CE - Sentencia 11001031500020250648600 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00(10265)

Accionante: Arelys Hurtado Mosquera

Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Subtema 2: ajuste salarial docente . Subtema 3: defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la solicitud de amparo interpuesta por Arelys Hurtado Mosquera contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Arelys Hurtado Mosquera, a través de apoderado, presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , así como el principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera

proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , así como el principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 27001-33-33-006-2024-00149-01.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00, índice 2, certificado E574901B5C03F2A5 1464F2EC5CF0BFE6 70C31A75729AC77B 1E6458AE75E73AAD.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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2. La señora Arelys Hurtado Mosquera es educadora oficial ubicada en la categoría 2 A del escalafón docente, conforme el régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.

3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de Educación de l Chocó y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el

Ley 1278 de 2002.

3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de Educación de l Chocó y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para el año 2011, en el cual se favoreció a docentes de la categoría 3 AM» en detrimento de quienes, como ella, se encontraban en el escalafón 2 A.

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios CHO2024EE003878, de fecha de 5 de mayo de 2024 y 2024-EE-116258, del 17 de abril de 2024, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5. La señora Arelys Hurtado Mosquera presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Secretaría de Educación del Chocó y la Nación, Ministerio de Educación Nacional , con el fin de que i) se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 , que definió el ajuste salarial del año 2024 , ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno nacional durante el año 2011, conforme el valor reconocido para los docentes pertenecientes al escalafón 3 AM, dado que el aplicado al nivel 2 A, al que pertenece, fue inferior . Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones sociales desde el 2011 en adelante.

6. El Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó , mediante sentencia del 4 de

pertenece, fue inferior . Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones sociales desde el 2011 en adelante.

6. El Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó , mediante sentencia del 4 de diciembre de 2024 , negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes ubicados en el escalafón 3 AM se justificó en los niveles académicos y demás criterios de preparación y méritos que tenían dichos educadores, lo cual no era similar a las condiciones de la demandante . Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión , a través de providencia del 30 de julio de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, en la sentencia proferida el día 30 DE JULIO DEL 2025, en el expediente radicado bajo número 27001333300620240014901, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señorRadicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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(a) ARELYS HURTADO MOSQUERA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente ARELYS HURTADO MOSQUERA a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico. […]. 2

9. Como fundamento de sus pretensiones , la parte accionante consideró que la providencia del Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto sustantivo porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes , en tanto se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia.

10. Explicó que la autoridad accionada desconoció de manera arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de

del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las categorías 2 A y 3 AM, que se realizó en el año 2011, cuando la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2 A.

11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales del año 2011 entre las categorías 2 A (5%) y 3AM (11.3%) respondían a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica, la experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.

12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin fundamento técnico o normativo.

13. Por otra parte, afirmó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos

porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2 A y 3 AM.

2 Se transcribe incluso con errores.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 16 de octubre de 2025 3, admitió la demanda, ordenó la notificación autoridad accionada , es decir, al Tribunal Administrativo del Chocó, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental, en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó 4 remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

16. El Tribunal Administrativo del Chocó5 manifestó que el asunto planteado en el escrito de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos

pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

16. El Tribunal Administrativo del Chocó5 manifestó que el asunto planteado en el escrito de tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos por la accionante se circunscriben al ámbito de legalidad y la interpretación judicial en materias que fueron agotadas en el trámite del proceso ordinario.

17. En este sentido, explicó que la demandante se limitó a indicar que la decisión judicial desconoció los principios de igualdad y progresividad al validar incrementos salariales diferenciados sin justificación, pero de ninguna manera acreditó que la sentencia cuestionada carece de motivación ni que constituy e una vía de hecho o una actuación arbitraria. Por el contrario, la providencia judicial contiene una argumentación completa, lógica y razonada, fundada en la normativa aplicable y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

18. Asimismo, consideró que la sentencia acusada explicó de manera detallada que los incrementos salariales diferenciados no implicaron una desmejora de derechos adquiridos ni vulneraron el principio de progresividad, pues los docentes de la categoría 2A continuaron percibiendo una asignación básica superior a la de los docentes del grado 3AM, manteniendo la estructura jerárquica del escalafón y las diferencias asociadas al mérito, la formación y la experiencia.

19. Resaltó que el fallo objeto de tutela efectuó un juicio de igualdad, conforme a la metodología establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2000, al considerar que la medida analizada provenía de una política pública general en

19. Resaltó que el fallo objeto de tutela efectuó un juicio de igualdad, conforme a la metodología establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-371 de 2000, al considerar que la medida analizada provenía de una política pública general en materia salarial y no de una diferenciación sospechosa o basada en criterios prohibidos. En tal sentido, concluyó que el trato desigual resulta ba razonable,

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00 índice 4, certificado 7BB2DB8BB8260995 4CCCE3E8E3872C21 2352EF799C506EEA 2CA4E132865943DA. 4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00 Incide 8, certificado 5C0573690C1CDC64 824D67E13E1CAAD4 A260B0931A26AFC1 1AAD6F9C67A495E0. 5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00 Incide 9, certificado E0B79AA45335A276 951BDE961C6FC22B D633EA6E19BF855A 08C86558B4A1A337.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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proporcional y constitucionalmente legítimo, en tanto se sustentaba en los factores

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proporcional y constitucionalmente legítimo, en tanto se sustentaba en los factores objetivos previstos en la Ley 4 de 1992 (nivel del cargo, naturaleza de las funciones, responsabilidades y calidades exigidas ) y en el Decreto Ley 1278 de 2002, que estructura el escalafón docente.

20. De este modo, precisó que la decisión fue proferida dentro del margen de interpretación razonable y respetó los principios de legalidad , igualdad, proporcionalidad, progresividad, autonomía judicial y supremacía constitucional, sin que pueda predicarse la existencia del defecto sustantivo, fáctico o desconocimiento del precedente. Razón por la cual no se puede advertir una vulneración de los derechos de la tutelante.

21. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela o, en su defecto, se niegue el amparo constitucional.

22. El Ministerio de Educación Nacional6 indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva para responder por las pretensiones de la tutelante, toda vez que la inconformidad de la accionante se dirige en contra de una providencia judicial, en cuyo trámite de expedición no tuvo injerencia alguna.

23. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la medida que la parte tutelante no desarrolló una carga argumentativa y probatoria encaminada a demostrar las posibles falencias probatorias en las que incurrieron las autoridad es judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.

encaminada a demostrar las posibles falencias probatorias en las que incurrieron las autoridad es judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.

24. El departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental guardó silencio.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud de amparo interpuesta por Arelys Hurtado Mosquera en contra del

Tribunal Administrativo del Chocó.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa de la señora Arelys Hurtado Mosquera está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconocido sus derechos fundamentales.

6 Samai, exp . 11001 -03-15-000-2025-06486-00, índice 1 0, certificado 4DB898DA9B65C7F4 D58E55A973C5570D 7702CD51396B962F 3A58BB5D6C87675F.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal Administrativo del Chocó, debido a que fue la autoridad que profirió la se ntencia, objeto de tutela.

28. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

29. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional8.

31. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;

de este mecanismo constitucional8.

31. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante

debe acreditar los siguientes:

1. Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado; iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y, por

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.1100103-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007. 9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

34. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

35. Así pues, la Corte Constitucional 12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

35. Así pues, la Corte Constitucional 12 ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

1. Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»14; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

36. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022. 11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

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37. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

38. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó, fue notificada el 8 de agosto siguiente15, y la demanda de tutela se presentó el 15 de octubre de 2025 16, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

39. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora

jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

39. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos , este se encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

40. Finalmente, la provid encia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

41. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora Arelys Hurtado Mosquera . En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 30 de julio de 2025, que confirmó la providencia del 4 de diciembre de 2024, expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la accionante en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Chocó,

2024, expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Quibdó, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por la accionante en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Chocó, Secretaría de Educación Departamental, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón 2 A con respecto al grado 3 AM.

15 Samai, exp. 27001-33-33-006-2024-00149-01, índice 24. 16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00 índice 1. 17 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

Accionante: Arelys Hurtado Mosquera

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43. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,

44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicació n resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

45. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

46. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes

términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones

los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, post ulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]20.

47. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del pa rámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

48. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos hu manos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad

19 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017. 20 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06486-00 (10265)

Accionante: Arelys Hurtado Mosquera

Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Accionante: Arelys Hurt