CE - Sentencia 11001031500020250637300 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mi l veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06373-00 Demandante DIANA MAR˝A TABORDA MONTAÑO Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por reconocimiento y pago tardío de las cesantías. Docente oficial. Conteo de tØrmin o de notificación y ejecutoria. Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012 -2018 del 18 de julio de 2018. Hipótesis del acto escrito que reconoce cesantías. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera inst ancia, la acción de tutela instaurada por la seæora Diana María Taborda Montaæo, quien actœa a travØs de apoderado judicial de conformidad con lo dispuesto e n los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 9 de octubre de 2025 1, la seæora Diana María Taborda Montaæo, actuando a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de tu tela contra el Tribunal

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 9 de octubre de 2025 1, la seæora Diana María Taborda Montaæo, actuando a travØs de apoderado judicial, interpuso acción de tu tela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, y a la «tutela judicial efectiva» al haber dictado la sentencia del 8 de abril de 2025, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, en la cual se negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-028-2022-00541-00/01.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretens iones2: «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia del 8 de abril de 2025, dentro del medio de control identificado con radicado No. 05001-3333-028-2022-00541-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDI CIAL EFECTIVA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL y PRINCIPIO PRO HOMINE de la seæora DIANA MAR˝A TABORDA MONTAÑO , al adoptar una decisión cuyas motivaciones se apartan de los parÆmetros de la sana críti ca que rigen la actividad de valoración probatoria del juez, así como del marco normativo aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a l TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el

valoración probatoria del juez, así como del marco normativo aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a l TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicia l que garantice (i) un anÆlisis

1 Samai, índice 1 y 2. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

Demandante: Diana María Taborda Montaæo

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fÆctica de la accionante Diana María Taborda M ontaæo y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las compe tencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.» (Sic a toda la cita).

2. Hechos De la revisión del expediente se advierten como hec hos relevantes los siguientes: 2.1. El 25 de septiembre de 2020, la seæora Diana Mar ía Taborda Montaæo, en su calidad de docente oficial, solicitó el reconocimien to y pago de cesantías parciales para reparación de vivienda. 2.2. El 2 de octubre de 2020, la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín dictó la resolución 202050057897, mediante la cual reconoció y ordenó el pago

parciales para reparación de vivienda. 2.2. El 2 de octubre de 2020, la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín dictó la resolución 202050057897, mediante la cual reconoció y ordenó el pago $26.556.158 por concepto de liquidación parcial de ce santías para reparación locativa de vivienda, cuyo pago se hizo el 28 de di ciembre de 2020 por consignación bancaria. 2.3. El 2 de agosto de 2021, la accionante presentó reclamación administrativa ante la Nación, Ministerio de Educación Nacional, F ondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Distrito de Medellín para que se reconociera el pago de la sanción moratoria por el reta rdo en el desembolso de las cesantías parciales, sin embargo, no existió respuesta en el asunto. 2.4. En el aæo 2022, la seæora Diana María Taborda Mont aæo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y resta blecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del acto ficto o presunto configurado el 2 de noviembre de 2021 por la falta de respuesta a la petición elevada el 2 de ago sto de 2021. 2.5. El Juzgado Veintiocho Administrativo de Oralida d del Circuito de Medellín conoció en primera instancia el asunto, bajo el radi cado 05001-33-33-0282022-00541-00. Mediante sentencia proferida el 18 de diciembre de 2023,

conoció en primera instancia el asunto, bajo el radi cado 05001-33-33-0282022-00541-00. Mediante sentencia proferida el 18 de diciembre de 2023, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad tenía 70 días para pagar, estos distr ibuidos de la siguiente manera: 15 días para emitir la resolución respectiva, 45 días para realizar el pago (contabilizado a partir de la ejecutoria de la resolución), y 10 días que se tenía para recurrir el acto conforme al artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. Por lo que, el plazo de los 70 días vencía el 12 de enero de 2021, es decir luego del pago de las cesantías reconocidas (28 de diciembre de 2020). La anterior providencia fue apelada por la parte dema ndante. 2.6. Mediante sentencia del 8 de abril de 2025, el T ribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, confirmó la decisión al argumentar que la notificación de la resolución 202050057897 del 2 de octubre de 2020 fue realizada por vía electrónica, por lo que conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 la sanció n moratoria empezaría a correr pasados 55 días hÆbiles siguientes a la fech a de su notificación. Luego el tØrmino de ejecutoria se computa a partir del dí a siguiente en el que laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

