CE - Sentencia 11001031500020250628900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963)

Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación directa. Subtema 2: responsabilidad administrativa por ejecución extrajudicial. Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Luz Mery Guerrero Alfonso en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Luz Mery Guerrero Alfonso , a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental a la reparación integral, que consideró vulnerado con ocasión del auto del 18 de septiembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de reparación de directa identificado con el radicado núm. 11001-33-36-032-2015-00467-01.

Subsección A, dentro del medio de control de reparación de directa identificado con el radicado núm. 11001-33-36-032-2015-00467-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

2

2. En el mes de julio de 2013 , el Batallón de Combate Terrestre núm. 30 adscrito a la Brigada Móvil núm. 31 del Ejército Nacional desarrolló la orden de operaciones núm. 9 «JUBILEO 1», en los sectores del suroriente y suroccidente de Fortul, Arauca, en contra del frente 10 del ELN y del frente 38 de las FARC.

3. El 22 de julio de 2013, el señor Pablo José Guerrero Suárez falleció a causa de múltiples heridas de arma de fuego de dotación oficial de un miembro del Ej ército Nacional, quien previamente lo había requerido verbalmente para que se identificara mientras se encontraba en inmediaciones de la finca «La Caprichosa» en la que trabajaba y que era de su propiedad.

4. La señora Luz Mery Guerrero Alfonso, junto con su grupo familiar, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa

trabajaba y que era de su propiedad.

4. La señora Luz Mery Guerrero Alfonso, junto con su grupo familiar, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios morales y materiales causados como consecuencia de la muerte del señor Pablo

José Guerrero Suárez.

5. El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá , mediante sentencia del 29 de mayo de 2020 , negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró un uso excesivo de la fuerza y el daño fue producto de una culpa exclusiva de la víctima. Contra dicha decisión, la parte demanda nte presentó recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través de providencia del 5 de septiembre de 2024 , revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de los demandantes los perjuicios morales reclamados; sin embargo, se abstuvo de acceder a la pretensión de otorgar una medida simbólica de satisfacción y garantías de no repetición, con el argumento que «ese tipo de medidas se reconocen cuando el caso analizado es de aquellos definidos como un hecho de lesa humanidad […]» lo cual no se predicaba en el presente asunto pese a lo reprochable del hecho.

7. La parte demandante, mediante escrito del 13 de noviembre de 2024, presentó solicitud de corrección y adición de la sentencia del 5 de septiembre de 2024, para

7. La parte demandante, mediante escrito del 13 de noviembre de 2024, presentó solicitud de corrección y adición de la sentencia del 5 de septiembre de 2024, para que se ordenara el reconocimiento de las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a la familia del señor Pablo José Guerrero.

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través de auto del 18 de septiembre de 2025, negó las peticiones de adición y corrección de la sentencia del 5 de septiembre de 2024, por extemporáneas e improcedentes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

3

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela1, lo siguiente:

Se ampare el derecho fundamental a la reparación integral respecto al artículo 90 de la Constitución Nacional, donde el Estado tiene el deber de reparar integralmente a las víctimas y reconocer que tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como parte de un bloque de derechos fundamentales 2.

10. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la providencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró el derecho fundamental a la reparación integral previsto en el artículo 90 de la Constitución , que le impone al Estado el deber de resarcir a las víctimas y garantizar la verdad, la justicia y no repetición.

de Cundinamarca, vulneró el derecho fundamental a la reparación integral previsto en el artículo 90 de la Constitución , que le impone al Estado el deber de resarcir a las víctimas y garantizar la verdad, la justicia y no repetición.

11. De este modo, explicó que el Tribunal al no haber adoptado medidas de satisfacción, tales como el reconocimiento público del daño, el restablecimiento del buen nombre o acciones de memoria histórica desconoció el derecho fundamental de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, como lo ha repetido la Corte Constitucional en los fallos C-370 de 2006, T-362 de 2018 y la C-795 de 2014.

