CE - Sentencia 11001031500020250637700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

Demandante: Sandra Piedad Serrano Mellizo y otra

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06377-00

Demandante: Sandra Piedad Serrano Mellizo y otra

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Tutela contra providencia judicial, reparación directa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta , en nombre propio, por Sandra Piedad Serrano Mellizo y Julieth Alejandra Aponte Serrano contra la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la indemnización de víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos e igualdad, a la verdad, como víctimas de desaparición forzada, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«PRIMERA.- AMPARAR a las suscritas nuestros derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la indemnización de víctimas de

fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«PRIMERA.- AMPARAR a las suscritas nuestros derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, a la tutela judicial efectiva y a la indemnización de víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos, vulnerados con el proferimiento (sic) de la providencia judicial aquí acusada.

SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dentro del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profiera nueva providencia confirmando la decisión de primer grado.»

ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos que dieron origen al medio de control

En el año 2007, el Batallón contra guerrillas nro. 57 puso en marcha la Misión Táctica nro. 010 MOISES, que tenía como fin la neutralización o captura de presuntos delincuentes que pretendían secuestrar al personal de ejecutivos de Inversiones Agrícola del Cauca, por lo que en coordinación con el Comandante de las AFEUR núm. 9 organizó el dispositivo de acuerdo a las condiciones geográficas del terreno, donde quedó un equipo de seguridad y apoyo, dos de cierre, y el personal orgánico del Batallón de Contraguerrillas nro. 57.

El 24 de marzo de 2007, 4 presuntos guerrilleros fueron dados de baja en un supuesto

enfrentamiento con tropas del Batallón de contraguerrillas núm. 57 en el sector de laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

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Hacienda agroindustrial El barranco del corregimiento La Ruiza del municipio de Pradera, en la vía que conduce a Palmira, entre los que figuraba el nombre del señor Eduardo Aponte Restrepo.

Se efectuó el levantamiento por parte del CTI Palmira con el Apoyo de la SIJIN, el cual inició a las 23:30 y terminó a las 06:15 a.m. del 25 de marzo de 2007, hasta escoltar los cadáveres a la morgue de Palmira.

El comandante de la Tercera División del Ejército Nacional emitió un comunicado en el que indicó que, las 4 personas abatidas eran integrantes de la comuna Gabriel Galvis de las Farc EP, que operaba en la Cordillera Central entre los límites de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que portaban armas de fuego, uniformes policiales y equipos de comunicación, que pretendían cometer un secuestro, que se dedicaban a extorsionar a los pobladores del municipio de Pradera.

Los familiares y sociedad civil presentaron denuncias por las inconsistencias entre el informe rendido por los oficiales de ejército y los resultados del forense . Como consecuencia, se inició investigación penal bajo el radicado 765636000183200700008 por parte de la Fiscalía 57 Especializada de la Unidad de

informe rendido por los oficiales de ejército y los resultados del forense . Como consecuencia, se inició investigación penal bajo el radicado 765636000183200700008 por parte de la Fiscalía 57 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín contra varios militares, entre ellos el militar Robinso n Javier González del Rio, quien para la época de los hechos era el comandante del Batallón de Contraguerrillas nro. 57.

El 5 de septiembre de 2017 , el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga condenó al ex militar Robinson Javier González del Rio por la muerte del señor Eduardo Aponte Restrepo (†).

De manera paralela se adelantó investigación disciplinaria ante la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos Humanos en contra de militares integrantes del Batallón de Contraguerrillas núm. 57 Mártires de Puerres y la agrupación Fuerzas Especiales núm. 9 (AFEUR), bajo la radicación 02-178808-2008, en donde se formuló pliego de cargos y compulsó copias mediante el auto del 30 de octubre de 2013 contra más de 20 integrantes de dichas unidades militares.

El comandante del Batallón de Contraguerrillas núm. 57, coronel ® Robinson Javier González del Río, en una entrevista para RCN anunció que era el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Valle del Cauca en 17 operaciones militares que arrojaron 27 muertos.

Además, e n el banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, el documento denominado Terror e Inseguridad, el libro «Colombia, deuda con la

que arrojaron 27 muertos.

Además, e n el banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, el documento denominado Terror e Inseguridad, el libro «Colombia, deuda con la Humanidad 2: 23 años de Falsos Positivos » del Cinep, aparece el nombre del causante Eduardo Aponte Restrepo; y también en el informe de Ejecuciones extrajudiciales 2007-2008 del observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia.

Medio de control de reparación directa

El 21 de marzo de 2017, Sandra Piedad Serrano Mellizo y Julieth Alejandra Aponte Serrano, actuando como compañera permanente e hija, respectivamente, del señor Eduardo Aponte Restrepo (†), promovieron medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en el que solicitaron el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado yRadicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

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futuro), e inmateriales (morales y reparación simbólica por la afectación a la memoria del difunto) y la condena en costas.

Lo anterior, al considerar que el asesinato del señor Eduardo Aponte Restrepo (†), acaecidos el 24 de marzo de 2007 en zona rural del municipio de Pradera, Valle del Cauca, en la finca El Barranco de la Hacienda Trinidad, ocurrió en circunstancias de

acaecidos el 24 de marzo de 2007 en zona rural del municipio de Pradera, Valle del Cauca, en la finca El Barranco de la Hacienda Trinidad, ocurrió en circunstancias de ejecución extrajudicial -falso positivocomo muerte ilegítimamente presentada como baja en combate por agentes del Estado , tras operación militar defensiva planeada Ejército Nacional –Batallón de Contraguerrillas núm. 57 y Agrupación Militar Afeur al mando del señor coronel Robinson Javier González del Río -hoy sometido a la JEP entre otros por los punibles del presente proceso en donde se nos reconocieron como víctimas mediante resolución SDSJ -3340 del 5 de octubre de 2023 de la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP-.

El Juzgado Once Administrativo de Cali, mediante sentencia de 16 de julio de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, para el efecto declaró la responsabilidad de las autoridades demandadas, como consecuencia, las condenó al pago de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante y perjuicios morales, una reparación simbólica y pago de costas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el medio de control no caducó porque la muerte del señor Aponte Restrepo (†) fue un delito de lesa humanidad. Además, encontró acreditado que el Ejército Nacional le causó la muerte a l señor Aponte Restrepo (†), «(…) la cual hicieron pasar como ocurrida en combate, circunstancia que lleva a que ese específico hecho deba calificarse como una vulneración al derecho internacional humanitario».

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,

específico hecho deba calificarse como una vulneración al derecho internacional humanitario».

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, alegando la configuración de la caducidad del medio de control , toda vez que, las demandantes en el año 2007 conocieron que miembros del Ejército Nacional asesinaron al señor Aponte Restrepo (†), por lo que consideran que desde esa fecha surgió la posibilidad de atribuirle la responsabilidad.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en sentencia de 29 de septiembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que, desde el año 2007, la parte demandante tenía conocimiento que el Estado estaba involucrado en el homicidio del señor Aponte Restrepo (†) y era posible demandar su responsabilidad extracontractual. Sin embargo, no demostraron la imposibilidad de presentar la demanda de reparación directa en los dos años siguientes a la muerte , por lo tanto, operó la caducidad el 26 de marzo de 2009 , mientras que l a demanda se presentó extemporáneamente en el año 2017.

2. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto al declarar la caducidad del medio de control, dando aplicación al literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA , sin tener en cuenta que se trata de un delito de lesa humanidad.

Que se configuró un defecto fáctico al realizar una valoración indebida de las pruebas que acreditarían la oportunidad de la demanda de reparación directa . Aunado a ello,

que se trata de un delito de lesa humanidad.

Que se configuró un defecto fáctico al realizar una valoración indebida de las pruebas que acreditarían la oportunidad de la demanda de reparación directa . Aunado a ello, se incurrió en defecto sustantivo por interpretar la ley y la jurisprudencia de manera contraria a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Así mismo, que se incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por la CorteRadicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

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Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia; y error inducido, al seguir las consideraciones de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, dictada en el proceso con radicado 85-001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).

Señaló que la referida sentencia de unificación no es aplicable en el presente caso, porque la demanda de reparación directa se radicó antes de proferirse la mentada decisión.

Que el Tribunal omitió hacer un control oficioso de convencionalidad y un análisis integral de las pruebas, con las cuales se evidencia que se trató de un delito de lesa humanidad, como los hechos confesados, por los cuales fue condenado el excoronel González del Río.

integral de las pruebas, con las cuales se evidencia que se trató de un delito de lesa humanidad, como los hechos confesados, por los cuales fue condenado el excoronel González del Río.

