CE - Sentencia 11001031500020250648800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06488-00

Accionante: MILLER ALAPE POLOCHE

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad soc ial, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reconocimiento de pensión de pensión de invalidez / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se encuentran acreditado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela 1 instaurada por el señor Miller Alape Poloche, por conducto de apoderado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 15 de octubre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 15 de octubre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital , a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El señor Miller Alape Poloche prestó sus servicios como soldado voluntario del Batallón de Contraguerrillas “Pijaos” del Ejército Nacional.

3. El 15 de octubre de 1988 sufrió una lesión en servicio por acción directa del enemigo como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal. Los hechos narrados quedaron consignados en el Informe Administrativo núm. 30 del 26 de marzo de 1994.

1 Que ingresó para fallo el 12 de noviembre de 2025.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

Accionante: Miller Alape Poloche

Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima Referencia: Acción de tutela

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4. Por medio del Acta núm. 1799 del 27 de julio de 1995, la Junta Médico Laboral le determinó una pérdida de capacidad labo ral del 50.04%, a causa de las afectaciones que padeció en la rodilla y el muslo izquierdo y en los ojos. A través del Acta núm. 1220 del 26 de agosto de 1996, el Tribunal Médico Laboral confirmó la calificación efectuada.

afectaciones que padeció en la rodilla y el muslo izquierdo y en los ojos. A través del Acta núm. 1220 del 26 de agosto de 1996, el Tribunal Médico Laboral confirmó la calificación efectuada.

5. En este contexto, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, en cuantía equivalente al 95% de su asignación salarial, conforme con lo establecido en el numeral 30.3 del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004. Mediante las Resoluciones núms. 4108 del 7 de oc tubre de 2016 y 4862 del 5 de diciembre de 2016, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional negó lo pedido.

6. Con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos precitados, el actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.

7. A título de restablecimiento del derecho, el tutelante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, así como el pago de salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos dejados de percibir, sin solución de continuidad, hasta la fecha de su desvinculación y hasta que se profiriera sentencia debidamente ejecutoriada.

8. El proceso correspondió al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué que, por medio de sentencia del 16 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

9. A juicio del a quo, dado que la pérdida de capacidad laboral del accionante fue

que, por medio de sentencia del 16 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

9. A juicio del a quo, dado que la pérdida de capacidad laboral del accionante fue del 50.04%, de acuerdo con lo consignado por las autoridades que efectuaron la calificación, dicho porcentaje era inferior al requerido en los Decretos núms. 1836 de 1979 y 94 de 1989 para que fuese procedente el reconocimiento pensional. Por tanto, lo correspondiente era negar lo pretendido, en razón a que las normas citadas eran las que se encontraban vigentes al momento de la ocurrencia del accidente.

10. A su vez, frente a la solicitud de aplicar la Ley 923 de 2004 por ser más favorable, el Juzgado encontró que dicha pretensión era improcedente, puesto que tampoco se trataba de una norma vigente cuando sucedieron los hechos. De esta manera, si bien dicho principio operaba en materia laboral, el Juzgado consideró que no se cumplían los supuestos normativos necesarios para su aplicación.

11. Contra la decisión de primera instancia la parte actora interpuso apelación. El recurso fue resuelto por el Tribunal Admi nistrativo del Tolima que, a través de sentencia del 25 de septiembre de 2025, confirmó lo fallado por el Juzgado Doce

Administrativo del Circuito de Ibagué.

12. El ad quem señaló que la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, que reordenaron criterios y umbrales para la invalidez –estableciéndolos en un 50%– no eran aplicables retroactivamente a contingencias y dictámenes consolidados con

reordenaron criterios y umbrales para la invalidez –estableciéndolos en un 50%– no eran aplicables retroactivamente a contingencias y dictámenes consolidados con anterioridad, salvo mandato legal expreso o la existencia de un régimen transitorioRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

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3 en tal sentido, supuestos que no se cumplían en el caso bajo estudio. Así, expuso que el principio de favorabilidad no autorizaba trasladar a situaciones pasadas un régimen posterior más benigno cuando no coexistían simultáneamente normas aplicables a los mismos hechos.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se

transcribe textualmente):

“1. Amparar los derechos fundamentales del señor MILLER ALAPE POLOCHE a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, igualdad y debido proceso.

2. Dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del 25 de septiembre de 2025 (rad. 73001-33-33-012-2017-00328-01).

3. Ordenar que una autoridad judicial diferente del mismo Tribunal emita nueva sentencia aplicando la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, reconociendo la pensión de invalidez conforme a la pérdida de capacidad laboral del 50,04 %.

