CE - Sentencia 11001031500020250631300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

Demandante: Juan Carlos Rosero Tobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

Demandante: JUAN CARLOS ROSERO TOBAR

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por falta de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque las inconformidades alegadas develan la intención de utilizar el trámite de tutela como una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Rosero Tobar contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 7 de octubre de 2025 1, el señor Juan Carlos Rosero Tobar , mediante

de Yopal.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 7 de octubre de 2025 1, el señor Juan Carlos Rosero Tobar , mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con motivo de las sentencias del 8 de noviembre de 2024 y el 3 de abril de 20 25, proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-3333-0022018-00325-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.- TUTELAR y AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso vulnerado al ciudadano JUAN CARLOS ROSERO TOBAR, presuntamente vulnerados por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en providencia del 03 de abril de 2025, mediante la cual confirmó la decisión proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal el 8 de noviembre de 2024.

2.- En consecuencia, REVOCAR la decisión proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en providencia del 03 de abril de 2025, por encontrarse demostrado un defecto material o sustantivo, que llevan necesariamente a la comprobación de una falsa mot ivación contenida en la

1 Se advierte que el 4 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

Demandante: Juan Carlos Rosero Tobar

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

Demandante: Juan Carlos Rosero Tobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Resolución 123 del 13 de febrero de 2018 proferida por el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

3.- Por lo anterior, dar probada las pretensiones contenidas en la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por el apoderado de JUAN CARLOS ROSERO TOBAR, y admitida el 04 de marzo de 2019 por parte del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare.

4.- REVOCAR la decisión proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en providencia del 03 de abril de 2025, por encontrarse demostrado un defecto fáctico, que llevan necesariamente a la comprobación de una falsa motivación contenida en la Resoluc ión 123 del 13 de febrero de 2018 proferida por el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

5.- Por lo anterior, dar probada las pretensiones contenidas en la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por el apoderado de JUAN CARLOS ROSERO TOBAR, y admitida el 04 de marzo de 2019 por parte del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare.

6.- De manera subsidiaria, DECRETAR la nulidad del fallo proferido por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en providencia del 03 de abril

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare.

6.- De manera subsidiaria, DECRETAR la nulidad del fallo proferido por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en providencia del 03 de abril de 2025, para que en una nueva decisión, tengo en cuenta las consideraciones expresadas por el respetado Juez Constitucional.

7.- En pro de garantizar la tutela efectiva de los derechos de JUAN CARLOS ROSERO TOBAR, dar por demostrada otra causal causal específica o tipo de error de providencia de tutela contra providencia judicial contenida en el fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, en providencia del 03 de abril de 2025.

2. De la demanda de tutela , de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. El señor Juan Carlos Rosero Tobar ingresó a laborar como suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana el 14 de enero de 2013, en el cargo de controlador aéreo.

4. El día 27 de enero de 2018 el accionante se presentó tarde a su lugar de trabajo y fue relevado del servicio. No obstante, permaneció en las instalaciones de la entidad hasta las 11:00 p.m.

5. El señor Rosero Tobar retornó al servicio el 1º de febrero de 2018, fecha en que le manifestaron que saldría a vacaciones a partir del día siguiente, debiendo retornar a sus labores el 5 de marzo de 2018. Cuando se reintegró al servicio, le dieron lectura a la Resolución 123 de 13 de f ebrero de 2018, por la cual, se le

retornar a sus labores el 5 de marzo de 2018. Cuando se reintegró al servicio, le dieron lectura a la Resolución 123 de 13 de f ebrero de 2018, por la cual, se le desvinculó de la institución por abandono del cargo.

6. En virtud de lo anterior, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, por reparto, correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Yopal (Casanare).

7. Surtido el trámite correspondiente, con sentencia del 8 de noviembre de 2024, el operador judicial de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, dado que consideró que el accionante se ausentó del servicio los días 27, 28, 29, 30 y 31Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de enero, y 1º de febrero de 2018, es decir, más de cinco días, y, por lo tanto, incurrió en abandono del cargo, causal por la que se le retir ó del servicio. Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante fallo del 3 de abril de 2025.

