CE - Sentencia 11001031500020250645200 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

Demandante: Veeduría Voz Verde

Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

Demandante: VEEDURÍA VOZ VERDE

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Tema: Tutela de fondo y tutela contra providencia judicial – declara la carencia actual de objeto por hecho superado y declara la improcedencia por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la veeduría Voz Verde contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La veeduría Voz Verde, actuando a través de su representante, radicó acción de

de abril de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La veeduría Voz Verde, actuando a través de su representante, radicó acción de tutela el 14 de octubre de 2025, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de:

(i) La presunta tardanza del Tribunal Administrativo de Risaralda en pronunciarse respecto de una medida cautelar que la parte actora solicitó en memorial de 2 de septiembre de 2025.

(ii) El auto de 3 de septiembre de 2025, a través del cual, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó una medida cautelar que propuso en el escrito inicial del medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos identificado con elRadicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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radicado número 66001 -23-33-000-2025-00198-00, que promovió contra el municipio de Dosquebradas, Risaralda, la Corporación Autónoma de Risaralda – CARDER, la empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, la curaduría Urbana Dos de Dosquebradas, el consorcio SUROS, el Fideicomiso Parqueo Campestre D y la señora Claudia Hincapié Castro.

CARDER, la empresa de Desarrollo

Urbano y Rural de Dosquebradas – EDOS, la curaduría Urbana Dos de Dosquebradas, el consorcio SUROS, el Fideicomiso Parqueo Campestre D y la señora Claudia Hincapié Castro, con ocasión de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

1.3.2. La parte actora manifestó que la «presentación de la referida acción popular obedeció a la construcción de un proyecto inmobiliario bajo la modalidad de Vivienda de Interés Social (VIS) en el predio bajo matrícula inmobiliaria número 290-28075, en una zona catalogada como de protección del recurso hídrico según

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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los artículos 33, 40, 136, 139, 292, entre otros, del vigente Plan de Ordenamiento Territorial de Dosquebradas - Acuerdo 007 de 2024».

1.3.3. Asimismo, puso de presente la medida cautelar que solicitó en la acción popular, a saber:

Territorial de Dosquebradas - Acuerdo 007 de 2024».

1.3.3. Asimismo, puso de presente la medida cautelar que solicitó en la acción popular, a saber:

Como MEDIDA CAUTELAR , le solicitamos de forma URGENTE al señor juez que ordene al CONSORCIO SUROS identificada con NIT 901786201, representada por el señor SEBASTIÁN SUAREZ HERRERA o quien haga sus veces, QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD EN EL PREDIO con la matricula inmobiliaria No. 29028075, ubicado en la calle 19ª No. 7-01 del municipio de Dosquebradas, lote antiguo Club Campestre, hasta que haya pronunciamiento definitivo a esta acción popular, en vista del daño ambiental grave e irreversible que puede generar si se sigue adelante con el proyecto . (Subrayas y negritas fuera del texto)

1.3.4. Adujo que el proceso ingresó formalmente al Tribunal Administrativo de Risaralda el 20 de agosto de 2025, bajo el radicado número 66001-23-33-0002025-00198-00.

1.3.5. El 27 de agosto de 2025 2, el tribunal admitió la acción popular y ordenó correr traslado de la medida cautelar, que la parte accionante solicitó en la demanda, a las entidades accionadas por un término de cinco días.

1.3.6. Indicó que el 2 de septiembre de 2025, presentó recurso de reposición contra el auto de 27 de agosto de 2025.

En dicho recurso, solicitó que se revocara esa providencia y que se decretar a la

1.3.6. Indicó que el 2 de septiembre de 2025, presentó recurso de reposición contra el auto de 27 de agosto de 2025.

En dicho recurso, solicitó que se revocara esa providencia y que se decretar a la medida cautelar, para lo cual, la veeduría adjuntó cinco fotografías y tres videos como medios de convicción.

1.3.7. De modo que, el 3 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió auto en el que decidió no reponer la providencia de 27 de agosto y negó la solicitud de decreto de la medida cautelar.

Lo anterior, con fundamento en que la veeduría con las pruebas que allegó no demostró la existencia de un daño inminente, de modo que, no se demostraron las presuntas «violentas intervenciones sobre la vegetación».