12. Precisó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que, además de la indemnización económica, era necesario la adopción de medidas simbólicas y transformadoras para resarcir la memoria de las víctimas que han padecido graves violaciones a los derechos humanos por acciones injustificadas del Ejército Nacional, pues esta no fue la única persona que se reportó muerta por el accionar de los agentes estatales, pues además del uso excesivo de la fuer za, también se presentó una estigmatización por parte de los agentes del Estado; por lo que se configuró una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

13. Asimismo, afirmó que las reparaciones simbólicas son esenciales para (i) dignificar y reconocer a las víctimas, (ii) recordar la verdad de los hechos victimizantes y (iii) solicitar perdón y asumir la responsabilidad por parte de los victimarios.

14. En este sentido aclaró que las medidas de satisfacción y reparación integral no son exclusivas para los delitos de lesa humanidad, aunque estos crímenes, por su

victimarios.

14. En este sentido aclaró que las medidas de satisfacción y reparación integral no son exclusivas para los delitos de lesa humanidad, aunque estos crímenes, por su gravedad y carácter sistemático, sí exigen una respuesta integral conforme al derecho internacional. Estas acciones forman parte de un enfoque amplio de justicia que busca reconocer y reparar el daño causado a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06289-00, índice 2, certificado 9E979AE11ADADC23 B115E1B13D6EE38F FA921FACE525EF02 5CA71CD535FC62ED. 2 Se transcribe incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

4

15. Destacó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a los Estados responsables la adopción de medidas simbólicas de reparación en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones. Asimismo, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales establecen obligaciones para que los Estados respeten y reparen las consecuencias de violaciones al derecho humanitario, incluyendo medidas que garanticen el reconocimiento y la no repetición de los hechos.

16. Resaltó que en Colombia también se ha desarrollado un marco normativo nacional robusto en materia de reparación integral a víctimas, especialmente para

medidas que garanticen el reconocimiento y la no repetición de los hechos.

16. Resaltó que en Colombia también se ha desarrollado un marco normativo nacional robusto en materia de reparación integral a víctimas, especialmente para aquellas personas que han padecido el contexto del conflicto armado interno, lo cual fue desconocido por el Tribunal accionado.

17. Así las cosas, sostuvo que el Tribunal omitió tener en cuenta la Ley 1448 de 2011 que reconoce a las víctimas del conflicto armado y establece el derecho a la reparación integral, lo cual incluye: restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición y satisfacción. Además, el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP refuerza el enfoque de reparación integral y crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que incluye medidas de satisfacción como la comisión para el esclarecimiento de la verdad, actos de reconocimiento y espacios para la participación de las víctimas.

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 9 de octubre de 2025 3, admitió la demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada , es decir, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a los señores José Raúl Guerrero Mora, Yerson Guerrero Alfonso y otros 4; y a las personas que integraron la parte demandante, demandada y los demás sujetos

Bogotá, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a los señores José Raúl Guerrero Mora, Yerson Guerrero Alfonso y otros 4; y a las personas que integraron la parte demandante, demandada y los demás sujetos vinculados, dentro del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36032-2015-00467-00/01, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

19. El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá5 describió las actuaciones que se desarrollaron al interior del proceso de reparación directa promovido por la

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06289-00 índice 3, certificado B16222F98A4CD445 D808F0AA82673280 91ECA9631394FB43 53FBD875945E6EF3. 4 Se aclara que las personas que actuaron como sujetos demandantes en el proceso de reparación directa fueron las siguientes: los señores José Raúl Guerrero Mora, Yerson Guerrero Alfonso, Alberto José Guerrero Alfonso, José Octavio Guerrero Alfonso, Leonel Guerrero Mora, Yajaira Guerrero Mora, Pablo Miguel Guerrero Mora, Gerardo Guerrero Alfonso, Margarita Guerrero Suárez, Yenny Maoly Hernández Guerrero, Mayra Alejandra Guerrero Alfonso, Jhoiner Antonio Guerrero Alfonso, Darly Yorelis Guerrero Torres, Geidy Yirley Guerrero Cruz, Duván Andrés Guerrero García, Yeferson Javier Vega Guerrero, Clarys Adriana Guerrero Mora, Gerard Santi ago Guerrero Jiménez, Gerards Felipe Guerrero Jiménez, Laura Stephany Arrieta Guerrero y María Matilde Alfonso.

