CE - Sentencia 11001031500020250635400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil vei nticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06354-00

Demandante COMPAÑ˝A DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SA. ESP

ACUASEO Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad: la relevancia constitucional. Medio de control de reparación directa. Perjuicios por rotura de poliducto Puerto SalgarCartago. Defectos sustantivo y fÆctico. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por la Com paæía de Servicios Pœblicos Domiciliarios SA. ESP Acuaseo , de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de octubre de 20251, la Compaæía de Servicios Pœblicos Domiciliarios SA. ESP Acuaseo (en adelante ACUASEO), a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de

1. Pretensiones El 8 de octubre de 20251, la Compaæía de Servicios Pœblicos Domiciliarios SA. ESP Acuaseo (en adelante ACUASEO), a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, po r considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proc eso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sente ncia del 10 de marzo de 2025, proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación directa 6600123-33-000-2013-00428-02 (66.290)2.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones 3: «1. La protección a la Compaæía de Servicios Pœblicos Domi cilios Acuaseo S.A ESP de los derechos fundamentales vulnerados al debido proceso y el acceso a la administración de justicia con ocasión del fallo de segunda instancia prof erido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso radicado al No 66001-23-33000-2013-00428-02 del pasado 10 de marzo de 2.025 y notificado el 24 del mes abril del presente aæo. En consecuencia:

2. Se revoque el fallo en cuanto se pronunció sobre l a existencia del daæo material, lo cual no fue objeto de recurso y se determine que esta se debe limitar a establecer si procede la condena en concreto o en abstracto como lo ordenó el juez de primera instancia.

3. Se haga una valoración completa de la prueba lega l y oportunamente allegada, en especial los documentos que no fueron tenidos en cuenta a l momento de valorar la causación de los daæos materiales.

3. Se haga una valoración completa de la prueba lega l y oportunamente allegada, en especial los documentos que no fueron tenidos en cuenta a l momento de valorar la causación de los daæos materiales.

4. Se haga una valoración de los testimonios que fuer on desechados por rigorismos tØcnicos no establecidos en la ley, en especial, aquellos rendidos por los ingenieros civiles

1 SAMAI, índice 1 y 2. 2 Se precisa que a este proceso se acumuló el identific ado con el radicado 66001-23-31-000-2014-00104-00; sin embargo, para efectos del alcance de la acción de tutela, solo se analizara lo relacionado con el proceso principal, al se r este respecto del cual Acuaseo presentó sus pretensiones. 3 PÆgina 19 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

Demandante: Acuaseo Compaæía de Servicios Pœblicos Domiciliar ios S.A. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 que conocieron de primera maneo las condiciones de la p lanta y las obras necesarias para su reparación.

5. Se permita y haga la valoración de las pruebas per iciales y documentos tØcnicos allegados, los cuales, si bien se sustentan de los datos obtenidos de la parte demandante, cumplen con los requisitos establecidos en la ley procedimental para ser valorados.

6. Se haga una valoración conjunta de las pruebas en a tención a las normas de la sana

cumplen con los requisitos establecidos en la ley procedimental para ser valorados.

6. Se haga una valoración conjunta de las pruebas en a tención a las normas de la sana crítica y se tenga en cuenta que se dejaron de valorar y p racticas medios por causa externa a la responsabilidad del demandante» (sic. a toda la cita).

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. A CUASEO interpuso demanda en ejercicio del medio de control d e reparación directa en contra de Ecopetrol SA., con el fin de qu e se le indemnizaran los perjuicios que sufrió por la rotura del poliducto Pue rto Salgar – Cartago de propiedad de la parte demandada, que generó una fuga de gasolina en la quebrada Aguazul, con puntos en los que se presentó la conflagración del combustible.

Se indica en la demanda, que la contingencia tuvo in cidencia en la prestación del servicio de acueducto a cargo de ACUASEO y, por ende, en sus expectativas de ganancia, por los daæos causados a su infraestruct ura y por la afectación en la calidad y cantidad del agua que pudieron sumi nistrar. TambiØn se plantearon cargos por el daæo ambiental y por las con secuencias relacionadas con buen nombre de la empresa de servicios pœblicos. En línea con lo expuesto, A CUASEO solicitó que se le indemnizara, entre otras cosas, por concepto de daæo emergente : el valor del deducible que tuvo que asumir por el pago realizado por La Previsora para (i) las obras que necesitó la planta de tratamiento de agua, (ii) la construcción de las obras necesarias para la reparación de la planta, (iii) el valor de las obras nuevas o

