CE - Sentencia 11001031500020250626600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06266-00

Accionante: DIEGO JOAQUÍN QUIROGA LIZARAZO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

CALI

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de reconocimiento de relación laboral encubierta . Defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Diego Joaquín Quiroga Lizarazo , quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de octubre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de

Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de octubre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital , supuestamente vulnerados por la s autoridades judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1.- TUTELAR los derechos fundamentales al señor DIEGO JOAQUIN QUIROGA LIZARAZO al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), acceso a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución), igualdad (art. 13 de la Constitución) y mínimo vital (art. 334 de la Constitución).

2.- DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 149 del 5 de septiembre de 20222, emitida por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI SENTENCIA dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con RADICACIÓN: 76001 -33-33-010-2016-00087-00, siendo DEMANDANTE el señor DIEGO JOAQUIN QUIROGA LIZARAZO y como DEMANDADA el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA, así mismo, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA el día 31 de marzo de 2025, mediante la cual fue confirmada la sentencia de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

Accionante: Diego Joaquín Quiroga Lizarazo

sentencia de primera instancia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

Accionante: Diego Joaquín Quiroga Lizarazo

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2 3.- ORDENAR tanto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, como al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE CALI, realizar debidamente y legalmente, como lo ordena la ley y la Corte Constitucional, la valoración de todas y cada una de la pruebas presentadas dentro del proceso mencionado de nulidad y restablecimiento del derecho, declarando la existencia del contrato realidad entre mi poderdante DIEGO JOAQUIN QUIROGA LIZARAZO y el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA, con el consecuente reconocimiento y pago de todas y cada una de las prestaciones sociales a que haya lugar, así como la indemnización moratoria por el no pago oportuna de dichos emolumentos”.

2. Hechos

2.1. De los hechos que dieron origen a la demanda ordinaria

El accionante afirmó que ingresó a laborar al Hospital Universitario del Valle el 5 de mayo de 2007 y que su vinculación se realizó a través de convenios de trabajo por medio de intermediadoras laborales, y laboró de manera continua e ininterrumpida por espacio de 8 años y 4 meses en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm ocupando varios cargos. Asimismo, en la demanda se indicó que no se le habían pagado las cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones.

pm ocupando varios cargos. Asimismo, en la demanda se indicó que no se le habían pagado las cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones.

El 28 de abril de 2010, el señor Diego Joaquín Quiroga Lizarazo presentó una reclamación relacionada con el pago de sus derechos laborales, sin recibir respuesta. Posteriormente, el 20 de abril de 2013 reiteró la misma solicitud con el fin de obtener el re conocimiento y pago de sus acreencias laborales, pero esta tampoco fue atendida.

La parte actora indicó que durante el tiempo que laboró en el hospital atendió las órdenes impartidas por sus jefes inmediatos y acudió a diferentes capacitaciones de acreditación y procesos de calidad. En el año 2012 se creó la Organización Sindical de Primer Grado – Asociación Gremial de Profesionales y Empleados del Sector Salud – AGPES, de la cual el demandante hizo parte. En ese orden de ideas, el 31 de agosto de 2012 el señor Quiroga Lizarazo fue despedido sin justa causa. A raíz de ello, interpuso un a acción de tutela que fue conocida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali que ordenó su reintegro, el cual se llevó a cabo por intermedio de la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud –

ASSTRACUD.

Finalmente, el demandante manifestó que el 25 de junio de 2014 sufrió un accidente laboral y se le diagnosticó con “ trastorno interno de la rodilla, 239 y desgarro de meniscos presente S832 ”. No obstante, el 9 de octubre de 2015 fue nuevamente despedido y ese mismo día presentó una reclamación en la que solicitó su reintegro,

meniscos presente S832 ”. No obstante, el 9 de octubre de 2015 fue nuevamente despedido y ese mismo día presentó una reclamación en la que solicitó su reintegro, la cual no fue respondida por la entidad demandada. Ante esta falta de respuesta, el 11 de diciembre de 2015 radicó un nuevo escrito, del que tampoco obtuvo contestación.

