CE - Sentencia 11001031500020250644600 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos expuestos en la solicitud de amparo evidencian que se pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez, en nombre propio y en calidad de alcalde distrital de Barrancabermeja (Santander), contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 14 de octubre de 2025, el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez interpuso

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 14 de octubre de 2025, el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso . Formuló las siguientes

pretensiones (se transcriben):

Primera: Se me tutele derecho fundamental del debido proceso (art.29).

Segunda: En consecuencia, de la anterior solicitud se ordene al Juez Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja y al Tribunal Administrativo de Santander que dejen sin efectos los autos de fecha 25 de agosto de 2025 y 18 de septiembre de 2025, respectivamente, dictados dentro del incidente de desacato radicado bajo el No. 2015-00220.

Tercera: Se ordene al Juez Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja y al Tribunal Administrativo de Santander levantar la sanción impuesta al suscrito por haber dado cumplimiento a las decisiones judiciales de acuerdo a la interpretación normativa en vigor y a los presupu estos

1 Se advierte que el 11 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 establecidos en el precedente jurisprudencial referenciado, y/o

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 establecidos en el precedente jurisprudencial referenciado, y/o subsidiariamente deje sin efectos la sanción que me fue impuesta en mi condición de Alcalde Distrital de Barrancabermeja.

Cuarto: se ordene al Consejo Superior de la Judicatura realiza r a favor del suscrito la devolución del pago por valor de siete millones ciento diecisiete mil quinientos pesos M/cte ($7.117.500), por concepto de sanción impuesta por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja y confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander, pagada el día 3 de octubre de 2025.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En 2015, se presentó demanda en ejercicio d el medio de control de cumplimiento en contra del Distrito de Barrancabermeja por el supuesto incumplimiento de la Ley 400 de 1997, Ley 1185 de 2008 (artículo 7, numeral 1), Decreto Reglamentario 1080 de 2015 (artículos 2.4.1.1, 2.4.1.1.2, y 2.4.1.1.3) en relación con el Plan Especial de Manejo y Protección del bien inmueble denominado

Plaza de Mercado Central.

4. El proceso le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja y se le asignó el radicado 6808 1-33-33-001-2015-00220-00. En

Plaza de Mercado Central.

4. El proceso le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja y se le asignó el radicado 6808 1-33-33-001-2015-00220-00. En sentencia del 24 de agosto de 2015, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que el municipio de Barrancabermeja viene incumpliendo las obligaciones contempladas en el artículo 2.4.1.3.1 del Decreto 1080 de 2015, conforme a lo señalado en la parte motiva de l a presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia proceda a iniciar las actuaciones administrativas tendientes a que en un término no superior a diez (10) meses elabore y adopte mediante acto administrativo el PEMP del inmueble denominado “PLAZA DE MERCADO CENTRAL” del municipio de Barrancabermeja, el cual deberá desarrollarse teniendo en cuenta las directrices establecidas por el ministerio de cultura en el artículo 2.4.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015 y las demás normas relacionadas con el tema.

5. Mediante auto del 30 de enero de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja requirió al señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez, alcalde distrital de Barrancabermeja para que informara los motivos por los cuales no había dado cabal cumplimiento a la sentencia del 24 de agosto de 2015. El 7 de febrero siguiente, se atendió el requerimiento y expuso que había adelantado diferentes trámites para

de Barrancabermeja para que informara los motivos por los cuales no había dado cabal cumplimiento a la sentencia del 24 de agosto de 2015. El 7 de febrero siguiente, se atendió el requerimiento y expuso que había adelantado diferentes trámites para cumplir lo allí ordenado2.

2 Celebración del contrato 3399-de 2017, cuyo objeto era formular e implementar el plan especial de manejo y protección de la plaza de mercado; el Acuerdo 033 de 2022 , que adoptó la revisión del ordenamiento territorial vigente; Contrato Interadministrativo 1712 de 2023 , con el fin de que se realizara un estudio técnico para la actualización, diagnóstico y valoración de los bienes muebles e inmuebles candidatos a bienes de interés cultural de carácter distrital, en el cual se incluyó la plaza de mercado; Decreto 398 de 2023, a través del cual se creó y conformó la lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural de Barrancabermeja.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

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6. En providencia del 9 de febrero de 2024, el referido juzgado se abstuvo de dar inicio al trámite incidental de desacato, toda vez que el Distrito había acreditado el inicio de las actuaciones correspondientes para adoptar el acto administrativo PEMP de la plaza de mercado de ese municipio.