4. Subsidiariamente, ordenar al Ministerio de Defensa y a la CREMIL que reconozcan y paguen la prestación – pensión de invalidez dentro del término de diez (10) días.

laboral del 50,04 %.

4. Subsidiariamente, ordenar al Ministerio de Defensa y a la CREMIL que reconozcan y paguen la prestación – pensión de invalidez dentro del término de diez (10) días.

5. Disponer el pago retroactivo de las mesadas y la indexación e intereses moratorios conforme al art. 141 de la Ley 100 de 1993.

6. Las disposiciones constitucionales Que se amparen los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna, confianza legítima y acceso a la justicia del accionante.

7. Se ordene a la entidad Ministerio de la Defensa Nacional - Ejército Nacional de Colombia - Grupo Prestacional, reconocer y realizar el pago de la pensión de invalidez conforme a lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, el Decreto 4433 de 2004, la Ley 100 de 1993 y la Ley 776 de 2002.

8. Que se ordene el pago retroactivo de las mesadas pensionales desde la fecha en que se consolidó el derecho.

9. Que se imparta la advertencia a la entidad accionada para que no repita la conducta vulneradora.

10. Las demás disposiciones que los magistrados constitucionales dispongan para amparar los derechos irrenunciables a la seguridad social del lesionado art 15 código civil colombiano. Y la ley 74 de 1968 art 12.”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La parte demandante sostiene que con la expedición de la sentencia del 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional que ordena

14. La parte demandante sostiene que con la expedición de la sentencia del 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional que ordena aplicar la norma más favorable y proteger a los miembros de la Fuerza Pública que

2 Folios 7 y 8 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

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4 hayan tenido una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Como fundamento de su afirmación, el actor cita las sentencias T -089 de 2015, T-696 de 2011, T -165 de 2016 y T -039 de 2015, entre otras decisiones que, a su juicio, coinciden en señalar que las personas que encajen dentro del supuesto previamente indicado les corresponde el reconocimiento de la pensión de invalidez.

15. Adicional a ello, invoca la vulneración de los principios de iura novit curia , de tutela judicial efectiva y de confianza legítima, debido a que la jurisprudencia constitucional ha señalado que los miembros de la Fuerza Pública tienen especial protección constitucional y que no reconocerles la prestación pensional cuando cumplen el porcentaje mínimo requerido quebranta sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad.

16. Por otro lado, alega la configuración de un defecto sustantivo por la aplicación restrictiva del Decreto 94 de 1989, vigente al momento de la ocurr encia de sus

la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad.

16. Por otro lado, alega la configuración de un defecto sustantivo por la aplicación restrictiva del Decreto 94 de 1989, vigente al momento de la ocurr encia de sus lesiones, pues el juez de conocimiento ignoró que la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004 fijaron un umbral del 50% de pérdida de capacidad laboral para el otorgamiento de la pensión de invalidez.

17. Finalmente, aduce una violación directa de la Constitución , concretamente los artículos 13, 48 y 53, los cuales imponen que en materia laboral los casos sean resueltos bajo el principio de favorabilidad en materia laboral. Además, indica que se incumplió el deber de protección reforzada a las pe rsonas en condición de discapacidad y la garantía de seguridad social.

Trámite procesal

18. Por considerar que la demanda no reunía los requisitos mínimos para ejercer la representación judicial, el magistrado sustanciador, por medio de providencia del 20 de octubre de 2025, requirió al abogado Oscar Albey Gómez Vanegas para que, en el término de 3 días contados a partir de la comunicación efectiva de la decisión, allegara un poder que lo facultara para presentar la acción de tutela de la referencia.

19. Asimismo, se le indicó que, en caso de que no contara con ese documento, debía precisar la forma en la que ejercía la representación o agencia de los derechos de la parte accionante.

20. Por medio de memorial del 22 de octubre de 2025, el abogado Oscar Albey Gómez Vanegas aportó un memorial a través del cual manifestaba que actuaba en

derechos de la parte accionante.

20. Por medio de memorial del 22 de octubre de 2025, el abogado Oscar Albey Gómez Vanegas aportó un memorial a través del cual manifestaba que actuaba en calidad de agente oficioso del señor Miller Alape Poloche, a saber:

“En atención a lo anterior, me permito manifestar que actúo en calidad de AGENTE OFICIOSO del señor MILLER ALAPE POLOCHE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece:

“También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”

En el presente caso, el señor Miller Alape Poloche se encuentra en una situación de vulnerabilid ad y afectación a su salud y condicionesRadicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

Accionante: Miller Alape Poloche

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5 socioeconómicas, lo que le impide adelantar directamente su defensa judicial, razón por la cual suscribo y presento la acción de tutela en su favor, buscando la protección inmediata de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad, vida digna y acceso a la justicia.