Demandante: Diana María Taborda Montaæo

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entidad certifique el acceso del peticionario al con tenido íntegro del acto, certificado que no obra en el expediente, por ello so lo en el evento en que la parte demandante haya renunciado expresamente a los tØ rminos de notificación y ejecutoria de tal acto, empezaría a correr la sanción moratoria despuØs de los 45 días siguientes a su renuncia. Lue go el conteo de los 55 días debe aplicarse cuando «el actor(a) acredita haber renunciado a los tØrminos de notificación y ejecutoria (recursos) de este acto, desde el mismo momento en que solicitó las cesantías.», por lo que al no obrar en el expediente constancia que indicara que la demandante hizo esa renuncia (mÆs allÆ de desistir de interponer los recursos una vez se le notificó la resolución) se entendería que no es posible acceder a los planteamientos de la parte demandante y se debía con firmar la decisión del juzgado.

3. Fundamentos de la acción La parte actora argumentó que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) esta acción tiene relevancia constitucional dado qu e se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia al incurrir en una incongruencia entre las pruebas allegadas al proceso y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia (defecto fÆctico),

derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia al incurrir en una incongruencia entre las pruebas allegadas al proceso y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia (defecto fÆctico), específicamente al afirmar que no se demostró la renuncia de tØrminos por parte de la demandante al momento de la notificación personal del acto administrativo que reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales; (ii) se agotaron todos los recursos disponibles pues «formuló el recurso de apelación contra la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda»; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez ya que no se superó «el tØrmino de los seis meses siguientes al día de la n otificación de la providencia cuestionada (9 de abril de 2025)»; y (vi) precisó que la providencia discutida no es la dictada dentro del trÆmite de una acción de tutela. Respecto a los defectos especiales afirmó que la aut oridad accionada al dictar el fallo de segunda instancia incurrió en un defecto fÆctico , como pasa a explicarse. Defecto fÆctico: Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia erró en la valoración probatoria que realizó, pues esa autoridad aseguró que no se demostró que la demandante hubiera renunciado a los tØrminos a l momento de la notificación personal del acto administrativo que reconoció y ord enó el pago de las cesantías parciales, por lo que no tuvo en cuenta que el 8 de octubre de 2020 la seæora Taborda Montaæo autorizó a la entidad territorial la n otificación por vía electrónica y ese mismo día se le notificó el acto administrativo de reconocimiento de cesantías

Taborda Montaæo autorizó a la entidad territorial la n otificación por vía electrónica y ese mismo día se le notificó el acto administrativo de reconocimiento de cesantías en donde le pidieron a la demandante que confirmara l a recepción del correo y manifestara si desistía o no de interponer el recurso, frente a lo cual la demandante «desistió de interponer el recurso de reposición contra l a Resolución No. 202050057897 del 2 de octubre de 2020, razón por la cual la decisión administrativa adquirió firmeza a partir del día siguiente a su notificación (8 de octubre de 2021)». De ahí que, no era procedente contabilizar los 10 días de ejecutoria como erróneamente consideró el tribunal. Como fundamento de su argumento indicó que la prueba obra en el exp ediente, archivo: «“009.4

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS”».