Que el término de caducidad d ebió contabilizarse desde, que se profirió la sentencia del 5 de septiembre de 2017 , en la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga condenó al excoronel Robinson Javier González del Río , por ser la circunstancia inequívoca, específica y de determinación de responsabilidad penal.

Para justificar su argumento citó dos fallos de tutela: (i) de 7 de julio de 2022, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 11-00103-15-000-2022-01694-01, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas y, (ii) de 29 de septiembre de 2022 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, exp. 11001-03-15-000-2022-01814-01, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López.

Adujo que, se vulneró su derecho a la igualdad, pues en otros casos similares se ha determinado que no se configura la caducidad del medio de control de reparación directa, por tratarse de delitos de lesa humanidad.

Al respecto, citó los siguientes procesos de reparación directa: (i) radicado 11-001-3336-036-2013-00248-00 promovido por Ivonne Maritza Escobar Gómez y otros vs. Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional con sentencia de segunda instancia

36-036-2013-00248-00 promovido por Ivonne Maritza Escobar Gómez y otros vs. Nación –Ministerio de Defensa, Ejército Nacional con sentencia de segunda instancia del 13 de febrero de 2020 , del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y, (ii) radicado 76-001-33-33-008-2017-00160-01, promovido por Mayra Alejandra Chaux Montezuma y Angi Natalia Zapata Chaux contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con sentencia de segunda instancia del 16 de mayo de 2024, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Aseguró que en los dos casos no se aplicó la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, sino la Convención Americana de Derechos Humanos, pese estar vigente la sentencia unificadora, y aquellas demandas fueron radicadas pasado mucho más de los dos años a las fechas de las muertes de las víctimas directas.

3. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 22 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante , a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y al Juzgado Once Administrativo de Cali, en calidad de terceros con interés.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

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4. La respuesta del demandado

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4. La respuesta del demandado

La secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca envió el link de acceso al expediente de reparación directa 76001-33-33-011-2017-00068-01, sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

El Juzgado Once Administrativo de Cali indicó que profirió y notificó la sentencia de primera instancia del medio de control de reparación directa el 16 de julio de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda . Como sustento envió el link de acceso al expediente de SAMAI y el archivo correspondiente que reposa en el OneDrive institucional de ese despacho.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqui er autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento

de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

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Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , vulneró los derechos fundamentales invocados, por incurrir en defectos procedimental, fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente y error inducido, al revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar , declarar la caducidad del medio de control de reparación directa promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

En ese orden, la Sala estudiará, en primer lugar, si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, solo en el evento que lo supere, estudiará si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos deprecados.

La Sala anticipa que negar á las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados, por el contrario, la decisión es razonable.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la indemnización de víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos e igualdad, a la verdad, como víctimas de desaparición forzada, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea como una instancia adicional, porque en primera instancia se había accedido a las pretensiones de la demanda y fue con ocasión a la providencia acá cuestionada que se desestimaron las pretensiones de la parte actora.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela contra providencia judicial, se estaría afectando los derechos fundamentales de la parte actora, en la medida que se trata de un asunto donde se cuestiona la responsabilidad del Estado por un delito de lesa humanidad , que comporta violación de derechos humanos.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la

algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de septiembre de 2025, notificada mediante correo electrónico enviado el 1° de octubre de 2025, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 9 de octubre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

Demandante: Sandra Piedad Serrano Mellizo y otra

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Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados.

Del caso concreto

La parte actora interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se deje sin efecto la sentencia del 29 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que promovió

efecto la sentencia del 29 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que promovió Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se les indemnizara por los perjuicios recibidos por el homicidio del señor Eduardo Aponte Restrepo (†), el 24 de marzo de 2007, el cual fue considerado un delito de lesa humanidad.

Lo anterior al considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos sustantivo, procedimental, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

Al respecto, se debe indicar que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la caducidad del medio de control, con los siguientes argumentos:

«TÉRMINO DE CADUCIDAD POR DAÑOS DERIVADOS DE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD

18. En sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 la Sección Tercera de Consejo de Estado concluyó que en delitos de lesa humanidad el término de caducidad del medio de control de reparación directa sí aplica, pero no empieza a correr ante eventos que, materialmente, impidan presentar la demanda:

(…)

19. Los falsos positivos constituyen delitos de lesa humanidad

➢ CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

20. Se demostraron los siguientes hechos relevantes para resolver sobre la caducidad:

21. ► El nombre correcto de la víctima es Eduardo Aponte Restrepo. Sin embargo, durante la actuación penal y disciplinaria tras su homicidio se lo confundió con el nombre de Mario Alonso Aponte Restrepo.

21. ► El nombre correcto de la víctima es Eduardo Aponte Restrepo. Sin embargo, durante la actuación penal y disciplinaria tras su homicidio se lo confundió con el nombre de Mario Alonso Aponte Restrepo.

22. El cambio de nombre fue un error. Así lo constató el Instituto de Medicina Legal en la necropsia del 25 de

marzo de 2007:

“Nombre: Eduardo Aponte Restrepo / Edad: 38 años

Datos de referencia del caso: (…) se trata de uno de cuatro individuos presuntos secuestradoresabatidos por el Ejército Nacional en área rural de Pradera.

Este hombre de raza mestiza, con una edad de 38 años, que ingresa como Mario Alonso Aponte Restrepo y posteriormente es identificado de manera fehaciente -mediante cotejo dactiloscópicocomo Eduardo Aponte Restrepo… que viene con orden para ser reclamado por Sandra Piedad Serrano Mellizo con cédula (…) quien dijo ser compañera permanente del occiso…”. (Se destaca en negrilla).

23. ► El registro civil de defunción del señor Eduardo Aponte Restrepo dice que falleció el 24 de marzo de 2007.

24. ► El 30 de octubre de 2013 la Procuraduría General de la Nación dictó auto de cargos disciplinarios contra varios soldados por el homicidio de Mario Aponte Restrepo y otros:

(…)

25. ► En sentencia del 5 de septiembre de 2017 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga condenó al ex militar Robinson Javier González del Rio por la muerte del señor Eduardo Aponte Restrepo:

(…)

26. Se demostró que en marzo de 2007 la señora Sandra Piedad Serrano Mellizo, compañera permanente de la

condenó al ex militar Robinson Javier González del Rio por la muerte del señor Eduardo Aponte Restrepo:

(…)

26. Se demostró que en marzo de 2007 la señora Sandra Piedad Serrano Mellizo, compañera permanente de la víctima, reclamó el cuerpo en el Instituto de Medicina Legal luego de la necropsia (párrafo 22). Ella también actúa en este proceso como demandante.

27. La necropsia del 25 de marzo de 2007 dejó constancia de que murió por disparos del Ejército Nacional, al punto que en 2013 inició la investigación disciplinaria contra los soldados involucrados.

28. Significa que desde 2007 era evidente que el Estado estaba involucrado en homicidio y era posible demandar su responsabilidad extracontractual. En ese año empezaron a correr los dos años de caducidad.

29. La responsabilidad del Estado es anónima y no es requisito para declararla la responsabilidad penal del agente implicado:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06377-00

Demandante: Sandra Piedad Serrano Mellizo y otra

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30. “… pese a que no se estableció con certeza quién disparó a la víctima, el reconocimiento personal del servidor que ocasionó las lesiones y posterior muerte de Rodríguez Moreno no impide configurar la falla del servicio por parte de la fuerza pública, puest o que se presenta una falla anónima de la administración, ante la cual no se obliga a los demandantes a determinar la identidad del agente agresor.

falla del servicio por parte de la fuerza pública, puest o que se presenta una falla anónima de la administración, ante la cual no se obliga a los demandantes a determinar la identidad del agente agresor.

Tal identificación, si bien resulta necesaria en la investigación penal y disciplinaria o para una eventual acción de repetición, no es un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción de reparación directa, en la que se reclama por las actuaciones de la administración, sin importar si se identificó o no individualmente al agente causante del daño”

31. En conclusión, los demandantes no demostraron la imposibilidad de presentar la demanda de reparación directa en los dos años siguientes a la muerte y operó la caducidad el 26 de marzo de 2009. La demanda se presentó extemporáneamente en 2017. Se revocará la sentencia de primera instancia.»

De lo anterior, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, encontró configurada la caducidad del medio de control de reparación directa, porque considera que, las demandantes