CE - Sentencia 11001031500020250628600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06286-00

Accionante: Cecilia Vega González

Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho

Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la acción de tutela 1 presentada por la señora Cecilia Vega González, quien actúa en por conducto de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Casanare, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, mínimo vital e igualdad con ocasión de la providencia del 10 de julio de 2025, proferida al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-001-2019-00273-00 (01).

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

y restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-001-2019-00273-00 (01).

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 25 de septiembre de 1961, el señor Ismael Montoya Goyeneche contrajo matrimonio con la señora Marina Inés Ovalle Montoya.

3. Sin embargo, el 20 de julio de 1983, el señor Montoya Goyeneche inició una vida en común con la señora Cecilia Vega González, con quien convivió por más de dos décadas.

4. El 4 de mayo de 1998, mediante escritura pública 1518 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso, los cónyuges acordaron la separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, acto que fue debida mente protocolizado e inscrito.

5. Con posterioridad, el causante falleció el 8 de octubre de 2016 , razón por la que

1 Acción de tutela presentada el 6 de octubre de 2025.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

Accionante: Cecilia Vega González

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2 el Departamento de Casanare mediante Resolución 0194 del 27 de febrero de 2017, reconoció la sustitución pensional a favor de la señora Cecilia Vega González, en su calidad de compañera permanente, teniendo en cuenta la convivencia superior a cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

2017, reconoció la sustitución pensional a favor de la señora Cecilia Vega González, en su calidad de compañera permanente, teniendo en cuenta la convivencia superior a cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

6. Con ocasión de lo anterior, la señora Marina Inés Ovalle Montoya, en su condición de cónyuge supérstite, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicho acto administrativo, al considerar que mantenía vigente la sociedad conyugal y que, por tanto, debía reconocérsele el derecho a la pensión de sobrevivientes.

7. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, donde mediante sentencia del 28 de marzo de 2025, se negaron las pretensiones, toda vez que la sociedad conyugal había sido disuelta y liquidada en 1998, además que la convivencia inmediata al deceso no se encontraba acreditada por la excónyuge.

8. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare a través de providencia del 10 d e julio de 2025, revocó parcialmente la decisión, en consecuencia, ordenó la redistribución de la pensión de sobrevivientes en un 44% a favor de la cónyuge y un 56% a favor de la compañera permanente, bajo el entendido de que en 1998 solo se produjo la liq uidación de la sociedad conyugal, mas no su disolución.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora manifestó que la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley

mas no su disolución.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora manifestó que la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 relacionado con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Así como también, el artículo 1820 del Código Civil, el cual dispone expresamente que la sociedad conyugal se disuelve, entre otras causales, por el mutuo consentimiento de los cónyuges, otorgado mediante escritura pública, lo cual ocurrió.

10. A su juicio, el Tribunal incurrió en error, al determinar que únicamente se produjo la liquidación patrimonial entre el causante y la señora Marina Inés Ovalle, mas no la disolución del vínculo conyugal, pues, se desconoció la escritura pública 1518 de 1998, al reducirla a un simple acto de liquidación de bienes, circunstancia que vulnera los derechos fundamentales invocados en protección.

11. Aunado a lo anterior, alegó un desconocimiento de precedente contenido en la sentencia C 515 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la medida que no explicó por qué los parámetros allí fijados se debían inaplicar, pues, «se limitó a reinterpretar la escritura pública en contravía de su texto y a aplicar la excepción como si la sociedad conyugal estuviera vigente, sin motivación suficiente ni coherente.».

