CE - Sentencia 11001031500020250630500 de 2025

Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06305-00

Demandante: ASTRID CAROLINA SÁNCHEZ VARGAS

Demandados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

ARAUCA Y OTRO

Tema: Tutela contra acto administrativo – Declara la falta de legitimación en la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela 1 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca , a efectos de que le sean ampar ados sus derechos fundamentales al debido

La señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela 1 contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca , a efectos de que le sean ampar ados sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad y de acceso a cargos públicos en condiciones de mérito, en concordancia con el principio de publicidad y transparencia en la función pública.

Las anteriores garantías las consideró tra nsgredidas, con ocasión del acto administrativo expedido por la autoridad judicial accionada, y a través del cual se nombró a la señora Yenifer Milena Mujica Fernández como Juez Quinta Penal Municipal de Arauca, para suplir una vacancia temporal por concepto de vacaciones, sin haberse realizado de manera previa una convocatoria pública, ni una publicación oficial.

1 Por medio de providencia del 10 de octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ordenó remitir por competencia la acción constitucional, en atención a lo dispuesto en numeral 8 del artículo 1° del Decreto 333 de 2021.Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 2. Decretar como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 2. Decretar como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos del acto de nombramiento de la señora Yenifer Milena Mujica Fernández como Juez Quinta Penal Municipal de Arauca.

3. Dejar sin efectos el nombramiento irregular, ordenando al Tribunal Superior de Arauca rehacer el procedimiento conforme a la Constitución, la Ley 270 de 1996

(mod. Ley 2430 de 2024) y el CPACA, garantizando:

o Publicidad previa en el micrositio institucional.

o Observancia del orden legal de prelación.

o Participación abierta de servidores judiciales en carrera2.

Así mismo, solicitó como medida provisional «se decrete la suspensión inmediata de los efectos del acto de nombramiento cuestionado, mientras se resuelve de fondo la presente acción, conforme a los principios de proporcionalidad, necesidad y prevención del daño irreparable.»

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

A través del Acuerdo CSJNS2022-344 del 11 de mayo de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca ordenó la Inscripción en Carrera Judicial de la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, en el cargo de Escribiente Nominado del Juzgado Penal del Circuito de Saravena, Arauca.

Lo anterior al considerar que, pese a que mediante la Resolución No. 014 del 09

en Carrera Judicial de la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas, en el cargo de Escribiente Nominado del Juzgado Penal del Circuito de Saravena, Arauca.

Lo anterior al considerar que, pese a que mediante la Resolución No. 014 del 09 de diciembre de 2021, la doctora María Elena Torres Hernández, Juez Penal del aludido Circuito, con fundamento en la lista de elegibles contenida en el Acuerdo CSJNS2021 - 383 del 18 de noviembre de 2021 nombró en propiedad a la señora Sánchez Vargas en el referido cargo, revisada la hoja de vida de la accionante, no se encontró documento alguno que acreditara su inscripción en la carrera judicial para el empleo y juzgado ya citado.

Posteriormente, y por medio de la Resolución No. TSAR25 -156 del 23 de septiembre de 2025 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, efectuó el nombramiento de la señora Yenifer Milena Mujica Fernández en el cargo de Juez Quinta Penal Municipal de Arauca para suplir una vacancia temporal por

2 Transcripción literal que puede contener errores.Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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3 concepto de vacaciones de la titular del Despacho, actuación que, según el juicio de la accionante se adelantó sin que de manera previa se hubiere realizado una convocatoria pública o una publicación oficial en el micrositio de vacantes

3 concepto de vacaciones de la titular del Despacho, actuación que, según el juicio de la accionante se adelantó sin que de manera previa se hubiere realizado una convocatoria pública o una publicación oficial en el micrositio de vacantes temporales de la Rama Judicial, como lo exigen la Ley 270 de 19963 y el Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura.

Acorde con lo señalado, y según el criterio de la tutelante la designación fue ejecutada de manera directa y discrecional, sin procedimiento administrativo previo, y sin verificar el orden de prelación obligatorio para la provisión de vacantes temporales, cercenándose de dicho modo la oportunidad de postulación a los servidores judiciales inscritos en carrera que reúnen los requisitos del cargo.

Refirió que, si bien es cierto que en la actualidad la señora Yenifer Milena Mujica Fernández ostenta la calidad de servidora en carrera, también lo es, que la misma no se encuentra inscrita en carrera judicial en el Juzgado Quinto Penal Municipal de Arauca , circunstancia que agrava la irregularidad del acto administrativo, a través del cual se efectuó su nombramiento.

