CE - Sentencia 11001031500020250626200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06262-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: ALVER QUINTERO GIRALDO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES

REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO

Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante Sección Tercera2

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Actor: ALVER QUINTERO GIRALDO

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I.1.- La solicitud

Actor: ALVER QUINTERO GIRALDO

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I.1.- La solicitud

El señor ALVER QUINTERO GIRALDO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a l principio de reparación integral , los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA , al haber proferido la sentencia de 11 de agosto de 2025 dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 2005-0024601.

I.2.- Hechos

Aseguró que el 24 de febrero de 2003 el EJÉRCITO NACIONAL y la FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC), llevaron a cabo la acción militar “Jordania”, en la que bombardearon una zona de la vereda Culebritas del municipio El Carmen (Norte de Santander), en la que murió su hermana KELLY QUINTERO (q.e.p.d.), y él, su hermano y madrastra, resultaron lesionados, así como algunos animales.

Indicó que como consecuencia de los daños causados, present aron3

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acción de reparación directa , la cual correspondió en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER2 que, en sentencia de 10 de diciembre de 2 015, condenó al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL y a la FAC, en los siguientes rubros: 50 SMLMV por el daño moral causado con la muerte de su hermana KELLY QUINTERO GIRADLO (q.e.p.d.); 60 SMLMV por las lesiones causadas; 100 SMLMV por daño a la salud; $21’780.218 por la pérdida de capacidad laboral, en la modalidad de lucro cesante consolidado; $129’588.324 por lucro cesante futuro; y, por concepto de daño emergente futuro, ordenó a la administración suministrar las bolsas y barreras de colostomía que requiere para su diario vivir.

Como consecuencia de lo anterior, presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia al considerar que la indemnización por el daño a la salud había sido insuficiente , teniendo en cuenta el impacto que el accidente le causó y que debía aplicarse el monto máximo de reparación permitido por la jurisprudencia. Asimismo, solicitó se incrementaran los montos frente a los demás aspectos alegados.

2 En adelante el TRIBUNAL.4

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alegados.

2 En adelante el TRIBUNAL.4

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La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 11 de agosto de 2025, modificó la de cisión de primera instancia en el sentido de aumentar el porcentaje referente al daño a la salud y ordenó reparar al señor ALVER QUINTERO GIRALDO en lo que resultare probado en un trámite incidental para cubrir lo referente a las barreras de colostomía y pañales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Sostuvo que la providencia cuestionada incurri ó en defecto sustantivo frente a la obligación de los operadores judiciales a reconocer que al indemnizar perjuicios inmateriales por violación de derechos humanos, se aplica la excepción a la regla general de los topes indemnizatorios. Igualmente, en defecto fáctico al omitir las pruebas aportadas que permitían establecer que sus lesiones fueron de máxima gravedad y no de dificultad media como lo estableció la parte accionada.

También en defecto procedimental al apartase de las normas procesales que llevaban a que se resolviera el recurso de apelación de manera favorable en defensa de sus intereses.5

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Actor: ALVER QUINTERO GIRALDO

de manera favorable en defensa de sus intereses.5

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:

“[…] 7. Pretensiones

Basándonos en lo expuesto, solicito al (sic) Corporación:

PRIMERA: TUTELE mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la a la administración de justicia y a la reparación integral como víctima de violaciones de derechos humanos y del conflicto armado interno.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DECLAREN sin efecto la sentencia de segundo grado proferida el 11 de agosto de 2025, por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la acción de reparación directa de radicado 810013331-001-2009-00037-01 el 28 de junio de 2018, proceso en el que fungen como demandantes Alver Quintero Giraldo y otros, y demandado la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército NacionalFAC; y ORDENEN que esta se rehaga dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, exclusivamente en los segmentos de las partes considerativas y resolutivas que se ocuparon de la liquidación de perjuicios, para que en lo que respecta a las indemnizaciones reconocidas a mi favor, se tasen admitiendo que: la muerte de Kelly Quintero Giraldo es una

los segmentos de las partes considerativas y resolutivas que se ocuparon de la liquidación de perjuicios, para que en lo que respecta a las indemnizaciones reconocidas a mi favor, se tasen admitiendo que: la muerte de Kelly Quintero Giraldo es una grave violación de derechos humanos que me produjo un daño moral de alta intensidad, por lo que el tope indemnizatorio no son los 100 SMLMV, sino los 300 SMLMV; que las lesiones corporales que padezco, son también graves v iolaciones de derechos humanos cuya indemnización no debe liquidarse exclusivamente con base en la pérdida de capacidad laboral; y que el daño a la salud que soporto es extremadamente grave, por lo que la cuantía de la indemnización deber la más alta prevista por precedentes jurisprudenciales. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1. La SECCIÓN TERCERA pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio.6

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I.6. Vinculados

I.6.1. El EJÉRCITO NACIONA L resaltó que no se advierte vulneración de derecho fundamental alguno , pues la sentencia cuestionada es el resultado del análisis probatorio allegado al expediente, además se surtieron todas las etapas procesales garantizando así el derecho al debido proceso de las partes.

Sostuvo que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos

cuestionada es el resultado del análisis probatorio allegado al expediente, además se surtieron todas las etapas procesales garantizando así el derecho al debido proceso de las partes.

Sostuvo que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos sustanciales de procedibilidad , pues se desconocen los motivos razonables de la indebida valoración probatoria alegada, así como los defectos en que la parte accionada incurrió y qu é normativa fue presuntamente desatendida.

I.6.2. La FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA manifestó que lo pretendido por el actor es crear una tercera instancia con el fin de que se revise su inconformidad frente a la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso ordinario cuestionado.

Asimismo, resaltó que el accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que solicit ó declarar improcedente el amparo7

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constitucional.

I.6.3. Los señores MIGUEL ALFONSO NAVARRO ALVERNIA,

YANERYS CARRASCAL GALVIS , LUZ MARGI CARRASCAL

VÁSQUEZ, NOREIDY QUINTERO CARRASCAL , LUZ MARLENY

GIRALDO VÁSQUEZ y ALONSO QUINTERO GIRALDO A y el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, pese

VÁSQUEZ, NOREIDY QUINTERO CARRASCAL , LUZ MARLENY

GIRALDO VÁSQUEZ y ALONSO QUINTERO GIRALDO A y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo8

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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tem a, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:9

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente10

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los11

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fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, el actor pretende el amparo de los derechos deprecados, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al proferir la sentencia de 11 de agosto de 2025 dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 2005-00246-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la configuración de l defecto sustantivo frente a la obligación de los operadores judiciales a reconocer que al indemnizar perjuicios inmateriales por violación de derechos humanos, se aplica la excepción a la regla general de los topes indemnizatorios. I gualmente, en defecto12

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De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.14

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y15

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente

siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así , por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional , y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”16

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• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 12]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional en sentencia SU -215 de 2022 , precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la