CE - Sentencia 11001031500020250639300 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3: defecto fáctico Subtema 4: defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por la señora Elizabeth Castro Carmona contra la sentencia del 29 de mayo de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Elizabeth Castro Carmona presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado con la sentencia emitida el 29 de mayo de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.

consideró vulnerados por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado con la sentencia emitida el 29 de mayo de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 66001-23-33-000-2019-00615-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora Elizabeth Castro Carmona se vinculó a la Personería Municipal de Pereira, mediante contratos de prestación de servicios desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 6 de octubre de 2017.

3. La accionante, radicó petición por escrito del 2 de mayo de 2019, por el cual solicitó a la entidad, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias salariales y prestacionales dejadas de percibir.

4. La Personería Municipal de Pereira , mediante el oficio núm. 1-10-00-240103637 del 22 de mayo de 2019, negó el requerimiento de la señora Elizabeth

Castro Carmona.

5. La tutelante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que tuvo por objeto dejar sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia, se declarara la existencia de la relación laboral y se ordenara el

5. La tutelante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que tuvo por objeto dejar sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia, se declarara la existencia de la relación laboral y se ordenara el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones correspondientes.

6. El Tribunal Administrativo de Risaralda , mediante sentencia del 23 de julio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. De manera que: i) declaró la nulidad del acto administrativo demandado , ii) declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de los periodos reclamados comprendidos desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2009 , excepto para las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones , iii) ordenó a la entidad pagar todas las prestaciones laborales de orden legal dejadas de percibir que corresponde a los periodos respecto de los cuales se demostró la existencia de una relación laboral que incumben a los años 2012 a 2017 ; y iv) declaró que este tiempo laborado se debe computar para efectos pensionales.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.

8. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar procedió a negar las pretensiones de la demanda.

9. A juicio de la autoridad judicial , si bien a partir de las pruebas documentales obrantes al interior del proceso , es posible establece r que la demandante estuvo vinculada con la Personería Municipal de Pereira desde el 4 de octubre de 2004

9. A juicio de la autoridad judicial , si bien a partir de las pruebas documentales obrantes al interior del proceso , es posible establece r que la demandante estuvo vinculada con la Personería Municipal de Pereira desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 6 de octubre de 2017, mediante contratos de prestación de servicios, no se

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 2, certificado 1B5F9F1DCDB930CB 68AB488368F8F442 713D5B606B7F3AC7 CE06E04F3E630948.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

3

puede extraer del acervo probatorio que exista claridad frente a las características y condiciones de la labor que fue por ella desempeñada, pues no se observa que la entidad demandada hubiese ejerci do sobre la señora Castro Carmona cualquier expresión subordinante que permita concluir que existió una verdadera relación laboral.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al trabajo digno y justo, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

TERCERO: Ordenar al Consejo de Estado dictar una nueva sentencia, valorando de

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

TERCERO: Ordenar al Consejo de Estado dictar una nueva sentencia, valorando de manera integral y conforme a la sana crítica las pruebas testimoniales y documentales, y aplicando los precedentes jurisprudenciales sobre el contrato realidad. […].

11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la providencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico, pues a su juicio esta se sustentó en una valoración probatoria que desconoció los testimonios que fueron rendidos por los señores Luz Mery Huertas y Juan Manuel Carmona , con los cuales se confirmaba la existencia de la subordinación a la cual estaba sometida; y tergiversó el sentido de las pruebas para concluir por el contario la inexistencia de aquella sujeción.

12. Manifestó que la valoración probatoria realizada por el juez de segunda instancia vulneró sus derechos constitucionales, toda vez que, estas pruebas testimoniales no fueron tenidas en consideración, pues bajo la óptica del fallador, eran genéricas y no demostraban la existencia del elemento de la subordinación.

13. Con respecto al testimonio rendido por la señora Luz Mery Huertas, refiere que a partir de su declaración se encuentran demostrados dos elementos esenciales de la subordinación, como lo son , el cumplimiento de un horario y la necesidad de autorización para ausencias , los cuales como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado constituyen indicios inequívocos de subordinación laboral2.

la subordinación, como lo son , el cumplimiento de un horario y la necesidad de autorización para ausencias , los cuales como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado constituyen indicios inequívocos de subordinación laboral2.

14. Por otra parte, y con relación al testimonio del señor Juan Manuel Carmona, sostiene que con esta declaración no solo se confirma también la sujeción a un horario, sino a la recepción de órdenes directas de una autoridad jerárquica, con lo cual, también como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación se configura la subordinación3.