12. Adicionalmente, mencionó que el Tribunal desconoció la sentencia SU 149 de 2021 expedida por la misma corte, en la que se indicó que, si bien los jueces conservaban autonomía interpretativa, dicha autonomía no era absoluta, en la

12. Adicionalmente, mencionó que el Tribunal desconoció la sentencia SU 149 de 2021 expedida por la misma corte, en la que se indicó que, si bien los jueces conservaban autonomía interpretativa, dicha autonomía no era absoluta, en la medida que cualquier apartamiento de un criterio consolidado exig ía una carga argumentativa reforzada, que debía ser clara, suficiente y consistente.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

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2.3. Pretensiones

13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) 9.1.Como medida provisional, se disponga la suspensión inmediata de los efectos de la redistribución pensional ordenada por el Tribunal, mientras se profiere la nueva decisión de fondo, a fin de evitar un perjuicio irremediable, toda vez que la pensión constituye una prestación de carácter alimentario indispensable para la subsistencia de la accionante y de su núcleo familiar.

9.2.Amparar los derechos fundamentales de la señora Cecilia Vega González al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia con respuesta judicial efectiva, a la seguridad jurídica o confianza legítima en las decisiones judiciales, y a la seguridad social, los cuales fueron desconocidos por la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

9.3.Como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos las

cuales fueron desconocidos por la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

9.3.Como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos las determinaciones adoptadas en la providencia judicial accionada, en tanto que se fundamentaron en una interpretación errada que asimiló la liquidación de la sociedad conyugal a la inexistencia de disolución, lo cual condujo a reconocer un derecho pensional en favor de la cónyuge supérstite sin exigir la carga de acreditar convivencia inmediata, contrariando el marco legal y jurisprudencial vigente.

9.4.Se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare dictar una nueva sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se aplique de manera estricta el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con respeto al precedente constitucional trazado en la sentencia C-515 de 2019 y a la regulación legal de las causales y medios para disolver y liquidar una sociedad conyugal por voluntad de los cónyuges, acorde con las pruebas relativas a dicha liquidación y a la convivencia efectiva de la accionante en los cinco años previos al fallecimiento del causante.

9.5. Se solicita que en la nueva providencia se restablezca plenamen te el derecho de la señora Cecilia Vega González a la sustitución pensional, reconociéndole la totalidad de la prestación en los términos que corresponden, dado que fue ella quien cumplió con los requisitos de convivencia efectiva y apoyo mutuo exigidos po r la ley y la jurisprudencia constitucional y contenciosa.» (Sic)

2.4. Intervenciones

corresponden, dado que fue ella quien cumplió con los requisitos de convivencia efectiva y apoyo mutuo exigidos po r la ley y la jurisprudencia constitucional y contenciosa.» (Sic)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 8 de octubre de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Casanare como a ccionado y a l Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, departamento de Casanare y a la señora María Inés Ovalle de Montoya como terceros interesados en el resultado del proceso.

15. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que lo que pretende la parte actora con su interposición es una instancia adicional para reevaluar su inconformidad con la decisión que se impartió.

16. La señor a María Inés Ovalle de Montoya manifestó que la decisiónAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

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4 cuestionada en esta sede se fundamentó en las pruebas legalmente allegadas y valoradas dentro del expediente, además que se encuentra motivada en aplicación de las normas vigentes y jurisprudencia constitucional aplicable al asunto bajo estudio, lo que permitió el reconocimiento de la cuota de sustitución pensional a la cónyuge supérstite.

de las normas vigentes y jurisprudencia constitucional aplicable al asunto bajo estudio, lo que permitió el reconocimiento de la cuota de sustitución pensional a la cónyuge supérstite.

17. En ese sentido, expresó que el Tribunal respetó los principios de proporcionalidad y legalidad en materia prestacional porque aplicó la norma en su tenor literal y conforme al precedente, sin generar trato discriminatorio ni desmejorar los derechos de la accionante más allá de lo que dispone la ley, lo que descarta una vulneración de los derechos fundamentales invocados en protección.

18. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir la sentencia del 10 de julio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad judicial, mínimo vital e igualdad , al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las

21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por par ticulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir a l recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de es e mecanismo constitucional cuandoAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

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5 desborda los límites que la Carta le impone.