Puntualmente la autoridad judicial accionada adujo:

Los actos administrativos referidos (Resoluciones 2468 y 2469 de 16 de mayo de 2025) dan cuenta que de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial del

2 Notificado a las partes el 28 del mismo mes y año.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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municipio de Dosquebradas, y el análisis realizado por el componente biótico de la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial no existe una importancia ecosistémica

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municipio de Dosquebradas, y el análisis realizado por el componente biótico de la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial no existe una importancia ecosistémica relevante, que los impactos generados con la obra son menores y que pueden ser subsanados con la respectiva compensación, tampoco se identificó que el sector cumpla con funciones relevantes de corredor biológico o refugio para fauna silvestre en categorías de amenaza.

Así mismo, se advierte que la Corporación Autónoma Ambiental de Risaralda – CARDER ha realizado visitas al predio y ha generado conceptos técnicos que demuestran que al revisar en el visor Geoambiental no se evidenciaron afectación a áreas protegidas, el predio se encuentra ubicado en suelo urbano, en sector normativo residencial que colinda al sur con suelo de protección del recurso hídrico de la quebrada Frailes, y que el retiro del suelo sería de 20 metros conforme al plan de ordenamiento territorial del municipio de Dosquebradas y que en efecto, el predio objeto del proceso se encuentra a más metros de la corriente hídrica.

Con base en lo anterior, consideró que al encontrarse ubicado dentro de una matriz urbana y al evaluar el tipo de cobertura, la función ecológica y fauna asociada, que la afectación biótica es mínima y que puede ser corregida mediante procesos de compensación, es viable desde el componente técnico el aprovechamiento de la vegetación solicitada, teniendo en cuenta además que existen licencias urbanísticas otorgadas para el desarrollo del proyecto.

Ahora, respecto a los videos y fotografías debe indicarse que fueron aportados sin su debida identificación y sin que se pueda determinar la fecha, hora, lugar y demás

otorgadas para el desarrollo del proyecto.

Ahora, respecto a los videos y fotografías debe indicarse que fueron aportados sin su debida identificación y sin que se pueda determinar la fecha, hora, lugar y demás descripciones, por lo que mal haría este Despacho en darle un valor probatorio a dicha prueba magnética sin tener un soporte que valide lo allí consignado.

1.3.8. La parte tuteante expresó que como consecuencia del auto de 3 de septiembre de 2025, el tribunal trasladó la decisión a las entidades accionadas el 10 de septiembre de 2025.

Frente al punto, manifestó que a la fecha de radicación de esta acción de tutela, ya se había agotado el término para que el Tribunal Administrativo de Risaralda se pronunciara respecto de la medida cautela solicitada.

1.4. Sustento de la vulneración

La veeduría Voz Verde expresó que el Tribunal Administrativo de Risaralda transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con fundamento en que negó una medida cautelar que solicitó en el escrito de la acción popular identificada con el radicado número 66001-23-33-000-2025-00198-00.

Indicó que el tribunal accionado al proferir la providencia de 3 de septiembre de 2025 incurrió en defecto procedimental absoluto por vulneración de términosRadicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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procesales, dado que, el magistrado sustanciador «sigue sin proferir su decisión de la cautela solicitada».

La parte actora aseguró que «no solo ha tenido que soportar el error orgánico de la administración de Justicia en el momento del reparto de la presente acción popular, y que demoró el trámite procesal por espacio de al menos dos semanas, sino que ha tenido que tolerar además que la colegiatura competente incumpla con los términos perentorios e improrrogables para la toma de decisiones urgentes al respecto del asunto en litigio».

Indicó que «la procedencia excepcional de medidas cautelares de urgencia solo tiene asidero en situaciones de absoluta inminencia y gravedad de la transgresión que la parte interesada busca evitar, bajo el presupuesto de que el trámite ordinario de la medida haría inefectiva la protección solicitada».

También hizo alusión a que la judicatura demandada también incurrió en decisión sin motivación y desconocimiento del precedente al proferir el auto de 3 de septiembre de 2025 , dado que, no hizo el correspondiente análisis de la medida cautelar, en el sentido de revisar si tal solicitud cumplía o no con los requisitos específicos de las medidas cautelares.

Lo anterior, con fundamento en que el magistrado se apartó de su deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión sobre el riesgo de

específicos de las medidas cautelares.

Lo anterior, con fundamento en que el magistrado se apartó de su deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión sobre el riesgo de vulneración, y en su lugar dirigió su razonamiento hacia la magnitud del daño sostenida en los actos objeto de reproche.

