CE - Sentencia 11001031500020250640500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06405-00

Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO

Acción: TUTELA

Tema: Falta de relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencia judicial . El debate gira en torno a aspectos de índole económica y pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.

Decisión: Declara improcedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare (IFC) contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El IFC, por intermedio de su representante legal, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados con ocasión de las providencias de 1° de abril y 24 de julio de 2025, por medio de las cuales el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados con ocasión de las providencias de 1° de abril y 24 de julio de 2025, por medio de las cuales el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare denegaron la expedición del mandamiento ejecutivo en proceso con radicado núm. 85001-33-33-005-2025-00027-00/01.

1.2. Como hechos que antecedieron a la interposición de la tutela, la entidad accionante relató que, con respaldo en el Pagaré No. 4114127 del 23 de abril de 2013, concedió un crédito de fomento bajo el régimen de derecho privado a los señores Ermides González Ríos y Adiela Marulanda Cañas por la suma de $12.476.577.

1.3. Dijo que, en el año 2016, promovió demanda ejecutiva contra los señores González Ríos y Marulanda Cañas. El trámite correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, autoridad que , en septiembre de 2016, libró mandamiento ejecutivo y , en julio 2017, ordenó seguir adelante con la ejecución . No obstante, e n noviembre de 2024, declaró falta de competencia sobreviniente y la nulidad de lo actuado, remitiendo el asunto a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

1.4. La demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal , quien, mediante auto del 1° de abril de 2025, decidió abstenerse de continuar con la ejecución por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo complejo y, e nRadicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

mediante auto del 1° de abril de 2025, decidió abstenerse de continuar con la ejecución por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo complejo y, e nRadicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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consecuencia, declaró terminado el proceso. Para tal efecto, argumentó que la demandante solo allegó el pagaré y la carta de instrucciones , omitiendo aportar el contrato de mutuo, que es un presupuesto sine qua non para la ejecución del contrato estatal. Además, advirtió que la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y el artículo 215 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA) señalan que los títulos ejecutivos en esta jurisdicción deben aportarse en original o copia auténtica , lo que no se cumplió en este caso porque el pagaré y la carta de instrucción fueron aportados en copia simple.

1.5. La entidad ejecutante apeló la anterior decisión y, mediante proveído del 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare la confirmó por las mismas razones del a quo. Precisó que el juez administrativo debe examinar el título bajo los presupuestos del artículo 297 CPACA. En tal sentido, señaló que, si bien el IFC es una empresa industrial y comercial del Estado y sus actos se rigen por el derecho privado (artículo 93

a quo. Precisó que el juez administrativo debe examinar el título bajo los presupuestos del artículo 297 CPACA. En tal sentido, señaló que, si bien el IFC es una empresa industrial y comercial del Estado y sus actos se rigen por el derecho privado (artículo 93 de la Ley 489 de 1998), sus contratos están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establecido en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus requisitos formales, entre los que se encuentra la solemnidad del escrito (artículo 39). Asimismo, señaló que el pagaré y la carta de instrucciones por sí solos no suplen la exigencia de aportar el contrato de mutuo estatal.

1.6. La entidad accionante alegó en la tutela que las decisiones atacadas incurrieron en violación directa de la Constitución , porque no tuvieron en cuenta que la Corte Constitucional, en el Auto A-2014 de 2024, señaló que la competencia para conocer esta clase de asuntos es de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, y aclaró que no debía mediar contrato escrito dado que el asunto se rige por el derecho privado y que el pagaré presta mérito ejecutivo por sí mismo , a la luz del artículo 297 , numeral 3º, del CPACA. Dijo que, en tal sentido, la providencia explicó que, conforme lo establecido en los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 19 98 y la Ley 1150 de 20 07, las empresas industriales y comerciales del Estado, en cuanto al giro ordinario de sus negocios —como en este caso en cuanto al otorgamiento de un crédito—, se rigen por el derecho privado.

industriales y comerciales del Estado, en cuanto al giro ordinario de sus negocios —como en este caso en cuanto al otorgamiento de un crédito—, se rigen por el derecho privado. Por tanto, no les aplica la ritualidad del contrato estatal escrito de la Ley 80 de 1993.

