CE - Sentencia 11001031500020250646900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionantes:

Accionados:

Medio de control: Tema:

Decisión: 11001 03 15 000 2025 06469 00

José Didier Jiménez Torres y otros1 Tribunal Administrativo del Meta – Sala Sexta Oral y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio Acción de tutela Acción de tutela contra providencia judicial proferida en una reparación directa Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por los señores Dayber Stiven Jiménez Solaque, María Luz Linda Urrea Urrea, Mayerli Urrea Urrea, Edilma Jiménez Torres, Jeisson Alexander González Jiménez, Yulieth Daniela González Jiménez, Jairo Esteban González Jiménez, Romelia Jiménez Torres, Wilmer González Jiménez, Tilcia Jiménez Torres, Esperanza Jiménez Torres y José Didier Jiménez Torres quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad J.L.J.U. 2 y Maurix Jiménez Torres

Torres, Esperanza Jiménez Torres y José Didier Jiménez Torres quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad J.L.J.U. 2 y Maurix Jiménez Torres quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad C.J.L. 3, en contra de la sentencia proferida de 13 de marzo de 2025 por la Sala Sexta del Tribunal Administrativo del Meta en la reparación directa identificada con el radicado nro. 50001 3333 004 2013 00497 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Los accionantes promovieron acción de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formularon las siguientes pretensiones4:

1. DECLARAR que el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, han vulnerado los derechos incoados por mis representados.

2. CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso de mis prohijados.

1 Dayber Stiven Jiménez Solaque, María Luz Linda Urrea Urrea, Mayerli Urrea Urrea, Edilma Jiménez Torres, Jeisson Alexander González Jiménez, Yulieth Daniela González Jiménez, Jairo Esteban González Jiménez, Romelia Jiménez Torres, Wilmer González Jiménez, Tilcia Jiménez Torres, Esperanza Jiménez Torres y Maurix Jiménez Torres. 2 No se publica el nombre de la menor de edad 3 No se publica el nombre de la menor de edad 4 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

Torres y Maurix Jiménez Torres. 2 No se publica el nombre de la menor de edad 3 No se publica el nombre de la menor de edad 4 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro

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3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 13 de marzo de 2025, proferida

por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.

4. Que, en consecuencia, se le ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una decisión de reemplazo, en el sentido de acceder a las súplicas de la demanda, analizando el caso también bajo el régimen objetivo de D AÑO ESPECIAL, valorando todas y cada una de las pruebas obrantes en el expediente.

(Negrillas y mayúsculas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad que estiman vulnerados por la sentencia del 13 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta confirmó el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio que negaron las pretensiones de la

proceso y a la igualdad que estiman vulnerados por la sentencia del 13 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta confirmó el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio que negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por ellos en contra de la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación.

Explicaron que la demanda de reparación directa se interpuso con fundamento en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por los perjuicios morales, materiales y los daños a la vida de relación que, a su juicio, se originaron en la privación injusta de la libertad sufrida por el señor José Didier Jiménez Torres.

Relataron que dicha privación tuvo lugar entre el 6 de mayo y el 26 de junio de 2012, en desarrollo de un proceso penal adelantado por la Fiscalía Doce Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales y por los Juzgados Segundo y Primero Promiscuos Municipales de San José del Guaviare, por los delitos de hurto calificado y agravado. Indicaron que la actuación penal culminó con la preclusión dictada el 26 de junio de 2012.

Precisaron que la demanda correspondió por reparto a l Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio que, en sentencia del 26 de marzo de 2019 negó las pretensiones.

Inconformes con esa decisión, interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 23 de marzo de 2025 la confirmó.

pretensiones.

Inconformes con esa decisión, interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 23 de marzo de 2025 la confirmó.

Manifestaron que la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial comoquiera que (i) “se trata de un asunto de relevancia constitucional, esto es, violación al derecho fundamental al debido proceso ”; (ii) agotaron todos los mecanismos defensa judicial que tenían a su alcance; (iii) se cumple con la inmediatez porque la sentencia de segunda instancia fue proferida el 13 de marzo de 2025 y notificada el 21 de abril de 2025; y (iv) no se trata de una acción de tutela contra tutela.

En cuanto a los requisitos específicos, a legaron que la s providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico y defecto sustantivo.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

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Frente al defecto fáctico, aseguraron que el tribunal accionado “profirió una sentencia analizando la imposición de una medida de aseguramiento sin tener el material probatorio que indicara si la medida se ajustó o no a derecho”.

Indicaron que:

Para la Sala, la medida de aseguramiento estuvo soportada, no en elementos materiales probatorios, sino en la orden de captura y la denuncia del supuesto

que indicara si la medida se ajustó o no a derecho”.

Indicaron que:

Para la Sala, la medida de aseguramiento estuvo soportada, no en elementos materiales probatorios, sino en la orden de captura y la denuncia del supuesto ofendido que nunca se presentó al proceso, que de ninguna manera se puede considerar como un elemento probatorio que pudiese inferir razonadamente la participación el señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES en el delito que se le señalaba.

Expusieron que el Tribunal consideró legítima la medida sin verificar si el fundamento probatorio presentado por la Fiscalía cumplía con ese estándar reforzado. Adujeron que la providencia ignoró la ausencia de pruebas directas sobre la participación del investigado y avaló una detención basada en un acervo probatorio insuficiente, pese a que la preclusión se produjo por la imposibilidad de continuar con la acción penal. Añadieron que el Tribunal desconoció también el precedente del Consejo de Estado sobre privación injusta de la libertad, que exige demostrar que la medida se adoptó con base en pruebas serias y legalmente recaudadas.

Sobre el defecto sustantivo, afirmaron que las providencias acusadas incurrieron en dicho yerro porque aplic aron de manera irrazonable el régimen jurídico de las medidas de aseguramiento y desconocieron los precedentes fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-567 de 2015, SU-632 de 2017 y SU-072 de 2018, que exigen una carga argumentativa estricta cuando se restringe la libertad personal.

Señalaron que:

[…] en este caso, se privó de la libertad al señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES

argumentativa estricta cuando se restringe la libertad personal.

Señalaron que:

[…] en este caso, se privó de la libertad al señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, sin que a la postre se lograra desvirtuar su presunción de inocencia, debe recordarse que la libertad es un derecho fundamental a la luz de la Constitución Política de Colombia y que su privación, necesariamente, debe ser una medida excepcionalísima, de acuerdo con los instrumentos supranacionales incorporados a la legislación colombiana mediante las Leyes 16 de 1972 y 74 de 1968.

Dicha privación de la libertad a la cual estuvo sometido el señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES durante el transcurso del proceso le generó un daño que no estaba en el deber de soportar, aun cuando la decisión hubiese sido adoptada conforme a la ley, razón por la cual el Estado debe repararlo. Se trata de un daño especial, particular y grave que tiene el carácter de antijurídico a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., sin importar que su causa haya sido una decisión legal […].

Advirtieron que en las providencias acusadas no se podía descartar el estudio del caso bajo el régimen de imputación objetiva de daño especial, dado que la providencia que le otorgó la libertad al señor Jiménez Torres se bas ó en que este no había cometido la conducta punible imputada, lo que, según estiman, exigía no solo el estudio de la falla en el servicio sino también de la teoría del daño especial.

Arguyeron que: Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

conducta punible imputada, lo que, según estiman, exigía no solo el estudio de la falla en el servicio sino también de la teoría del daño especial.

Arguyeron que: Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

Accionante: José Didier Jiménez Torres y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro

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[…] al no realizarse el estudio de la situación fáctica y jurídica bajo la lupa de los dos regímenes de imputación - más aun cuando tanto la Corte Constitucional como el Consejo de estado han aceptado que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso -, se estaría cercenando el derecho al debido proceso de los accionantes, dado que no existe congruencia entre el caso planteado y su análisis y solución, puesto que el daño antijurídico reclamado en el escrito de deman da de ninguna manera fue desvirtuado, ni much o menos desligado de la actuación de la Administración. En otras palabras, no se acreditó la existencia de algún eximente de responsabilidad que desligara ese nexo causal entre el daño irrogado al señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES y las decisiones judiciales de la administración que le generaron el mismo, daño que no estaba en el deber de soportar […].

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

judiciales de la administración que le generaron el mismo, daño que no estaba en el deber de soportar […].

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 15 de octubre de 20255 y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 23 de octubre de 20256 la admitió, dispuso notificar al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio , como partes accionadas; así como vincular7 a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y a los señores José Miguel Jiménez León, Daniel González Jiménez, David González Franco, Luis Enrique Umaña Herrera y Luis Enrique Camargo Rodríguez como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió la copia digital del expediente correspondiente al proceso de reparación directa identificado con el radicado nro. 50001 3333 004 2013 00497 00/01 , el cual fue remitido8.

3.2. La Fiscalía General de la Nación allegó escrito9 en el que manifestó que conforme a los artículos 249 y 250 de la Constitución y al artículo 66 de la Ley 906 de 2004, su función se limita a adelantar la acción penal e investigar hechos delictivos cuando existan motivos suficientes.

Indicó que en este caso no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues la presunta vulneración no proviene de una acción u omisión atribuible a la entidad, sino de decisiones judiciales adoptadas por autoridades distintas. Al respecto, s eñaló que,

Indicó que en este caso no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues la presunta vulneración no proviene de una acción u omisión atribuible a la entidad, sino de decisiones judiciales adoptadas por autoridades distintas. Al respecto, s eñaló que, conforme al artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y a la jurisprudencia constitucional citada, la tutela solo procede frente a quienes han intervenido en los hechos que motivan la acción o tienen competencia para remediarlos, circunstancias que n o recaen sobre la Fiscalía.

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 6 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro . 11001 03 15 000 2025 06469 00. 7 Ibidem. 8 Visto en los índices 10 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 9 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

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3.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio10 presentó escrito en el que solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo y se nieguen las pretensiones de la parte actora, comoquiera que no existe una actuación directa o indirecta de la Rama Judicial en la situación objeto de debate que amenace o vulnere los derechos fundamentales invocados.

Sostuvo que, de manera alguna, en las providencias atacadas, se configuran los defectos alegados por los accionantes, comoquiera que , tanto el juzgado como el tribunal accionado efectuaron un análisis minucioso de los medios de prueba obrantes en el proceso y tuvieron en cuenta los precedentes judiciales en materia de responsabilidad del Estado.

3.4. El titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio rindió informe11 en el que señaló que el trámite de primera instancia se surtió conforme el trámite legal correspondiente, analizando integralmente las circunstancias del proceso penal.

Argumentó que la acción de tutela es improcedente, pues la parte actora pretende reabrir el debate propio del proceso de reparación directa y convertirse en una tercera instancia, en contravía del carácter subsidiario y excepcional de este mecanismo constitucional.

Advirtió que el accionante únicamente planteó desacuerdos subjetivos respecto de la valoración probatoria efectuada por los jueces naturales de la causa , sin demostrar la

Advirtió que el accionante únicamente planteó desacuerdos subjetivos respecto de la valoración probatoria efectuada por los jueces naturales de la causa , sin demostrar la presencia de un defecto evidente o un perjuicio irremediable que habilite la intervención constitucional.

3.5. El magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia cuestionada allegó escrito12 en el que aseveró que la providencia del 13 de marzo de 2025 acusada no incurrió en los defectos endilgados por los accionantes, pues en ella se consignaron las razones de hecho y de derecho que se estimaron pertinentes para justificar la decisión.

