CE - Sentencia 11001031500020250626300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931) Accionantes: Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa Accionados: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y

Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela en contra de providencia judicial . Subtema 1: medio de control de reparación directa . Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por los señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa presentaron escrito con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso, seguridad jurídica, propiedad privada, confianza legítima y de acceso a la administración de justicia , que consideraron vulnerados por las autoridades judiciales que declararon probada la excepción de

la reparación integral, debido proceso, seguridad jurídica, propiedad privada, confianza legítima y de acceso a la administración de justicia , que consideraron vulnerados por las autoridades judiciales que declararon probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

Accionantes: Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa

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2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. Los señores Luis Guillermo Gómez Atehortúa, Miryam Franco Mejía, Diego Javier Gómez Franco, Juan Gregorio Gómez Franco y Juliana Gómez Franco interpusieron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra del municipio de Rionegro y las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial derivada de una ocupación temporal en el predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 020 -408881. En consecuencia, solicitaron que se condenara a esas entidades a pagar los perjuicios por concepto de daño moral y lucro cesante.

3. Mediante auto del 26 de febrero de 2025 2, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió las excepciones previas propuestas en el trámite de la demanda

por concepto de daño moral y lucro cesante.

3. Mediante auto del 26 de febrero de 2025 2, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió las excepciones previas propuestas en el trámite de la demanda y declaró la caducidad del medio de control. Consideró que el término de caducidad debía contarse desde la ocurrencia de los hechos constitutivos del daño alegado.

En ese sentido, entendió que estos se remontaban a octubre de 2018, toda vez que en la demanda se afirmó que el daño antijurídico derivó de la tala de 50 árboles dentro del inmueble señalado y del inicio de labores de explanación para la construcción de una vía.

4. Los demandantes afirmaron que no operaba la caducidad en este asunto, al invocar una confianza legítima derivada de las negociaciones adelantadas con la entidad territorial para la adquisición del inmueble. Sin embargo, la autoridad judicial concluyó que, conforme a la norma aplicable y a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa debía empezar a contabilizarse desde octubre de 2018. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación3.

5. Frente a los argumentos expuestos por el juez de primera instancia, los demandantes señalaron que el interés del municipio de Rionegro en el inmueble estuvo acompañado de manifestaciones expresas y tácitas orientadas a negociar su adquisición. Tal aspecto, a su juicio, generó en ellos la expectativa legítima de recibir pago o compensación tras permitir las intervenciones reprochadas. En ese

estuvo acompañado de manifestaciones expresas y tácitas orientadas a negociar su adquisición. Tal aspecto, a su juicio, generó en ellos la expectativa legítima de recibir pago o compensación tras permitir las intervenciones reprochadas. En ese contexto, manifestaron que el impacto no correspondió a un evento único, sino a un daño continuado cuya prolongación obedeció a las reiteradas promesas de

1 Samai, expediente digital, índice 11, 9RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_16102025z(.zip) NroActua 11 , 01_ExpedienteDigital-Anexos.pdf. 2 Ibidem. 15_AutoResuelve.pdf. 3 Ibidem. 17_PresentacionRecurso.pdf.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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negociación del municipio entre 2018 y 2023 , pues la afectación definitiva fue cuando se comunicó la decisión de no adquirir el inmueble.

6. Finalmente, expusieron que la confianza que depositaron en las negociaciones adelantadas fue tan sólida que decidieron no acudir a la administración de justicia para reprochar la ocupación que consideraban irregular. En ese orden de ideas, refirieron que fueron defraudados , pues esperaban ser compensados económicamente por las intervenciones realizadas. Por consiguiente, afirmaron que la frustración de esa expectativa legítima era indemnizable, en tanto generó el daño y los perjuicios cuya reparación reclaman.

económicamente por las intervenciones realizadas. Por consiguiente, afirmaron que la frustración de esa expectativa legítima era indemnizable, en tanto generó el daño y los perjuicios cuya reparación reclaman.

7. Por medio de auto del 3 de junio de 2025 4, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Advirtió que el daño consistió en las graves afectaciones de las intervenciones ejecutadas en el inmueble por el municipio de Rionegro y no en la ausencia de negociación sobre el mismo, sin desconocer que esas consecuencias pudieran agravarse y generar mayores perjuicios con el paso del tiempo .

Adicionalmente, estimó que, tratándose de obras públicas, no procedía la figura de daño continuado, pues era posible identificar el momento en el que ocurrió el hecho alegado.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en su escrito de tutela5, lo siguiente:

4.1. DECLÁRESE que las decisiones judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo De Antioquia – Sala Segunda De Decisión, integrada por los Magistrados Jaiver Camargo Arteaga (Ponente); Álvaro Cruz Riaño; y Verónica Gutiérrez Tobón; y el Consejo De Estado – Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera – Subsección B, integrada por los Consejeros Alberto Montaña Plata (Ponente) y Fredy Ibarra Martínez, calendadas 26 de febrero de 2025 y 03 de junio de 2025, respectivamente, ambas dentro del me dio de control de

Plata (Ponente) y Fredy Ibarra Martínez, calendadas 26 de febrero de 2025 y 03 de junio de 2025, respectivamente, ambas dentro del me dio de control de reparación directa con Radicado 05001 23 33 000 2024 00737 00, incurren en vía de hecho por defectos: sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución, vulnerando en consecuencia los derechos fundamentales del extremo tutelante, al acceso a la administración de justicia; a la reparación integral; a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la propiedad privada.

