CE - Sentencia 11001031500020250637100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06371-00

Accionante: Laura María del Socoro Castaño Morales

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06371-00

Accionante: Laura María del Socorro Castaño Morales

Accionado: Tribunal Administrativo del Huila Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Laura María del Socorro Castaño Morales en contra del Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Laura María del Socorro Castaño Morales, por intermedio de apoderada judicial 1, presentó escrito de tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela efectiva y al principio de favorabilidad 2, que consideró vulnerado s por el Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión del fallo del 19 de agosto de 2025 que negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión del fallo del 19 de agosto de 2025 que negó las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 41001-33-33-005-2024-00272-00/02.

2. Hechos

La causa petendi del escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. La accionante afirmó que ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 1B del escalafón, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

2.2. El 26 de enero de 2024, la aquí accionante solicitó al departamento del Huila y a l Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de las diferencias salariales

1 Poder conferido a la abogada Carol Tatiana Quiza Galindo. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 76017199A00B2DFC 49FD6D2EAC248BDE 12BF24495F25722F C02DDB6035F2F2AB. 2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 76017199A00B2DFC 49FD6D2EAC248BDE 12BF24495F25722F

C02DDB6035F2F2AB.0000

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y prestacionales causadas en los 3 años anteriores a la reclamación administrativa, con ocasión a la diferencia en los incrementos salariales entre los escalafones 1A y 1B decretados para los años 2008 y 2009. Petición que fue despachada de manera

ocasión a la diferencia en los incrementos salariales entre los escalafones 1A y 1B decretados para los años 2008 y 2009. Petición que fue despachada de manera desfavorable a través de Oficio 2024-EE-052891 del 27 de febrero de 2024.

2.3. Por lo anterior , la señora Laura María del Socorro Castaño presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se accediera a las siguientes pretensiones:

“Que se inaplique por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los que se expidan con posterioridad a la presentación de la demanda, en relación con la asignación salarial de los docentes ubicados en la categoría 1B, también que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) El Oficio N° 2024-EE-052891 expedido por la NaciónMinisterio de Educación y (ii) el acto ficto producto de la petición presentada el 26 de enero de 2024 ante el departamento del Huila, que negó “el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en el escalafón docente 1A, con ocasión que fue realizado un incremento del 14,11%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando a la categoría del escalafón 1B fue del 10,23% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 1A del escalafón docente, que fue un

10,23% en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a la categoría 1A del escalafón docente, que fue un incrementos del 15,61%, por medio de los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 1B del mismo escalafón, le fue realizado un incrementos del 12,11% para su salario en el año 2009”.

A título de restablecimiento del derecho, pretendió se condene al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas en los tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa, y las que se lleguen a causar en el futuro, con ocasión a la diferencia en el aludido incremento salarial entre los escalafones 1A y 1B –al que pertenece la demandante –. Ello, de manera indexada, y con reconocimiento de intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia que acceda a lo depr ecado. Finalmente, solicitó se condene en costas a las demandadas”3.

2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, bajo el radicado número 41001-33-33-005-2024-00272-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 30 de abril de 2025 declaró no probadas las excepciones mixtas de falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad propuestas por las demandadas, probadas las excepciones formuladas por la Nación Ministerio de Educación Nacional denominadas i) inexistencia de los presupuestos legales necesarios para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 284 de 2024, ii)

demandadas, probadas las excepciones formuladas por la Nación Ministerio de Educación Nacional denominadas i) inexistencia de los presupuestos legales necesarios para la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 284 de 2024, ii) legalidad de los incrementos salariales otorgados en los años 2008 y 2009, iii) abuso del derecho, iv) legalidad del gasto público, v) improcedencia del principio de favorabilidad y, vi) presunción de legalidad de los actos administrativos. Asimismo, declaró probada la excepción propuesta por el departamento del Huila, r especto a la legalidad del acto acusado; seguidamente declaró la configuración del acto ficto demandado; y denegó las pretensiones.