2.2. De los hechos de la tutela

El accionante relató que, a través de apoderada judicial, presentó demanda contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la pretensión de que se declarara laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

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3 nulidad del acto ficto surgido por la omisión del hospital en dar respuesta a la solicitud elevada el 11 de diciembre de 2015. Y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se declarara la existencia de una relación laboral, así como el pago de todos los conceptos laborales y prestacionales.

Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali 1 , que mediante sentencia de 5 de septiembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no existió suficiente claridad sobre las condiciones en que el actor había prestado sus servicios en el hospital, pues no se pudo establecer con precisión cuáles actividades o funciones

, que mediante sentencia de 5 de septiembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no existió suficiente claridad sobre las condiciones en que el actor había prestado sus servicios en el hospital, pues no se pudo establecer con precisión cuáles actividades o funciones desempeñó conforme a su perfil profesional, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estas se desarrollaron. Asimismo, indicó que, ante la ausencia de elementos probatorios materiales, no era posible realizar un análisis que permitiera concluir la existencia de una relación laboral encubierta.

Manifestó que frente a dicha decisión, interpuso recurso de apelación al considerar que el Juzgado no valoró las pruebas aportadas al proceso, las cuales evidenciaban la existencia de una subordinación laboral, la prestación del servicio dentro de las instalaciones del hospital, el cumplimiento de horarios, entre otros elementos relevantes para demostrar la naturaleza real de la relación contractual.

Finalmente, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 31 de marzo de 2025, confirmó la decisión apelada, al considerar que de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, era claro que la prestación del servicio del demandante no fue de forma continua e ininterrumpida entre los años 2007 a 2015, comoquiera que se evidenció que en el año 2008 el accionante no tuvo vinculación alguna con el hospital. Asimismo, señaló que el Tribunal concluyó que la labor ejecutada en favor del hospital no fue de manera directa sino a través de su vinculación con la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud – ASSTRACUD.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia

a través de su vinculación con la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud – ASSTRACUD.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.

En lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que en la decisión objetada se configuró un defecto fáctico, al desconocer “las 43 pruebas documentales” que no fueron tenidas en cuenta por las autoridades judiciales accionadas.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solo realizó un breve recuento de algunas pruebas documentales que fueron aportadas al proceso ordinario, sin valorar los testimonios rendidos por los señores Víctor Hugo Sanclemente y Juan Andrés Mora. Adicionalmente, aclaró que “ en las pruebas aportadas por el señor QUIROGA, no aparece ningún registro sobre el año 2008, y por ende, aduce que mi poderdante no estuvo para ese periodo, pero es que resulta importante detenerse un momento, para aprecia r las reclamaciones hechas por el

1 Radicado no. 76001-33-33-010-2016-00087-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

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4 demandante encaminadas al pago de sus acreencias laborales, siéndola primera, realizada el 28 de Abril de 2010, en donde solicita dicho pago por los años 2007www.consejodeestado.gov.co

4 demandante encaminadas al pago de sus acreencias laborales, siéndola primera, realizada el 28 de Abril de 2010, en donde solicita dicho pago por los años 20072008, 2008-2009, 2009-2010, prueba documental que hizo para de la demanda, y que no fue respondida por el HUV”.

Por último, precisó que respecto de las 43 pruebas aportadas con la demanda, todas debidamente recaudadas y pertinentes, quedaron a disposición de la parte demandada para su contradicción. No obstante, mencionó que la parte pasiva no contestó la demanda ni ejerció su derecho a co ntrovertir dichas pruebas. Por lo tanto, ninguna de ellas fue tachada pese a que se tuvo la oportunidad procesal para hacerlo, lo que evidenciaba su falta de interés en el proceso.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 10 de octubre de 2025, el despacho requirió a la apoderada judicial de la parte actora para que precisa ra de manera clara cu áles eran los derechos fundamentales que consideraba vulnerados, así como las pretensiones de la tutela. En ese orden de ideas, la abogada mediante memorial de 17 de octubre de 2025 subsanó lo requerido.

Así las cosas, a través de proveído de 10 de noviembre de 2025, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la parte actora y a las autoridades judiciales accionadas – Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali y Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-. Asimismo, al Hospital Universitario del Valle – Evaristo García, como tercero interesado en el resultado del proceso y se vinculó a

accionadas – Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali y Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-. Asimismo, al Hospital Universitario del Valle – Evaristo García, como tercero interesado en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 1 70628 a 170630 del 11 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión 2 .