asumir por el pago realizado por La Previsora para (i) las obras que necesitó la planta de tratamiento de agua, (ii) la construcción de las obras necesarias para la reparación de la planta, (iii) el valor de las obras nuevas o sobrevinientes requeridas como consecuencia del sinies tro, (iv) las obras de mitigación del riesgo secundario, (v) la suma invertida en la atención de la emergencia y el restablecimiento del servicio que no reconoció la aseguradora, así como (vi) los costos de preparación de los reclamos ante la aseguradora y Ecopetrol. Adicionalmente, por concepto de lucro cesante ACUASEO pidió una suma de dinero por lo dejado de percibir en cuanto a sus ganan cias por los hechos ocurridos. Para acreditar los perjuicios ocasionados por la rotura del poliducto, la parte actora afirmó aportar alrededor de 22 documentos (algunos de carÆcter tØcnico) y 11 testimonios. 2.2. El proceso se identificó con el radicado 66001-23-33-000-2013-00428-00 y su conocimiento en primera instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda. Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2020 el tr ibunal accedió a las pretensiones de la demanda, declaró responsable a Ecop etrol por los daæos ocasionados a ACUASEO y, en consecuencia, la condenó al pago del deducible hecho a la aseguradora La Previsora SA., por los honorario s de la asesoría jurídica y el apoyo a la gestión administrativa en los que incurrió la demandante para estructurar su reclamación. Adicionalmente, el tribunal profirió condena en abstr acto por el valor

jurídica y el apoyo a la gestión administrativa en los que incurrió la demandante para estructurar su reclamación. Adicionalmente, el tribunal profirió condena en abstr acto por el valor correspondiente a las obras necesarias para la reparación de la planta, las obras sobrevinientes, las de mitigación del riesgo s ecundario y las sumasRadicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

Demandante: Acuaseo Compaæía de Servicios Pœblicos Domiciliar ios S.A. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 invertidas en la atención de la emergencia y el restablecimiento del servicio no reconocidos por la aseguradora ni la entidad demandada. En la providencia se le indicó a la sociedad accionante que debía promove r el respectivo incidente con el fin de determinar la cuantía de la indemniza ción por esos conceptos. 2.3. Inconforme con algunos apartes de la sentencia, las partes presentaron sus respectivos recursos de apelación: 2.3.1. Ecopetrol se opuso a la condena en abstracto que le fue impue sta, basado en inconformidades frente al dictamen pericia l allegado por la demandante, respecto del cual insistió que contenía errores graves; consideró improcedente que se le permitiera a la part e actora subsanar sus deficiencias probatorias a travØs de un incidente ; y manifestó su inconformidad con la tasación de las costas (en la demanda de tutela se afirmó que la demandada no solicitó que se declarara la re vocatoria de la condena por daæo emergente) .

inconformidad con la tasación de las costas (en la demanda de tutela se afirmó que la demandada no solicitó que se declarara la re vocatoria de la condena por daæo emergente) .

2.3.2. ACUASEO controvirtió la condena en abstracto porque a su juic io, el dictamen pericial que aportó daba cuenta de la cuantía de esos perjuicios y en la oportunidad prevista para ello, el tribunal h abía desechado la objeción por error grave formulada por Ecopetrol. Adicionalmente, insistió en que se debía condenar a la accionada por daæo ambi ental y por su afectación al buen nombre. Finalmente afirmó que no s e debía reducir la condena en costas en cabeza de la entidad demandada . 2.4. Al resolver los recursos de apelación interpuestos , mediante sentencia del 10 de marzo de 2025 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la decisión de primera instancia, en el sentido de condenar a Ecopetrol por concepto de daæo emergente en la suma co rrespondiente al deducible y por los honorarios de la asesoría jurídica y de apoyo a la gestión. Y negó las demÆs pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la acción La parte actora aseguró que la acción de tutela cumplía con los requisitos generales de procedibilidad. Sobre la relevancia constitucional, sostuvo que si bien se advertía una afectación económica con la decisión adoptada p or la autoridad judicial accionada, lo que realmente se cuestionaba era el al cance de la competencia de los jueces en segunda instancia y una inadecuada va loración probatoria, así como