Ello, al considerar que, tanto la jurisprudencia constitucional como el artículo 132 de la Ley 270 de 1996,4 son claros en establecer que la cobertura de las vacantes temporales debe recaer en primer lugar, en los empleados o funcionarios de carrera que se encuentren en el mismo despacho o en su defecto, en las personas que hagan parte del registro de la lista de elegibles, la cual no se encuentra vigente en este momento, por lo que según su sentir, para

funcionarios de carrera que se encuentren en el mismo despacho o en su defecto, en las personas que hagan parte del registro de la lista de elegibles, la cual no se encuentra vigente en este momento, por lo que según su sentir, para la provisión del cargo aludido no se atendi eron las disposiciones que regulan la materia.

Por último , adujo que, pese a que el 6 de octubre de 2025 la designada tomó posesión del cargo, lo cierto es que al respecto no medió una comunicación o notificación pública del acto de nombramiento, ni motivación alguna que justificara la omisión del procedimiento efectuado, refiriendo a su vez, que de tal

3 Modificada por la Ley 2430 de 2024. 4 ARTÍCULO 132. FORMAS DE PROVISIÓN DE CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del

proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto.

Cuando se trate de vacancia temporal, en cargos de carrera judicial, se optará por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo, siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte del Registro de Elegibles. Este nombramiento no excluirá a la persona del respectivo Registro para optar por un cargo en propiedad. En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte

persona que hace parte del Registro de Elegibles. Este nombramiento no excluirá a la persona del respectivo Registro para optar por un cargo en propiedad. En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación en los términos señalados en este artículo. (Numeral 2 modificado por el artículo 68 de la ley 2430 de 2024)Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 actuación tuvo conocimiento, debido a que dicho hecho se constituye en un hecho notorio en el referido Distrito.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que, el acto administrativo a través del cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca nombró a la señora Yenifer Milena Mujica Fernández en el cargo de Juez Quinta Penal Municipal, constituye una vía de hecho administrativa, al haber sido proferido sin procedimiento, sin convocatoria, sin publicación, ni motivación formal, lo cual va en contravía de las normas que rigen la función administrativa judicial y de los principios que la rigen.

Señaló que, al haberse efectuado la designación de la referida funcionaria de manera directa, a pesar de existir servidores judiciales como la tutelante, con

rigen la función administrativa judicial y de los principios que la rigen.

Señaló que, al haberse efectuado la designación de la referida funcionaria de manera directa, a pesar de existir servidores judiciales como la tutelante, con derechos preferentes y acreditación de carrera vigente , se trasgredieron las disposiciones previstas en los artículos 13, 40 -7, 125 y 209 de la Constitución Política, relativas al respeto del derecho a la igualdad, el mérito y la legalidad en el acceso a los cargos públicos.

Sostuvo que, la decisión adoptada en el acto administrativo cuestionado le genera un perjuicio irremediable, ya que cercena el derecho preferente de los servidores de carrera judicial para acceder a vacancias temporales, desnaturaliza el principio del mérito, eje estructural del sistema judicial colombiano e impide la defensa judicial efectiva, al no haber existido publicación , ni notificación del acto, lo que priva a la accionante de ejercer recursos administrativos o acciones contenciosas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 21 de octubre de 2025, la magistrada ponente de esta decisión avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca 5, como autoridad judicial accionada, y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, a la señora Yenifer Milena Mujica Fernández6, al Juzgado Quinto Penal Municipal de Arauca7 y al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca8, para que en caso de considerarlo pertinente, rindieran un informe sobre los hechos y pretensiones materia de la presente acción.

Arauca7 y al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca8, para que en caso de considerarlo pertinente, rindieran un informe sobre los hechos y pretensiones materia de la presente acción.

Así mismo, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora, al evidenciarse que para esa etapa procesal, no se logró demostrar que la

5 Notificación realizada al correo electrónico: sgtsara1@cendoj.ramajudicial.gov.co 6 Notificación realizada al correo electrónico: 7 Notificación realizada al correo electrónico: j05pmpalmixarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co 8 Notificación realizada al correo electrónico: seccsjnsnotificaciones@cendoj.ramajudicial.gov.co secsaladmnsan@cendoj.ramajudicial.gov.co mmantilc@cendoj.ramajudicial.gov.co demandascuc@cendoj.ramajudicial.gov.coDemandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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5 vulneración de las garantías constitucionales alegada fuera inminente y urgente, al punto que se tornara necesaria la intervención anticipada del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present aron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present aron las siguientes:

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca

Las magistradas Matilde Lemos Sanmartín y Laura Juliana Tafurt Rico , integrantes de la Sala Única de Decisión de la corporación judicial accionada allegaron escrito en el que manifestaron que, la decisión administrativa por medio de la cual se concedió el disfrute de vacaciones a la Juez Quinta Penal Municipal de Arauca, Arauca, y se designó en encargo a la doctora Yenifer Milena Mujica Fernández, se formalizó mediante la Resolución No. TSAR25 -156 del 23 de septiembre de 2025. Dicha determinación fue adoptada por unanimidad en sesión ordinaria de la Sala Plena celebrada el 11 de septiembre de 2025, en razón a que correspondía a una novedad administrativa relacionada con el disfrute de vacaciones de una funcionaria judicial.