Argumentó que el acuerdo de voluntades en el que se sustentó la demanda ejecutiva es un contrato de mutuo consensual que se rige por el Código Civil y el Código de Comercio, razón por la cual se perfecciona con la entrega del dinero objeto de crédito, sin que se requiera la solemnidad del escrito. Entonces, exigir un contrato escrito es imponer un requisito inexistente en la norma sustantiva aplicable.

Señaló que la decisión del Tribunal tiene un salvamento de voto en el que el magistrado disidente indicó que el pagaré es un título valor autónomo que contiene una obligación clara, expresa y exigible. Y que el cambio de la jurisdicción civil a la contenciosaadministrativa no muta los requisitos ni la naturaleza del negocio jurídico , por lo que no es necesario que el contrato de mutuo se aporte por escrito para efectos de librar mandamiento de pago . Además, el magistrado expuso que negar el acceso a la jurisdicción en este caso puede abocar a un detrimento patrimonial para la entidad.

1.7. Sostuvo que las decisiones controvertidas incurrieron en defecto fáctico porque no tuvieron en cuenta que en el proceso objeto de estudio ya se había proferido mandamiento de pago por parte del Ju zgado Segundo Civil Municipal desde el 12 de septiembre de 2016, y que, con auto del 10 de julio de 2017, se ordenó seguir adelante la ejecución.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

septiembre de 2016, y que, con auto del 10 de julio de 2017, se ordenó seguir adelante la ejecución.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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Adujo que el expediente fue remitido en formato digital por el juzgado civil, donde reposa el original físico desde 2016. Por tanto, al negar la ejecución por no haberse presentado el pagaré en físico y original, sin siquiera requerir el documento al despacho de origen, la autoridad judicial accionada incurrió en denegación de justicia.

Señaló que, al restar mérito ejecutivo al pagaré y exigir un contrato adicional, el juez negó la fuerza probatoria de un documento que cumple con todos los requisitos de los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.

1.8. Alegó que se configuró un defecto sustantivo al interpretar la normativa aplicable de manera restrictiva, irrazonable y contraria a la Constitución. En específico, señaló que, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 297 del CPACA, además de los actos que declaren el incumplimiento o el acta de liquidación, también presta mérito ejecutivo cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, como ocurre en este caso con el título valor respecto del contrato de mutuo . Empero, “de manera obstinada los juzgadores omiten esta parte de la norma y exigen un contrato escrito, como si solo ello

cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, como ocurre en este caso con el título valor respecto del contrato de mutuo . Empero, “de manera obstinada los juzgadores omiten esta parte de la norma y exigen un contrato escrito, como si solo ello fuere ejecutable o si se tratara de un proceso contractual”.

Arguyó que el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal desconoció que lo actuado en la jurisdicción ordinaria civil, esto es, el mandamiento ejecutivo y la orden de seguir adelante con la ejecución, guardaba validez y que, en virtud del principio de perpetuatio juridictions, y de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional en el Auto 629 de 2025, el proceso debía ser devuelto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal.

En suma, estima que las autoridades accionadas dejaron de aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución; el artículo 297, numeral 3º, del CPACA; el artículo 99 numeral 5º, ibidem; los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222 del Código Civil y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.

1.10. Argumentó que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir un título complejo integrado por el contrato escrito, pese a que se trata de un negocio jurídico consensual , como lo es el mutuo comercial, carga imposible de cumplir y un formalismo excesivo que sacrifica el derecho sustancial. Además, desconoce que la Ley 2213 de 2022 permite que las actuaciones se adelanten en formato digital.

carga imposible de cumplir y un formalismo excesivo que sacrifica el derecho sustancial. Además, desconoce que la Ley 2213 de 2022 permite que las actuaciones se adelanten en formato digital.

1.11. Con fundamento en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados, obtener a través de su justicia la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de mi representado Instituto Financiero de Casanare , por indebida valoración probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, dentro del proceso ejecutivo de radicado 85001-33-33-005-2025-00027-00, en que incurren el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribu nal Administrativo de Casanare, así como otros que sufren la misma suerte por la misma interpretación.

Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, en auto de 01 de Abril de 2025, en la cual se dispuso: “PRIMERO. AVOCAR el conocimiento del asunto. SEGUNDO. ABSTENERSE de continuar con la ejecución solicitada por el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC, en contra de ERMINES GONZÁLEZ RÍOS y ADIELA MARULANDA CAÑAS, por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. EnRadicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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consecuencia, DECLARAR terminado el proceso.” Y la confirmatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare en providencia de fecha 24 de Julio de 2025, se desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del IFC, en consecuencia solicito comedidamente:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 01 de Abril de 2025 y su confirmatorio, emitido el 24 de Julio de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-3333-005-2025-00027-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 01 de Abril de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 24 de Julio de 2025, dentro del medio de control 85001-33-33-005-2025-00027-00 , por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4114127 y exceso

control 85001-33-33-005-2025-00027-00 , por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4114127 y exceso ritual manifiesto al exigir a dosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese a que fue adjuntado con la demanda presentada el 01 de febrero de 2016 ante el Juzgado Segundo Civil Municipal, y por ende, que obra en el expediente físico que reposa en el citado despacho; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANAREIFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados ERMIDES GONZALEZ RIOS Y ADIELA MARULANDA CAÑAS, dentro del

mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados ERMIDES GONZALEZ RIOS Y ADIELA MARULANDA CAÑAS, dentro del proceso ejecutivo 85001 -33-33-005-2025-00027-00 y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.

Subsidiariamente, en caso que el Honorable Consejo de Estado, estime que la causa judicial debe mantenerse en conocimiento del Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, al haberse tramitado en ese despacho el proceso al punto de haber emitido la orden de seguir adelante con la ejecución y aprobar las respectivas liquidaciones, se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, mantenga mandamiento de pago y medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y remita el proceso al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, a efectos que el citado despacho mantenga el mandamiento de pago, la orden de seguir adelante en la ejecución y las medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CAS ANARE, siga conociendo del proceso, y lo adelante hasta su terminación.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis6 o se extienda,

medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CAS ANARE, siga conociendo del proceso, y lo adelante hasta su terminación.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis6 o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se d esconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestosRadicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del fallo de tutela proferido.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 20 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la tutela y vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal y a los señores Ermides González Ríos y Adiela Marulanda Cañas.

y vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal y a los señores Ermides González Ríos y Adiela Marulanda Cañas.

2.2. El Tribunal Administrativo de Casanare reiteró los fundamentos de la providencia cuestionada y, con base en estos, alegó que no se configuraron los defectos alegados ni existió vulneración al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia . Finalmente, remitió el enlace de acceso al expediente digital del proceso ejecutivo.

2.3. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal refutó la afirmación del accionante según la cual la Corte Constitucional habría calificado la idoneidad del título ejecutivo, pues en el caso concreto no se ha planteado un conflicto de jurisdicción que haya sido resuelto por esa corporación . Además, si bien la Corte ha dirimido tales conflictos, asignando la competencia a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, esto no involucra un juicio sobre la idoneidad de los documentos que se allegan como títulos ejecutivos, pues tal aspecto excede el ámbito de sus competencias.

Alegó que era imposible que el Auto 629 de 2025 hubiera sido aplicado en el sub lite, pues se profirió el 13 de mayo de 2025 , mientras que la decisión atacada se dictó el 1º de abril de 2025.

Señaló que el despacho no ha vulnerado derechos fundamentales y , por el contrario, garantizó el debido proceso . En tal sentido, recalcó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y no una tercera instancia para reabrir debates ya clausurados

Señaló que el despacho no ha vulnerado derechos fundamentales y , por el contrario, garantizó el debido proceso . En tal sentido, recalcó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y no una tercera instancia para reabrir debates ya clausurados en el proceso ejecutivo, ni el escenario para modificar lo ya resuelto por el juez natural.

2.4. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal y los señores Ermides González Ríos y Adiela Marulanda Cañas guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección e l conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. ANÁLISIS DE LA SALARadicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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3.2.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa

3.2.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.2.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C -590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación 1, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 2, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia

jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.

3.2.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que:

(…) el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

1 Corte Constitucional, sentencia C -590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala

cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

1 Corte Constitucional, sentencia C -590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 2 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C -590 de 2005, la Corte precisó que “ los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573 de 20193, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573 de 20193, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 4.

3.2.1.3. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia5:

La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto

este segundo elemento de la relevancia5:

La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’, so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo

3 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU -128 de 2021 y SU103 de 2022 4 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal” . 5 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-00

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ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

(…) no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia