CE - Sentencia 11001031500020250647500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: CAMILO MARCELO TRIANA BELTRÁN

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por d esvinculación de cargo de libre nombramiento y remoción . Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Camilo Marcelo Triana Beltrán , quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de octubre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo en condiciones dignas y justas, mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la vida del Doctor CAMILO MARCELO TRIANA BELTRAN identificado con la cédula de ciudadanía No.12.240.644 expedida en Pitalito (Huila).

2. En consecuencia, de la anterior declaración, se deje sin valor ni efectos jurídicos, la sentencia del 10 de abril de 20251, notificada el 29 de abril del año en curso, proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, en el medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho promovido por CAMILO MARCELO TRIANA BELTRAN contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional dentro del radicado No.73001333300220190008701, por presentarse un defecto fáctico y desconociendo del precedente vertical y horizontal.

3. Así mismo, se ordene a la accionada, dentro del tiempo que prudencialmente fije la H.

Corporación, emitir decisión de reemplazo, en la que se tenga en cuenta el precedente jurisprudencial decantado por el H. Consejo de Estado entre otras:

• Sentencia del 04 de marzo de 2021, Rad. 25000 -23-25-000-2012-00189-01(4527-16), C.P. Dr. William Hernández Gómez. • Sentencia del 20 de enero de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01011-01(AC), C.P. Dra.

C.P. Dr. William Hernández Gómez. • Sentencia del 20 de enero de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01011-01(AC), C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. • Sentencia del 06 de julio de 2024, Rad.41001233300020190028902(1543-2021), C.P. Dr. Cesar Palomino Cortés. • El precedente horizontal trazado en caso idéntico del Doctor JOSÉ EDWARD ÁLVAREZ MARÍN Rad. 73001333300820190003501 —colega del accionante en la misma Junta, retirado el mismo día y bajo los mismos supuestos fácticos y probatorios, donde fui el apoderado, utilizando la misma demanda, fundamentos y pruebas que las del Dr. CAMILORadicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

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2 MARCELO TRIANA BELTRÁN —, la misma Corporación judicial, en sentencia del 19 de junio de 20252, sí amparó sus derechos y ordenó el reintegro”.

2. Hechos

El accionante relató que el director de Sanidad de la Policía Nacional por medio de la Resolución n úm. 476 de 23 de agosto de 2013, lo nombró en el empleo denominado Servidor Misional de Sanidad Policial, Código 2 -2 Grado 21 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 1 . Luego, fue nombrado y posesionado

denominado Servidor Misional de Sanidad Policial, Código 2 -2 Grado 21 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 1 . Luego, fue nombrado y posesionado en el cargo Servidor Misional en Sanidad Policial, código 2-2, grado 25.

Afirmó que mediante Resolución n úm. 320 de 9 de agosto de 2018, el director de Sanidad de la Policía Nacional declaró insubsistente el nombramiento del señor Camilo Marcelo Triana Beltrán, “ bajo el argumento de una supuesta pérdida de confianza y la necesidad de mejorar el servicio”, pues a raíz de unas auditorias que se realizaron a varias actas elaboradas por la junta integrada por el señor Triana Beltrán se evidenciaron inconsistencias e irregularidades.

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se anulara la Resolución num. 320 de 9 de agosto de 2018 y que, a título de restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba junto con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado.

Indicó que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué en sentencia de 7 de mayo de 2021 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo demandado se fundamentó en el mejoramiento del servicio, situación que no fue desvirtuada, en tanto se evidenció que se habían presentado irregularidades en varias actas que fueron auditadas.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de

situación que no fue desvirtuada, en tanto se evidenció que se habían presentado irregularidades en varias actas que fueron auditadas.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 10 de abril de 2025, la confirmó íntegramente , bajo el argumento de que el demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar los vicios que le endilgó al acto administrativo de desvinculación, además que no demostró que la declaratoria de insubsistencia adoptada por la entidad demandada en ejercicio de la facultad discrecional que dio lugar a su retiro de la en tidad fuera por algo distinto que el mejoramiento del servicio.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la acción de tutela cumple con requisitos generales de procedencia, pues i) la sentencia objetada no es susceptible de apelación y el recurso extraordinario de revisión no es procedente, ii) se presentó cinco (5) meses después del pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Tolima, iii) la irregularidad que se alega es de naturaleza sustancial, dado que se subvaloraron las pruebas, además que en un caso similar se aplicó una interpretación distinta, iv) se identificaron los hechos que vulneraron sus derechos fundamentales y v) no se ataca una providencia dictada en otra acción de tutela.