Refirieron que, conforme lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, las formas de provisión de cargos dentro de la Rama Judicial son: en propiedad, en provisionalidad y en encargo. En este sentido, la figura del encargo, efectuada por dicho Tribunal en su calidad de nominador, no requiere de convocatoria pública, lo cual se encuentra expresamente reconocido en la referida disposición legal.

El nombramiento en encargo de la señora Yenifer Milena respondió exclusivamente a estrictas necesidades del servicio, teniendo en cuenta su amplia experiencia y conocimiento en el ejercicio de funciones propias del control de garantías y conocimiento, así como su idoneidad demostrada en anteriores encargos judiciales.

exclusivamente a estrictas necesidades del servicio, teniendo en cuenta su amplia experiencia y conocimiento en el ejercicio de funciones propias del control de garantías y conocimiento, así como su idoneidad demostrada en anteriores encargos judiciales.

Indicaron que la mencionada profesional actualmente se desempeña en provisionalidad como Secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca y, en el mismo Despacho, ostenta en propiedad el cargo de Oficial Mayor. Asimismo, la doctora Mujica Fernández se encuentra inscrita en carrera judicial, conforme al Acuerdo No. CSJNSA18-348 del 15 de noviembre de 2018 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, siendo además abogada titulada.

Manifestaron que la forma de provisión reglamentada por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA24 -12238 de 2024, citado por laDemandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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6 accionante, se encuentra suspendido provisionalmente, según lo dispuesto en auto del 5 de septiembre de 2025, dentro del expediente con Radicado No. 11001-03-25-000-2025-00056-00 (03142025), por lo que no resulta procedente invocar su aplicación en el presente asunto mientras subsista dicha suspensión.

En igual sentido precisaron que , en el caso que nos ocupa no se está ante una

invocar su aplicación en el presente asunto mientras subsista dicha suspensión.

En igual sentido precisaron que , en el caso que nos ocupa no se está ante una vacante temporal, en los términos del inciso segundo del numeral 2° del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, sino ante un encargo debidamente sustentado, aseverando a su vez que, no se optó por designar a un empleado de carrera del mismo Despacho, toda vez que ninguno de los servidores del Juzgado se encuentra inscrito en carrera judicial, lo cual imposibilitaba dicha alternativa.

En ese orden, concluyeron que, el nombramiento en encargo de la señora Yenifer Milena Mujica Fernández constituye una actuación ajustada a derecho, orientada por los principios de eficiencia, continuidad y necesidad del servicio, y en modo alguno vulnera derechos fundamentales ni configura irregularidad administrativa alguna.

Por tanto, dicha corporación actuó conforme a la normatividad vigente, en ejercicio legítimo de la función nominadora, con el propósito de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental al descanso de la titular del Despacho, asegurando simultáneamente la continuidad en la prestación del servicio público esencial de administración de justicia, por lo que todas las actuaciones se realizaron dentro del marco de la legalidad, con respeto estricto por los principios que rigen la función pública.

En igual sentido, la magistrada Elva Nelly Camacho Ramírez , integrante de la Sala de Decisión aludida a través del Oficio No. 300 del 28 de octubre de 2025 allegó contestación a la acción de la referencia en la que manifestó que, la doctora Yenifer Milena Mujica Fernández, unánimemente fue designada en

Sala de Decisión aludida a través del Oficio No. 300 del 28 de octubre de 2025 allegó contestación a la acción de la referencia en la que manifestó que, la doctora Yenifer Milena Mujica Fernández, unánimemente fue designada en encargo para suplir una vacante temporal generada por las vacaciones de la titular del Juzgado Quinto Penal Municipal de Arauca, actuación que, pese a que feneció el 27 de octubre de los corrientes , la parte actora aún cuenta con los mecanismos dispuestos por el legislador para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y debatir el fin perseguido mediante el presente asunto, mismos a los que debió acudir desde el comienzo.

1.6.2. Yenifer Milena Mujica Fernández

Manifestó que, por conducto de la Resolución No. 156 de 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca concedió las vacaciones individuales a la doctora Karen Tatiana Sánchez Ferreira , titular del Juzgado Quinto Penal Municipal de Arauca , y a su vez, efectuó su nombramiento para reemplazar a la referida funcionaria, por el periodo comprendido entre el 6 y el 27 de octubre de 2025, inclusive.Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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7 Acorde con lo analizado, y teniendo en cuenta que los trámites administrativos que otorgan el disfrute de las vacaciones de los funcionarios de la Rama Judicial,

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7 Acorde con lo analizado, y teniendo en cuenta que los trámites administrativos que otorgan el disfrute de las vacaciones de los funcionarios de la Rama Judicial, no está a cargo de dicho Despacho, resulta evidente que de su parte no se generó vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la tutelante, razón por la cual solicitó, se disponga s u desvinculación del presente trámite.

1.6.3. Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca

Allegó escrito en el que señaló que, observados los hechos y las pretensiones de la acción de Tutela que nos ocupa, en el caso sub examine se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva frente a dicha entidad, toda vez que, la misma no tiene calidad de nominadora de los jueces del Distrito Judicial de Arauca, ni tiene injerencia alguna en las decisiones que tome el Tribunal Superior de dicho Distrito Judicial , motivo por el cual solicitó que se ordene su exclusión del presente trámite constitucional.

1.6.4. Astrid Carolina Sánchez Vargas

La señora Astrid Carolina Sánchez Vargas llegó escrito en el que se opuso a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por las autoridades accionadas en sus diferentes intervenciones, reiterando que en el caso particular continúa la vulneración de sus derechos fundamentales, y por ende, se debe acceder al amparo solicitado.

Adicionalmente, refirió que, la acción de tutela promovida se erige en el mecanismo idóneo y eficaz para solicitar lo pretendido, al considerar que la omisión de publicidad del acto administrativo que se cuestiona tornó inaccesible

Adicionalmente, refirió que, la acción de tutela promovida se erige en el mecanismo idóneo y eficaz para solicitar lo pretendido, al considerar que la omisión de publicidad del acto administrativo que se cuestiona tornó inaccesible el control contencioso ordinario, superándose de dicha forma el requisito de subsidiariedad, para lo cual, trajo a colación las sentencias SU-522 de 2019, T340 de 2020 y T-405 de 2022 de la Corte Constitucional.

1.6.5. El Juzgado Quinto Penal Municipal de Arauca , pese a estar debidamente notificado de la existencia del presente asunto, no se pronunció sobre la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la señora Astrid Carolina Sánchez Vargas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 numeral 8, inciso segundo, del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que dispone:Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados

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Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]

Lo anterior, debido a que la accionante tiene la calidad de empleada judicial en la jurisdicción ordinaria, ostentando el cargo de escribiente del Juzgado Penal del Circuito de Saravena y, la autoridad judicial accionada es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.

2.2. Cuestión previa

Tanto la señora Yenifer Milena Mujica Fernández, como el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca , solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, toda vez que a su juicio carecen de legitimación en la causa por pasiva para soportar las pretensiones elevadas por la parte actora; frente a lo cual , advierte la Sala que no se accederá a la solicitud, comoquiera que su vinculación al proceso obedeció a que las mismas fueran vinculadas en calidad de terceros por el posible interés que les puede asistir en el resultado del proceso.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver en el caso concreto es el siguiente:

¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora , con ocasión del acto administrativo a

probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver en el caso concreto es el siguiente:

¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, vulneró los derechos fundamentales de la parte actora , con ocasión del acto administrativo a través del cual se nombró a la señora Yenifer Milena Mujica Fernández en el cargo de Juez Quinta Penal Municipal, para suplir una vacancia temporal por concepto de vacaciones, sin haberse realizado de manera previa una convocatoria pública, ni una publicación oficial?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) la legitimación en la causa e interés y, (iii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en el Decreto 2591 de 1991.Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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9 Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión

9 Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4.1. Legitimación e interés en las acciones de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir a la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política », en los artículos 1°, 10, 46 y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales9.

De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda

condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales9.

De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto»10. (Subrayas fuera de texto).

La Corte Constitucional, en sentencia T -1020 de 2003 11, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se «requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la

9Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T -793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 10“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.

Cabra. 10“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”. 11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T1020, 30.10.03, M.P. Jaime Córdoba Triviño.Demandante: Astrid Carolina Sánchez Vargas Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca Rad: 11001-03-15-000-2025-06305-00

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10 ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar ve