3 Índice 00015 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 41001-33-33-005-202400272-02, certificado 55FA9633990B5DBB B3E0063080036671 AD8B5F332BB2142C 71BB5BD07992156F.0000

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Explicó que, los vicios invocados no se configuraron, pues el Gobierno Nacional en los años 2008 y 2009 profirió los decretos que modificaron la remuneración de los docentes en los distintos grados y niveles salariales (el escalafón docente se divide en los grados 1, 2 y 3, cada grado con los niveles salariales A, B, C y D), con atención a los elementos diferenciadores basados en el carácter profesional, idoneidad, competencias,

1, 2 y 3, cada grado con los niveles salariales A, B, C y D), con atención a los elementos diferenciadores basados en el carácter profesional, idoneidad, competencias, permanencia en el servicio y ascenso, previstos en los artículos 1, 16 a 21, 23 , 46, 47 y 49 del Decreto 1278 de 2002.

Sostuvo que no se transgredían los principios de igualdad y progresividad, pues con el Decreto 1278 de 2002 se buscó que el salario de ingreso a la carrera docente fuera superior al de los educadores regidos por el Decreto 2277 de 1979 y ello se reflejó en las escalas salariales previstas para los años 2008 y 2009, sin que el salario de los docentes deba ser igual para todos, ya que depende del escalafón y nivel en el que se encuentre el educador, por ello, no hay lugar a predicar una desigualdad salarial n i un trato discriminatorio como lo hace la demanda.

Indicó que la actora no precisó las leyes que deben aplicarse prevalentemente en virtud del principio de favorabilidad y su incidencia en el incremento salarial, tampoco efectuó una comparación entre las funciones de los cargos 1A y 1B que permitiera su equiparación salarial para los años 2008 y 2009, precisamente porque el Decreto 1275 de 2002 estableció un esquema de aumentos salariales escalafonados que no puede equipararse a un simple incremento salaria l e impide un trato igualitario a todos los docentes.

Adicionalmente, destacó que la demandante mediante la Resolución No. 197 del 30 de enero de 2007 fue inscrita en el grado 1, nivel salarial A, del escalafón docente y con la

docentes.

Adicionalmente, destacó que la demandante mediante la Resolución No. 197 del 30 de enero de 2007 fue inscrita en el grado 1, nivel salarial A, del escalafón docente y con la Resolución 4968 de 2016 fue reubicada en el nivel salarial B; lo cual refuerza la negativa de las pretensiones, dado que para los años 2008 y 2009 no se encontraba en el escalafón 1B como indica el libelo introductorio.

2.5. Inconformes con lo decidido, las partes presentaron recurso de apelación.

(i) La parte actora insistió que durante los años 2006 y 2007 se establecieron incrementos salariales porcentuales iguales para todos los grados del escalafón docente (Decreto 1278 de 2002), pues indistintamente del grado, los educadores cumplen las mismas funciones, por lo que deben ser remunerados sin distinción en virtud de los principios de igualdad y de remuneración proporcional al trabajo de igual valor.

Advirtió que, el tratamiento uniforme fue modificado para los años 2008 y 2009, al establecerse incrementos salariales porcentuales diferenciados entre las categorías 1A y 1B (a la que pertenece), otorgándose menores salarios a docentes ubicados en un mayor grado (1B) frente a los educadores de inferior categoría (1A), quienes poseen menos preparación y experiencia, pese a lo cual les asignaron un mayor incremento salarial, sin justificación técnica y desconociendo las normas invocadas en la demanda, lo que se0000

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traduce en afectación de los principios del mérito, progresividad y 12 “correspondencia entre cualificación profesional y remuneración” (art. 19 Decreto Ley 1278 de 2002).

Como apoyo a su tesis allegó la sentencia del 25 de marzo de 2025 proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín dentro del radicado 05001 -33-33-0232024-00171-00, en la cual indica que se resolvió un caso similar, y se arribó a las siguientes conclusiones aplicables al presente asunto: i) los incrementos salariales diferenciados de los docentes para los años 2008 y 2009 se traducen en un trato discriminatorio injustificado y ii) violación del principio de la igualdad, iii) los incrementos salariales deficitarios advertidos afectaron la base salarial de los años siguientes y iv) la competencia del gobierno nacional y los entes territoriales para fijar escalas salariales es clara y no están en discusión, pero si se realizan incrementos diferen ciados ello debe obedecer a criterios técnicos y justificativos, lo cual no se acreditó.