4.2. ORDENAR a los tutelados emitir las órdenes correspondientes, que permitan adelantar y llevar hasta su culminación el medio de control incoado6.

9. Como fundamento de sus pretensiones , indicaron que las decisiones judiciales cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la reparación integral, debido proceso, seguridad jurídica, propiedad privada, confianza legítima y de acceso a la administración de justicia. Reiteraron que el actuar del municipio de Rionegro fue irregular, pues, a su juicio, generó un daño grave e irreversible ,

4 Samai, expediente digital, índice 2. 5 Ibidem. 6 Transcripción incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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dilataron durante años la negociación y desconocieron cualquier obligación de reparación.

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dilataron durante años la negociación y desconocieron cualquier obligación de reparación.

10. Precisaron que la presente acción de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad . Además, explicaron que las decisiones judiciales cuestionadas desatendieron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha flexibilizado el término de caducidad en el medio de control de reparación directa, en cuanto se ha evitado fijar un momento único y rígido a partir del cual deba iniciarse su contabilización . En otras palabras, afirmaron que se pasó por alto el deber del juez de examinar las circunstancias propias del caso con miras a establecer el momento en que se tuvo certeza del daño

11. Consideraron que la ausencia de un pronunciamiento judicial de fondo les generó un perjuicio irremediable, grave, cierto, inminente e irreparable, pues fueron privados de la posibilidad de obtener una reparación integral y produjeron un despojo de su derecho de propiedad sin compensación . Por esa razón, a su juicio, se hacía necesaria la intervención del juez constitucional para evitar que se consolidara una vulneración de sus derechos fundamentales. Asimismo, reiteraron argumentos expuestos en el recurso d e apelación en contra del auto que declaró probada la caducidad del medio de control.

12. Así las cosas, a rgumentaron que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo porque el análisis de la caducidad fue rígido y no valoró las circunstancias particulares del caso. Indicaron que también se

12. Así las cosas, a rgumentaron que las decisiones judiciales cuestionadas incurrieron en un defecto sustantivo porque el análisis de la caducidad fue rígido y no valoró las circunstancias particulares del caso. Indicaron que también se presentó un defecto fáctico, pues expusieron que no se valoró que el 18 de agosto de 2023 fueron informados de que el municipio de Rionegro no adelantaría negociación alguna sobre el inmueble . Finalmente, observaron configurada una violación directa de la Constitución Política, fundada en las mismas razones expuestas para alegar el defecto sustantivo, y adicionaron una serie de consideraciones jurídicas respecto de las providencias judiciales cuestionadas.

2.3. Trámite procesal

13. El despacho ponente, mediante auto del 9 de octubre de 2025 7, admitió la solicitud de amparo, vinculó a los señores Miryam Franco Mejía, Juan Gregorio Gómez Franco y Juliana Gómez Franco, así como al municipio de Rionegro y a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., requirió en medio digital el expediente con radicado núm. 05001 -23-33-000-2024-00737-00/01 y tuvo como pruebas lo s documentos aportados con el escrito de tutela.

2.4. Intervenciones

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 8, a través del magistrado ponente, consideró que la providencia proferida y el expediente del

7 Samai, expediente digital, índice 5. 8 Samai, expediente digital, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

7 Samai, expediente digital, índice 5. 8 Samai, expediente digital, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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proceso ordinario contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. Por ende, afirmó que estará dispuesta para atender lo decidido.

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia 9, a través del magistrado ponente, señaló que, frente a lo pretendido en la acción de tutela , se atenía a lo probado en el trámite correspondiente.

16. Empresas Públicas de Medellín E.S.P.10 sostuvo que el caso planteado en la presente acción de tutela no constituye un asunto de relevancia constitucional, sino una discrepancia con la aplicación del término de caducidad establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). A su vez, a ñadió que: i) no se configuró una irregularidad procesal determinante; ii) los hechos vulneradores señalados fueron identificados de manera inadecuada; y iii) no se acreditó ninguno de los requisitos específicos exigidos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

17. El municipio de Rionegro11 manifestó que no existió un defecto sustantivo en las decisiones judiciales cuestionadas, pues fueron producto de la aplicación del

específicos exigidos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

17. El municipio de Rionegro11 manifestó que no existió un defecto sustantivo en las decisiones judiciales cuestionadas, pues fueron producto de la aplicación del derecho a partir de los hechos y pretensiones esbozados en el escrito de la demanda. Además, señaló que los accionantes intentan revertir la caducidad al modificar en sede de tutela la fuente del daño, pues las pretensiones resarcitorias se encaminaron a la ocupación del inmueble y no a su negociación. Por último, indicó que lo que buscan es que el juez de tutela reconfigure el daño antijurídico planteado en la demanda para imponer un nuevo punto de partida en el término de caducidad, lo que desnaturalizaría la acción constitucional.