una afectación económica con la decisión adoptada p or la autoridad judicial accionada, lo que realmente se cuestionaba era el al cance de la competencia de los jueces en segunda instancia y una inadecuada va loración probatoria, así como la afectación en la prestación de un servicio pœblico domiciliario de carÆcter esencial al negarse la indemnización solicitada. Afirmó que la acción de tutela se ejerció en contra d e una decisión que puso fin al proceso, respecto de la cual no eran procedente recurso extraordinario alguno; que cumplió con el requisito de inmediatez, al interpone r su demanda dentro de un tØrmino razonable; que advirtió irregularidades proces ales que tienen un efecto decisivo y determinante para modificar la sentencia; que identificó de manera razonable los hechos generadores de la vulneración, a sí como los derechos vulnerados y, finalmente, que la demanda no se dirig ió en contra de una sentencia de tutela. La sociedad ACUASEO considera que al proferir la sentencia del 10 de marzo de 2025 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 320 del CGP, y en un defecto fÆctico por desestimar la prueba testimonial y las que se sop ortaban en datos obtenidos por la parte demandante. 3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 320 d el CGP. Sobre este asunto, la parte actora manifestó que en su recu rso de apelación,Radicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

Demandante: Acuaseo Compaæía de Servicios Pœblicos Domiciliar ios S.A. E.S.P.

este asunto, la parte actora manifestó que en su recu rso de apelación,Radicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

Demandante: Acuaseo Compaæía de Servicios Pœblicos Domiciliar ios S.A. E.S.P.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Ecopetrol planteó una inconformidad por la condena en abstracto, al sostener que el dictamen pericial presentado por la actora estaba viciado de error grave por falta de rigor fÆctico, contable y tØcnico, por lo que sus argumentos no fueron claros en cuanto a la solicitud de revocatoria de la condena por daæo emergente, dado que el reparo propuesto se limitó a la tasación de esos perjuicios y era sobre este asunto que se debía circun scribir el estudio de la impugnación. Es bajo este contexto, al referirse a la revocatoria de l fallo respecto del daæo emergente, ACUASEO considera que la autoridad judicial accionada desconoció el contenido del artículo 320 del CGP y, por tanto, i ncurrió en un defecto sustantivo, al ir mÆs allÆ de lo solicitado y hacer m Æs gravosa su situación frente a lo decidido en la primera instancia, dado qu e con el dictamen pericial solo se pretendió acreditar el monto de los perjuicio s y no su existencia, en tanto que su causación se demostró con otros medios de prueba que fueron allegados al proceso pero que fueron valorados indebidamente por el Consejo de Estado. 3.2. Defecto fÆctico por la omisión de la valoración de la prueba documental

tanto que su causación se demostró con otros medios de prueba que fueron allegados al proceso pero que fueron valorados indebidamente por el Consejo de Estado. 3.2. Defecto fÆctico por la omisión de la valoración de la prueba documental aportada. En la tutela se indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto al analizar la procedencia de las obras de reparación, sobrevinientes, de mitigación del riesgo y de restab lecimiento del servicio, por haber omitido todo el acervo probatorio que daba cuen ta de la causación de los daæos. Al respecto, explicó que en la sentencia cuestionada solo se mencionaron 5 documentos de origen pœblico, a saber: (i) el informe tØcnico de la Dirección Operativa de Salud Pœblica de la Secretaría de Salud De partamental del día del siniestro; (ii) El certificado expedido por OMPADE del 28 de diciemb re de 2011; (iii) el concepto tØcnico CARDER del 29 del mismo mes y a æo; (iv) el acta del 13 de marzo de 2012 expedida por la Contraloría Departamental y, (v) la resolución No. 663 del 28 de marzo de 2012 proferi da por la CAR de Risaralda. Esto para concluir que, aunque los referidos medios d e prueba daban cuenta de los daæos causados a A CUASEO, ninguno evidenciaba la ejecución de obras. No obstante, a juicio de la parte actora, estas prue bas debieron valorarse en conjunto con los demÆs documentales obrantes en el e xpediente, con los testimonios y con el dictamen pericial, para tener c omo acreditada la necesidad de las obras enunciadas para la reparación de la planta de