7. El 28 de julio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja

inicio de las actuaciones correspondientes para adoptar el acto administrativo PEMP de la plaza de mercado de ese municipio.

7. El 28 de julio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja requirió nuevamente al Distrito de Barrancabermeja para que informara sobre los trámites que había adelantado para acatar la sentencia proferida en el medio de control de cumplimiento en el año 2015.

8. En obedecimiento al anterior requerimiento, el alcalde Vásquez Gómez se limitó a reiterar las actuaciones que informó en el trámite incidental que se surtió en el año 2024.

9. Mediante providencia del 25 de agosto de 2025, sancionó por desacato al señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez , en su condición de alcalde del Distrito de Barrancabermeja, con multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes , al considerar que no se all egaron documentos que acreditaran avances reales en la elaboración y adopción del PEMP.

10. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 18 de septiembre de 2025, confirmó la sanción impuesta.

11. El accionante considera que las autoridades judi ciales demandadas

incurrieron en:

12. Defecto sustantivo por aplicación errónea de la normativa en vigor , porque el Tribunal Administrativo de Santander ha proferido 3 decisiones en las cuales ha desarrollado la manera en cómo se debe interpretar los artículos 68 a 79 del Acuerdo 018 de 2002 en consonancia con lo regulado por el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008:

del Acuerdo 018 de 2002 en consonancia con lo regulado por el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008:

– Sentencia de segunda instancia dictada en el expediente 68001-33-33-001-201400220-01 del 7 de mayo de 2018.

– Sentencia de segunda instancia proferida en el expediente 68001-33-33-002-201800128-01 del 27 de julio de 2018.

– Auto dictado en el proceso con radicado 68001-33-33-003-2023-00217-00.

13. Según la parte actora, dichas providencias concluyeron que el referido acuerdo municipal no hizo una declaración de bienes de interés cultural en sus artículos 69 a 71, puesto que el Concejo no contaba con la competencia para hacerlo, puesto dicha facultad recae en el alcalde municipa l, previo agotamiento del procedimiento estipulado en la Ley 393 de 1997.

14. Expuso que de dar cumplimiento a la decisión desacatada « conlleva en sí mismo a utilizar una norma que no está vigente, en mi condición de administrador del Distrito, y se ocasiona otro tipo de consecuencia, y es la relacionada con laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 ordenación del gasto del ente territorial » toda vez que se deberán invertir recursos públicos para expedir el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP.

www.consejodeestado.gov.co 4 ordenación del gasto del ente territorial » toda vez que se deberán invertir recursos públicos para expedir el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP.

15. Desconocimiento del precedente judicial , toda vez que no se tuvieron en cuenta las consideraciones de la sentencia SU -034 de 2018. En su criterio, está demostrado que en el Municipio de Barrancabermeja no existen bienes de interés cultural, de manera que no se ha negado el cumplimiento de la orden judicial, sino que existe una imposibilidad jurídica y material de cumplir lo ordenado.

16. Explicó que el Distrito demandó en el medio de control de nulidad simple la legalidad de los artículos 69 a 71 del Acuerdo 018 de 2002, y ese proceso se encuentra pe ndiente de decisión en el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja (radicado 68001-33-33-001-2024-00019-00).

17. Violación directa de la Constitución , pues las decisiones cuestionadas desconocieron la existencia de pronunciamientos jurisprudenciales que establecen el amparo al derecho fundamental al debido proceso y al patrimonio, omitiendo valorar las conductas positivas tendientes al cumplimiento del fallo.

B. Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto de 22 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a los señores Ludwing Barajas Mendoza y Arnulfo Basto Álvarez. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a los señores Ludwing Barajas Mendoza y Arnulfo Basto Álvarez. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

19. El Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja manifestó que el Distrito no aportó documentos que acredit aran avances reales o efectivos en la elaboración y adopción del PEMP . Indicó que las actuaciones descritas en la contestación al requerimiento previo y a la apertura formal del incidente , tales como la creación de la LICBIC, la suscripción del contrato de estudios y las capacitaciones, ya habían sido valoradas en el incident e que se tramitó con anterioridad, que, en todo caso, no equivalen al cumplimiento de la orden judicial que consistía en expedir un acto administrativo que adopte el PEMP de la Plaza de Mercado Central.

