CE - Sentencia 11001031500020250647200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06472-001

Accionante : Pedro José Arrieta Melendréz

Accionados

: Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia Vinculados : Daniel García Martínez, a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y los integrantes de la lista Convocatoria DIAN 2497 de 2022, concursando para el cargo Analista I, Código 201, Grado 01 con ficha del Manual Especifico de Requisitos y Funciones

MERF, PC-GJ-2014 y OPEC 198415

Acción : Tutela Tema : Tutela contra providencia judicial, inaplicación de sanción por desacato Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por Pedro José Arrieta Melendréz contra el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y al buen nombre.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El señor Pedro José Arrieta Melendréz, quien actúa a través de apoderada judicial,

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y al buen nombre, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Por consiguiente, solicitó:

1.3 Hechos2.

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el accionante, se puede evidenciar que, el señor Daniel García Martínez participó en la Convocatoria DIAN 2497 de 2022 para el cargo de Analista I, código 201, grado 01, y ocupó el puesto 47 en la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024.

Al no obtener una de las nueve vacantes ofertadas inicialmente, el señor García interpuso una acción de tutela para solicitar el uso de dicha lista en la provisión

Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024.

Al no obtener una de las nueve vacantes ofertadas inicialmente, el señor García interpuso una acción de tutela para solicitar el uso de dicha lista en la provisión de los nuevos empleos creados por el Decreto 419 de 2023. Dicho proceso le fue asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, dentro del radicado 63001 -33-33-005-02025-00033-00. Luego de realizar el estudio de la acción, negó las pretensiones mediante sentencia del 1 8 de marzo del 2025.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Quindío estudió la impugnación propuesta por el accionante y , mediante sentencia de segunda instancia del 3 de abril de 2025, revocó la decisión y ordenó a la DIAN solicitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la autorización para el uso de la lista de elegibles. Así las cosas, la DIAN elevó la cons ulta ante la CNSC el 11 de abril de 2025; no obstante, la entidad determinó que solo existían seis vacantes adicionales con la ficha específica (PC -GJ-2014) en la que concursó el actor, lo que permitió nombrar personas solo hasta el puesto 17 de la lista.

2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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Al estar en contra del nivel de cumplimiento, dado que la DIAN no había

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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Al estar en contra del nivel de cumplimiento, dado que la DIAN no había adelantado las acciones pertinentes para lograr su nombramiento, el señor García promovió un incidente de desacato que derivó en el auto del 15 de septiembre de 2025, a través del cual el juzgado sancionó con multa y un día de arresto domiciliario a los directivos de la DIAN, incluyendo al accionante . Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal mediante Auto del 1 8 de septiembre del 2025 . Posteriormente, la entidad solicitó la modulación del fallo por imposibilidad material y jurídica de cumplimiento, pero el despacho judicial negó tal petición el 6 de octubre de 2025 , al considerar que la obligación continuaba pendiente de ejecución.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 17 de noviembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar a l Tribunal Administrativo del Quindío y al Juzgado Quinto Administrativo de Armenia; y, (ii) dispuso vincular a Daniel García Martínez, a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y los integrantes de la lista Convocatoria DIAN 2497 de 2022, concursando para el cargo Analista I, Código 201, Grado 01 con ficha del Manual Especifico de Requisitos y Funciones MERF, PC -GJ-2014 y OPEC 198415 , en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

Requisitos y Funciones MERF, PC -GJ-2014 y OPEC 198415 , en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La Comisión Nacional del Servicio Civil 3 solo manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva en razón a que su marco funcional no habilita a la entidad para brindar cumplimiento a las pretensiones traídas por el accionante, por lo que solicitó ser desvinculada de esta acción constitucional.

2.1.2 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 4 realizó dos solicitudes, primero la «[…] acumulación de la acción de tutela de la referencia a la acción de tutela que actualmente cursa en el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B” – consejero ponente Juan Enrique BedoyaEscobar, la cual se encuentra identificada bajo el radicado11001031500020250639900».