Destacó que el tribunal debió haber dictado el fallo teniendo en cuenta que: (i) la solicitud de las cesantías se realizó el 25 de sept iembre de 2020; (ii) la fecha de la expedición del acto administrativo fue «el 1.” de octubre del mismo aæo»; (iii) la renunciaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

Demandante: Diana María Taborda Montaæo

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a tØrminos se dio el 8 de octubre de 2020; y (iv) la fecha del desembolso de los recursos por parte de la Fiduprevisora fue el 28 de dicie mbre de 2020.

www.consejodeestado.gov.co a tØrminos se dio el 8 de octubre de 2020; y (iv) la fecha del desembolso de los recursos por parte de la Fiduprevisora fue el 28 de dicie mbre de 2020. Seæaló que el 8 de octubre de 2020 el Distrito de Med ellín, a travØs del correo electrónico, por el cual dio a conocer el contenido de la resolución, informó que: «si desistía de interponer recursos, son 45 días hÆbiles a p artir de la notificación para el pago; pero deben estar preguntando en el BBVA sede Parque Berrí o en un mes calendario para evitar la devolución del dinero por parte de la entidad financi era.». Lo que demostraría que el acto quedó en firme desde el día siguiente de la notifica ción de la aceptación del desistimiento de los recursos, conforme al numeral 4° del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. Luego no es aceptable desconocer la renuncia a tØrmi nos que expresamente informó la docente, pues esa manifestación conlleva ba a no hacer uso del plazo procesal que tenía para ejercer su derecho de defensa y contradicción (10 días), lo que generaría que se diera la firmeza del acto administrativo notificado y que a partir del 9 de octubre de 2020 se computaran los 45 días para determinar si existió mora en el trÆmite de las cesantías.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. En providencia del 16 de octubre de 2025 3, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por la seæora Diana Marí a Taborda Montaæo, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

4.1. En providencia del 16 de octubre de 2025 3, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por la seæora Diana Marí a Taborda Montaæo, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Vinculó en calidad de terceros con interØs a la Naci ón, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisteri o, al Distrito de Medellín, al Ministerio Pœblico, a la Agencia Naciona l de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín; ofició al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circui to Judicial de Medellín para que remitiera en medio digital copia del expedie nte 05001-33-33-0282022-00541-00/01; se reconoció personería al apoderado de la part e accionante; y se ordenó efectuar las notificaciones c orrespondientes. 4.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Medellín 4 manifestó que en ese juzgado se tramitó la demanda presentada por la seæora Diana María Taborda Montaæo contra la Nación, Ministerio de Educa ción Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Es pecial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, proceso al que se le asignó el radicado 05001-33-33-028-2022-00541-00. Indicó que el 18 de diciembre de 2023 dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda, al consi derar que la parte demandada efectuó el pago de las cesantías parciales dentro del tØrmino legal

Indicó que el 18 de diciembre de 2023 dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda, al consi derar que la parte demandada efectuó el pago de las cesantías parciales dentro del tØrmino legal de los 70 días hÆbiles, motivo por el cual no se con figuró la mora que da lugar a la sanción por pago extemporÆneo de cesantías. Esta decisión fue apelada por la parte demandante. Seæaló que, con sentencia del 8 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la deci sión del juzgado. Seæaló que las decisiones que se adoptaron en el trÆm ite del proceso se dictaron con fundamento en las normas vigentes, por lo que no se vulneraron

3 Samai, índice 5. 4 Samai, índice 9.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los derechos fundamentales de la actora. Como prueba adjuntó las piezas procesales del medio de control en una carpeta de Sha rePoint. 4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia 5, rindió informe en el que seæaló que esta acción de tutela es improcedente por carece r de relevancia constitucional, toda vez que se pretende utilizar co mo una instancia adicional para reabrir el proceso ordinario. Destacó que no act uó arbitrariamente ni se apartó de la normatividad aplicable o de la jurispruden cia vigente, como se