20. Expuso que en la decisión desacatada se concluyó que el referido inmueble ostentaba la condición de bien de interés cultural en virtud del literal b del artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, por lo que «su insistencia en un requisito inexistente para el presente caso constituye una forma de resistencia injust ificada frente a una orden judicial perentoria».

21. Por lo anterior, sostuvo que la parte actora pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional.

22. El magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la decisión censurada, señaló que la alegada imposibilidad de cumplimiento carece de sustento pues la orden judicial es clara y exigible y la resistencia del ente territorial

22. El magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la decisión censurada, señaló que la alegada imposibilidad de cumplimiento carece de sustento pues la orden judicial es clara y exigible y la resistencia del ente territorial es injustificada. Aunado al hecho de que no se aportó prueba nueva o diferente aRadicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 aquella en la cual desd e el año 2023 , fecha de suscripción del contrato interadministrativo 17129 y de expedición del decreto distrital 398 que creó y conformó la lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultura l de Barrancabermeja, la entidad tenga avances mínimos y diferentes a las ya conocidas.

23. Indicó que los reproches efectuados a las providencias están directamente relacionados con los puntos de derecho que se resolvieron en el año 2015, de manera que la tutela no es el mecanismo idóneo para discutir la interpretación efectuada en la sentencia de 24 de agosto de 2015, en lo relacionado a la aplicación otorgada a la Ley 1185 de 2008.

24. El señor Ludwing Barajas Mendoza manifestó que no existió vulneración del debido proceso pues en el trámite incidental se le permitió el ejercicio del derecho de defens a. Asimismo, precisó que las decisiones estuvieron debidamente motivadas y sustentadas en relación con la persistencia del incumplimiento de la sentencia.

del debido proceso pues en el trámite incidental se le permitió el ejercicio del derecho de defens a. Asimismo, precisó que las decisiones estuvieron debidamente motivadas y sustentadas en relación con la persistencia del incumplimiento de la sentencia.

25. Expuso que entre el auto del 9 de febrero de 2024 y el auto del 26 de septiembre de 2025, transcurrieron 1 año, 7 meses y 17 días, periodo en el cual se verificó que no había iniciado las actuaciones orientadas a cumplir con el fallo judicial.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

27. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si la s autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales en cabeza del señor

Jonathan Stivel Vásquez Gómez.

E. Análisis de la Sala

28. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la

28. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicit ud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

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29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

30. En el caso bajo estudio, el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez alegó que, en la providencia del 25 de agosto de 2025, confirmada mediante auto del 18 de septiembre siguiente, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja y el Tribunal Administr ativo de Santander incurrieron en defecto sustantivo,

en la providencia del 25 de agosto de 2025, confirmada mediante auto del 18 de septiembre siguiente, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja y el Tribunal Administr ativo de Santander incurrieron en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, porque no se tuvo en cuenta que, según su criterio, existe imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015 en el medio de control de cumplimiento.

31. Sería del caso analizar si se configuraron o no los referidos defectos; no obstante, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, porque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del trámite incidental de desacato. De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el informe de cumplimiento, en el escrito de oposición a l auto que le impuso la sanción por desacato y los propuestos en la demanda de la referencia, se evidencia que los supuestos vicios en los que incurrieron las autoridades judiciales demandadas fueron invocados para continuar el debate jurídico que ya fue decidido razonablemente.

32. En efecto, en el escenario que propone el accionante, la Sala tendría que examinar nuevamente los argumentos expuestos en el escrito de oposición al auto del 25 de agosto de 2025. En esta providencia, el Juzgado Primero Administra tivo de Barrancabermeja sostuvo que la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015, cuyo cumplimiento se consideró desacato se estableció con absoluta claridad que la Plaza de Mercado Central del Distrito de Barrancabermeja es un Bien de Interés

de Barrancabermeja sostuvo que la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015, cuyo cumplimiento se consideró desacato se estableció con absoluta claridad que la Plaza de Mercado Central del Distrito de Barrancabermeja es un Bien de Interés Cultural -BIC-. Lo anterior, toda vez que en aplicación directa del literal b) del artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, dicho inmueble adquirió esa naturaleza al haber sido incluido en el POT del año 2002.