Guerrero, Clarys Adriana Guerrero Mora, Gerard Santi ago Guerrero Jiménez, Gerards Felipe Guerrero Jiménez, Laura Stephany Arrieta Guerrero y María Matilde Alfonso. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06289-00 Incide 10, certificado F48B86158F5603F1 C7C957C4088398F7 67E6646FB5D46706 77B751BF41794DDA.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

5

accionante en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tutela.

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A 6, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, debido a que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima necesaria para justificar la vulneración de sus derechos fundamentales.

21. Explicó que la accionante no acreditó el requisito de relevancia constitucional, el cual, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional, tiene como finalidad: i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones que afecten los derechos fundamentales e, iii) impedir que la

jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones que afecten los derechos fundamentales e, iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

22. Afirmó que la parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional para que el juez de tutela analice nuevamente una cuestión jurídica ya definida al interior del proceso ordinario, lo que resulta improcedente.

23. Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente o, en su defecto, se niegue el amparo de tutela promovido por la parte actora.

24. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y los señores José Raúl Guerrero Mora, Yerson Guerrero Alfonso y los demás sujetos vinculados al presente trámite constitucional guardaron silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Luz Mery Guerrero Alfonso en contra del el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección

A.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa de la señora Luz Mery Guerrero Alfonso está acreditada porque fue una de las personas que integró la parte demandante en

A.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa de la señora Luz Mery Guerrero Alfonso está acreditada porque fue una de las personas que integró la parte demandante en el proceso de reparación directa en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

6 Samai, exp. 11001 -03-15-000-2025-06289-00, índice 1 2, certificado 6B45C555B7DE728A 546D19F2A9275489 38D03924E443375B 1412A9F9141DD85A.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

6

27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia, objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

28. Por otra parte, se observa que, la accionante, en el escrito de amparo, omitió identificar el defecto que pretende atribuirle a la providencia cuestionada conforme a las causales de procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales definidas por la jurisprudencia constitucional.

29. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en la interpretación y aplicación normativa que realizó la autoridad judicial accionada

29. Sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad de la tutelante se concreta en la interpretación y aplicación normativa que realizó la autoridad judicial accionada dentro del proceso de reparación directa. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional8.

31. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción

derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

7

incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

34. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

35. Así pues, la Corte Constitucional 12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»14; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

36. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la

9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

8

decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

37. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

38. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la providencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, fue notificada el 23 de septiembre siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 7 de octubre de 2025 16, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

39. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

40. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

41. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A vulneró el derecho fundamental a la reparación integral de la señora Luz Mery Guerrero Alfonso . En particular, deberá establecer si incurrió en defecto sustantivo al proferir el auto del 18 de septiembre de 2025 , que negó la solicitud de adición y corrección de la sentencia del 5 de septiembre de 2024 , expedida por el referido Tribunal , por medio de la cual se condenó a la parte demandada, a reparar los perjuicios morales reclamados por los demandantes al interior del proceso de reparación directa.

43. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

15 Samai, exp. 11001-33-36-032-2015-00467-01, índice 25. 16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06289-00, índice 1. 17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

9

3.5.1. El defecto sustantivo

44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicació n resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

45. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

46. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de

las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, post ulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.

47. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del pa rámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

48. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos hu manos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

19 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

19 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017. 20 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06289-00 (9963) Accionante: Luz Mery Guerrero Alfonso Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

10

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

49. El artículo 230 de la Constitución Política est