2 Consejo de Estado, sentencia 2014-00524 de 2020. 3 Consejo de Estado, sentencia 1343-09 de 2010 y sentencia de unificación SU-025 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

4

15. Finalmente, c on respecto a su propia declaración , señala que coincide plenamente con los testimonios rendidos por los señores Huertas y Carmona, lo cual refuerza la credibilidad y coherencia del acervo probatorio4.

16. Señala que no obstante lo anterior y sin razón motivada se procedió por el Consejo de Estado a calificar estas pruebas como «genéricas» e «insuficientes».

17. Así mismo también indica que si bien en los contratos de prestación de servicios por ella firmados, se estableció una cláusula de supervisión que refuerza el argumento de la existencia de un control jerárquico, se ignoró por el Consejo de

17. Así mismo también indica que si bien en los contratos de prestación de servicios por ella firmados, se estableció una cláusula de supervisión que refuerza el argumento de la existencia de un control jerárquico, se ignoró por el Consejo de Estado, el peso probatorio de esta cláusula en conjunto con los demás testimonios.

18. Concluye que, con los testimonios rendidos en audiencia, sumado s a las declaraciones de la accionante y a las cláusulas contractuales, se aporta evidencia suficiente para demostrar la existencia del elemento de la subordinación; y que se omitió por el Consejo de Estado valorar integralmente estas pruebas , al punto que incluso en algunos casos les restó validez.

19. También se alegó por la parte accionante que la sentencia del 29 de mayo de 2025 se profirió con desconocimiento de l precedente judicial desarrollado por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en las sentencias de radicado número 2012-00020 del 4 de febrero de 2026, 2014 -00524 del 11 de mayo de 2020 , 134309 del 7 de octubre de 2010 , 2776-05 del 17 de abril de 2008 y la sentencia de unificación CE-SUJ2-025-21 del 9 de septiembre de 2021 5, puesto que se apartó sin motivación alguna de lo regulado por la jurisprudencia respecto a la figura del contrato realidad y sus elementos, en especial de cuando se configura el elemento de la subordinación.

20. Afirmó que demostró que cumplió funciones de archivo y de gestión documental que eran inherentes a la entidad y que no se podían cubrir con OPS; además los testigos corroboraron que debía cumplir un horario y pedir permisos para ausentarse

20. Afirmó que demostró que cumplió funciones de archivo y de gestión documental que eran inherentes a la entidad y que no se podían cubrir con OPS; además los testigos corroboraron que debía cumplir un horario y pedir permisos para ausentarse de su lugar trabajo, como también que cumplía órdenes directas del personero y debía presentar informes mensuales de su labor, con lo que se comprueba como lo indica el precedente, que en su caso se presentó el mencionado elemento.

21. Adujo que actualmente cuenta con 62 años 6 de edad y que fue calificada con una pérdida de capacidad laboral de origen común superior al 50% desde el año 20197, lo que la hace merecedora una protección especial.

22. Argumentó que laboró al servicio de la Personería Municipal de Pereira entre los años 2004 al 2017, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y

4 Consejo de Estado, sentencia 2776-05 de 2008. 5 Citó como precedente las siguientes sentencias «Consejo de Estado 00020/2016, Consejo de Estado 201400524/2020, Consejo de Estado 1343-09/2010, Consejo de Estado 2776-05/2008 y SUJ-025/2021». 6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 2, certificado 7D44B3F389145E70

87E800CF0BDB4A7A 5288F9A9437BEC69 24F653069C3462EF.

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 2, certificado 50F64760889047AA 6EF889C769BDA368 3DB8E3AF13F53F79 D99F4AE8ED5434AE.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

5

que, con las pruebas obrantes en el respectivo expediente judicial, se encuentra demostrado que no se trató de la prestación de un servicio autónomo, independiente y temporal, sino de una verdadera relación laboral.

23. Sostiene que en su caso se dieron todos los elementos propios de un contrato de trabajo; la prestación personal del servicio, durante más de trece años de forma ininterrumpida, una remuneración mensual bajo la forma de honorarios y la subordinación y depen dencia, evidenciadas en el cumplimiento de horarios, la necesidad de pedir permisos, la recepción de órdenes directas y la obligación de rendir informes periódicos.

2.3. Trámite procesal

24. El despacho ponente, mediante auto del 16 de octubre de 2025 8, admitió la solicitud de ampar o, ordenó la notificación a la autoridad accionada y a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y al municipio de Pereira, Personería Municipal de Pereira, en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

25. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado guardó silencio.

Pereira, Personería Municipal de Pereira, en su condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

25. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado guardó silencio.

26. La Personería Municipal de Pereira9 pidió que se niegue la acción de tutela pues no puede emplearse para reabrir el debate probatorio ni para sustituir los medios procesales propios de la jurisdicción contenciosa.