23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derech os, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constituc ional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

24. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto or dinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de

tanto or dinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se id entifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 10 de julio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 6 de octubre de 2025 de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida

10 de julio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 6 de octubre de 2025 de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad judicial, mínimo vital e igualdad, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente , los cuales se encuentran fundamentado razonablemente.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicialAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

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25. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los

siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto su stantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»2.

el defecto su stantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»2.

26. En este sentido, dicha corporación ha identificad o una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos

finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustan tivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ej emplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso con creto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa

inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se

2 Corte Constitucional, sentencia T -1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

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7 le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»3.

27. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5. desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo

exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

29. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

30. Respecto del precedente vertical 5, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

31. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a reso lver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.

32. Por consiguiente, si el j uez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por t anto, no podrá reprocharse a la sentencia

razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por t anto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación7.

33. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

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3.6. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo y

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3.6. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente en el caso concreto

34. En el presente asunto, la parte actora alega que la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 relacionado con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Así como también, el artículo 1820 del Código Civil, el cual dispone expresamente que la sociedad conyugal se d isuelve, entre otras causales, por el mutuo consentimiento de los cónyuges, otorgado mediante escritura pública, lo cual ocurrió en el presente caso.

35. Aunado a lo anterior, señala un desconocimiento de precedente contenido en la sentencia C 515 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la medida que no explicó por qué los parámetros allí fijados se debían inaplicar, pues, «se limitó a reinterpretar la escritura pública en contravía de su texto y a aplicar la excepción como si la sociedad conyugal e stuviera vigente, sin motivación suficiente ni coherente.»

36. Así como también, la sentencia SU 149 de 2021 expedida por la misma corte, en la que se indicó que, si bien los jueces conservaban autonomía interpretativa, dicha autonomía no era absoluta, en la medida que cualquier apartamiento de un criterio consolidado exigía una carga argumentativa reforzada, que debía ser clara, suficiente y consistente.

dicha autonomía no era absoluta, en la medida que cualquier apartamiento de un criterio consolidado exigía una carga argumentativa reforzada, que debía ser clara, suficiente y consistente.

37. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Casanare , en la

decisión objeto de cuestionamiento consideró:

«(…) 11.3. Se encuentra probado en este caso, que el señor Ismael Montoya Goyeneche contrajo matrimonio católico con la señora Marina Inés Ovalle de Montoya, el 25 de septiembre de 1961 de conformidad con el acta registrada ante la Notaría Primera de Tunja, y q ue de común acuerdo elevaron a escritura pública No. 1518 de 4 de mayo de 1998, la separación de bienes y liquidación de sociedad conyugal de bienes.

11.4. En la sentencia del Consejo de Estado 8 en referencia, se indica que son distintos los conceptos de disolución del vínculo matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal y la separación de hecho, en los siguientes términos:

“(…) ni la liquidación ni la separación de hecho tienen la fuerza suficiente para enervar el derecho a que la pensión le sea su stituida, y solo la disolución hace que desaparezca el vínculo y genera la pérdida del beneficio prestacional, al que puede acceder de acreditarse la convivencia durante los últimos 5 años. (…)

35. Es decir, ni la liquidación de la sociedad, ni la separaci ón de cuerpos implica la disolución de la sociedad. Al respecto, la Corte Constitucional explicó que las acciones de disolver y liquidar «corresponden a dos fenómenos distintos. Por un lado la “disolución” es aquel hecho que extingue

implica la disolución de la sociedad. Al respecto, la Corte Constitucional explicó que las acciones de disolver y liquidar «corresponden a dos fenómenos distintos. Por un lado la “disolución” es aquel hecho que extingue una relación jurídica de ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la generación de un patrimonio liquidable. Los hechos de los que se desprende la “disolución” de la sociedad conyugal, se recogen en las causales del

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR. Providencia del 3 de octubre de 2024, Radicación: 05001-2333-000-2017-02571-02 (1545-2023)Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00

Accionante: Cecilia Vega González

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