33. Esto consideró la referida sentencia en el proceso de cumplimiento:

Definido lo anterior, se debe resaltar que el inmueble objeto del presente proceso es efectivamente un BIC, en los términos del inciso tercero del literal b) del artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, toda vez que fue incluido como bien de interés en el Acuerdo 018 de 2002 – POT de Barrancabermeja. Igualmente, es evidente que pro haber adquirido su estatus de Bien de protección con

3 Sobre este aspecto puede n consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 anterioridad a la promulgación de la Ley 1185 de 2008, la implementación del PEMP se hace obligatoria conforme a lo señ alado en el artículo 2.4.1.1.3 del Decreto 1080 de 2015.

7 anterioridad a la promulgación de la Ley 1185 de 2008, la implementación del PEMP se hace obligatoria conforme a lo señ alado en el artículo 2.4.1.1.3 del Decreto 1080 de 2015.

34. Consideró que la obligación fijada en esa providencia no se circunscribía a adelantar estudios previos o promover una nueva declaratoria como bien de interés cultural, sino a elaborar y adoptar el PEMP en un plazo máximo de 10 meses.

35. Sostuvo que el señor Vásquez Gómez no logró acreditar avances reales o efectivos en la elaboración y adopción del Plan Especial de Manejo y Protección, pues las actuaciones que describió en la contestación al incidente daban cuenta, consistentes en la creación de la LICBIC, la suscripción de un contrato de estudios, y las capacitaciones, ya habían sido valoradas en un incidente que se tramitó en el año 2024. En todo caso, precisó que esas actuaciones no equivalían al cumplimiento de la orden judicial, pues esta fue clara en or denar la expedición de un acto administrativo que adoptara el PEMP de la Plaza de Mercado Central.

36. Advirtió que el argumento central de la administración de Barrancabermeja consiste en que, a su juicio, se requiere de la declaratoria formal del inmueble como bien de interés cultural. Lo anterior, en criterio del juzgado demandado contradice lo resuelto en la sentencia del 24 de agosto de 2015, en la cual se determinó que dicho inmueble ostentaba esa condición « por lo que su insistencia en un requisito inexistente para el presente caso constituye una forma de resistencia injustificada frente a una orden judicial perentoria».

dicho inmueble ostentaba esa condición « por lo que su insistencia en un requisito inexistente para el presente caso constituye una forma de resistencia injustificada frente a una orden judicial perentoria».

37. La parte sancionada sostuvo que la Plaza de Mercado Central no es un bien de interés cultural, porque el Acuerdo 018 de 2002 fue expedido sin la respectiva competencia al proferirse luego de la entrada en vigor de la Ley 393 de 1998 y sin la existencia del concepto previo del Consejo Dep artamental de Patrimonio. Esa tesis, en su criterio, ha sido ratificada en diversas providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander, incluida una acción popular resuelta en el año

2024.

38. Explicó que no era jurídicamente exigible la ado pción del PEMP sobre ese inmueble, pues dicha situación implicaría un desconocimiento del principio de legalidad del gasto. En todo caso, reiteró que había adelantado actuaciones tendientes para dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia: un contrato en el año 2017, ajustes normativos en el año 2021, la expedición del Acuerdo 033 de 2022, los estudios técnicos en 2023 y la conformación de la Lista Indicativa de Candidatos a BIC mediante el Decreto 398 de 2023, lo que daba cuenta de que no había sido negligente.

39. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó razonablemente que el elemento subjetivo se encontraba configurado en atención a que habían transcurrido más de 10 años para ejecutar lo ordenado y, a pesar de ello, la administración «persiste en una interpretación restrictiva que desconoce lo resuelto en la sentencia y reabre un debate ya zanjado

configurado en atención a que habían transcurrido más de 10 años para ejecutar lo ordenado y, a pesar de ello, la administración «persiste en una interpretación restrictiva que desconoce lo resuelto en la sentencia y reabre un debate ya zanjado sobre la condición de BIC del inmueble». Señalo que la alegada imposibilidad deRadicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 cumplimiento carece d e sustento pues la orden judicial es clara y exigible, y, por tanto, la resistencia en cumplir del Distrito resulta injustificada.

