvo precedida del estudio de las normas pertinentes y limitada estrictamente a los argumentos planteados en el recurso de apelación. En consecuencia, no se advierte vulneración alguna del derecho de defensa y del debido proceso.

29. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la tutela o, en su defecto, se niegue el amparo.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Ernesto Rafael Lamby Goyeneche en contra del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

3.2. Legitimación en la causa

presente solicitud de amparo interpuesta por Ernesto Rafael Lamby Goyeneche en contra del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

3.2. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa por activa del señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

32. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, debido a que fueron las autoridades que profirieron las sentencias, objeto de tutela.

33. Por otro lado, se advierte que la Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Educación Nacional solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaba n llamadas a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

34. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que dichas entidades podían resultar implicadas dada la naturaleza y características de las pretensiones del actor en el proceso ordinario en el que fueron emitidas las providencias objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

35. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

36. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia expedida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por el señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche en contra del departamento del Atlántico, Secretaría de Educación.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional10.

de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional10.

38. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

39. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

40. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

41. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

42. Así pues, la Corte Constitucional 14 ha fijado unos criterios que deben ser

el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

42. Así pues, la Corte Constitucional 14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»16; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

43. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

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decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

44. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

45. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, fue notificada el 19 de agosto siguiente17, y la demanda de tutela se presentó el 6

sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, fue notificada el 19 de agosto siguiente17, y la demanda de tutela se presentó el 6 de octubre de 2025 18, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

46. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

47. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso nulidad y restablecimiento del derecho.

48. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

49. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor Ernesto Rafael Lamby Goyeneche. En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 24 de julio de 2025, que

Goyeneche. En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 24 de julio de 2025, que confirmó la providencia del 28 de septiembre de 2022 , expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la accionante en contra de la Secretaría

17 Samai, exp. 08001-33-33-0006-2021-00104-01, índice 30. 18 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06256-00, índice 1. 19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06256-00 (9908)

Accionante: Ernesto Rafael Lamby Goyeneche

Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A y otro

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de Educación del Atlántico relacionadas con el ajuste salarial con base en sus títulos de postgrado.

50. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

51. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto

1. el caso concreto.

3.5.1. El defecto fáctico

51. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 21. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 22» objeto