CE - Sentencia 11001031500020250630300 de 2025

Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Demandante: MABEL WBILERMA SÁNCHEZ TOLOZA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora , en ejercicio del mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Mabel Wbilerma Sánchez Toloza , por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué , al considerar

La señora Mabel Wbilerma Sánchez Toloza , por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué , al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la no discriminación, junto con los principios de legalidad y a la estabilidad laboral reforzada.

Lo anterior, con ocasión de las providencias de 18 de septiembre de 2025 y 24 de junio de 2025 proferidas por las autoridades judiciales en mención, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora promovió contra la Nación - Fiscalía General de la Nación con radicado 73001 -33-33-007-2025-00057-00/01, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada en la demanda.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la accionante solicitó:

3.1. Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL DERECHO, A LA ESTABILIDADDemandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

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LABORAL REFORZADA, LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO A LA

DISCRIMINACIÓN, así como los principios:

3.1.1. De protección especial a las personas por razón de salud, bajo el cual el estado tiene la obligación de asegurar las condiciones para un bienestar físico y mental completo a los grupos vulnerables considerados como sujetos de especial protección constitucional.

3.1.2. De estabilidad laboral reforzada emanada de los principios constitucionales de igualdad, derechos al trabajo, dignidad humana, todos ellos interrelacionados para proteger a los empleados en estado de debilidad manifiesta como personas con afectaciones de salud y por ser madres cabeza de familia, cuya titularidad recae en la señora MABEL WBILERMA SANCHEZ TOLOZA, mayor de edad, identificada con la C.C. No. 46.667.137 de Duitama, en su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001–33–33–007–2025–00057–00 que se adelanta ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Ibagué, los que fueron vulnerados al no haber concedido la medida cautelar provisional de la resolución No. 10242 del 5 de diciembre de 2024, mediante la providencia calendada 24 de junio de 2025 y confirmada en segunda instancia No. 73001 –33–33–007–2025–00057–01 por el Tribunal Administrativo del Tolima en providencia de fecha 18 de septiembre de 2025, providencias que están afectas a una defecto sustancial, procedimental

confirmada en segunda instancia No. 73001 –33–33–007–2025–00057–01 por el Tribunal Administrativo del Tolima en providencia de fecha 18 de septiembre de 2025, providencias que están afectas a una defecto sustancial, procedimental absoluto y factico, al no haber tenido encuenta la fundamentación fáctica y el acervo probatorio arrimado para sustentar la medida provisional solicita.

CONSECUENCIALMENTE,

3.2. Se deje sin efectos la providencia de fecha 18 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 73001 –33–33–007–2025–00057–01 proferido en segunda instancia, para que profiera una nueva providencia revocando lo decidido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad de Ibagué en providencia de fecha 24 de junio de 2025 radicado No. 73001 –33–33–007–2025–00057–00 y se disponga decretar la medida cautelar solicitada, ordenando ubicar a la demandante en una vacante existente en la FGN en cualquiera de la seccionales de la Fiscalía, en forma provisional mientras se profiere el fallo.1

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

La señora Sánchez Toloza hizo referencia a que laboró en la Fiscalía General de la Nación, desde el 1º de octubre de 2002 hasta el 12 de enero de 2025, entidad en la que ocupó los cargos de s ecretaria judicial II, asistente y fiscal delegad a ante los j ueces municipales y promiscuos, cuyo nombramiento fue en provisionalidad.

en la que ocupó los cargos de s ecretaria judicial II, asistente y fiscal delegad a ante los j ueces municipales y promiscuos, cuyo nombramiento fue en provisionalidad.

Señaló que mediante la Resolución 6587 de 8 de agosto de 2024, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación la desvinculó de la institución cuando se desempeñaba como fiscal 36 local del municipio de Soata (Boyacá), por cuanto fue nombrada una persona que se encontraba inscrita en la lista de elegibles del concurso de méritos de 2022, quien a pesar de que aceptó la designación, no ejerció el empleo.

Afirmó que la anterior decisión desconoció la protección especial que merece al ser madre cabeza de hogar y padecer de estrés laboral, razón por la que

1 Trascripción literal del original con posibles errores. Negrilla del texto original.Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 promovió una acción de tutela 2, la cual fue conocida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia de Soata que, en sentencia de 6 de septiembre de 2024, declaró improcedente la solicitud constitucional.

Narró que mediante fallo de 11 de octubre de 2024 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo revocó la decisión del a quo para, en

declaró improcedente la solicitud constitucional.

Narró que mediante fallo de 11 de octubre de 2024 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo revocó la decisión del a quo para, en su lugar, conceder transitoriamente el amparo deprecado . E n consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación mantener su vinculación para que el cargo que ocupaba fuera el último en ser provisto dentro del concurso de méritos adelantado por la entidad, en aras de que permaneciera el mayor tiempo posible.