De otra parte, señaló que para los años 2008, 2009 y 2011 en que se dieron los incrementos salariales desiguales, el escalafón docente no contaba con el nivel de ocupación y consolidación que tiene en la actualidad, lo cual imposibilitó que para la época se reclamaran las diferencias objeto de la presente controversia.

(ii) La Nación-Ministerio de Educación Nacional apeló la sentencia de primera instancia y

ocupación y consolidación que tiene en la actualidad, lo cual imposibilitó que para la época se reclamaran las diferencias objeto de la presente controversia.

(ii) La Nación-Ministerio de Educación Nacional apeló la sentencia de primera instancia y solicitó la revocatoria del numeral quinto y, que en su lugar, se condene a la demandante a pagar las agencias en derecho, para lo cual señaló que, la entidad contrató diferentes firmas de abogados para atender las más de diez mil demandas presentadas sobre el presente asunto y al denegarse las pretensiones, corresponde condenar en costas a la parte actora atendiendo al criterio objetivo valorativo.

2.6. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19 de agosto de 2025, confirmó la decisión impugnada por las mismas razones. Agregó que, no era de recibo el argumento de la alzada referente a que todos los educadores cumplen las mismas funciones y por ello, deben ser remunerados sin distinción, pues justamente, uno de los objetivos del nuevo régimen de carrera (Decreto Ley 1278 de 2002), fue esta blecer un escalafón docente, el cual consiste en la clasificación de dichos servidores atendiendo a sus variadas responsabilidades (dependiendo si es del nivel preescolar, p rimaria, secundaria o directivo y del área del conocimiento en que se ubique), desempeño, competencias, formación académica y experiencia, siendo la ubicación en dicho escalafón el insumo para determinar un salario diferencial de los educadores, sin que el mismo deba ser igual para todos los maestros, como equivocadamente entiende la parte actora.

En cuanto a la condena en costas, sostuvo que se confirmaba también el numeral quinto,

mismo deba ser igual para todos los maestros, como equivocadamente entiende la parte actora.

En cuanto a la condena en costas, sostuvo que se confirmaba también el numeral quinto, en la medida en que a pesar de que la demandante resultó vencida, lo cierto era que no existía prueba que acreditara que la demanda se presentó con carencia de fundamento legal.

2.7. Dentro de la ejecutoria del fallo, el ministerio presentó solicitud de aclaración y adición de sentencia porque consideró que generaba duda la forma en que el tribunal ponderó la0000

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manifiesta carencia de fundamento legal, pues tal expresión remitía a una valoración objetiva del éxito de la pretensión, mas no al análisis de la conducta de la parte vencida. En consecuencia, sostuvo que debía reconocerse las costas y agencias en derecho.

A través de providencia del 16 de septiembre de 2025 el ad quem negó la solicitud bajo el argumento de que no existía frase o concepto que generara duda o contradicción, contenido en la parte resolutiva, pues en la providencia se dejó claro que, en atención al actual criterio objetivo – valorativo, para condenar en costas se deb ía establecer si la demanda fue presentada con “manifiesta carencia de fundamento legal”; tesis adoptada de manera pacífica por esa Corporación.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela efectiva

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela efectiva y al principio de favorabilidad . Pidió que se ordene al Tribunal Administrativo del Huila dejar sin efecto la sentencia del 19 de agosto de 2025, emitida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 41001 -33-33-005-2024-00272-02 y, en consecuencia, emitir decisión de reemplazo en los términos deprecados en la presente acción.

Señaló que las decisiones incurrieron en los siguientes defectos:

(i) Defecto s ustantivo porque la autoridad judicial accionada no logró articular su línea interpretativa con las particularidades del caso concreto, es decir, no ofreció una justificación clara y su ficiente que explique por qué, a pesar de encontrarse la demandante en una categoría superior del escalafón, grado 1 nivel B, se le reconoció un aumento inferior al otorgado a un docente ubicado en un nivel más bajo. Aunado a lo anterior, afirm ó que el tribunal erró al no proporcionar una motivación suficiente y razonable que permitiera comprender como esa diferencia podría considerarse conforme con el principio de igualdad material y la equidad retributiva que rige el servicio público docente.