3.6. Mediante constancia secretaria expedida el 6 de octubre de 2025, l a Secretaría General del Consejo de Estado13 informó lo siguiente:

[…] se hace constar que no fue posible notificar personalmente a los señores José Miguel Jiménez León, Daniel González Jiménez, David González Franco, Luis Enrique Umaña Herrera y Luis Enrique Camargo Rodríguez, quienes se encuentran vinculados en la tutel a de la referencia en calidad de terceros con interés. Lo anterior, pese a que se realizaron las siguientes actuaciones:

• El 27 de octubre de 2025 esta secretaría, solicito comedidamente las direcciones de los terceros a la parte accionante.

• El 31 de octubre de 2025 esta secretaría, solicito comedidamente por segunda vez, las direcciones de los terceros a la parte accionante.

10 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00.

vez, las direcciones de los terceros a la parte accionante.

10 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 11 Visto en los índices 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 12 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 13 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

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• El 5 de noviembre de 2025, esta Secretaría revisó el expediente en préstamo, en el cual se evidenció que dichos terceros fueron representados por el apoderado actual de la parte demandante en la presente acción constitucional. Asimismo, se entabló comuni cación al abonado telefónico 3138529931, solicitando amablemente la información requerida en las dos ocasiones anteriores, ante lo cual manifestaron que revisarían el tema.

Por lo anterior, se procede a fijar aviso en la página web de la Corporación, con el

amablemente la información requerida en las dos ocasiones anteriores, ante lo cual manifestaron que revisarían el tema.

Por lo anterior, se procede a fijar aviso en la página web de la Corporación, con el fin de realizar la notificación de la providencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025), a las personas vinculadas en calidad de terceros con interés […].

3.7. El 6 de noviembre de 2025, la Secretaría General de esta Corporación publicó aviso en el que informó sobre la admisión de la presente acción de tutela a través del auto dictado el 23 de octubre de 2025 por el despacho de conocimiento . En ese sentido, comunicó que con dicha publicación se entiende surtida la notificación de la precitada providencia14.

3.8. Mediante escrito 15 allegado a la Secretaría General de esta Corporación, el apoderado de los accionantes informó que el señor José Miguel Jiménez León falleció y respecto de los señores Daniel González Jiménez, David González Franco y Luis Enrique Camargo Rodríguez, podían ser notificados al correo electrónico didijimenez95@gmail.com.

3.9. El 7 de noviembre de 2025, la Secretaría General de esta Corporación notificó a los señores Daniel González Jiménez, David González Franco y Luis Enrique Camargo Rodríguez del auto admisorio de la presente acción de tutela16.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 17 y el artículo

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 17 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 18 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 19, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 20, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

14 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 15 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 16 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00. 17 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 18 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.

18 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 19 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

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4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:

4.2.1. Los señores José Didier Jiménez Torres y otros interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la privación de la libertad que el señor Jiménez Torres sufrió entre el 6 de mayo y el 26 de junio de 2012, en el marco de un proceso penal adelantado por la Fiscalía Doce Delegada ante los Juzgados Segundo y Primero Promiscuos

entre el 6 de mayo y el 26 de junio de 2012, en el marco de un proceso penal adelantado por la Fiscalía Doce Delegada ante los Juzgados Segundo y Primero Promiscuos Municipales de San José del Guaviare.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio que, mediante sentencia del 26 de marzo de 2019 negó las pretensiones.

4.2.3. Inconformes con la anterior decisión, la parte demandante, hoy accionante, interpusieron recurso de apelación y la Sala Sexta Oral del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 13 de marzo de 2025 , notificada el 21 de abril de 2025, la confirmó al considerar lo siguiente:

En el sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la libertad del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES, derivada de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare con función de Control de Garantías, la cual los demandantes califican como injusta.

De conformidad con las pautas jurisprudenciales plasmadas antecedentemente, la Sala se adentrará en el estudio de los parámetros dispuestos en la tesis que en la actualidad gobierna los asuntos de privación injusta de la libertad, contrastándolos con las pruebas aportadas al plenario.

De la existencia del daño

El primer elemento que se aborda en el estudio de la responsabilidad del Estado es la existencia del daño, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, no hay lugar a declarar responsabilidad sin daño y solo ante

El primer elemento que se aborda en el estudio de la responsabilidad del Estado es la existencia del daño, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, no hay lugar a declarar responsabilidad sin daño y solo ante su acreditación se puede explorar la posibilidad de imputación de este al Estado.

En ese sentido, la Sala encuentra probado que el señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES fue vinculado a un proceso penal sindicado del punible de Hurto Calificado y Agravado, siendo privado de la libertad desde el 6 mayo de 2012 hasta el 26 de junio del mismo año.

Por lo anterior, se concluye que se probó la existencia del daño alegado, esto es, la privación de la libertad del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES durante 1 mes y 20 días.

En los anteriores términos, se encuentra verificada la existencia del daño padecido por la parte actora, no obstante, deberá determinarse si la privación de la libertad de que fue objeto el señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES fue injusta y, por lo

21 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de reparación directa identificada con el radicado nro. 50001 3333 004 2013 00497 00/01 . Visto en l os índices 10 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06469 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06469 00

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tanto, si se configura la antijuridicidad de dicho daño; elemento primordial para establecer la responsabilidad del Estado predicada en el artículo 90 de la Constitución Política.

De la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento.

Al respecto, conviene precisar que según lo ha señalado el H. Consejo de Estado, el hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con una sentencia absolutoria, no resulta suficiente para declarar la respons abilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.

(…)

Así pues, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra acreditado que el 11 de mayo de 2011, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del San José del Guaviare expidió orden de captura en contra de los señores JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES y MAUR IX JIMÉNEZ TORRES, conforme a la solicitud elevada por el Fiscal 12 Local de San José del Guaviare, por hechos que configuraban el delito de Hurto Calificado y Agravado en Concurso Heterogéneo con Lesiones Personales.

De igual forma, se evidencia que el día 6 de mayo 2012 se produjo la captura del

configuraban el delito de Hurto Calificado y Agravado en Concurso Heterogéneo con Lesiones Personales.

De igual forma, se evidencia que el día 6 de mayo 2012 se produjo la captura del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES, quien fue dejado a disposición del Fiscal 38 Seccional de Turno de San José del Guaviare ese mismo día.

Aunado a lo anterior, también se encuentra demostrado que el 7 de mayo de 2012, a petición del Fiscal 12 Local de San José del Guaviare, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San José del Guaviare con función de Control de Garantías adelantó la audienc ia de legalización de la captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento en la cual se le imputó al señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES el delito de Hurto Calificado y Agravado y se le impuso medida de aseguramiento de detención pre ventiva en establecimiento carcelario.

(…)

También se encuentra probado que el 19 de junio de 2012 la Fiscalía 12 Local de San José del Gaviare elevó solicitud de preclusión de la investigación seguida en contra del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES con base en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 332 del CPP (…).

Finalmente, de (sic) evidencia que el día 26 de junio de 2012 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Función de Conocimiento de San José del Guaviare accedió a la petición de la Fiscalía y como consecuencia de lo anterior, declaró la preclusión de la investigación en favor del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES, disponiendo su libertad inmediata.

accedió a la petición de la Fiscalía y como consecuencia de lo anterior, declaró la preclusión de la investigación en favor del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES, disponiendo su libertad inmediata.

Ahora bien, analizado el material probatorio allegado al plenario, advierte la Sala que la medida de aseguramiento en contra del señor JOSÉ DIDIER JIMÉNEZ TORRES solicitada por la Fiscalía 12 Local de San José del Guaviare y decretada por el Juzgado Segund o Promiscuo Municipal de San José del Guaviare con función de Control de Garantías resultó legal, razonable y proporcional, pues, cumplió con los requisitos previstos en la