Indicó que, pese a la existencia de la orden constitucional, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 1042 de 5 de diciembre de 2024, mediante la cual nombró en periodo de prueba al señor Carlos Arturo Malambo Cárdenas como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, por ello dio por terminado su nombramiento en provisionalidad de forma automática.

Adujo que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, en el que controvirtió la legalidad d e este último acto administrativo en lo concerniente a su desvinculación y solicitó como medida cautelar la suspensión de sus efectos para que se ordenara su reubicación en un cargo equivalente al que ocupaba en el municipio de Soatá (Boyacá), por tener allí su arraigo familiar o, en su defecto, en cualquier Dirección Seccional de Fiscalías de Colombia.

Explicó que del asunto conoció el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué que, en auto de 24 de junio de 2025 , negó tal requerimiento

en cualquier Dirección Seccional de Fiscalías de Colombia.

Explicó que del asunto conoció el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué que, en auto de 24 de junio de 2025 , negó tal requerimiento por cuanto el debate que se llevará a cabo en el proceso será el de determinar si se acreditó la condición de estabilidad laboral invocada por la demandante , motivo por el que era necesario agotar las etapas correspondientes para efectuar un análisis de fondo al respecto.

Comentó que interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la anterior disposición. No obstante, con auto de 14 de julio de 2025 no se repuso la deci sión controvertida y el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió el recurso de apelación mediante proveído de 18 de septiembre de 2025.

Precisó que la mencionada corporación confirmó la decisión del a quo , con respaldo en que su vínculo finalizó con la entidad demandada por la necesidad institucional de designar en propiedad a quien superó el concurso de mérito s. Además, se expuso que las circunstancias personales y laborales planteadas requieren de un estudio que corresponde abordar en la sentencia.

1.4. Sustento de la vulneración

En criterio de la parte actora, las providencias dictadas por el Tribunal

2 Trámite con radicado 15753-31-84-001-2024-00064-00/01.Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Administrativo del Tolima y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué adolecen de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que se negó el decreto de la medida cautelar solicitada con base en argumentos rígidos que desconocen el derecho a la estabilidad laboral reforzada que se le protegió en el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.

A su vez, la accionante invocó la configuración del defecto fáctico por omisión del «informe de valoración realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá de fecha 8 de julio de 2025 y el oficio de fecha 19 de agosto del año en curso», los cuales evidencian que sufre de estrés laboral. Igualmente, consideró que las autoridad es judiciales accionadas no tuvieron en cuenta las pruebas allegadas con la demanda que acreditan su calidad de mujer cabeza de familia y prepensionada, así como que tiene a cargo la manutención de su madre.

Hizo alusión a la configuración de un yerro sustantivo que afectó sus derechos fundamentales, debido a que en las decisiones objeto de reproche se concluyó que «dicha estabilidad reforzada en la solicitud de la medida cautelar no cuenta con evidencias probatorias y que por ende se debe llevar a cabo todo el proceso

fundamentales, debido a que en las decisiones objeto de reproche se concluyó que «dicha estabilidad reforzada en la solicitud de la medida cautelar no cuenta con evidencias probatorias y que por ende se debe llevar a cabo todo el proceso en sus etapas procesales, lo cual no es cierto por cuanto hasta dichos principios emanados de derechos fundamentales fueron amparados por un [j]uez de [t]utela».

Además, la demandante mencionó que cuando existe una sentencia que amparó la estabilidad laboral reforzada se puede alegar en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como causal de nulidad que el acto enjuiciado se expidió con infracción de las normas superiores y que si el tribunal accionado tenía dudas respecto a si ya se ocuparon la totalidad de plazas ofertadas en el concurso de méritos pudo requerir tal información a la Fiscalía General de la Nación.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

El 9 de octubre de 2025 el magistrado ponente de esta decisión manifestó estar impedido para conocer del asunto, en atención a la causal establecida en el numeral 13 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, el cual se declaró infundado por la Sala, por medio de la providencia de 30 de octubre del año en curso.

Luego, con auto de 14 de noviembre de 2025 se admitió la tutela y ordenó notificar esta decisión a la actora y como demandados a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima y a la juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué . Además, se vinculó a la fiscal general de la Nación y al señor Carlos Arturo Malambo Cárdenas, en atención al posible

integran el Tribunal Administrativo del Tolima y a la juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué . Además, se vinculó a la fiscal general de la Nación y al señor Carlos Arturo Malambo Cárdenas, en atención al posible interés que les asiste en el presente asunto.

3 «Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal».Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Remitidas las respectivas comunicaciones 4, se present aron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

La titular del despacho hizo un recuento de cada una de las actuaciones surtidas en el trámite de primera instancia del medio de control que ejerció la señora Sánchez Toloza y se remitió el expediente digital con radicado 73001 -33-33-0072025-00057-00, sin realizar algún pronunciamiento en lo referente a la controversia expuesta en la tutela.

