CE - Sentencia 11001031500020250646400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06464-00

Accionante: AMAURY ANTONIO PÉREZ BARRETO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa en el que se declaró la caducidad del término para interponer la demanda . Defecto s fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Amaury Antonio Pérez Barreto , quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Meta1.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de octubre de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , a la dignidad humana, a la salud, y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

humana, a la salud, y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, reparación integral, salud y dignidad humana del señor AMAURY

ANTONIO PÉREZ BARRETO.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la providencia judicial del 30 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por incurrir en vía de hecho.

TERCERA: Ordenar la restitución de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de Villavicencio, que reconoció la responsabilidad del Estado y el derecho a la reparación integral.

CUARTA: Disponer las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados, incluyendo seguimiento institucional”.

1 Sala de Decisión Oral Cuatro.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

Accionante: Amaury Antonio Pérez Barreto

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2. Hechos

El accionante relató que vivía con sus padres y hermanos y que en mayo de 2023, en la ciudad de Villavicencio, fue retenido por el Ejército Nacional con el fin de verificar su situación militar. Como resultado fue incorporado de manera obligatoria a la institución y , posteriormente, trasladado a un batallón. Señaló que durante el

en la ciudad de Villavicencio, fue retenido por el Ejército Nacional con el fin de verificar su situación militar. Como resultado fue incorporado de manera obligatoria a la institución y , posteriormente, trasladado a un batallón. Señaló que durante el proceso de incorporación cumplió con todos los requisitos previos, incluidas las valoraciones médicas generales, sin que se identificara algún diagnóstico que impidiera su ingreso. En consecuencia, agregó que fue trasladado al municipio de Granada - Meta, donde permaneció durante tres meses en entrenamiento.

Manifestó que el 14 de noviembre de 2014 , en cumplimiento de sus funciones militares “ recibió la orden de cargar residuos de palma africana. Durante el descargue, una hoja de palma se fracturó y golpeó su rodilla derecha, incrustándole espinas de diferentes tamaños, por lo que esa noche, su extremidad presentó inflamación por infección, por consiguiente, fue trasladado al dispensario militar, donde se extrajeron algunas espinas, quedando otras dentro de la rodilla”.

En ese contexto, señaló que la infección que presentaba se agravó, razón por la cual fue remitido el 16 de noviembre de 2014 al Hospital Departamental de Granada E.S.E., donde se le diagnosticó celulitis y la presencia de un cuerpo extraño residual. Como consecuencia, el 18 de noviembre de 2014 se determinó la necesidad de practicarle una cirugía, procedimiento quirúrgico que se llevó a cabo y luego de tres días de evolución favorable, el 21 de noviembre de 2014 se ordenó su egreso. Asimismo, agregó que se le otorgó una incapacidad por 15 días, comprendida entre el 16 y el 30 de noviembre de 2014.

días de evolución favorable, el 21 de noviembre de 2014 se ordenó su egreso. Asimismo, agregó que se le otorgó una incapacidad por 15 días, comprendida entre el 16 y el 30 de noviembre de 2014.

Sostuvo que el 3 de diciembre de 2014 ingresó nuevamente al Hospital Departamental de Granada E.S.E. donde se le prescribieron antibióticos y analgésicos y se le otorgó otra incapacidad por 30 días – del 4 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015-.

Expresó que en enero de 2015 fue retirado del Ejército Nacional “ sin cumplir los trámites administrativos de rigor”. En consecuencia, al intentar ingresar al Batallón Serviez, le fue negado el acceso por encontrarse retirado, lo que le impidió continuar con su tratamiento médico, agravó su estado de salud y le generó un estado de “postración”. Agregó que, en múltiples ocasiones, solicitó atención médica a la Institución, pero esta le fue negada debido a su desvinculación, situación que según afirmó le ocasionó daños físicos y psicológicos irreversibles, puesto que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no le brindó la cobertura ni los recursos necesarios para una atención oportuna.

Relató que entre 2016 y 2019, las lesiones que padecía le impidieron vincularse al mercado laboral afectando de manera directa su derecho al mínimo vital. Señaló además que en 2018 interpuso una acción de tutela contra el Ejército Nacional por la negación de los servicios médicos , sin embargo, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Villavicencio la declaró improcedente. Agregó que

además que en 2018 interpuso una acción de tutela contra el Ejército Nacional por la negación de los servicios médicos , sin embargo, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Villavicencio la declaró improcedente. Agregó que dicha decisión fue impugnada y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Meta la revocó, amparó su derecho fundamental a la seguridad social y ordenó practicar una valoración médica y emitir el correspondiente dictamen por parte de la

Junta Médico Laboral.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

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3 Precisó que “ el Ejército Nacional elaboró de forma extemporánea el informe administrativo por lesiones en febrero de 2019, reconociendo la imputabilidad al servicio, pero omitió practicar el examen psicofísico de retiro, en contravención de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1796 de 2000 ”. Y agregó que pese a ello solo el 5 de abril de 2016 “ más de cuatro años después ”, fue finalmente valorado por la Junta Médico Laboral, la cual expidió el dictamen no. 107521, asignándole un 19.5% de pérdida de capacidad laboral imputable al servicio.

Refirió que el 19 de octubre de 2021 presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en la que solicitó que se declarara administrativamente a las

Refirió que el 19 de octubre de 2021 presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en la que solicitó que se declarara administrativamente a las entidades de mandadas por la pérdida de capacidad laboral sufrida durante la prestación de su servicio militar obligatorio, como consecuencia de las omisiones y fallas en la prestación del servicio médico asistencial al no garantizarle su recuperación oportuna y eficaz. Y como consecuencia de lo anterior, se ordenará a la entidad demandada el pago de los perjuicios morales y materiales.

Señaló que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio mediante sentencia de 11 de septiembre de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los daños sufridos y condenó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, al pago de los perjuicios morales y por concepto de daño a la salud , al considerar que estaba acreditado el daño padecido por el demandante y era imputable a la entidad accionada a título de daño especial, toda vez que la lesión fue ocasionada por actividades propias del servicio militar obligatorio.

Manifestó que contra la anterior determinación, la accionada presentó recurso de apelación, al estimar que la demanda fue presentada por fuera del término legal de los dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso14 de noviembre de 2014o desde que el demandante tuvo conocimiento del daño. Y refirió que dado que no se evidenciaron impedimentos materiales que le hubiesen

los dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso14 de noviembre de 2014o desde que el demandante tuvo conocimiento del daño. Y refirió que dado que no se evidenciaron impedimentos materiales que le hubiesen imposibilitado acudir a la administración de justicia, operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia de 24 de abril de 2025, revocó la decisión y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, al concluir que el hecho dañoso ocurrió el 14 de noviembre de 2014 y no existió evidencia alguna de que el accionante desconociera el daño o estuviera imposibilitado para percibirlo, por lo tanto, el término de caducidad venció el 15 de noviembre de 2016. Adicionalmente, consideró que de conformidad con lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el dictamen proferido por una junta médica laboral no constituye el punto de partida para contar el término de caducidad.

Finalmente, se precisa que mediante providencia de 22 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo del Meta resolvió corregir el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia del 24 de abril de 2025 , por un error mecanográfico al condenar en costas a la parte demandada, cuando lo procedente era condenar a la parte demandante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

Accionante: Amaury Antonio Pérez Barreto

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia constitucional indicó que la decisión cuestionada afectaba directamente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia al declarar la caducidad del medio de control de reparación directa , sin considerar el momento en que se consolidó el daño.

Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial, toda vez que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Meta se encuentra ejecutoriada y contra dicha decisión no existe recurso ordinario ni extraordinario, pues el recurso extraordinario de revisión no es procedente porque solo procede en l os casos expresamente señalados por la Ley, y en el caso concreto no se configura ninguna de las causales establecidas para su procedencia. Adicionalmente, mencionó que tampoco es procedente el recurso extraordinar io de unificación de jurisprudencia porque no se cumple con el requisito de la cuantía previsto en el numeral 5° del artículo 257 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Respecto del requisito de inmediatez, la parte actora afirmó que la acción de tutela fue presentada dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.

Finalmente, precisó que se identificaron de manera clara los hechos y las razones

fue presentada dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo tanto se encuentra dentro del término razonable.

Finalmente, precisó que se identificaron de manera clara los hechos y las razones generadoras de la vulneración de los derechos fundamentales.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que se configuró el defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En relación con el defecto sustantivo, consideró que el Tribunal Administrativo del Meta aplicó de “forma rígida, literal y descontextualizada el artículo 164 del CPACA, sin atender al enfoque garantista exigido por el artículo 13 de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Esta interpretación formalista vulnera el principio pro actione, que exige privilegiar el acceso a la justicia en casos de duda o vulnerabilidad”.

Respecto del defecto fáctico , afirmó que la autoridad judicial accionada omitió valorar las pruebas determinantes que acreditaban el momento real de la consolidación del daño, entre las cuales: (i) notificación del dictamen, (ii) historia clínica y constancias de incapacidad, (iii) informe administrativo por lesiones, (iv) tutela previa de 2018 que ordenó la valoración médica, (v) conciliación prejudicial, y (vi) suspensión de términos por la pandemia.

Finalmente, afirmó que se desconoció el precedente judicial contenido en las sentencias SU-659 de 2015, T-334 de 2018 y T-347 de 2020, las cuales establecían que el término de caducidad en el medio de control de reparación directa por lesiones personales debía contarse desde la consolidación del daño y no desde el

que el término de caducidad en el medio de control de reparación directa por lesiones personales debía contarse desde la consolidación del daño y no desde el hecho generador.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

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5 Asimismo, agregó que “el término de caducidad no puede aplicarse de manera absoluta, sino atendiendo a las particularidades del caso, ya que existe la posibilidad de que el afectado conozca o identifique el perjuicio en un momento posterior a aquel en que ocurrió.” — Corte Const itucional, Sentencia T -334 de 2018 “La interpretación del término de caducidad en acciones de reparación directa debe hacerse conforme al principio pro actione, privilegiando el acceso a la justicia en casos de daño consolidado.” — Corte Constitucional, Sentencia T-347 de 2020 En el presente caso, el dictamen médico N° 107521, emitido el 5 de abril de 2019 y notificado el 19 de julio de 2019, constituye el momento en que el accionante tuvo conocimiento técnico y oficial del daño antijurídico, conforme al artículo 164 del CPACA, que establece: “El término de caducidad se contará a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior…”.

Adicionalmente, sostuvo que la consolidación jurídica del daño ocurría cuando se

el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior…”.

Adicionalmente, sostuvo que la consolidación jurídica del daño ocurría cuando se establecía su magnitud, permanencia e imputabilidad al servicio, el cual se verificaba a través de la valoración médica realizada por la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad Militar o, en su defecto, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Asimismo, precisó que la jurisprudencia se inclinaba por la tesis según la cual el término de caducidad para presentar el medio de control de reparación directa en caso s de conscriptos lesionados no debía contarse desde la fecha del hecho generador, sino desde el momento en que se determinaba oficialmente la pérdida de capacidad laboral.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 20 de octubre de 2025, el despacho requirió al apoderado judicial de la parte actora para que allegara el poder especial que lo legitimara para interponer la acción de tutela. En ese orden de ideas, el abogado mediante memorial de 23 de octubre de 2025, allegó lo requerido.

Así las cosas, a través de proveído de 31 de octubre de 2025, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a la parte actora y a la autoridad accionada -Tribunal Administrativo del Meta-. Asimismo, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, como terceros interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

como terceros interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 164352 a 164355 del 4 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Meta

La magistrada ponente rindió informe en el que señaló que en la sentencia objetada se declaró probada la excepción de caducidad , al considerar que de conformidad

2 Índice 14 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

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6 con la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando se trata de lesiones personales, el conteo del término de caducidad depende de las particularidades de cada caso, así como si el daño fue inmediato, inminente e inmodificable, por lo tanto, sostuvo que el término comenzaba a cont arse desde el día siguiente a la fecha del suceso que lo causó.

Manifestó que en el caso concreto quedó plenamente demostrado que la lesión sufrida por el accionante ocurrió el 14 de noviembre de 2014 mientras prestaba el servicio militar obligatorio, y desde ese momento fue atendido médicamente, realizándose los proce dimientos quirúrgicos correspondientes y se identificó el

sufrida por el accionante ocurrió el 14 de noviembre de 2014 mientras prestaba el servicio militar obligatorio, y desde ese momento fue atendido médicamente, realizándose los proce dimientos quirúrgicos correspondientes y se identificó el origen de la lesión. Asimismo, explicó que la calificación de la pérdida de capacidad laboral realizada el 5 de abril de 2019 por la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional se limitó a establecer el grado de afectación de la lesión, pero no constituía el primer conocimiento del daño.

Adicionalmente, agregó que como el hecho dañoso ocurrió el 14 de noviembre de 2014 y no existió evidencia de que el accionante desconociera el daño o no pudiera percibirlo, el término de caducidad vencía el 15 de noviembre de 2016, no obstante, precisó que la demanda fue presentada el 20 de octubre de 2021, es decir, casi cinco años después y, en ese sentido, señaló que se excedió el término legal.

De conformidad con lo anterior, afirmó que la acción de tutela no cumplía con los requisitos generales de procedencia, toda vez que los alegatos de la parte actora están encaminados a revivir la discusión originada en el proceso ordinario dada su inconformidad con la sentencia de segunda instancia.

Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, comoquiera que “el accionante no acreditó la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales incoados, sino que se limitó a señalar que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un defecto fáctico y jurídico al no valorar adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente, las cuales, a criterio de la sala, no f ueron

fundamentales incoados, sino que se limitó a señalar que el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un defecto fáctico y jurídico al no valorar adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente, las cuales, a criterio de la sala, no f ueron suficientes para desvirtuar la ocurrencia del fenómeno de caducidad en el caso”.

5.2. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o se negará el amparo solicitado, al considerar que el escrito de tutela no cumple con los requisitos generales ni específicos de procedencia establecidos por la Corte Constitucional, toda vez que la inconformidad de la parte actora radica en las interpret aciones realizadas por el Juzgado y por el Tribunal Administrativo del Meta de las decisiones adoptadas en el marco del proceso de reparación directa.

Manifestó que la decisión proferida por el Juzgado obedeció a las reglas interpretativas de las fuentes del derecho aplicables, y agregó que se realizó una debida valoración probatoria de los medios de prueba aportados al proceso. Asimismo, indicó que dura nte el trámite procesal se respetó el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho de defensa que le asiste a las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

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7 Finalmente, aclaró que era importante destacar que una decisión judicial solo podía considerarse jurídicamente legítima cuando se fundamentara en la aplicación adecuada de la norma, conforme a los criterios interpretativos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, explicó que tales criterios comprendían los principios generales del derecho, las distintas metodologías de interpretación del texto normativo aplicable y el examen de la situación fáctica a partir de los hechos debidamente acreditados en el proceso. Y concluyó que todos esos elementos fueron observados de manera rigurosa en la sentencia objeto de análisis.

5.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

El apoderado de la entidad rindió informe en el que precisó que no existió una vulneración de derechos fundamentales con la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta que declaró la caducidad de la demanda de reparación directa presentada por el accionante, toda vez que el soldado conoció su lesión desde noviembre de 2014 y de conformidad con el Decreto 1796 de 2000, tenía el deber de informar por escrito la omisión del informe administrativo dentro de los dos meses siguientes, lo cual no hizo.

Asimismo, señaló que el término de dos años para presentar la acción venció en noviembre de 2016, pues el dictamen de la Junta Médico Laboral no constituía el punto de partida para el cómputo de la caducidad, según la jurisprudencia unificada

noviembre de 2016, pues el dictamen de la Junta Médico Laboral no constituía el punto de partida para el cómputo de la caducidad, según la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Adicionalmente, explicó que como la conciliación prejudicial se presentó en 2021 y la demanda ese mismo año, el Tribunal aplicó correctamente la caducidad. Por ello, concluyó que no se configuró una violación al acceso a la justicia, al debido proceso ni a los demás derechos invocados. Finalmente, afirmó que “ a lo largo del proceso no se demostró por parte del hoy accionante situaciones excepcionales que materialmente le impidieran al demandante acudir ante la administración de justicia, pues resulta claro que fue por una negligencia por parte del demandante, n o le impedían desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, ya que ni siquiera se hace mención a la existencia de un riesgo o peligro objetivo que tuviera la entidad suficiente de anular cualquier propósito de poner en movimiento a la justicia contencioso administrativa”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por el Tribunal

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta mediante la cual se revocó la decisión de 11 de septiembre de 2023 del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio que había accedido a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada laRadicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

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8 excepción de caducidad del medio de control de reparación directa dentro del proceso con radicado no. 50001-33-33-009-2021-00309-00 incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales de l accionante, al configurarse los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado

hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06464-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto fáctico10; (iv) Defecto