conjunto con los demÆs documentales obrantes en el e xpediente, con los testimonios y con el dictamen pericial, para tener c omo acreditada la necesidad de las obras enunciadas para la reparación de la planta de tratamiento. En lo que respecta a las « obras de mitigación del riesgo », referido a la construcción de nuevas bocatomas y reemplazo de tuber ía por la nueva operación, planteó que en la resolución No. 633 del 28 de marzo de 2012 la CARDER le otorgó la concesión de aguas superficiales (incluida la del afluente aguazul) y, ademÆs contaba con el permiso de ocupación del cauce para la construcción de estructuras de tipo bocatoma con vigen cia de un aæo, lo que demostraba la necesidad de ejecutar obras sobrevinientes, por las condiciones del cuerpo de agua afectado que cambiaron definitiv amente, ya que ahora se necesitaba el líquido de dos afluentes adicionales para prestar el servicio, lo que fue corroborado por los testigos. Lo anterior aunado al hecho que el « acta de la Contraloría General de la Repœblica» daba cuenta de que despuØs del siniestro no se pod ía captar agua de la bocatoma principal y que la petición de prórrog a de la concesión se fundamentó en los cambios definitivos en la captaci ón de agua, la cual fue acogida y se extendió mediante la resolución No. 468 del 15 de marzo de 2013, lo que para la parte actora era demostrativo de la necesidad deRadicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

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2013, lo que para la parte actora era demostrativo de la necesidad deRadicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 emprender obras sobrevinientes. A su vez, indicó que esta situación se acreditó con las actas de la junta directiva de la compaæía de los aæ os 2012 y 2013. TambiØn cuestionó la valoración de los informes suscritos por quien fungió como el gerente de Acuaseo sobre los que se pidió el reconocimiento provisional de los daæos sufridos en la planta de tra tamiento y del escrito con la petición remitida a Ecopetrol en el que se detallaron los pro cesos de socavación de las mÆrgenes de la quebrada, lo cual im plicaba su intervención para garantizar el servicio. Segœn se afirmó en la tutela, estas pruebas tambiØn demostraban las pØrdidas por el cerramiento de la plan ta y de inventarios que no fueron reconocidas por la aseguradora, los cambios de las presiones y averías de las tuberías y la necesidad de trabajar po r tres bocatomas diferentes. Por otra parte, sostuvo que en relación con las obras necesarias para la reparación de la planta sin interrumpir la prestació n del servicio (construcción de by pass o rutas alternas), tambiØn existían pruebas de su necesidad, como el documento denominado «Patología Estructural, AnÆlisis

reparación de la planta sin interrumpir la prestació n del servicio (construcción de by pass o rutas alternas), tambiØn existían pruebas de su necesidad, como el documento denominado «Patología Estructural, AnÆlisis y Cuantificación de la Afectación de Estructuras Planta d e Tratamiento de Aguazul», elaborado por el ingeniero John Jairo Castaæo, el cual no fue tenido en cuenta por la autoridad judicial accionada bajo una premisa errónea, esto es, que no se podía conceder una doble indemniz ación ya que estaba dirigido a cuantificar los daæos que cubriría la asegu radora, pues la demandante afirma que ese documento fue aportado pa ra demostrar que las reparaciones necesarias cubiertas por la aseguradora no se podían realizar ya que el esquema planteado implicaba la parÆlisis de l a planta y la suspensión del servicio de acueducto, por lo que se vio en la ne cesidad de contratar los servicios del ingeniero Gonzalo Morales para contrastar l as conclusiones de referido informe, de lo cual surgió la pretensión rel ativa a la construcción de rutas alternas para la reparación de la planta. TambiØn se indicó en este punto que los recursos aportados por la aseguradora se habían invertido parcialmente para no suspender el servicio. Respecto del œltimo medio de prueba mencionado, la parte actora aseguró que por sí mismo no servía de fundamento para solicitar la indemnización pero que se debía valorar de manera conjunta con todo el materi al probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 176 del CGP y, en especial, que se debió contrastar con el «Informe TØcnico Soluciones para el Proceso de