18. Los demás sujetos vinculados a la presente acción de tutela guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

9 Samai, expediente digital, índice 11, 10RECIBEPRUEBAS_Oficio19Contestacion(.pdf) NroActua 11. 10 Samai, expediente digital, índices 12 y 14. 11 Samai, expediente digital, índice 13.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

10 Samai, expediente digital, índices 12 y 14. 11 Samai, expediente digital, índice 13.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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3.2. Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa por activa de los señores Diego Javier Gómez Franco y Luis Guillermo Gómez Atehortúa se encuentra acreditada, por cuanto fueron demandantes en el proceso ordinario en donde se profirieron las decisiones judiciales objeto de tutela y, por lo tanto, son los titulares de los derechos que consideran vulnerados.

21. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Antioquia , ya que fueron las autoridades judiciales que dictaron las providencias cuestionadas que, según afirmaron los accionantes, quebrantaron sus derechos fundamentales.

3.3. Cuestión preliminar

22. La Sala observa que los accionantes formularon dos cargos diferentes: uno por defecto sustantivo, fundado en la interpretación del término de caducidad aplicable al caso concreto, y otro por violación directa de la Constitución Política, basado en el supuesto desconocimiento de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han reconocido la necesidad de flexibilizar dicho término. No obstante, ambos reproches se ubican en el ámbito del defecto sustantivo en los términos de la

el supuesto desconocimiento de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han reconocido la necesidad de flexibilizar dicho término. No obstante, ambos reproches se ubican en el ámbito del defecto sustantivo en los términos de la jurisprudencia constitucional12, razón por la cual se examinarán conjuntamente los cargos bajo ese requisito específico de procedibilidad.

23. Igualmente , y tal como se ha considerado en ocasiones anteriores 13, por más que el escrito de tutela se dirija en contra de las decisiones de primera y segunda instancia del proceso ordinario , los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se formulan en términos similares frente a ambas providencias. Por consiguiente, el estudio del presente asunto se centrará en el auto de segunda instancia, toda vez que confirmó la decisión que declaró probada la excepción de caducidad.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado14 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,

12 Al respecto, se ha dicho que «[e]ste defecto sustantivo en modalidad de no sujeción a las decisiones judiciales vinculantes se presenta cuando el juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autori zada, o al variar la manera en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, surge un error en la aplicación uniforme de la

norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autori zada, o al variar la manera en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, surge un error en la aplicación uniforme de la norma». Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-298 del 21 de mayo de 2015, proceso con radicado T4.615.005. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2025, proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-05003-00. M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional15.

25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 16 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución17.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución17.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 18 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales

15 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -813 del 4 de octubre de 2007, proceso con radicado T1334615 (acumulados). M.P. Jaime Araújo Rentería. 16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-024 del 5 de abril de 2018, proceso con radicado T6.221.520. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 17 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, proceso con radicado T-2.021.124. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de junio de 2018, proceso con radicado T -6.304.188. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T-8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo. 18 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -215 del 16 de junio de 2022, proceso con radicado T8.497.337. M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

29. Así pues, la Corte Constitucional 19 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»20 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»21; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia

1. que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la s providencias judiciales cuestionadas se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso ordinario en el que se profirieron las decisiones objeto de tutela.

32. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, objeto de reparo, es del 3 de junio de 2025 y la demanda de tutela se presentó el 6 de octubre de 202522, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional23 y el Consejo de Estado24 como razonable.

19 Ibidem. 20 Ibidem. 21 Ibidem. 22 Samai, expediente digital, índice 2. 23 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-466 del 19 de diciembre de 2022, proceso con radicado T-8.338.820. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

23 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-466 del 19 de diciembre de 2022, proceso con radicado T-8.338.820. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

34. Finalmente, las providencias reprochadas no fueron emitidas dentro de un trámite de tutela, sino que se dictaron al interior de un proceso ordinario.

35. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad y continuará con el estudio de las causales específicas en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del

específicas en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Para ello, se abordará el siguiente problema jurídico:

37. ¿Configura un defecto sustantivo o fáctico la decisión que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa al determinar que la fuente del daño fue la ocupación temporal del inmueble, sin considerar la existencia de una confianza legítima derivada de las negociaciones sobre el mismo?

38. En ese sentido, se estudiarán las generalidades de las causales específicas invocadas y el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

39. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo incon stitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado25.

40. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpret aciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo

interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpret aciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

25 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU -649 del 19 de octubre de 2017, proceso con radicado T3.402.625. M.P. Alberto Rojas Ríos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06263-00 (9931)

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41. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de