Afirmó que el Tribunal incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial, porque en un caso similar la misma corporación judicial en sentencia de 19 de junio de 2025, accedió a las pretensiones y se ordenó el reintegro del médico

1 Cargo de libre nombramiento y remoción.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

19 de junio de 2025, accedió a las pretensiones y se ordenó el reintegro del médico

1 Cargo de libre nombramiento y remoción.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

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3 desvinculado. Asimismo, el fallo de 4 de marzo de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se indicó que el acto administrativo de insubsistencia de un nombramiento de libre nombramiento y remoción no requiere motivación expresa , pues se considera que los motivos obedecen al mejoramiento del servicio, lo que fue desvirtuado en el caso del señor Triana Beltrán.

Agregó que se omitieron las “ múltiples sentencias judiciales que han declarado la nulidad de los actos con los que la Policía Nacional revocó los dictámenes de la Junta del Tolima, validando así la actuación del accionante”.

De otro lado, sostuvo que en la sentencia de 10 de abril de 2025 se configuró un defecto fáctico, al realizar una valoración precaria de las pruebas y no ponderar la contradicción entre las felicitaciones recientes y el retiro.

Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada le restó valor probatorio a los casos auditados , los cuales era los que se pretendía n modificar de manera oficiosa sin el consentimiento de los ciudadanos (Henry Alirio Quintero, Juan Carlos Duarte Gutiérrez, Robert Humberto Quintana Murcia, Javier Danilo García García,

los casos auditados , los cuales era los que se pretendía n modificar de manera oficiosa sin el consentimiento de los ciudadanos (Henry Alirio Quintero, Juan Carlos Duarte Gutiérrez, Robert Humberto Quintana Murcia, Javier Danilo García García, Jhonatan Smith Hernández González, Eduardo Alfredo Urueña López, Alejandro Olivar Payanene, Jhon Fredy Gómez Romero, Yeison Eduardo Padilla Barrero, Maycol Alfredo Guluma Arevalo, Leiver Giovan ni Navarro Agudelo, Orlando Yaid Feria Mosquera, Franky Fabian Beltrán Sepulveda, Jhon Jairo Aragon Rodríguez, Carlos Andres Ospina González y José Edward Álvarez Marín).

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y a los señores Ricardo Rivas Arenas y Rodrigo Galindo Acosta, como terceros interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios no. 156677 a 156682 de 22 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión. Asimismo, se publicó un aviso en la página web del Consejo de Estado dirigido a los señores Ricardo Rivas Arenas y Rodrigo Galindo Acosta 2 .

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima

El magistrado ponente pidió que negaran las pretensiones de la acción de tutela,

los señores Ricardo Rivas Arenas y Rodrigo Galindo Acosta 2 .

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima

El magistrado ponente pidió que negaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

Indicó que no es posible cuestionar a través de la acción de tutela la legalidad de la providencia objetada , pues no se cumple con la ruptura abierta y grosera del ordenamiento jurídico, toda vez que la fundamentación de la providencia no es producto del mero capricho del Tribunal.

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SAMAI: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202506475001100103.

Índice 00016.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

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4 5.2. Respuesta de la Policía Nacional

El jefe en encargo de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima pidió que se investigara al apoderado del accionante por no cumplir con su carga procesal, porque “el Grupo de Medicina Laboral de la Unidad Prestadora de Salud del Tolima no hace parte alguna del proceso promovido por la parte accionante y que es de conocimiento de la alta corporación”.

5.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué y los señores

no hace parte alguna del proceso promovido por la parte accionante y que es de conocimiento de la alta corporación”.

5.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué y los señores Ricardo Rivas Arenas y Rodrigo Galindo Acosta, guardaron silencio a pesar de que se realizaron todos los trámites correspondientes a la notificación del auto admisorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida del accionante.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho

el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevan cia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

5 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

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Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario.

La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si

instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Camilo Marcelo Triana Beltrán , quien actúa por conducto de apoderado judicial, considera que el Tribunal Administrativo de l Tolima vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil y a la vida, con la sentencia de 10 de abril de 2025 , en la que se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones tendientes a anular el acto administrativo que declaró insubsistente su nombramiento en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de la relevancia constitucional, así:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el ahora demandante presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se anulara la Resolución núm. 320 de 9 de agosto

6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

Accionante: Camilo Marcelo Triana Beltrán

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6 de 2018 y que, a título de restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba junto con el pago de salarios y prestaciones durante el tiempo que fue desvinculado.

Lo anterior con sustento en el hecho de que fue condecorado y felicitado durante su trayectoria en la entidad, además que los integrantes de la Junta Médico Laboral del Tolima, de la cual hacía parte, fueron designados los personajes del mes por ser la mejor a nivel nacional, sin embargo, fue declarado insubsistente, pese a que la facultad discrecional debe ser para mejorar el servicio y no para desmejorar.

Aseguró que se había configurado una falsa motivación y una expedición irregular del acto administrativo, en tanto su desvinculación obedeció a que no accedió a la solicitud del director de la Dirección de Sanidad de modificar algunas actas de Junta Médico Laboral de manera oficiosa sin el consentimiento de las personas, con el fin de que se indicara que las patologías calificadas no tenían nexo con el servicio. Por lo anterior mencionó varios casos en los que se le solicitó se modificaran las actas.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué en sentencia de 7 de mayo de 2021, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué en sentencia de 7 de mayo de 2021, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo demandado se fundamentó en el mejoramiento del servicio, situación que no fue desvirtuada. Mencionó las funciones y finalidad de la Junta Médico Laboral, para lo cual estableció que les corresponde valorar la disminución de la capacidad laboral de los servidores.

Luego, mencionó la auditoría de los casos reportados como anómalos que fueron expedidos por el grupo de la Junta Médico Laboral del Tolima para el año 2017, de la cual concluyó que “(i) las patologías calificadas fueron padecidas con posterioridad al retiro de la institución y no fueron padecidas durante la actividad laboral, por ende no debieron haber generado disminución en la capacidad laboral, ni una asignación de índice lesional , (ii) Calificación de patologías sin soporte en historia clínica de red propia o externa contratada, (iii) Ausencia de apoyo por parte de los jurídicos del área de sanidad Tolima, por lo que se nota la mala interpretación en las acciones a realizar frente a los fallos judiciales”.

Asimismo, se refirió al Oficio num. 2018-053037 DISAN de 1 de julio de 2018, expedido por la Dirección de Sanidad, Grupo de Procedimientos Médicos Laborales, dirigido al jefe del Área de Sanidad Tolima en el cual se observa que por requerimientos realizados por el Grupo Pensionados de la Dirección General de la Policía Nacional, se realizó la revisión de las juntas médico laborales realizadas a 48 uniformados por el grupo médico laboral del Área de Sanidad del Tolima, de las

requerimientos realizados por el Grupo Pensionados de la Dirección General de la Policía Nacional, se realizó la revisión de las juntas médico laborales realizadas a 48 uniformados por el grupo médico laboral del Área de Sanidad del Tolima, de las cuales se presentaron anomalías en 6 juntas médico laboral que fueron realizadas previas al retiro y la calificación de no aptitud sin reubicación laboral generaron el retiro de la institución, además que se realizó la calificación de patologías por salud mental sin soporte clínico de padecimientos. Igualmente, se realizaron 18 juntas, donde el lugar del domicilio de los pacientes registrados era diferente a la jurisdicción de dicha junta.

En conclusión, el Juzgado al analizar el material probatorio evidenció que no puede atribuírsele al jefe del Área de Sanidad del Tolima una postura caprichosa y contraria a la ley respecto a la expedición del acto administrativo que declaró la insubsistencia del nombramiento del demandante, pues la razón fundamental para la expedición del mismo, se hizo por la necesidad o en razón del mejoramiento del servicio, por lo que la resolución de desvinculación fue debidamente motivada en hechos que fueron demostra dos y que devienen de una serie de irregularidades que se estaban presentando al interior del grupo de la Junta Médica Laboral d el Tolima.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

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7 El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En primer

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7 El accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. En primer lugar, pidió la suspensión por prejudicialidad porque en varios juzgados del país se adelantaban diferentes demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que profirió el director de sanidad en los que revocó lo resuelto por Juntas Médico Laboral.

En segundo lugar, explicó la figura de la discrecionalidad e hizo alusión a la sentencia de 4 de marzo de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

De otro lado, insistió en las felicitaciones durante la trayectoria en la entidad demandada. Asimismo, se refirió a los casos auditados , los que fueron objeto de estudio en diferentes sentencias (Henry Alirio Quintero, Juan Carlos Duarte Gutiérrez, Robert Humberto Quintana Murcia, Javier Danilo García García, Jhonatan Smith Hernández González, Eduardo Alfredo Urueña López y Alejandro Olivar Payanene).

Señaló que “del conjunto de pruebas que obran en el proceso se puede colegir sin hesitación alguna, que la desvinculación de mi representado ocurrió como se afirmó en la demanda, con abuso de poder al negarse a modificar ilegalmente los dictámenes médicos de la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional del Tolima, cuando como quedó visto, fueron autorizadas y/o solicitadas por la Dirección de Sanidad de la Institución, con los pasos previos o instancias ya cumplidos por dicha Dirección como los estudios, exámenes, valoraciones, interconsultas, diagnósticos,

cuando como quedó visto, fueron autorizadas y/o solicitadas por la Dirección de Sanidad de la Institución, con los pasos previos o instancias ya cumplidos por dicha Dirección como los estudios, exámenes, valoraciones, interconsultas, diagnósticos, historias clínicas, documentos todos que se ponen a disposición de la Junta Médico Laboral de la que formaba parte el actor y con base en las cuales se fundamenta el dictamen médico laboral, sin que pueda endilgársele responsabilidad alguna si los citados documentos presentaban algún tipo de inconsistencia no detectable a simple vista”.

El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 10 de abril de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. Para lo cual, en una cuestión previa, resolvió negar la suspensión del proceso por no cumplir con los presupuestos del artículo 161 del Código General del Proceso.

A continuación, se refirió al material probatorio allegado en debida forma al proceso, como la solicitud del jefe del Grupo de Pensiones de la Policía Nacional, en la que se pidió que se revisaran unas actas de la Junta Médico Laboral, con el fin de establecer si “las patologías valoradas al personal que se relaciona a continuación tienen nexo causal con el servicio policial que prestaron cuando se encontraban en servicio o si por el contrario las mismas corresponde a patologías y/o secuelas presentadas con posterioridad al retiro”, procediéndose a pedir que se revisaran y aclararan unas 49 actas de ese órgano en lo que concernía a la junta del Tolima.

El Tribunal encontró que de las pruebas se evidenciaron unas inconsistencias y se expusieron unos hallazgos en esas actas, como el hecho de que algunos casos no

aclararan unas 49 actas de ese órgano en lo que concernía a la junta del Tolima.

El Tribunal encontró que de las pruebas se evidenciaron unas inconsistencias y se expusieron unos hallazgos en esas actas, como el hecho de que algunos casos no se analiz aron de forma integral el estado de salud, “que la patología mental calificada no cuenta con soporte clínico paraclínico y de observación terapéutica suficiente, que durante el desarrollo del acta de JML se escribieron 3 diagnósticos mentales diferentes y que en el acta de JML no se tuvo en cuenta las valoraciones médicas especializadas de endocrinología”.

Igualmente, se indicó que a un patrullero se le asignó una disminución de la capacidad laboral de 81.90% “donde las patologías calificadas no presentan soporte clínico ni de registro en historia clínica, ni en el expediente laboral que sustenten el padecimiento de estas durante la actividad policial, por tal razón se debió haber asignado un DCL actual 0% y total 0%”.

Sostuvo que el demandante no demostró la coerción y presión, pues de las pruebas documentales se tiene que los médicos que conformaban la Junta Médico Laboral del Tolima procedieron a corregir algunos de los casos de los cuales se les solicitóRadicado: 11001-03-15-000-2025-06475-00

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8 la revisión y otros no, de manera que su posición profesional sobre estos fue ejercida de forma libre.

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8 la revisión y otros no, de manera que su posición profesional sobre estos fue ejercida de forma libre.

Finalmente, concluyó que accionante no cumplió con la carga probatoria de demostrar los vicios que le endilgó al acto administrativo de desvinculación, además que no probó que la declaratoria de insubsistencia adoptada por la entidad demandada en ejercicio de la facultad discrecional que dio lugar a su retiro de la entidad fuera por algo distin