5. Oposición

5.1. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali remitió copia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no. 76001 -33-33-0102016-00087-00.

5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Hospital Universitario del Valle – Evaristo García , aun cuando fueron notificados en debida forma guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

2 Índice 14 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

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5 Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas , vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital de la parte actora al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 2005 4, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que

vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 2005 4, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5

4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

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6 situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.

Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Diego Joaquín Quiroga Lizarazo, quien actúa a través de apoderada

autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Diego Joaquín Quiroga Lizarazo, quien actúa a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, con ocasión de las sentencias de 31 de marzo de 2025 y 5 de septiembre de 2022, en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda instaurada por la parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no. 76001-33-33-010-2016-00087-01.

La Sala aclara que efectuara el análisis de los cargos únicamente respecto de la sentencia de 31 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por tratarse de la última providencia emitida en el trámite judicial que originó la controversia, y aquella que resolvió la situación jurídica particular.

Ahora bien, teniendo en consideración los antecedentes narrados en precedencia, la Sala observa que la parte actora alegó que la decisión cuestionada incurrió en unRadicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

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7 defecto fáctico, ya que, a su juicio, la autoridad judicial accionada solo realizó un recuento de algunas pruebas documentales que fueron aportadas al proceso ordinario, sin valorar lo s t estimonios rendidos por los señores Víctor Hugo Sanclemente y Juan Andrés Mora y las “ 43 pruebas”, los cuales demostraban la existencia de una relación laboral entre el accionante y el Hospital Universitario del Valle – Evaristo García.

Ahora bien, revisadas las actuaciones surtidas en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se observa que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali mediante sentencia de 5 de septiembre de 2022 resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se encontraron probados los tres elementos que caracterizan una verdadera relación laboral (prestación personal y directa del servicio, remuneración y subordinación continuada), y no existía prueba que demostrara la vinculación entre las partes ni el pago como contraprestación del servicio.

Adicionalmente, el Juzgado sostuvo que frente a los testimonios recaudados, los mismos “reseñaron algunas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron ejercidas las labores por el demandante, no obstante, se reitera que sus dichos, no pueden relevar o suplir la prueba documental atinente a los contratos suscritos con las cooperativas o contratos sindicales, que se dice, fueron el origen de su

ejercidas las labores por el demandante, no obstante, se reitera que sus dichos, no pueden relevar o suplir la prueba documental atinente a los contratos suscritos con las cooperativas o contratos sindicales, que se dice, fueron el origen de su vinculación al HUV y de la cuestionada prestación del servicio, que permita inferir que se desnaturalizó en un “contrato realidad”.

El señor Diego Joaquín Quiroga Lizarazo presentó recurso de apelación, en el que refirió en esencia los mismos argumentos del escrito de tutela relativos a la omisión de la valoración probatoria de los medios de prueba allegados al proceso ordinario, tal como se evidencia a continuación:

“Empero frente a este derecho reclamado, y que constituía el reconocimiento del contrato realidad en favor de mi poderdante, la Juez desconoció como primera medida toda absolutamente toda la prueba documental obrante a folio 16,21,18 y 19, 20, 22,24,29, 31, 32, 36. 38, 41,44, 45, 48, 51,52,53,55 a 56,59,60, 65 a 73,75.76,77,78, con los cuales se probó en efecto la subordinación laboral, la labor desarrollada por mi poderdante dentro de las instalaciones del HUV, cumplimiento de horarios, la remuneración entr e otros, sin tener en cuenta que mi poderdante fue un trabajador de la entidad demandada situación que en efecto ocurrió con la prueba testimonial allegada y que fue conducente respecto al cumplimiento de los tres elementos que configuran el contrato realidad.

(…)

Es de anotar que todos los documentos que fueron aportados exaltan precisamente la realidad de la relación laboral que sostuvo mi poderdante con la

al cumplimiento de los tres elementos que configuran el contrato realidad.

(…)

Es de anotar que todos los documentos que fueron aportados exaltan precisamente la realidad de la relación laboral que sostuvo mi poderdante con la entidad demandada, documentos estos que, no fueron tachados por la parte demandada habiendo tenido la oportunidad para hacerlo, pues es que incluso ni siquiera contestó la demanda habiendo sido debidamente notificada”.

Sobre dichos reparos , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia de 31 de marzo de 2025 confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente a:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

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8 “La parte demandante, en su recurso de apelación insistió en que efectivamente existió una relación laboral entre éste y el Hospital, Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E y que de esto da cuenta la subordinación laboral, la labor desarrollada por el demandante dentro de las instalaciones del Hospital Universitario del Valle, el cumplimiento de horarios y la remuneración.

Revisado el expediente en su integridad, debe decirse primero que no reposa prueba alguna de contrato de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios suscrito entre el señor Quiroga Lizarazo y el Hospital Universitario del Valle.

No obstante lo anterior, el demandante centra su apelación en el elemento de

prueba alguna de contrato de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios suscrito entre el señor Quiroga Lizarazo y el Hospital Universitario del Valle.

No obstante lo anterior, el demandante centra su apelación en el elemento de subordinación, pues adujo que cumplía un horario laboral, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y que laboró para la entidad de forma continua entre los años 2007 hasta el 2015, sin embargo, revisado el expediente, sólo se evidencia un Convenio de Cooperación para la Ejecución de un Contrato Sindical con fecha de inicio de actividades 10 de abril de 2013 y por el término de dos (2) meses.

De acuerdo con esta prueba, se logra determinar que el horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. no era aplicable al demandante, pues es claro que tenía días libres, al menos esto se acredita en el mes de febrero de 2012.

Teniendo en cuenta las pruebas hasta aquí valoradas, es claro para esta Sala que la prestación del servicio por parte del demandante no fue de forma continua e ininterrumpida entre los años 2007 a 2015, pues, de lo relacionado, se evidencian documentos del año 2007 y posteriormente del año 2009, lo que lleva a la Sala a concluir que en el año 2008 el demandante no tuvo vinculación alguna.

Dicho lo anterior, no es dable que la Sala obtenga la certeza de la periodicidad, continuidad y permanencia del actor en la prestación de dichos servicios en favor de la empresa de salud.

Todo lo anterior permite colegir que la labor ejecutada en favor del Hospital Universitario del Valle, por parte del demandante no fue de manera directa sino

continuidad y permanencia del actor en la prestación de dichos servicios en favor de la empresa de salud.

Todo lo anterior permite colegir que la labor ejecutada en favor del Hospital Universitario del Valle, por parte del demandante no fue de manera directa sino a través de su vinculación con la Asociación Sindical de Trabajadores e Colombia y la Salud “ASSTRACUD”, lo cual fue de manera temporal a fin de suplir alguna necesidad concreta, pero no de manera continua y subordinada como lo alegó.

Lo anterior, constituyen razones por las cuales, las inconformidades planteadas por el recurrente no encuentran justificación o respaldo en las pruebas que obran en el proceso; en consecuencia, no se probó en el caso bajo estudio que el demandante haya pre stado sus servicios al Hospital Universitario del Valle de manera subordinada y dependiente, por lo que la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, por las razones que se indican en esta providencia”.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala observa que los argumentos que ahora propone la accionante en este escenario constitucional fueron similares a los que ventiló en el recurso de apelación del proceso ordinario, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia de 31 de marzo de 2025, quien señaló que de conformidad con el recurso de apelación presentado por el accionante en el que insistió que efectivamente había existido una relación laboral con el Hospital Universitario del Valle – Evaristo García, comoquiera que seRadicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

Accionante: Diego Joaquín Quiroga Lizarazo

laboral con el Hospital Universitario del Valle – Evaristo García, comoquiera que seRadicado: 11001-03-15-000-2025-06266-00

Accionante: Diego Joaquín Quiroga Lizarazo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 configuraron los tres elementos para que se configure una relación laboral, lo cierto era que de la revisión del expediente ordinario, se pudo corroborar que no existió ninguna prueba de algún contrato de prestación de servicios suscritos entre el señor Diego Joaquín Quiroga Lizarazo y el Hospital Universitario del Valle – Evaristo García.

Asimismo, el Tribunal precisó que el accionante en el recurso de apelación adujo que cumplía un horario laboral de lunes a viernes de 7:00 am a y 5:00 pm y que laboró para el hospital de forma continua del 2007 al 2015. No obstante, explicó que de las pruebas aportad