8. Tras señalar que la tutela cumple con los requisitos generales para su procedencia contra providencia judicial, adujo que las sentencias censuradas se

encuentran viciadas por los siguientes defectos:

9. Material o sustantivo. Considera que la s autoridades judiciales incurrieron en este defecto porque no tuv ieron en cuenta que, según el acervo probatorio , el

encuentran viciadas por los siguientes defectos:

9. Material o sustantivo. Considera que la s autoridades judiciales incurrieron en este defecto porque no tuv ieron en cuenta que, según el acervo probatorio , el señor Rosero Tobar se presentó al servicio el 27 de enero de 2018, y aunque tarde, permaneció en su lugar de trabajo hasta las 11 p.m. A su juicio , el Tribunal accionado aplicó una norma incorrecta y dejó de aplicar la que correspondía

10. Estima que al suboficial no se le debió aplicar el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, en concordancia con el artículo 107 de la Ley 1407 de 2018, que prevé el abandono del cargo como causal de retiro del servicio, sino que su conducta se debió sancionar conforme lo estipula el artículo 60, numeral 25 , de la Ley 836 de 2003

(Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares), toda vez que este último precepto es más favorable a sus intereses, pues tipifica la conducta endilgada al actor, como una falta disciplinaria leve.

11. A juicio del apoderado del actor, la autoridad judicial realizó una interpretación extensiva del abandono del servicio, al señalar, sin ningún fundamento, que, aunque el señor Juan Carlos Rosero Tobar asistió al sitio de trabajo el 27 de enero de 2018, lo cierto es que lo hizo tarde, cuando ya había sido relevado del servicio, y en consecuencia no lo prestó. De este modo, desconoció que el abandono del servicio está relacionado con la ausencia del empleado en sus labores y que el accionante estuvo en el sitio de trabajo hasta las 11:00 p.m.

consecuencia no lo prestó. De este modo, desconoció que el abandono del servicio está relacionado con la ausencia del empleado en sus labores y que el accionante estuvo en el sitio de trabajo hasta las 11:00 p.m.

12. Asimismo, alude la inaplicación del principio pro homine, dado que en caso de presentarse duda sobre qué norma aplicar, ante la situación fáctica demostrada, consistente en que el servidor llegó tarde a su trabajo el 27 de enero de 2018, el juzgador de segunda instancia debió preferir la establecida en el numeral 25 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, puesto que la falta disciplinaria resulta más beneficiosa para los intereses del empleado.

13. En ese orden, insiste en que el acto de retiro, acusado de nulidad en el proceso de origen, está viciado por falsa motivación, porque: (i) partió de que el actor se ausentó durante 5 días, cuando lo cierto es que, el 27 de enero de 2018, se hizo presente en su lugar de trabajo; y (ii) dejó de aplicar la Ley 836 de 2003, procedente para efectos de analizar la posible comisión de una falta disciplinaria, escenario más favorable para el servidor. Con los mismos argumentos, sustenta el defecto material alegado.

14. Defecto fáctico. El Tribunal accionado desconoció y cercenó el testimonio de Luis Alejandro Aponte Vanegas, suboficial de la Fuerza Aérea, dado que de su relato se colige que el señor Rosero Tobar llegó al servicio y se presentó, pero fueRadicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

Demandante: Juan Carlos Rosero Tobar

relato se colige que el señor Rosero Tobar llegó al servicio y se presentó, pero fueRadicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

Demandante: Juan Carlos Rosero Tobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 relevado y, por ende, se demuestra que la no prestación de la actividad programada para ese día se debió a la decisión del superior jerárquico, en razón a la impuntualidad del empleado.

15. Esta circunstancia, insiste, es factible de ser investigada como falta disciplinaria, conforme a la Ley 836 de 2003, pero no podía ser el sustento del retiro del servicio por abandono del cargo, porque esa situación no se presentó , pues no se actuó con dolo, no existió el elemento subjetivo.

16. Otro yerro probatorio, según el apoderado del actor, fue que la autoridad judicial accionada desconoció un indicio, porque a su modo de ver, el hecho de que lo relevaran del cargo luego de presentarse al servicio, evidencia que, pese a que el servidor llegó tarde, no fue en la tarde como lo sustenta el Tribunal, porque la labor ejercida por el suboficial, como controlador aéreo, no podía dejar de ejercerse por tanto tiempo y por ende su reemplazo debió asignarse temprano en la mañana cuando arribó al lugar de trabajo.

17. Además, se probó que el señor Rosero Tobar estuvo en la Unidad hasta las

11 p.m., por lo que se puede inferir que estuvo realizando actividades, si bien no como controlador aéreo, porque fue relevado, sí en otras tareas, y en todo caso,

17. Además, se probó que el señor Rosero Tobar estuvo en la Unidad hasta las

11 p.m., por lo que se puede inferir que estuvo realizando actividades, si bien no como controlador aéreo, porque fue relevado, sí en otras tareas, y en todo caso, estuvo disponible en la Unidad.

18. A juicio del profesional del derecho, esa valoración probatoria errada conlleva a unas conclusiones equívocas, que alejaron al juez natural de la causa de la verdad demostrada en el proceso.

19. En suma, estima que : (i) se probó que el actor estuvo en el sitio de trabajo hasta casi media noche, por lo tanto, se descarta que haya abandonado sus funciones; (ii) se acreditó que el relevo del servicio se realizó una vez el empleado llegó a la guarnición, por ende, se colige q ue la no prestación de las labores encomendadas para ese día no se cumplió por orden de un superior jerárquico; y (iii) la Resolución 123 de 2018, está viciada de nulidad por falsa motivación, porque el 27 de enero de 2018 el seño r Rosero Tobar se presentó al servicio y tenía las condiciones físicas y la voluntad para cumplir con sus labores, pero un superior jerárquico se lo impidió porque lo relevó del servicio.

20. Violación al debido proceso. Es evidente este defecto, en tanto que existió una indebida valoración probatoria y se aplicó la norma errada al caso concreto, con lo cual se vulneró dicha garantía constitucional en cabeza del accionante.

B. Trámite impartido e intervenciones

21. Mediante auto de 17 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se

lo cual se vulneró dicha garantía constitucional en cabeza del accionante.

B. Trámite impartido e intervenciones

21. Mediante auto de 17 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Casanare y al titular del Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, como autoridades judiciales demandadas y, como terceros con interés, a los señores Julio José Félix Rosero Fajardo y Lucía del Socorro Tobar Pastuzan, así como al ministro de Defensa Nacional y al comandante general de la Fuerza Aérea Colombiana, todaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 vez que intervinieron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-3333-002-2018-00325-01.

22. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

23. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare no presentaron informe alguno, pese a haber sido notificados en debida forma.

24. El Juzgado Tercero Administrativo de Yopal intervino para señalar que la tutela es improcedente porque no satisface los requisitos mínimos, en especial, no cumple con la relevancia constitucional necesaria para cuestionar una providencia judicial por esta vía.

tutela es improcedente porque no satisface los requisitos mínimos, en especial, no cumple con la relevancia constitucional necesaria para cuestionar una providencia judicial por esta vía.

25. No obstante, en la demanda se invoca como vicio el defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos que lo sustentan, ya se discutieron en el proceso de origen y, por ende, se avizora la intensión de la parte actora de convertir la tutela en una instancia adicional del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho.

26. Aunado a lo anterior, la tutela no se instauró dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia , que es objeto de reproche en el sub lite.

27. El jefe del Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana señaló que la acción es improcedente porque no cumple los requisitos generales para ello.

28. En especial, determinó que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa requerida, dado que no expresó claramente las razones por las que considera que el operador judicial se alejó de las reglas de la sana crítica al momento de valorar el acervo probatorio, y se limitó a manifestar su inconformidad con la decisión y el análisis de los medios de prueba , discrepancias que no se enmarcan en el defecto fáctico alegado, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial en la materia.