27. Sostuvo que, con la decisión judicial cuestionada, no se encuentran acreditados yerros ostensibles de dimensión constitucional, pues no se omitió valorar alguna prueba determinante o se apartó el juzgador de manera injustificada de un precedente con regla de decisión aplicable al caso.

28. Por otra parte , también solicitó que se declare improcedente la mencionada acción respecto de todas las entidades accionadas , debido a la falta de cumplimiento del requisito de subsid iariedad, pues la accionante cuenta con otros mecanismos ordinarios tanto en sede administrativa como judicial.

29. El Municipio de Pereira10 se opuso a las pretensiones formuladas con la acción de tutela al argumentar que las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Risaralda y la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se expidieron con estricta sujeción a los principios de legalidad, independencia judicial y debido proceso.

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 4, certificado 538828F0A76CD77C 1B4875B2B6901C6F

02E6E9DFA43DC845 F238168EE231D447. 9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 1 2, certificado B81B2585F90B4B31 3CDBB8C4EE2D211D 933CF6D3BBBA86E7 B49510B2F924D39. 10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 9, certificado F41F95D2C16E9E19 6711FA1531367079 5CB00CA96637BF6E 0BFB314641715523.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

6

30. Señaló que se efectúo por dicho s órganos jurisdiccionales, un análisis integral y exhaustivo de los elementos fácticos y jurídicos del asunto sometido a su conocimiento.

31. Con respecto a la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado , manifestó que contiene una acertada evaluación de los presupuestos procesales propios del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , que le permitió concluir que la pretensión debía resolverse desfavorablemente para la parte demandante, toda vez que en el proceso no se acreditaron los elementos estructurales y constitutivos de una relación laboral.

32. Sostuvo que no se trató de una decisión caprichosa ni arbitraria; por el contrario, es el resultado del ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional, que se fundamentó en una valoración razonada del acervo probatorio conforme a

32. Sostuvo que no se trató de una decisión caprichosa ni arbitraria; por el contrario, es el resultado del ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional, que se fundamentó en una valoración razonada del acervo probatorio conforme a las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 176 del CPACA.

33. Por otra parte, solicitó que se le desvincule del presente trámite constitucional, al argumentar que no es el directo accionado.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Elizabeth Castro Carmona

contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

En el presente asunto, la señora Elizabeth Castro Carmona está legitimada por activa para acudir a esta acción de tutela, en tanto es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 66001-2333-000-2019-00615-01 en el que fue proferida la sentencia del 29 de mayo de 2025; providencia que, según afirmó, vulneró sus derechos fundamentales.

35. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por cuanto fue la autoridad judicial que profirió la sentencia objeto de estudio.

36. Por otro lado, se advierte que el municipio de Pereira solicitó su desvinculación, al considerar que no está llamado a responder por la vulneración de los derechos

que profirió la sentencia objeto de estudio.

36. Por otro lado, se advierte que el municipio de Pereira solicitó su desvinculación, al considerar que no está llamado a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

37. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que el municipio de Pereira participó como sujeto demandado dentro del proceso en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

7

decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará la solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

38. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso indebido de este mecanismo constitucional12.

39. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado. iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental. v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración. vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

40. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 13 y, por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

41. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

42. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional15 ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. 14 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

8

pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia16.

43. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la

43. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró el defecto fáctico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho respecto a la existencia de una relación laboral.

44. Supera también la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

45. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia objeto de tutela fue proferida el 29 de mayo de 2025, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego notificada el 11 de junio de 202517, y la demanda de amparo se presentó el 10 de octubre de 202518, esto es, dentro del plazo de (6) seis meses previstos por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

46. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

47. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

48. Corresponde a la Sala determinar , si ¿La sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en defecto factico y desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado?; y, si con ocasión a ello ¿le fueron vulnerados a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo vital y a la seguridad social?

16 Ibidem. 17 Samai, exp 66001-23-33-000-2019-00615-01, índice 22. 18 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06393-00, índice 1. 19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

9

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

9

3.4.1. Generalidades del defecto fáctico

49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 21. Este vicio en la valoración probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión 22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra negativa.

50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez « […] aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el cas o sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.

51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio

valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cua ndo el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatori os que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso25.

52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial 26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»27.

21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»27.

21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 22 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022. 23 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022. 24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024. 25 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011. 26 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019. 27 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06393-00 (10115)

Accionante: Elizabeth Castro Carmona

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

10

53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas

en cada caso:

El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta – siguiendo las reglas de la lógica – a la que se desprende del contenido de los materiales probatorios. El segundo requie