CE - Sentencia 11001031500020250642300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

Demandante: Gloria Cecilia Hernández Krog

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 27 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06423-00

Demandante: GLORIA CECILIA HERNÁNDEZ KROG

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela c ontra providencia que declaró en segunda instancia la caducidad de un medio de control de reparación directa relacionado con un delito de lesa humanidad. Se deniega el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decid e la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Cecilia Hernández Krog contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 14 de octubre de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada, la demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de l a tutelante, la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de

apoderada, la demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de l a tutelante, la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de sentencia del 4 de abril de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró de oficio en segunda instancia la caducidad de la demanda de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01.

2. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO.- Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la señora Gloria Cecilia Hernández Krog , vulnerados por el Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia del 4 de abril de 2025, al haber incurrido simultáneamente en un defecto sustantivo, en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en la vulneración de la cosa juzgada parcial, configurando así una afectación estructural de los derechos fundamentales de la accionante, de conformidad con lo expuesto detalladamente en este escrito.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se solicita que se deje sin efectos la sentencia del 4 de abril de 2025, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del doctor José Roberto Sáchica Méndez, y que, en su lugar, se ordene la expedición de un nuevo fallo que resuelva de fondo las pretensiones de reparación, respetando la existencia de cosa juzgada parcial y atendiendo tanto el precedente nacional como las obligaciones internacionales del Estado colombiano

resuelva de fondo las pretensiones de reparación, respetando la existencia de cosa juzgada parcial y atendiendo tanto el precedente nacional como las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de justicia y reparación integral para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

Demandante: Gloria Cecilia Hernández Krog

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3.1 Actuaciones penales

El 13 de agosto de 1999 fue asesinado en Bogotá el periodista Jaime Hernando Garzón Forero, hecho por el que se adelantó el proceso penal «402-7»2, dentro del cual el 10 de marzo de 2004 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá conde nó al extinto paramilitar Carlos Castaño Gil como coautor del delito de homicidio agravado, al considerar que ordenó la muerte del comunicador en razón de su supuesta colaboración con la guerrilla, decisión que confirmó el 19 de diciembre de 2005 el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.

En la providencia del 1 0 de marzo de 20 04, se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación que adelantara las pesquisas necesarias para identificar a los agentes del Estado que participaron en el hecho dañoso, motivo por el cual el ente investigador tramitó el

Nación que adelantara las pesquisas necesarias para identificar a los agentes del Estado que participaron en el hecho dañoso, motivo por el cual el ente investigador tramitó el expediente «1942», en el que emitió resolución de acusación el 17 de julio de 2014 contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo, en razón a que las pruebas acreditaban que ordenó seguir a Jaime Garzón y le suministró información a los paramilitares sobre sus actividades. En esas diligencias la tutelante se constituyó como parte civil.

Dentro de las actuaciones penales se destaca el proceso adelantado contra José Miguel Narváez Martínez, quien fungía como director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para la época de l suceso y fue condenado el 13 de agosto de 2018 por el Juzgado 7º Penal del Circuito Especializado de Bogotá como determinador del ilícito, ya que se probó que le pidió a Carlos Castaño Gil que asesinara a Jaime Garzón porque, a su juicio, era auxiliador de la guerrilla, condena que confirmó el 19 de julio de 2019 el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal) , la cual quedó ejecutoriada el 3 de febrero de 2021.

3.2 Demanda de reparación directa 25000-23-26-000-2001-01825-01

La madre de Jaime Garzón promovió la demanda de reparación directa 25000-23-26000-2001-01825-00/01 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se les declarara responsables de la muerte

000-2001-01825-00/01 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se les declarara responsables de la muerte de aquel y se le ordenara indemnizarle los correspondientes perjuicios, pretensiones a las que accedió en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con sentencia del 14 de septiembre de 2016, al estimar que se probó la participación de agentes estatales en el hecho dañoso.

Allí se catalogó la mencionada muerte como un delito de lesa humanidad y sobre la caducidad se indicó: «En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, según se indicó, su ejercicio tuvo por origen la muerte del señor Jaime Hernando Garzón Forero ocurrida el 13 de agosto de 1999, de manera tal que, por haberse interpuesto la demanda el 10 de agosto de 2001, se impone concluir que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A.».

3.3 Proceso de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01

El 18 de diciembre de 2018 la señora Gloria Cecilia Hernández Krog, en condición de compañera permanente de Jaime Hernando Garzón Forero, promovió demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional (a la que se le asignó el número de radicación 25000-23-36-000-2018-0119900/01), con el propósito de que se le declarara patrimonialmente responsable de la muerte de aquel y se le ordenara indemnizar los respectivos perjuicios , dado que en la

00/01), con el propósito de que se le declarara patrimonialmente responsable de la muerte de aquel y se le ordenara indemnizar los respectivos perjuicios , dado que en la materialización del hecho dañoso concurrieron servidores públicos y paramilitares.

Con la demanda se allegaron las sentencias (i) del 19 de diciembre de 2002, con la que el Juzgado 12 de Familia de Bogotá declaró la unión marital de hecho entre Gloria Cecilia Hernández Krog y Jaime Garzón, y (ii) del 15 de diciembre de 2003, por cuyo conducto

2 En el que la tutelante fue reconocida como víctima el 3 de marzo de 2003.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

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el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Familia) confirmó la decisión inicial. En cuanto a la caducidad, la demandante afirmó que no operaba en el caso concreto porque el Consejo de Estado, en el proceso 25000 -23-26-000-2001-01825-01, había declarado que la muerte de Jaime Garzón comportaba un delito de lesa humanidad.

El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que con sentencia del 13 de diciembre de 2021 declaró patrimonialmente responsable al Estado de la muerte de Jaime Garzón , le concedió a la demandante como inde mnización por los perjuicios

de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que con sentencia del 13 de diciembre de 2021 declaró patrimonialmente responsable al Estado de la muerte de Jaime Garzón , le concedió a la demandante como inde mnización por los perjuicios morales la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y le negó los demás pretendidos por no probarlos (bienes convencional y constitucionalmente protegidos, salud, lucro cesante y alteración de las condiciones de existencia).

En la providencia se indicó que, si bien en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 el Consejo de Estado había indicado que la caducidad operaba en los procesos de reparación directa relacionados con graves violaciones de derechos humanos , ese pronunciamiento se había emitido luego de que el homicidio de Jaime Garzón se declarara como de lesa humanidad, por tanto, no le resultaba aplicable a la accionante.

Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación: (i) la demandante, al estimar que debieron compensarse pecuniariamente los perjuicios negados por el a quo; y (ii) la demandada, porque hubo caducidad de acuerdo con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, el 18 de diciembre de 2024 otorgó a l a parte demandante 5 días para que indicara los motivos por los cuales no había promovido la demanda de reparación directa dentro de los 2 años siguientes a la muerte de Jaime Garzón, pero ella guardó silencio.

El 4 de abril de 2025 la autoridad accionada revocó el fallo de primera instancia para declarar

promovido la demanda de reparación directa dentro de los 2 años siguientes a la muerte de Jaime Garzón, pero ella guardó silencio.

El 4 de abril de 2025 la autoridad accionada revocó el fallo de primera instancia para declarar de oficio la excepción de caducidad. Explicó que en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 la Corporación unificó su postura para indicar que aquella aplicaba en todos los procesos de reparación directa relacionados con delitos de lesa humanidad y ese criterio jurisprudencial tenía efectos retrospectivos, por tanto, se aplicaba en procesos en los que no se hubieren emitido sentencias definitivas , como el 25000-23-36-000-201801199-00/01.

Que aconteció la caducidad porque la actora tuvo conocimiento de la participación de agentes del Estado en la muerte de Jaime Garzón con la resolución de acusación emitida el 17 de julio de 2004 contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por lo que la demanda debió promover la antes del 18 de julio de 20 06, sin embargo, la presentó en diciembre de 2018 y no justificó la tardanza3.

Sostuvo que la contabilización del término de caducidad no estaba sujeta a la ejecutoria de una sentencia condenatoria contra los agentes del Estado que facilitaron el hecho dañoso, porque ello comportaría instituir el agotamiento de las diligencias penales como requisito de procedibilidad de la demanda de reparación directa , lo que resulta ba contrario al ordenamiento jurídico.

Que no era dable contar el plazo de 2 años para demandar desde la ejecutoria de la

requisito de procedibilidad de la demanda de reparación directa , lo que resulta ba contrario al ordenamiento jurídico.

Que no era dable contar el plazo de 2 años para demandar desde la ejecutoria de la sentencia del 14 de septiembre de 2016, en la que el Consejo de Estado declaró la muerte de Jaime Garzón como delito de lesa humanidad, pue s en ese pronunciamiento no se dijo que la caducidad resultara inoperante, sino que se advirtió que dicho término debía computarse a partir de que se tuvo conocimiento de la participación de agentes del Estado en la muerte de aquel.

3 Hubo una aclaración de voto de la sentencia cuestionada, en la que se advirtió que no era dable contabilizar el término de caducidad desde dicha resolución de acusación, dado su carácter provisional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

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4. Fundamentos de la tutela

La tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, la demandante adujo que la sentencia cuestionada incurría en defecto sustantivo porque aplicó de manera indebida el numeral 2, literal i del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al indicar que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 17 de julio

en defecto sustantivo porque aplicó de manera indebida el numeral 2, literal i del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al indicar que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 17 de julio de 2014, día en que se emitió la resolución de acusación contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo, pues ese plazo debió computarse a partir del 3 de agosto de 2021 (día en que quedó ejecutoriada la condena impuesta a José Miguel Narváez Martínez) o del 14 de septiembre de 2016 (día en que se emitió fallo de segunda instancia en el proceso 25000 -23-26-000-2001-01825-01), en atención a los principios pro homine y pro damnato.

Que computar el plazo de caducidad a partir de una resolución de acusación resultaba inadecuado ya que esa determinación era provisional y no daba certeza sobre la participación de agentes del Estado en la muerte de Jaime Garzón , la cual se adquirió solo hasta la ejecutoria de la condena impuesta a José Miguel Narváez Martínez.

Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que la aplicación de la caducidad obedeció a la prevalencia indebida de un formalismo que le impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre la controversia ventilada en el proceso de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01, aspecto sobre el cual había operado la cosa juzgada, pues en el proceso 25000-23-26-000-2001-01825-01 ya se había indicado que aquella institución procesal era inoperante.

juzgada, pues en el proceso 25000-23-26-000-2001-01825-01 ya se había indicado que aquella institución procesal era inoperante.

5. Trámite procesal

Con auto del 16 de octubre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como terceros con interés al ministro de defensa nacional, al comandante del Ejército Nacional, al director general de la Policía Nacional y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, quienes conocieron en primera instancia la demanda de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el 20 de octubre de 2025.

El 25 de noviembre de 2025, la consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello manifestó impedimento para pronunciarse sobre la acción de tutela de la referencia, en razón a que considera que se encuentra incursa en la causal 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que mantiene una amistad íntima con la demandante.

Por auto del 26 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador declaró fundado el impedimento.

6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por conducto del ponente de la providencia cuestionada, afirmó que la tutela no colmaba el requisito de procedibilidad

impedimento.

6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por conducto del ponente de la providencia cuestionada, afirmó que la tutela no colmaba el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, puesto que la actora la utilizaba para obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos desestimados bajo criterios jurídicos razonables en la referida decisión.

Que la actora no atendió el término de 5 días concedidos en el auto del 18 de diciembre de 2024 para que se pronunciara sobre la sentencia de unificación del 29 de enero deRadicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

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2020 y la aplicación de la caducidad, omisión que no es dable suplir en este trámite constitucional.

Adujo que la aplicación de la caducidad en la sentencia atacada se ajustó al ordenamiento jurídico, en especial, al fallo de unificación de la Corporación del 29 de enero de 2020, de ahí que no fuera factible atribuirle vulneración de derechos fundamentales, máxime cuando los efectos de esa decisión fueron retrospectivos, por tanto, de aplicación obligatoria en el expediente 25000 -23-36-000-2018-01199-00/01, toda vez que aún se encontraba en trámite cuando se emitió ese pronunciamiento de unificación.

Que no era dable contar la caducidad desde la ejecutoria de la condena impuesta a José

encontraba en trámite cuando se emitió ese pronunciamiento de unificación.

Que no era dable contar la caducidad desde la ejecutoria de la condena impuesta a José Miguel Narváez Martínez, porque ello equivalía a asumir que resultaba necesario un fallo en firme para promover la demanda de reparación directa, lo que constituía un requisito de procedibilidad que no estaba contemplado en el sistema normativo. Que el plazo para ejercer ese medio de control lo determinaba el momento en que se t enía conocimiento de la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso, y como ello aconteció con la resolución de acusación emitida el 17 de julio de 2014 contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo, era desde esa fecha que debían computarse los 2 años previstos en el artículo 164 el CPACA, tal como aconteció.

Concluyó que el fallo del 14 de septiembre de 2016, emitido en el proceso 25000-23-26000-2001-01825-01, no involucró la configuración de la cosa juzgada frente a la caducidad de la demanda de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01, pues la señora Glor ia Hernández no fue vinculada a aquel asunto; por tanto, no estaba cobijada por lo allí decidido.

El Ministerio de Defensa Nacional , por intermedio de apoderado, pidió denegar las pretensiones de la demandante en razón a que la providencia que cuestiona se emitió dentro de un proceso adelantado de conformidad con el ordenamiento jurídico y en el cual se brindaron todas las garantías procesales, lo que impedía atribuirle vulneración de

pretensiones de la demandante en razón a que la providencia que cuestiona se emitió dentro de un proceso adelantado de conformidad con el ordenamiento jurídico y en el cual se brindaron todas las garantías procesales, lo que impedía atribuirle vulneración de derechos fundamentales, máxime cuando se fundó en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado , en la que se indicó que la caducidad operaba incluso cuando se discutía la responsabilidad extracontractual del Estado por graves violaciones a derechos humanos.

La Policía Nacional, a través de su Secretaría General, adujo que la caducidad resultaba aplicable en demandas de reparación directa relacionadas con delitos de lesa humanidad, como lo concluyó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, premisa que se atendió en la sentencia cuestionada por la tutelante , de ahí que no incurra en las causales específicas de procedibilidad invocadas en la solicitud de amparo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, identificó las actuaciones que surtió en primera instancia dentro del proceso de reparación directa 25000 -23-36-000-2018-01199-00/01 y señaló que « se atiene a lo que sea resuelto en la presente actuación constitucional, no sin antes aclarar que en la providencia de primera instancia se sustentó en debida forma la no operancia del aludido fenómeno, atendiendo al precedente del Consejo de Estado».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la

atendiendo al precedente del Consejo de Estado».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 4 de abril de 2025, con la que en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, d ecidió la demanda de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

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La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido en razón a que la sentencia atacada no incurre en los defectos sustantivo ni procedimental por exceso ritual manifiesto , comoquiera que se fundó en deducciones razonables de las normas que regulan la caducidad de la demanda de reparación directa en asuntos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la

finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos5 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que, de encontrarse demostrado s los defectos alegados por la accionante, se afectarían las garantías superiores invocadas, pues la presunta desatención o inaplicación indebida del ordenamiento jurídico por parte de la autoridad judicial accionada, podría afectar prerrogativas de las partes del proceso protegidas por el sistema normativo superior que ameritan la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por la tutelante es constitucional y no netamente legal o económica, toda vez que concierne (i) a la garantía superior de la reparación integral, en virtud de la cual el Estado debe resarcir los perjuicios que cause por su acción u omisión; y (ii) a la responsab ilidad de la administración derivada de una

reparación integral, en virtud de la cual el Estado debe resarcir los perjuicios que cause por su acción u omisión; y (ii) a la responsab ilidad de la administración derivada de una grave violación de derechos humanos , pues el asesinato de Jaime Hernando Garzón Forero fue catalogado como un crimen de lesa humanidad por el Consejo de Estado6.

Además, no se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que las decisiones de primera y segunda instancia adoptadas en el proceso de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01, fueron dictadas en sentidos diferentes, de modo que solo en segunda instancia se hizo el conteo de caducidad a partir de la resolución de acusación emitida contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la verificación del expediente 25000-23-36-000-2018-01199-00/01 el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 10 de abril de 2025, por lo que se entiende notificada el 21 de abril siguiente7, de conformidad con el numeral 2 del

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

no se cuestione un fallo de tutela. 5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 6 En la sentencia del 14 de septiembre de 2016, con el que se decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 25000-23-26-000-2001-01825-01. 7 Dado que hubo vacancia judicial del 14 al 16 de abril de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06423-00

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artículo 2058 del CPACA, y la tutela fue presentada el 14 de octubre de 2025 (5 meses y 23 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia. Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

En este punto, debe indicarse que si bien dentro del proceso de reparación directa 2500023-36-000-2018-01199-00/01 el 18 de diciembre de 2024 la autoridad accionada le concedió 5 días a la demandante para que se pronunciara sobre la aplicación de la

23-36-000-2018-01199-00/01 el 18 de diciembre de 2024 la autoridad accionada le concedió 5 días a la demandante para que se pronunciara sobre la aplicación de la caducidad y ella guardó silencio , ese hecho no involucra omisión alguna que impida decidir de fondo este asunto constitucional, puesto que, como se advirtió anteriormente, la decisión de contabilizar el plazo en el que se debía demandar desde la resolución de acusación emitida contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo se dio en la sentencia cuestionada.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela , pues, como se dijo, la tutelante ataca una providencia emitida en un proceso de reparación directa.

4. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo, la demandante sostiene que la sentencia cuestionada incurre en defecto sustantivo, en razón a que aplicó indebidamente el literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA al declarar la caducidad de la demanda de reparación directa 25000-23-36-000-2018-01199-00/01, porque:

(i) debía contarse desde el 3 de febrero de 2021, fecha en la que quedó ejecutoriada

25000-23-36-000-2018-01199-00/01, porque:

(i) debía contarse desde el 3 de febrero de 2021, fecha en la que quedó ejecutoriada la condena impuesta a José Miguel Narváez Martínez por la muerte de Jaime Garzón, o a partir del 14 de septiembre de 2016, fecha en que el Consejo de Estado declaró ese hecho como delito de lesa humanidad en el expediente 25000-23-26-000-200101825-01; y

(ii) no era dable iniciar el cómputo de ese plazo a partir de la resolución de acusación emitida contra el coronel (r) del Ejército Nacional Jorge Eliécer Plazas Acevedo, comoquiera que esa decisión fue provisional y no decidió de manera definitiva sobre la participación de agentes el Estado en el asesinato de Jaime Garzón.

La demandante también señaló que el fallo cuestionado adolecía de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto , por cuanto al declarar la caducidad privilegio aspectos formales que la privó de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, lo cual resultaba indispensable por estar en discusión un delito de lesa humanidad, cuestión s