29. Asimismo, estimó que los argumentos esgrimidos para cimentar el defecto sustantivo no cumplen con la carga requerida, dado que la parte actora se limitó a

materia.

29. Asimismo, estimó que los argumentos esgrimidos para cimentar el defecto sustantivo no cumplen con la carga requerida, dado que la parte actora se limitó a expresar su desacuerdo con la decisión, pero no indicó con claridad cómo fue que la autoridad judicial accionada desconoció sus derechos fundamentales.

30. Finalmente, en cuanto al defecto de violación a la Constitución, determinó que también se incumple con la carga argumentativa necesaria, dado que el accionante no indicó puntualmente en qué consistió el desconocimiento de las garantías fundamentales que alude.

31. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana, señaló que la tutela es improcedente por ausencia del requisito de relevancia constitucional , en la medida en que los argumentos expresados por laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 parte actora constituyen únicamente la manifestación de su desacuerdo con la decisión censurada y, además, se encaminan a controvertir la legalidad del acto de retiro del servicio, asunto que fue zanjado en el proceso de origen por el juez natural de la causa.

32. Del mismo modo, afirmó que los defectos sustantivo y fáctico alegados por el libelista carecen de fundamento, en tanto que, las providencias cuestionadas aplicaron la normatividad vigente como correspondía y realizaron la valoración probatoria conforme a d erecho, sin que se observe arbitrariedad o capricho alguno

libelista carecen de fundamento, en tanto que, las providencias cuestionadas aplicaron la normatividad vigente como correspondía y realizaron la valoración probatoria conforme a d erecho, sin que se observe arbitrariedad o capricho alguno en sus decisiones.

33. Los señores Julio José Félix Rosero Fajardo y Lucía del Socorro Tobar Pastuzan no intervinieron, pese a haber sido enterados de la existencia de la presente acción.

34. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta oportunidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

Requisitos generales de procedibilidad

36. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 3 de abril de 2025 y notificada el 7 de abril siguiente, mientras que la tutela se instauró el 7 de octubre de los corrientes, es decir, dentro de un término razonable.

37. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza2. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte

37. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de la misma naturaleza2. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte

2 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede proceder de maner a excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad 3, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto»4.

38. Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario; y además, las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

todos los recursos procedentes en el proceso ordinario; y además, las razones que sustentan los defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de los recursos extraordinarios.

39. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

40. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 5 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la i nterpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

41. Al revisar las premisas expuestas en la demanda, la Sala observa que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que el señor Juan Carlos Rosero Tobar pretende revivir el debate suscitado en el proceso de origen, puesto que los argumentos esgrimidos en la demanda no evidencian la vulneración de una garantía fundamental, sino más bien su inconformidad con la decisión adoptada, la cual se origina básicamente en la valoración de las pruebas y en la

puesto que los argumentos esgrimidos en la demanda no evidencian la vulneración de una garantía fundamental, sino más bien su inconformidad con la decisión adoptada, la cual se origina básicamente en la valoración de las pruebas y en la norma aplicada por los operadores judiciales.

juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional». 3 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU -573 de 2017, SU -585 de 2017, SU -215 de 2022, SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional. 4 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021. 5 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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42. Esta intención se hace más evidente al revisar los argumentos esgrimidos en la demanda que dio inicio al contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 8 de noviembre de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal , toda vez que coinciden con los que cimentan la acción constitucional de la referencia.

43. En efecto, el señor Rosero Tovar fundamenta la solicitud de amparo en la supuesta configuración de los defectos sustantivo, fáctico y violación de la constitución, los cuales, en suma, se soportan en los siguientes argumentos:

(i) La autoridad judicial accionada aplicó la norma incorrecta y desconoció la que debía regular la situación del actor, dado que, según los hechos demostrados, era más beneficioso al señor Rosero Tobar, que su conducta se sancionara como una falta disciplinaria leve, conforme al artículo 60, numeral 25 de la Ley 836 de 2003 y no, que se tuviera configurado el abandono del cargo, según lo descrito en el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000 (en concordancia con el artículo 107 de la Ley 1407 de 2018;

(ii) Al analizar el material probatorio, el operador judicial no debió dar por sentado

99 del Decreto 1790 de 2000 (en concordancia con el artículo 107 de la Ley 1407 de 2018;

(ii) Al analizar el material probatorio, el operador judicial no debió dar por sentado que el suboficial se ausentó del servicio el 27 de enero de 2018, toda vez que, en su sentir, con el testimonio del señor Luis Alejandro Aponte Vanegas y del libro de ingresos y salidas de la Unidad Militar , se demostró que aquel acudió al sitio de trabajo, en horas de la mañana, aunque de forma impuntual, lo que, sin duda, constituiría una falta disciplinaria a la luz de la Ley 836 de 2003 , pero no abandono del cargo, más teniendo en cuenta que, el empleado permaneció en la Unidad Militar hasta las 11 p.m.

(iii) El señor Rosero Tobar se presentó con plenas condiciones para prestar el servicio encomendado el 27 de enero de 2018, pero no ejerció ese día como controlador aéreo porque su superior lo relevó del oficio.

44. Sobre estos argumentos -que en la demanda que originó el proceso ordinario, se enmarcaron en la causal de nulidad denominada falsa motivación -, el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, se pronunció en la sentencia del 8 de noviembnre de 2024, así:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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(…)Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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45. Inconforme con la decisión, el apoderado del señor Rosero Tobar la apeló,

con los siguientes argumentos6:

7.1.1. Indica que existe contradicción en lo señalado por los testigos, por cuanto los suboficiales Luis Alejandro Aponte Vanegas y Juan Sebastián Hernández Jiménez, indicaron que el demandante si se presentó a las instalaciones donde prestaba su servicio el 27 de enero de 2018, aspecto reconocido por el A quo, no obstante, por llegar tarde, fue reemplazado por otro aerotécnico.

7.2. Aunque en primera instancia se señaló que la causal de retiro es independiente al proceso penal o disciplinario, omitió valorar lo que se probó en la providencia

6 Tomados de la sentencia del 3 de abril de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06313-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

Demandante: Juan Carlos Rosero Tobar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 proferida por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, mediante providencia del 15 de noviembre de 2023, se dispuso cesar el procedimiento adelantado en contra del demandante, por ser la conducta atípica, y se indicó que el extremo inicial para contar el abandono del servicio es el 28 de enero de 2018, por cuanto el día 27 del mismo mes y año estuvo disponible.

7.3. Indica que se desconoció el artículo 60 numeral 25 de la Ley 836 de 2003, ‘’ Faltas leves: ‘’No asistir con puntualidad al servicio o las presentaciones a que esté obligado’’, por lo que indica que para el 27 de enero de 2018 debía aplicarse dicha sanción.

7.4. Señala que se presentó una falta de motivación derivada de la “ausencia de justificación”, para la no prestación del servicio, por cuanto de los testimonios recibidos se constata que el demandante sufría de problemas emocionales.

7.5. Que en este orden teniendo en cuenta que desde el 28 de enero de 2018 hasta el 1º de febrero no se presentó el demandante, no se han superado los 5 días que señala el Código Penal Militar, por lo que está demostrado que se configuró una falsa motivación contenida en el acto administrativo demandado.

7.6. Solicita revocar la sentencia y se disponga el reintegro del demandante al cargo que ocupaba, con el pago de los perjuicios materiales y morales derivados de la

motivación contenida en el acto administrativo demandado.

7.6. Solicita revocar la sentencia y se disponga el reintegro del demandante al cargo que ocupaba, con el pago de los perjuicios materiales y morales derivados de la medida ilegal.

46. Sobre todas esas inconformidades se pronunció el Tribunal Administrativo de Casanare en la sentencia del 3 de abril de 2025, en la que valoró detenidamente el caudal probatorio conforme a las reglas de la sana crítica y de cara a las actuacione