40. Consideró que no se aportaron pruebas diferentes que le indicaran a la Sala que desde el año 2023, fecha en la cual se suscribió el contrato interadministrativo 1712 y la expedición del Decreto Distrital 398 que creó y conformó la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural de ese ente territorial, la entidad hubiera realizado avances mínimos o diferentes a los ya conocidos en el trámite incidental anterior.

41. Finalmente, señaló que la multa impuesta se enmarca en las facultades correccionales previstas en los artículos 25 y 29 de la Ley 393 de 1997 y es acorde con lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C -542 de 2010, por lo que «el prolongado incumplimiento por más de diez años permite entender que la medida fue adoptada por el juez de primera instancia como una reacción proporcional frente a la reiterada desatención del mandato judicial».

lo que «el prolongado incumplimiento por más de diez años permite entender que la medida fue adoptada por el juez de primera instancia como una reacción proporcional frente a la reiterada desatención del mandato judicial».

42. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de q ue el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por el Tribunal Administrativo de Santander.

43. En este punto, conviene precisar que, tal como lo sostuvo razonablemente la autoridad judicial demandada, el señor Vásquez Gómez insiste en desconocer las consideraciones que tuvo en cuenta el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja al proferir l a decisión destacada, pues resulta claro que en el proceso que se tramitó bajo el radicado 68001 -33-33-001-2015-00220-00. Ese era el escenario idóneo y eficaz para cuestionar lo concluido por la referida autoridad judicial demandada en relación con la calidad o no de bien de interés cultural de la Plaza de Mercado Central de ese municipio.

44. En consecuencia, la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo alterno para reabrir un debate ya definido en sede ordinaria, ni para sustituir los recurso s procesales previstos en la ley. Lo decidido por el juez del desacato se enmarca en el ejercicio legítimo de sus competencias y en la aplicación de las normas que regulan la protección del patrimonio cultural, sin que pueda derivarse de ello una vulneraci ón a los derechos fundamentales que amerite la intervención del juez de tutela.

de las normas que regulan la protección del patrimonio cultural, sin que pueda derivarse de ello una vulneraci ón a los derechos fundamentales que amerite la intervención del juez de tutela.

45. Sin embargo, la Sala observa que, contra la sentencia del 24 de agosto de 2015, en la que se sostuvo de manera clara que la Plaza de Mercado Central ostenta la connotación de bien de interés cultural y, en consecuencia, el Municipio de Barrancabermeja estaba obligado a adoptar el Plan Esp ecial de Manejo y Protección, el ente territorial no interpuso recurso alguno. Desde que dicha providencia adquirió firmeza han transcurrido más de diez años sin que se acredite su efectivo cumplimiento.

46. Esa circunstancia pone de manifiesto, por un lado, la ejecutoria y obligatoriedad de la decisión , y por otro, la omisión prolongada e injustificada del municipio en dar cumplimiento a un mandato que busca preservar el patrimonioRadicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00

Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 cultural del Distrito de Barrancabermeja. La inactividad del ente territorial no puede trasladarse al escenario de la acción de tutela , como si se tratara de una instancia adicional del medio de control de cumplimiento o del trámite incidental de desacato, toda vez que lo decidido por el juez natural fue claro y razonable. En esos términos, no se advierte irregularidad alguna que se le pueda atribuir a las autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.

toda vez que lo decidido por el juez natural fue claro y razonable. En esos términos, no se advierte irregularidad alguna que se le pueda atribuir a las autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.

47. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-034 de 2018, proferida por la C orte Constitucional, la Sala considera que tampoco se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, porque de acuerdo con la tesis del demandante, según la cual existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a lo ordenado, no debió imponerse sanción por desacato.

48. En efecto, la sanción por desacato exige la concurrencia del requisito de responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial, lo cual implica la demostración de una actitud negligente o contumaz del obligado frente al cumplimiento de la orden judicial. En el presente asunto, como se ha expuesto reiteradamente, el tribunal consideró que ante la omisión prolongada y la falta de gestión efectiva del s