constitucional, toda vez que se pretende utilizar co mo una instancia adicional para reabrir el proceso ordinario. Destacó que no act uó arbitrariamente ni se apartó de la normatividad aplicable o de la jurispruden cia vigente, como se evidencia en la providencia cuestionada. Indicó que en caso de que se realizara un estudio de fondo, se debía tener en cuenta los fundamentos planteados en la sentencia d el 8 de abril de 2025, en la cual se aplicó la sentencia de unificación del Consejo de Estado y se valoró el acervo probatorio aportado, para ello transcribió ap artes de la sentencia de segunda instancia. Explicó que si bien la parte demandante sostuvo que el plazo comenzó a correr al día siguiente de la notificación del acto admini strativo que reconoció las cesantías, respecto del cual desistió de interponer recursos. Lo cierto era que, la notificación del acto se dio por medios electrónico «sin que conste la certificación exigida por el artículo 56 del CPACA», por lo que, frente a ese evento la sentencia de unificación del Consejo de Estado (CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018) estableció que la sanción moratoria se causa despuØs de 55 días hÆbiles contados desde la notificación electrónica o 45 día s hÆbiles cuando el interesado haya renunciado expresamente a los tØrmino s de notificación y ejecutoria «lo cual no se acreditó en el proceso». Dijo que solo se probó que la demandante desistió d e interponer recursos contra la resolución que reconoció las cesantías una vez fue notificada por medio electrónico, sin que se aportara la constancia del mencionado artículo

Dijo que solo se probó que la demandante desistió d e interponer recursos contra la resolución que reconoció las cesantías una vez fue notificada por medio electrónico, sin que se aportara la constancia del mencionado artículo

56. Aæadió que tampoco se demostró que la actora hubi era «renunciado expresamente a los tØrminos de notificación y ejecutoria de la respectiva resolución, desde el momento en que solicitó las cesantías, de modo que no resulta jurídicamente correcto contabilizar los tØrminos para declarar la mora en el pago de las cesantías, como lo pretende».

Por lo que, consideró se contabilizó de forma adecuada pues fueron 15 días para expedir el acto administrativo, 10 días para la e jecutoria, y 45 días para el pago, lo que daba 70 días hÆbiles para pagarlas, c ontados a partir del día siguiente a la fecha en que la actora las solicitó. Resaltó que se confirmó la decisión de primera insta ncia porque «en el plenario no existe la certificación de la fecha en que se produjo la notificación electrónica del acto administrativo que reconoció las cesantías, conforme lo establece el artículo 56 Ibid.» y tampoco se demostró «que la actora hubiese renunciado expresamente y de fo rma conjunta a los tØrminos de notificación y ejecutoria de dicho acto, con miras a que los tØrminos para el respectivo pago iniciaran a correr al día siguiente de su notificación». Mencionó que la valoración probatoria fue adecuada, y destacó que se han presentado casos similares como: 11001-03-15-000-2025-05403-00 y 110 01-03-15-000-2024la valoración probatoria fue adecuada, y destacó que se han presentado casos similares como: 11001-03-15-000-2025-05403-00 y 110 01-03-15-000-202402973-00. Por œltimo, adjuntó el enlace de consulta del expediente. 4.4. El Ministerio de Educación6 manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva para emitir un pronunciamiento en el presente trÆmite de tutela, toda

5 Samai, índice 10 y 11. 6 Samai, índice 12 y 14.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

Demandante: Diana María Taborda Montaæo

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vez que, la controversia planteada recae sobre una prov idencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia d entro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-02 8-2022-00541-01. Dijo que del escrito de tutela no se desprende ninguna imputación de acción u omisión atribuible a este, que justifique su vinculación al trÆmite constitucional. AdemÆs, argumentó que no expidió la decisión judicia l cuestionada, ni ha desplegado actuación alguna que pueda configurar una vía de hecho judicial o vulneración de derechos fundamentales. Agregó que la discusión planteada tiene un carÆcter ec onómico y se enmarca en un conflicto entre particulares, lo que excede la competencia del juez constitucional por carecer de relevancia constituciona l. Por lo que, solicitó