(ii) Defecto fáctico debido a que el tribunal realizó “una indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón , como es el caso del escalafón 1 A, en comparación con el

respecto del debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón , como es el caso del escalafón 1 A, en comparación con el accionante, quien se encontraba en la categoría 1B, respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Ello por cuanto no se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa, por lo que, sino se tomó en cuenta la Ley 1278 de 2002, la cual reconoce la proporcionalidad salarial en función de la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el educador, resulta imperativo cuestionar que aspectos válidos y concretos incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente, ni la sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera una0000

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profunda incertidumbre sobre la legitimidad y justificación de la decisión administrativa que avaló este incremento salarial desigual” 4.

Nuevamente citó la sentencia del 25 de marzo del 2025 emitida por el Juzgado Veintitrés Administrativo de l Circuito de Medellín dentro del radicado 05001 -33-33-023-202400171-00, en la cual indica se resolvió un caso similar y se resolvieron de manera favorable las pretensiones de la demanda.

4. Trámite de tutela e intervenciones

00171-00, en la cual indica se resolvió un caso similar y se resolvieron de manera favorable las pretensiones de la demanda.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 10 de octubre de 20255 admitió la acción de tutela; vinculó como tercero con interés al Juzgado Quinto administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación-Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG y al departamento del Huila. ; ofició a las autoridades accionadas para que remitieran el expediente objeto de la solicitud de amparo; además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Ministerio de Educación Nacional 6 solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no supera el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que no demostró una vulneración a las garantías constitucionales, aunado a que la controversia era de naturaleza económica.

Por otra parte, deprecó ser desvinculado del presente trámite, toda vez que carecía de legitimación en la casusa por pasiva, en la medida en que no era el llamado a responder la pretensión elevada por la parte actora, pues esta era del resorte de las autor idades judiciales cuestionadas.

4.2. El Tribunal Administrativo del Huila7 pidió negar las pretensiones de amparo, dado que el argumento central de la parte actora implica la reiteración de las pretensiones del proceso, aunado a que, dentro de la providencia atacada, no se observa la vulneración

que el argumento central de la parte actora implica la reiteración de las pretensiones del proceso, aunado a que, dentro de la providencia atacada, no se observa la vulneración de algún derecho fundamental y no se configuran los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

4.3. El departamento del Huila 8 solicitó que se declare la improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por pasiva. Expuso que no existía acción u omisión imputable al departamento, pues carece esta entidad territorial de aptitud legal y constitucional para responder las afectaciones que alude la solicitante.

4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 76017199A00B2DFC 49FD6D2EAC248BDE 12BF24495F25722F C02DDB6035F2F2AB. 5 Índice 00005 en el aplicativo SAMAI, certificado 533A228358D7DC6F EF2E7915CDC72C2A CD01CE9F052038B7 539E5E9D9A08338F. 6 Índice 00013 en el aplicativo SAMAI, certificado 2C9777EE3C653FF6 D64A408D03C84EF9 CB7D456AE86169B3 510105481FACF567. 7 Índice 000 16 en el aplicativo SAMAI, certificado 7119A96A177AE254 D8A0892A63713DB1 84C13F68A388D299 0EEF61F687EF4184. 8 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado 3BAC62385EF2928A 6793030CF68733C0 01F574E2D5A12D19

2EE62A3C04774135.0000

8 Índice 00018 en el aplicativo SAMAI, certificado 3BAC62385EF2928A 6793030CF68733C0 01F574E2D5A12D19

2EE62A3C04774135.0000

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4.4. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Laura María del Socorro Castaño Morales es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con radicado núm. 41001-33-33-005-202400272-00/02.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque Tribunal Administrativo del Huila fue la autoridad que profirió la decisión que, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 20059 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.0000

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habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11. Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es

habilitan la interposición de la tutela 10 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11. Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que gara ntiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción d e tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.

tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la

10 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta t enga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la

alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

preferente la aplicación de sus postulados. 11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.0000

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controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramen