CE - Sentencia 11001031500020250644100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela

Tutela por mora judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por María Olga Méndez Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

María Olga Méndez Rojas, en nombre propio1, presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de mínimo vital, a la salud y a la igualdad, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander debido a la mora judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto y su consecuente prelación, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. La parte actora expuso que presentó demanda en ejercicio del medio de control de

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. La parte actora expuso que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin que se dejara sin efectos el acto que le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, debido al fallecimiento de su compañero permanente Jorge Enrique Puerto Parada (Q.E.P.D.).

1Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 69C2B0D46695F23E B3100FEC775E1F57 F3DC4EF6FB8F2B38 A2138BBD405A2370. 2 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=700013333007202000191017000123Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

2 2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona, autoridad que, mediante sentencia de primera instancia del 21 de febrero de 2024, accedió a las pretensiones.

2.3. Contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación; por tanto, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 2 de mayo de 2024. El 2 de julio de 2024 fue admitido el recurso en mención y el 24 siguiente, ingresó

el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 2 de mayo de 2024. El 2 de julio de 2024 fue admitido el recurso en mención y el 24 siguiente, ingresó al Despacho para su resolución.

2.4. Sin embargo, según señaló la accionante, al momento de presentación de la solicitud de amparo, el superior no ha proferido sentencia de segunda instancia , pese a la presentación de dos escritos de petición y solicitudes de impulso procesal.

2.5. Finalmente, la actora manifestó que es una persona de la tercera edad, con múltiples afecciones de salud, lo que la sitúa en un estado de vulnerabilidad, pues aquellas mermaron su capacidad para realizar actividades cotidianas y su calidad de vida, de manera que la mora en la que ha incurrido la autoridad judicial la ha perjudicado, al no poder conocer una decisión definitiva y acceder a la prestación reconocida.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la igualdad . Como consecuencia de ello, pidió: ii) dar prelación al fallo de segunda instancia en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado, dada su condición de vulnerabilidad ; iii) ordenar el pago provisional de la mesada pensional y, en caso de que no se acceda a la solicitud de prelación iv) ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que emita una sentencia preferente.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la mora en la que ha incurrido la autoridad judicial ha vulnerado sus garantías fundamentales, pues en

emita una sentencia preferente.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, en síntesis, que la mora en la que ha incurrido la autoridad judicial ha vulnerado sus garantías fundamentales, pues en su condición de persona de la tercera edad debe recibir un trato preferente en los trámites judiciales. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha in dicado que la desigualdad estructural que enfrentan los adultos en las condiciones descritas exige medidas especiales para garantizar que sus derechos sean respetados en igualdad de condiciones.

3.3. Sostuvo que, la parte accionada desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias T-716 de 2017 y T -159 de 2023 proferidas por la Corte Constitucional, en la que subraya que el Estado debe garantizar la subsistencia mínima de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como los adultos mayores, especialmente cuando estos dependen económicamente de otros para su bienestar.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

3

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 15 de octubre de 20253, se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pamplona , de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de la señora María Margarita Becerra de Puerto y se ofició al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que remitiera al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de la señora María Margarita Becerra de Puerto y se ofició al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que remitiera al trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado número 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.

4.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 4 relacionó las actuaciones desarrolladas en el trámite del proceso ordinario, y señaló que el proceso le fue asignado por reparto el 9 de mayo de 2024 para conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la vinculada en contra la sentencia de primera instancia.

Posteriormente, el Despacho ponente admitió los aludidos recursos mediante auto de fecha 2 julio de 2024 y, el 24 de julio siguiente, la Secretaría de la Corporación ingresó el expediente para sentencia; el cual se encuentra en el turno 161.

En ese orden, destacó que, h a sido diligente en adelantar las diferentes actuaciones procesales necesarias para llegar a proferirse la respectiva sentencia, conforme los términos legales, y el derecho de contradicción y defensa de todos los intervinientes.

Finalmente, puso de presente que el Despacho en el que se encuentra el expediente cuenta a corte de estadística del tercer trimestre del año en curso, con una carga de 454 procesos ordinarios de primera y segunda instancia, así como el volumen de acciones de tutela y consultas que ingresan diariamente, circunstancias que han impedido atender de manera pronta y célere los procesos a cargo.

Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción, bajo el entendido que no se ha violado derecho fundamental alguno de la accionante.

manera pronta y célere los procesos a cargo.

Por lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción, bajo el entendido que no se ha violado derecho fundamental alguno de la accionante.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP5 sostuvo que , de conformidad con lo solicitado por la parte accionante, no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, toda vez que lo pretendido se escapa de las funciones endilgadas. Por lo anterior solicitó declarar la falta de legitimación o su desvinculación.

3 Índice 0000 4 del aplicativo SAMAI , con certificado núm. A7E96EA83C703BC9 6A81DB2E0669C44C AC38AF322A7E465A 08C7512132A66E00. 4 Índices 00008, 0009 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 879A15514CD66B26 482044E6FC931562

F8C9A44E87E628E5 A2C0602759E03C9F , 3E8D9055537F0ED7 14B792E08890B9BA DD875AD70FF678AA

05011F63CDFAD1BE. 5 Índices 00009, 00012 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 229C674C170E386E A434D385AEDB41BD 2641AFE536162BAC 1CE0A0CC7F5E6263.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

4

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Accionante: María Olga Méndez Rojas

4

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de María Olga Méndez Rojas al ser la titular de los derechos que afirma fue ron vulnerados, dado que actuó como demandante en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado bajo el radicado núm. 54518-33-33-001-2019-00158-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Norte de Santander por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado y fue su omisión en el impulso de este a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la mora judicial alegada en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que

procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley6.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

6 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

5 4.1. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996 , “[l]a administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye ca usal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 7 y que cuando los jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de profer ir una determinada providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable”8. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios

diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable”8. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia9.

Adicional, la jurisprudencia constitucional10 ha identificado eventos en los que se genera mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se encuentra i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el legislador; ii) existen problemas es tructurales que generan congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una justificación debidamente acreditada que explique la mora11. Lo anterior implica que, aun cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,

7 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.

8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020. 11 SU-179 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

6 dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, confor me al concepto jurisprudencial de “mora judicial justificada” 12.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que negará el amparo solicitado , por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en una mora injustificada que conllevó a la vulneración de sus garantías fundamentales, al no haber dado trámite a los recursos de apelación formulados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que actúa como demandante, bajo el entendido de que es una persona de avanzada edad, por lo que aquella debe propender por un trato preferente en los trámites judiciales.

Asimismo, consideró que se desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias T-716 de 2017 y T -159 de 2023 proferidas por la Corte Constitucional, las cuales disponen que el Estado debe garantizar la subsistencia mínima de las personas

Asimismo, consideró que se desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias T-716 de 2017 y T -159 de 2023 proferidas por la Corte Constitucional, las cuales disponen que el Estado debe garantizar la subsistencia mínima de las personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo es en su caso.

5.2. La Sala advierte que, de la revisión de las actuaciones procesales del referido asunto, se constata la existencia de una dilación en el trámite posterior a la admisión del recurso de apelación en segunda instancia. Sin embargo, la autoridad judicial informó el trámite impartido al proceso:

12 Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado l a construcción de una línea jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y pa ra ello ha acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se

inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.”Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

7 Adicionalmente, sostuvo que en la actualidad el expediente se encuentra en el turno 161 de los procesos para fallo. En virtud de lo anterior, l a Sala constató que el apoderado de la parte demandante presentó memoriales de impulso procesal y prelación del fallo los días 19 13 y 21 14 de enero; 615 de marzo y 2016 de agosto de 2025. Luego, el magistrado ponente del asunto dio respuesta17 a las solicitudes presentadas , advirtió el deber de proferir la sentencia o la decisión de fondo en el orden en que ingrese el proceso al despacho para ello y le informó a la solicitante que solamente se podía otorgar un trámite preferencial en atención a la naturaleza del asunto, por razones de seguridad nacional, cuando se vea amenazado el patrimonio público, exista grave violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o en asuntos de especial trascendencia social o por carecer de antecedentes jurisprudenciales y su solución sea de interés público con repercusión colectiva, o cuando su resolución íntegra entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio preferente; situaciones en las que no se enmarca la situación de la actora.

entrañe solo la reiterada jurisprudencia, o cuando se determine un orden temático para su elaboración y estudio preferente; situaciones en las que no se enmarca la situación de la actora. A su turno, explicó que , en atención a la alta carga laboral, congestión, a la prelación legal que tienen las acciones constitucionales, así como los procesos de primera instancia y más de la complejidad de la mayoría de los asuntos que corresponden a la jurisdicción, no ha sido posible proferir la sentencia del proceso en el que funge como demandante; no obstante, una vez llegue el turno que le corresponde, procederá a notificarle de manera inmediata la providencia. 5.3. A partir de lo anterior, para la Subsección no está probada una mora injustificada de parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander en dictar sentencia de segunda instancia, pues como se indicó en precedencia, las dilaciones que presentó el trámite obedecen a factores objetivos pues aportó elementos que permiten deducir la existencia de un motivo válido y razonable que justifica tal demora, como la carga excesiva de trabajo y la congestión judicial en la que se encuentra, así como el turno en el que se encuentra el proceso.

En consecuencia, el punto de referencia para considerar si existe o no una vulneración a las garantías del actor, por la alegada mora en que se dicte la sentencia de fondo en el marco del proceso de reparación directa, cobra importancia el ingreso que la s ecretaría realizó el 25 de abril de 2025 al despacho de la juez para adoptar la decisión de fondo.

13 Visible en el índice 00009 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54518333300120190015801.

13 Visible en el índice 00009 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54518333300120190015801. 14 Visible en los índices 00010 y 00011 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54518333300120190015801. 15 Visible en el índice 00013 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54518333300120190015801. 16 Visible en el índice 00016 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54518333300120190015801. 17 Visible en el índice 00015 del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54518333300120190015801.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06441-00

Accionante: María Olga Méndez Rojas

8 En tal sentido, el plazo que ha transcurrido para este momento no puede entenderse como irrazonable.

5.4. En todo caso, tampoco resulta contrario a los postulados constitucionales el término de ocho meses computado desde que se informó a la actora el turno asignado para elaborar la decisión, si se tiene cuenta la carga laboral que asumen l as autoridades judiciales administrativas a nivel nacional, además, el mero incumplimiento de los términos judiciales no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable18, lo que no ocurrió en este caso, pues el actor no invocó esta situación y no aportó prueba al respecto.

peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable18, lo que no ocurrió en este caso, pues el actor no invocó esta situación y no aportó prueba al respecto.

Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por el accionante como constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está acreditada, en consecuencia, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por María Olga Méndez Rojas en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOLÁS YEPES CORRALES

Magistrado

LMMT

18 Sentencias T1154 de 2001 y T-1249 de 2004.