Adicionalmente, refirió que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto fáctico, puesto que, el magistrado sustanciador del auto enjuiciado invalidó y le restó valor a las cinco fotografías y los tres videos que la veeduría aportó como pruebas, de manera que, descartó todas las herramientas procesales y probatorias que tenía a su disposición para las dudas que tuviera respecto del caso.

En concordancia con lo dicho, trajo a colación un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, desde el momento en el que descartó la validez de los ocho medios de convicción que la veeduría arrimó al trámite, de manera que, omitió su facultad probatoria de oficio.

Además, aseguró que s i el magistrado tuvo dudas respecto de las pruebas, debió haber solicitado la aclaración y no haberlas dejado de valorar en su totalidad.

Finalmente, adujo que el tribunal ha tardado en pronunciarse respecto de la medida provisional que está encaminada a prevenir provisionalmente el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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del medio ambiente y los recursos naturales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia de 20 de octubre de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actor a, así como a l Tribunal Administrativo de Risaralda.

Además, requirió: (i) al referido tribunal para que remitiera de manera inmediata copia digital del expediente 66001 -23-33-000-2025-00198-00 al correo electrónico secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co con destino al proceso de tutela de la referencia, y (ii) a la ciudadana Tulia Inés Benavides Henao, para que, dentro de un término de tres ( 3) días siguientes a la notificación del auto admisorio, acreditara su condición de representante legal de la veeduría Voz Verde.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

1.6.1.1. En memorial de 24 de octubre de 2025, el magistrado que tiene a cargo la acción popular identificada con el radicado número 66001 -23-33-000-2025-0019800, en la que se profirió el auto de 3 de septiembre de 2025 intervino en el presente trámite tutelar.

Inicialmente mencionó jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se hace

00, en la que se profirió el auto de 3 de septiembre de 2025 intervino en el presente trámite tutelar.

Inicialmente mencionó jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se hace referencia a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adicionalmente expuso que la parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de Risaralda, presuntamente estaba en mora para proferir «providencia que resuelve la medida cautelar solicitada dentro del proceso de protección de derechos e intereses colectivos radicado con el No. 66001-23-33000-2025-00198-00».

Respecto a la tardanza, mencionó que el simple incumplimiento de los términos procesales no constituye por sí mismo una transgresión del derecho fundamental al debido proceso, puesto que en muchas ocasiones se entiende justificado el retraso cuando el funcionario que administra justicia, a pesar de obrar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones «imprevisibles e ineludibles», como el excedo de trabajo que le impiden cumplir con los plazos fijados en la ley para tal efecto.

Además, precisó que «ante la congestión judicial que cause una mora en la solución de los asuntos sometidos al conocimiento del respectivo despacho, el juez deberá atender el orden de llegada de los expedientes para dictar sentencia, salvo que exista una excepción legal que permita modificar la prelación de ese sistema».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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Asimismo, hizo un recuento de las etapas procesales que se han surtido al interior de la acción de grupo, con el fin de demostra r que ha actuado de manera célere y diligente, no obstante, por circunstancia imprevisibles no le ha sido posible dar cumplimiento estricto a los términos judiciales.

Adujo que en efecto, el 10 de septiembre de 2025, fue enviado como mensaje de datos a la dirección electrónica de los demandados el auto que corrió traslado de la medida y al tratarse de una notificación personal efectuada de manera electrónica y «se entiende realizada transcurridos dos días al envío, que corresponden al 11 y 12 de septiembre de 2025, por lo que el término de cinco (5) días de traslado de la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte actora, corrió del 15 al 19 de septiembre de 2025, según la constancia secretarial del 14 de octubre de 2025 mediante la cual ingresa el expediente a despacho para resolver la medida cautelar».

Indicó, que de forma paralela, se encontró que la Fiduciaria Central S.A., demandada en el proceso, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto admisorio de la demanda, al cual se le corrió traslado por tres (3) días, que corrió los días 08, 09 y 10 de octubre de 2025.

De modo que, actualmente el proceso se encuentra a despacho desde el día

contra el auto admisorio de la demanda, al cual se le corrió traslado por tres (3) días, que corrió los días 08, 09 y 10 de octubre de 2025.

De modo que, actualmente el proceso se encuentra a despacho desde el día martes 14 de octubre de 2025 para requerir constancia de publicación de aviso a la comunidad y proveer sobre los recursos formulados y, a su vez, para resolver la medida cautelar formulada.

Aseguró que, como bien se sabe el funcionario judicial como director del despacho y del proceso puede establecer mecanismos que racionalicen y ordenen la actividad del despacho, al no ser posible ejecutar simultáneamente todas las actividades a su cargo, de tal manera que la llegada de una demanda no implica su asunción inmediata salvo los asuntos con prelación constitucional y legal y el referido a la presente acción constitucional no tiene esas características.

De conformidad con lo expuesto, el magistrado que tiene a cargo la acción popular, dijo que, si bien le asiste razón al accionante en el sentido que el auto que resuelve la medida cautelar no ha sido proferido, y que de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, ello debe ocurrir dentro del término de diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella, «lo cierto es que dicha circunstancia no puede catalogarse por sí sola como caprichosa o negligente, ya que obedece a razones objetivas y razonables, producto de la congestión judicial que enfrenta la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en todo caso este Tribunal se encuentra ante un lapso que es razonable entre la culminación del traslado de la medida cautelarrazonables, producto de la congestión judicial que enfrenta la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en todo caso este Tribunal se encuentra ante un lapso que es razonable entre la culminación del traslado de la medida cautelarafectado por la interposición del recurso de reposición - y la elaboración de una decisión respecto del cumplimiento de los requisitos para su decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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Por ende, manifestó que lo que se observa es que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela para lograr un impulso procesal, sin embargo, debe destacarse que para el trámite del mencionado medio de control inciden no solo los términos dispuestos en el ordenamiento legal, sino múltiples factores que derivan de problemas estructurales de la administración de justicia que históricamente pueden representar una congestión en los despachos judiciales, por lo que no es de recibo la práctica mal sana de tratar de alterar el orden para obtener decisiones judiciales por vía de impulsos procesales o acciones de tutela como está ocurriendo dentro de la jurisdicción.

Por consiguiente, expuso que en el presente asunto no se han transgredido derechos fundamentales, puesto que el mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo una violación al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia».

Arguyó que si bien la administración de justicia debe ser en tiempo, como un

derechos fundamentales, puesto que el mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo una violación al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia».

Arguyó que si bien la administración de justicia debe ser en tiempo, como un elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo retardo en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, pues para que esto ocurra se debe probar que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del proceso sea irrazonable, lo cual no se advierte en el trámite dado por el suscrito al proceso de acción popular con radicado número 66001 -23-330002025-00198-00.

Y adujo que ser estrictos en la aplicación de los términos procesales no tendría sentido el documento denominado «RESULTADOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS PROCESALES» emitido por el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación Excelencia en la Justicia, donde se establecen los tiempos estándar de duración de los procesos en todas las jurisdicciones, ya que por obvias razones siempre tendría que cumplirse los términos sin parar mientes en variables como número de procesos a cargo, complejidad de los mismos, etc.

Finalmente, el magistrado puso de presente que el Despacho del cual es titular maneja en la actualidad 302 procesos, por lo que el impulso que se le ha dado al proceso de acción popular que radicó la veeduría, ha sido acorde con la carga laboral, pues no solo se debe tener en cuenta el número de procesos a cargo, sino además los turnos y las actuaciones procesales realizadas tales como las

proceso de acción popular que radicó la veeduría, ha sido acorde con la carga laboral, pues no solo se debe tener en cuenta el número de procesos a cargo, sino además los turnos y las actuaciones procesales realizadas tales como las audiencias y demás diligencias que suman tiempo al trámite de los procesos, así como el estudio de proyectos de los demás magistrados.

1.6.1.2. En este punto se debe precisar que el 27 de octubre de 2025, la secretaría del tribunal remitió el expediente digital de la acción popular objeto de debate en sede de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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1.6.2. Consorcio SUROS

En documento de 30 de octubre de 2025, el consorcio solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, por medio de auto de 27 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió la medida cautelar que solicitó la veeduría Voz Verde.

Manifestó que en la referida providencia el tribunal con plena observancia de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, estudió los argumentos y las pruebas aportadas por las partes, de manera que, concluyó que no existía prueba idónea de un daño grave, cierto e inminente a los derechos colectivos alegados por la parte actora.

argumentos y las pruebas aportadas por las partes, de manera que, concluyó que no existía prueba idónea de un daño grave, cierto e inminente a los derechos colectivos alegados por la parte actora.

Destacó que previamente, el mismo tribunal había resuelto una medida cautelar de urgencia presentada por la veeduría, mediante auto de 3 de septiembre de 2025, en el que analizó el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 231 y 234 del CPACA y en los artículos 25 y 26 de la Ley 472 de 1998, y concluyó que no se cumplían los presupuestos legales para decretar dicha medida

En ese orden de ideas, aseguró que, con estas dos decisiones judiciales, queda más que claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en omisión alguna, pues incluso se pronunció dos veces sobre solicitudes cautelares (una de urgencia y otra ordinaria) con lo cual se garantizaron los derechos fundamentales de las partes procesales.

También indicó que la s providencias proferidas por el tribunal enjuiciado demostraron que hizo una valoración integral del acervo probatorio y de las posiciones de las partes , asimismo, el trámite de las dos medidas cautelares evidenció el cumplimiento de los principios de publicidad, contradicción y motivación, por lo que la diferencia de criterios frente a la decisión judicial no puede equipararse a una vulneración al debido proceso, puesto que, el juez tiene autonomía judicial.

Para concluir dijo que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia, ni en un medio de revisión de providencias que fueron motivadas y notificadas en debida forma.

Asimismo, puso de presente que la apelación es el escenario idóneo para debatir

un medio de revisión de providencias que fueron motivadas y notificadas en debida forma.

Asimismo, puso de presente que la apelación es el escenario idóneo para debatir las inconformidades frente a un auto que negó una medida cautelar, y no la acción de tutela.

Adicionalmente, adjuntó el auto de 27 de octubre de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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1.6.3. Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – EDOS

El 31 de octubre de 2025, allegó memorial en el que hizo un recuento de los hechos y pretensiones de esta acción y expuso que en el presente asunto se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, el tribunal se refirió a la medida cautelar solicitada mientras esta tutela se tramitaba, de modo que, en este momento, no subsiste la afectación alegada por la veeduría Voz Verde.

Por su parte, y respecto de los yerros que alegó la parte tutelante, la empresa dijo que el magistrado sustanciador hizo un análisis jurídico y probatorio razonado al resolver tanto el recurso de reposición interpuesto por la veeduría como la solicitud de medida cautelar, puesto que las decisiones fueron fundamentadas, en ellas se estudiaron los medios de convicción y se valoraron los element os aportados por la parte actora y las entidades accionadas.

de medida cautelar, puesto que las decisiones fueron fundamentadas, en ellas se estudiaron los medios de convicción y se valoraron los element os aportados por la parte actora y las entidades accionadas.

Expresó que no puede predicarse la existencia de un defecto procedimental absoluto, ni la supuesta demora en el pronunciamiento frente a la medida cautelar.

Con relación con las pruebas allegadas por la veeduría accionante, agregó que se debía precisar que ninguna de ellas acreditaba la existencia de un perjuicio irremediable, ni demostraba de manera seria, la configuración de un riesgo inminente o grave que justifique la intervención del juez constitucional.

Las fotografías aportadas se limitaban mostrar escenas propias y habituales de la ejecución de un proyecto urbanístico legalmente autorizado, en el marco de un aprovechamiento forestal debidamente concedido por la autoridad ambiental competente, y el solo hecho de evidenciar el retiro de individuos arbóreos no implicaba, por sí mismo, una afectación ambiental grave ni un perjuicio irremediable, pues de aceptarse dicho planteamiento, ninguna ciudad podría desarrollarse ni consolidar proyectos urbanísticos, aun cumpliendo con las licencias y permisos exigidos por la ley.

En consecuencia, era claro que los medios probatorios que arrimó la parte actora carecían de idoneidad, pertinencia y suficiencia necesaria para acreditar la existencia de un perjuicio irremediable o de un daño ambiental imputable a las entidades demandada, limitándose así, a reflejar percepciones subjetivas y apreciaciones sin valor técnico.

1.6.4. Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER

entidades demandada, limitándose así, a reflejar percepciones subjetivas y apreciaciones sin valor técnico.

1.6.4. Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER

En memorial de 31 de octubre de 2025, adujo que esta acción no estaba dirigidaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06452-00

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directamente contra esa corporación sino contra una decisión judicial adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro de una acción popular que se encuentra en trámite, por consiguiente, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela porque no es el mecanismo idóneo, ni subsidiario para la protección de los derechos invocados.

Asimismo, solicitó negar las pretensiones de la acción por la inexistencia de una transgresión por parte la CARDER a la veeduría Voz Verde.

1.7. Auto que ordena

Por medio de providencia de 14 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de esta decisión ordenó vincular a los demás sujetos procesales que conforman la parte pasiva de la acción popular identificada con el radicado número 66001-23-33000-2025-00198-00, con el fin de que intervinieran en el presente asunto.

1.7.1. Fiduciaria Central S.A.

En interv