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

La entidad solicitó declarar la improcedencia de esta acción por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional , comoquiera que lo señalado por la

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

La entidad solicitó declarar la improcedencia de esta acción por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional , comoquiera que lo señalado por la actora pretende reabrir un debate legal ya definido por el juez natural en ambas instancias, mas no el quebranto de sus derechos fundamentales.

1.5.3. El Tribunal Administrativo del Tolima y el señor Carlos Arturo Malambo Cárdenas, pese a que fue ron debidamente notificado s de la existencia del presente asunto, no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

Aun cuando la accionante identificó como autoridad judicial accionada al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué , el estudio del presente caso se abordará a partir de los argumentos contenidos en la providencia de 18 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Tolima , dado que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de negar la medida cautelar solicitada en el proceso objeto de la tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el

solicitada en el proceso objeto de la tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Sánchez Toloza, al presuntamente incurrir en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y sustantivo planteados contra el auto de 18 de septiembre de 2025.

4 Mediante oficios enviados el 20 y 26 de noviembre de 2025.Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad, se abordará, ii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso

20125, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales

estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

5 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial « (...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional estableció que la tutela implica un

por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional estableció que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación determinó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el presente caso, la actora controvierte la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima en la que se confirmó el proveído que negó la suspensión provisional de la Resolución 1042 de 5 de diciembre de 2024,

En el presente caso, la actora controvierte la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima en la que se confirmó el proveído que negó la suspensión provisional de la Resolución 1042 de 5 de diciembre de 2024, mediante la cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad de forma automática en el cargo que ocupaba en la Fiscalía General de la Nación, al considerar que se configuran los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y sustantivo.Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Sin embargo, la accionante no cumplió con la carga argumentativa requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que a primera vista justifique razonablemente una afectación desmedida de sus derechos fundamentales al debido proceso6 y de acceso a la administración de justicia.

Llama la atención de la Sala que la señora Sánchez Toloza sugirió la configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto sin precisar cuál fue la regla procesal que presuntamente el tribunal aplicó de manera estricta para obstaculizar la materialización de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues tan solo mencionó que el tribunal accionado respaldó su decisión

cuál fue la regla procesal que presuntamente el tribunal aplicó de manera estricta para obstaculizar la materialización de su derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues tan solo mencionó que el tribunal accionado respaldó su decisión con argumentos rígidos que no tuvieron en cuenta que se le protegió la aludida garantía constitucional en el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.

Así que la actora no expuso algún cuestionamiento que permitan inferir, siquiera de manera preliminar, la vulneración de alg una garantía constitucional , pues lo que se plantea con el referido cargo es una discrepancia frente al razonamiento que condujo a la autoridad judicial cuestionada a concluir que no era dable suspender provisionalmente los efectos del acto demandado en esa etapa procesal.

Lo mismo sucede con el defecto fáctico al que se hizo alusión en el escrito de la tutela pues, en criterio de la Sección, al momento de invocar se la ocurrencia de esta irregularidad es necesario que la parte actora : i) identifique los elementos probatorios que no fueron valorados por el juez, ii) demuestre que los aportó en oportunidad legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, iii) argumente el por qué éstos resultaban relevantes para la decisión y iv) exponga las razones por las cuáles, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.

No obstante, la demandante se limitó a indicar que en el auto cuestionado no se valoraron las pruebas aportadas con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a partir de la s cuales acreditaba su condición de madre cabeza de

No obstante, la demandante se limitó a indicar que en el auto cuestionado no se valoraron las pruebas aportadas con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a partir de la s cuales acreditaba su condición de madre cabeza de familia y prepensionada, así como que tiene familiares que dependen económicamente de ella.

Esto, sin tener en cuenta que esta acción no constituye una tercera instancia en la cual la intervención del juez implique la realización de un nuevo estudio de todo el acervo probatorio aportado al proceso objeto de reproche y de los fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte en el proveído que se pretende controvertir en sede de tutela.

6 La Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 definió el núcleo esencial de este derecho como el de: «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho ”. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable”.»Demandante: Mabel Wbilerma Sánchez Toloza Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06303-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Cabe resaltar que en las tutelas dirigidas contra providencias se exige la observancia de una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica específica, con el propósito de que se expongan los motivos por los cuáles se origina la vulneración de los derechos fundamentales invocados , razón por la que es necesario que se identifiquen las pruebas que fueron posiblemente desconocidas.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de l proveído censurado en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la argumentación que la parte actora realice se deduzca con claridad que lo resuelto es irrazonable y que ello quebranta garantías constitucionales.

Ahora, si bien la accionante refirió que la corporación enjuiciada no tuvo en cuenta el informe de la «Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá de 8 de julio de 202