Agregó que la discusión planteada tiene un carÆcter ec onómico y se enmarca en un conflicto entre particulares, lo que excede la competencia del juez constitucional por carecer de relevancia constituciona l. Por lo que, solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional respecto de dicho ministerio. 4.5. La Fiduprevisora SA. 7 sostuvo que, esta acción de tutela resulta improcedente pues la argumentación del accionante no es suficiente para fundamentar las causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Manifestó que carece de competencia legal para exped ir, modificar o revocar providencias judiciales. Por lo tanto, no le es posibl e acceder a las pretensiones de la parte accionante. Indicó que en el caso concreto, la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que la autoridad judicial accionada actuó dentr o del marco legal aplicable, garantizando el respeto del debido proceso. Por ende, no advierte la existencia de una vía de hecho ni de una actuación que haya de rivado en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte actora. Por consiguiente, no se justifica la procedencia del amparo constituc ional solicitado. 4.6. El Distrito de Medellín , el Ministerio Pœblico, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que se notificaron en debida forma 8, no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 9, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

7 Samai, índice 16. 8 Samai, índice 8. 9 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: «Toda persona tendrÆ acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamenta les, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amen azados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decr eto».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido u na serie de requisitos generales10 y especiales 11 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia co nstitucional 12 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción cont ra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimient o de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala debe s urtir un primer anÆlisis para establecer si la solicitud de amparo supera los requ isitos generales de procedibilidad.

De superar dicho examen, se estudiarÆ si el Tribunal Administrativo de Antioquia,

establecer si la solicitud de amparo supera los requ isitos generales de procedibilidad. De superar dicho examen, se estudiarÆ si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, incurrió en un defecto fÆctic o al proferir el fallo del 8 de abril de 2025, mediante el cual se confirmó la deci sión del Juzgado Veintiocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín q ue negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restabl ecimiento del derecho 0500133-33-028-2022-00541-00.

4. Sobre la acreditación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Frente a los requisitos generales de procedibilidad se estima pertinente indicar que este caso cumple a cabalidad con cada uno de ellos así: (i) reviste relevancia constitucional, ya que se invoca la afectación de l os derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de ju sticia de la accionante y, de encontrarse acreditados los cargos alegados por la part e actora estaríamos ante una genuina afectación de derechos fundamentales; se cumplió con la carga argumentativa de seæalar que, si existieran los errores que alega la parte actora, se

10 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provi dencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los m ecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance par a la protección de sus derechos fundamentales (subsidiar iedad);

indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los m ecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance par a la protección de sus derechos fundamentales (subsidiar iedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino pr udencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evide nte relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 11 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: i) defecto orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico , iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por erro r inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por descon ocimiento del precedente y viii) defecto por violación di recta de la Constitución. 12 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 d e 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06373-00

Demandante: Diana María Taborda Montaæo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estarían vulnerando sus garantías fundamentales reclam adas; y porque si bien las

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estarían vulnerando sus garantías fundamentales reclam adas; y porque si bien las sentencias de primera y segunda instancia coincidiero n en negar las pretensiones de la demandante, lo cierto es que las razones que ut ilizaron cada una de estas autoridades judiciales en sus fallos fueron distinta s, lo que denota que no se trata de una insistencia de la demandante frente a unas de cisiones que le fueron desfavorables, sino a planteamientos contra los argu mentos del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, al considerar que existe una indebida valoración del acervo probatorio que llevó a conclusiones erradas como desconocer la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, situaciones que inciden de manera directa en sus derechos fundam entales; (ii) contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extrao rdinario que permita la protección de los derechos que se estiman desconocidos; (iii) en el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y de los d efectos de los que la parte actora considera que adolece la providencia; (iv) no se advierte una irregularidad procesal que sea determinante; y (v) finalmente, se observa que la providencia cuestionada no corresponde a una decisión dictada en trÆmite de tutela.

5. Defecto fÆctico. AnÆlisis caso concreto 5.1. El defecto fÆctico es aquel vicio relacionado c on la prÆctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decis ión. En este sentido, se

5.1. El de