se debía valorar de manera conjunta con todo el materi al probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 176 del CGP y, en especial, que se debió contrastar con el «Informe TØcnico Soluciones para el Proceso de Reparación de la Planta Aguazul», rendido por el ingeniero Gonzalo Morales Duque, que contiene los esquemas grÆficos de las obra s complementarias y de transición necesaria para la reparación de la planta en 5 planos diferentes. Se planteó que esta conclusión se reafirmó con el informe de la junta directiva de A CUASEO, como anexo del acta de la asamblea del mes de marzo de 2013 elaborado por el ingeniero Roberto Parra, así como con el dictamen pericial rendido por el ingeniero Mario JimØnez y los testimonios de Yeison Felipe Cardona Toro y Gonzalo AndrØs Mora les. Manifestó que en el proceso se acreditó la construcción de un tanque como parte de las obras necesarias para la reparación de l a planta, pero que en la segunda instancia se desestimó esta obra por no est ar demostrado que se trataba de una labor derivada del incidente ocurrido o a mejoras periódicas, lo cual no comparte la actora, al indicar que esta des tinación se lograba corroborar con el dictamen pericial, los estudios tØcnicos allegados y los testimonios recibidos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Sobre las sumas invertidas en la atención de la emergenci a y el restablecimiento del servicio que no fueron reconocidas por la aseguradora ni por la demandada , se precisó que se encontraban acreditadas con la relación de facturas incluida en el dictamen pericial, así como con la lista valorizada del inventario afectad o por el siniestro, lo cual fue descartado por el ad quem sin motivación alguna. Concluyó ACUASEO que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuen ta una serie de documentos privados que, conforme el artículo 260 del CGP tienen el mismo alcance probatorio de los documentos pœblicos , de los cuales se evidenciaba la necesidad de emprender reparaciones y obras necesarias para dejar la planta de tratamiento en condiciones similar es a las que tenían antes del siniestro. 3.2.1. Defecto fÆctico “por exceso ritual manifiesto ” para desestimar la prueba testimonial practicada . La accionante indicó que con la sentencia cuestionada se produjo un desconocimiento del valor probatorio, así como de la contundencia, pertinencia, coherencia, conocimien to tØcnico y experticia de los testimonios de Yeison Felipe Cardona Toro y Gonzalo AndrØs Morales Duque, los cuales conocieron directamente lo ocurrido en e l incidente y participaron en los estudios tØcnicos y soluciones d e reparación. En cuanto al testimonio de Luz Enith Hurtado Aguirre, la parte actora seæaló que la autoridad judicial accionada concluyó que ex istía una contradicción entre la exposición general de la testigo y las res puestas a las preguntas

En cuanto al testimonio de Luz Enith Hurtado Aguirre, la parte actora seæaló que la autoridad judicial accionada concluyó que ex istía una contradicción entre la exposición general de la testigo y las res puestas a las preguntas formuladas por Ecopetrol sobre las obras efectuadas o pendientes por realizarse, lo cual catalogó ACUASEO como un error. Citó apartes de los hechos de la demanda ordinaria relacionados con la inversión parcial de los recursos pagados por la aseguradora para no suspender la prestación del servicio, para resaltar que no existía falta de contundencia en lo d eclarado, en tanto que se refería al objeto de la reclamación en sede judicial, limitada a lo que estaba pendiente por realizarse, lo cual se podía constatar con el resto de los testimonios practicados, los documentos allegados, e l dictamen pericial y con una inspección judicial si esta no se hubiese negad o. Se cuestionaron los argumentos del Consejo de Estado pa ra desestimar el testimonio de Yeison Felipe Cardona Toro , ingeniero que laboró en ACUASEO como director tØcnico y asesor, porque a pesar de reco nocer la precisión del relato sobre las condiciones de las boc atomas así como la evaluación interna realizada por la empresa de servici os pœblicos frente a las alternativas de reparación, el a quem sostuvo que la declaración carecía de contundencia en cuanto a juicios de carÆcter tØcnico sobre los conceptos de los ingenieros Gómez y Morales, porque el medio prob atorio no se decretó como un testimonio tØcnico ni como un dictamen peric ial, por lo que determinó que el testigo no estaba habilitado para emitir conc eptos con esas calidades.

los ingenieros Gómez y Morales, porque el medio prob atorio no se decretó como un testimonio tØcnico ni como un dictamen peric ial, por lo que determinó que el testigo no estaba habilitado para emitir conc eptos con esas calidades. Al respecto, se expuso que la referida prueba cumpli ó con lo previsto en el artículo 212 del CGP, al enunciarse el objeto del medi o probatorio y tambiØn con lo dispuesto en el artículo 220 del mismo estatu to. Concluyó que la categoría de testimonio tØcnico no existía en el Cód igo General del Proceso, e indicó por tratarse de un ingeniero civil que laboró en la empresa afectada, se encontraba habilitado para emitir conceptos tØcni cos respecto de otros documentos obrantes en el plenario, debido a que la n orma permitía las preguntas encaminadas a provocar conceptos del decla rante cuando este fuese una persona especialmente calificada por sus co nocimientos tØcnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Aunado a lo expuesto, se planteó que, incluso si se aceptara lo afirmado por la autoridad judicial accionada, el testimonio tambi Øn contenía elementos queRadicado: 11001-03-15-000-2025-06354-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 no se desvirtuaron respecto de las obras sobrevinientes y de mitigación del riesgo, sin referirse a los documentos sobre los cual es, supuestamente, el

www.consejodeestado.gov.co 7 no se desvirtuaron respecto de las obras sobrevinientes y de mitigación del riesgo, sin referirse a los documentos sobre los cual es, supuestamente, el testigo no podía referirse, por lo que insiste que, frente a este punto se produjo un exceso ritual manifiesto y un desconocimiento de la norma de procedimiento civil. Sobre el testimonio de Gonzalo AndrØs Morales Duque , ingeniero civil y asesor externo de A CUASEO, la parte actora seæaló que la autoridad judicial accionada no le otorgó valor probatorio al considera r que el objeto de la declaración era reiterar la propuesta alterna de reparaci ón de la planta, contenida en el informe tØcnico que elaboró este prof esional, sin formular manifestaciones en cuanto a hechos concretos que le constaran de primera mano y porque el referido informe no fue tramitado en el proceso bajo las reglas de la prueba pericial. La accionante cuestionó esta conclusión porque el te stigo fue llamado a declarar precisamente para que reconociera el trabajo h echo por Øl mismo como profesional y para que explicara el contenido y alcance de ese documento, que se elaboró despuØs de examinar directa mente tanto la planta como el resultado de otro estudio tØcnico sobre las soluciones de reparación, por lo que, a su juicio, sí se refirió a hechos que le constaron de primera mano. Adicionalmente, afirmó que esta era una prueba previ a en su poder que se allegó al proceso y del cual se le dio traslado a la contraparte, que no lo tachó como falso, por lo que no podía desconocerse su conte nido y alcance, bajo el entendido de que no se pidió como dictamen pericial, en tanto que solo fue un

como falso, por lo que no podía desconocerse su conte nido y alcance, bajo el entendido de que no se pidió como dictamen pericial, en tanto que solo fue un insumo para su elaboración. De manera conclusiva, la parte actora expuso que el Consejo de Estado se contradijo porque reconoció que los testimonios practicados eran consistentes y coherentes sobre las condiciones en las que quedó l a planta y la necesidad de algunas obras pero, a renglón seguido, indicó que no resultaban suficientes esos dichos para acreditar de forma cierta cuÆles elem entos de la planta efectivamente se daæaron y quØ obras se llevaron a c abo producto del siniestro, pasando por alto tambiØn las pruebas docume ntales aportadas al proceso, las cuales, en concepto de la accionante, n o se analizaron en su conjunto, aunado al hecho de que en el trÆmite de l a primera instancia se adoptaron decisiones que no fueron apelables y que l imitaron la capacidad probatoria que echó de menos el ad quem, como la negativa de la inspección judicial solicitada y la restricción para recepcionar siete testimonios adicionales. Para la parte actora, la autoridad judici al impuso requisitos no contemplados en la ley para la petición y prÆctica de pruebas y una tarifa legal inexistente en la normativa procesal. Finalmente, frente a este cargo, se planteó que exist ía una imposibilidad de realizar las reparaciones bajo la modalidad prevista en el estudio de patología, dado que este solo tuvo en cuenta la reparación fís ica, sin contemplar la funcionalidad y la continuidad en la prestación del servicio, de lo cual se dejó constancia en el informe presentado por la gerencia, que se allegó al proceso,

dado que este solo tuvo en cuenta la reparación fís ica, sin contemplar la funcionalidad y la continuidad en la prestación del servicio, de lo cual se dejó constancia en el informe presentado por la gerencia, que se allegó al proceso, y que se ratificó con las declaraciones de los miembros de la junta directiva de la compaæía de ese entonces, los cuales tambiØn fue ron limitados. 3.2.2. Error fÆctico por exceso ritual manifiesto al desesti mar las pruebas que se soportan en datos obtenidos de la parte demandante . La parte actora argumentó que el dictamen pericial allegado al proceso se soportó en presupuestos detallados por cantidades de obra, precio s unitarios y precios globales, para arrojar el monto de la reclamación, est o con los datos que la misma empresa demandante determinó, como conocedora de los daæos y de las necesidades de reparación de su planta, pero que fueron avalados por losRadic