3 Índice 00011 de Samai. 4 Índice 00013 de Samai.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

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La segunda solicitud va encaminada a conceder las pretensiones del actor, dado que considera que las decisiones acusadas desconocen el precedente planteado en la sentencia C 197 del 2025 frente a la utilización de las listas de elegibles para nombrar en em pleos vacantes y por no encontrarse probada la responsabilidad subjetiva del actor.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

nombrar en em pleos vacantes y por no encontrarse probada la responsabilidad subjetiva del actor.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 Cuestión Previa. - Acumulación de procesos

Se evidencia que, en el índice 11 del expediente electrónico en SAMAI, reposa una solicitud, de parte de la DIAN , para acumular este expediente con el de radicado 11001-03-15-000-2025-06399-00.

Al respecto, cabe considerar que la figura de acumulación de procesos no fue reglada por el Decreto 2591 de 1991, razón por la cual, de acuerdo con la jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional, es dable dar aplicación a las previsiones contenidas en el Código General del Proceso, siempre y cuando las instituciones allí contenidas se acompasen con el objeto y materia de la acción de tutela.

En lo concernido a la mencionada acumulación de procesos, el mencionado código prevé:

Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:

1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:

o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos.

Así las cosas, aunque en esta oportunidad, prima facie, resultaría procedente la acumulación, habida cuenta que, las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda, en concordancia con Decreto 1834 de 2015, la Sala advierte que negará tal solicitud, toda vez que los términos y naturaleza expedita de la presente acción, imponen dar aplicación al trámite más célere posible y, por ende, emitir, a la brevedad posible, la presente sentencia.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo

2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acció n o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental […] ». En ese sentido, la Corte Constitucional 9, ha considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

La Comisión Nacional del Servicio Civil deprecó su desvinculación del presente trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto «[…] la CNSC no tiene competencia funcional ni material para atender o cumplir las pretensiones formuladas, ni responsabilidad alguna en los hechos materia del proceso».Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de tercera con interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si la acción que nos ocupa supera los requisitos de procedibilidad de la acción , de ser así, se deberá determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío vulnera el derecho al debido proceso del accionante, al imponer una sanción por desacato mediante el auto del 18 de septiembre de 2025, sin considerar la presunta imposibilidad jurídica y material de cumplir la orden de nombramiento en los términos de la Sentencia C -197 de 2025 y el régimen de carrera específica de la DIAN, configurándose así un defecto fác tico y otro sustantivo.

En este punto, vale la pena aclarar que, si bien el actor alegó contra los autos proferido dentro del incidente de desacato por el Juzgado y el Tribunal Administrativo, lo cierto es que al ser el auto del 18 de septiembre el que concluyó el debate propuesto, será este el que será objeto de estudio en la presente acción constitucional.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

Este es un mecanismo judicial que surge de la necesidad de garantizar la efectividad del artículo 4° constitucional, manteniendo la prevalencia de los derechos fundamentales en los casos en que los jueces en sus providencias

Este es un mecanismo judicial que surge de la necesidad de garantizar la efectividad del artículo 4° constitucional, manteniendo la prevalencia de los derechos fundamentales en los casos en que los jueces en sus providencias pudieran lesionarlos bien sea p or tomar decisiones arbitrarias o cuándo su contenido resquebraja el orden constitucional establecido.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual, sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al me nos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las

aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante la C590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuán do una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: «(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;

(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales

(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación».

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra decisiones judiciales, la cual, solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

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Al respecto, la Corte 5 indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: «(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda

fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o incons titucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constit ucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales».

Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 6; sin embargo, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012 7, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la

disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia ; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.

3.6 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

5 Sentencia SU 304 del 2024. 6 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

7 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 8 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-0077900, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 200901268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010 -00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 201000540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 201101741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012 -00250-00, C. P. Gerardo Arenas

Monsalve.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

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providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y al buen nombre; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 18 de septiembre de 20259 y la solicitud de amparo se presentó el 16 de octubre siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela, si bien se trata de una tutela contra una providencia emanada dentro del trámite de un incidente de desacato, la misma no busca cuestionar la efectividad de la sentencia judicial que la originó.

3.6.1 Defecto fáctico

Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»10.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o

ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»10.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte , la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra11.

En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, comoquiera que incurrió en una valoración arbitraria y omisiva del acervo probatorio técnico relacionado con la planta de personal. Específicamente, señala el desconocimiento de la certificación de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y los reportes de la Subdirección de Gestión de Personal, documentos que acreditaban que, tras la creación de cargos por el Decreto 419 de 2023, solo existían 6 vacantes con la ficha técnica específica (PCGJ-2014) en la que concursó el señor García.

9 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 1 de junio de 2025, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 9 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. 10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

(numeral 2) del CPACA. 10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 11 Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00

Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

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Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en la providencia objeto de censura, concluyó:

En ese orden se tiene que la DIAN, en respuesta al requerimiento realizado por el juzgado de conocimiento, manifestó que, Los funcionarios competentes para el cumplimiento del fallo de tutela es el señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General de la DIAN, PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión Corporativa de la DIAN y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGELCARLOS, en calidad de Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN.

Por lo anterior al señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General de la DIAN, PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión Corporativa de la DIAN y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGEL CARLOS, en calidad de Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN, les correspondía acreditar la realización de las acciones tendientes al cumplimiento del fallo de tutela, que para el caso de estas actuaciones implicaba adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso

realización de las acciones tendientes al cumplimiento del fallo de tutela, que para el caso de estas actuaciones implicaba adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso dela lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente al Nivel Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023.

De manera general, sustenta la DIAN que, resulta errado y desproporcionado, que se pretenda cubrir la totalidad de los cargos de Analista I con una sola OPEC y una sola ficha MERF, al señalar que, los 537 cargos para Analista I, Código 201, Grado 1, se encuentran distribuidos en 16 fichas, siendo la ficha “PC-GJ-2014” de la OPEC No. 198415 en la que está el accionante, siendo esta solo una de las fichas.

Explica que el Manual Especifico de Requisitos y Funciones -MERFde la DIAN contempla 466 fichas de las cuales dieciséis (16) hacen parte empleo Analista I Código 201 Grado 01, lo que evidencia que propósitos y funciones son diferentes para cada uno.

Esgrime que, el empleo Analista I Código 201 Grado 01, Código de ficha “PC -GJ2014” proceso: “Planeación, Estrategia y Control”, Subproceso “Gestión jurídica”, el cual pretende el accionante es tan solo uno (1) de los dieciséis (16) perfiles con los cuales cuenta la Entidad en su MERF, para hacer la provisión a través del mecanismo de uso de

pretende el accionante es tan solo uno (1) de los dieciséis (16) perfiles con los cuales cuenta la Entidad en su MERF, para hacer la provisión a través del mecanismo de uso de listas de elegibles.

Concluyendo que, la distribución de las vacantes creadas con ocasión del Decreto 419 de2023 para el empleo Analista I Código 201 Grado 01 en sus diferentes perfiles ya fueron distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° ibidem.

Al respecto huelga señalar que, si bien el empleo de Analista I Código 201 Grado 01, se divide en dieciséis (16) perfiles, y la DIAN aportó un cuadro en el cual se discrimina y se distribuyen los cargos nuevos de Analista I en los diferentes procesos y subprocesos, creados en virtud del Decreto 419 del 2023, en la misma, no se vislumbra si estos ya fueron ofertados, se encuentran vacantes o si están ocupados en provisionalidad o en encargo.

En ese orden, no advierte esta Sala una información certera y confiable por parte de la DIAN sobre los empleos creados para la OPEC 191485, pues en este caso, respecto a lo discernido por la DIAN, no existirá un orden a la hora de realizar los nombramientos conforme a la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024,respecto al carg