[…]

En consecuencia, solicito se tenga por subsanado el requerimiento efectuado mediante Auto de fecha veinte (20) de octubre de 2025, y se reconozca mi calidad de agente oficioso del señor Miller Alape Poloche, continuando con el trámite de la acción de tutela de la referencia.

efectuado mediante Auto de fecha veinte (20) de octubre de 2025, y se reconozca mi calidad de agente oficioso del señor Miller Alape Poloche, continuando con el trámite de la acción de tutela de la referencia.

Anexo copia del documento de identidad del agenciado y demás soportes que acreditan su situación de vulnerabilidad”3.

21. El 29 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho para continuar con los fines pertinentes.

22. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima como accionado y al Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a la Caja de Retiro de Fuerzas Militares -CREMIL-, al Ministerio Público, así como a los demás intervinientes del medio de control de nulidad y restableci miento del derecho identificado con el radicado núm. 73001 -33-33-012-2017-00328-00/01 en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.

23. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

24. Adicionalmente, requirió al abogado Oscar Albey Gómez Vanegas para que aclarara de manera precisa los motivos de salud y condiciones de vulnerabilidad económica que impedían al señor Mille r Alape Poloche ejercer por sí mismo la acción de tutela.

25. A través de memorial del 5 de noviembre de 2025, el abogado Oscar Albey

económica que impedían al señor Mille r Alape Poloche ejercer por sí mismo la acción de tutela.

25. A través de memorial del 5 de noviembre de 2025, el abogado Oscar Albey Gómez Vanegas informó que el accionante atraviesa un cuadro de afectación mental diagnosticada que compromete sus facultades cognitivas, emocionales y de concentración y dificulta el desarrollo normal de sus actividades cotidianas y el ejercicio adecuado de su defensa técnica y material.

26. Refirió que el señor Miller Alape Poloche está bajo tratamiento psiquiátrico y su pérdida de capacidad laboral aumentó al 61.74%, conforme con lo establecido en el dictamen núm. 933 44318 -1711 del 27 de octubre del 2022. Además, expuso que el actor se encuentra en situación de desempleo desde su desvinculación del Ministerio de Defensa Nacional y no tiene ingresos fijos, por lo que se le dificulta obtener el sustento para sus hijos y nietos.

3 Obra en certificado 3194BD49DE83D9FF 430562E7A81855A8 4D200F0E07C1E494 4107D9817AB4D99, pág. 1 y 2, índice 8 de Samai.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

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27. De esta manera, se tiene que en el presente asunto se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 frente a la agencia oficiosa, por cuanto el abogado Oscar Alber Gómez Vanegas acreditó

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27. De esta manera, se tiene que en el presente asunto se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 frente a la agencia oficiosa, por cuanto el abogado Oscar Alber Gómez Vanegas acreditó debidamente que el ciudadano Miller Alape Poloche no puede ejercer su propia defensa.

28. Al respecto, la norma citada dispone que en el trámite de tutela es posible “agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa ”4, por lo que la agencia oficiosa es el mecanismo procesal que permite que un tercero ( agente) interponga, sin necesidad de poder, una acción de tutela en favor del titular de los derechos fundamentales (agenciado) y está supeditada al cumplimiento de dos requisitos5: (i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos, los cuales se cumplen en el presente asunto.

Intervenciones

29. CREMIL alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva para reconocer y pagar la pensión de invalidez, puesto que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, reformado por el Decreto 019 de 2012, dicha función corresponde al “Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas

ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias”6.

30. En ese sentido, indicó que la Caja de R etiro de las Fuerzas Militares no tiene competencia para atender lo pretendido, dado que no está dentro su objeto el reconocimiento de ninguno de los derechos deprecados por el accionante. Por el contrario, precisó que es el Ministerio de Defensa Nacional el encargado de reconocer la pensión de invalidez solicitada.

31. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 73001-33-33-012-2017-00328-00, con el fin de evidenciar el cumplimiento de todas las etapas procesales y el respeto por las garantías de las partes.

32. En ese sentido, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Ello, en razón a que no se observa la configuración de alguna de las causales de procedibilidad, ni la conculcación o amenaza de los derechos fundamentales cuya violación

4 Corte Constitucional Sentencia T-608 de 2009. 5 La Corte Constitucional en sentencia T-382 de 2021 sostuvo: Estos requisitos buscan preservar la autonomía de la voluntad del titular de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados y evitar que, “ sin justificaci ón alguna, cualquier persona pueda actuar en nombre y

autonomía de la voluntad del titular de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados y evitar que, “ sin justificaci ón alguna, cualquier persona pueda actuar en nombre y representación de otra alterando el orden constitucional y la finalidad misma de la agencia oficiosa”. 6 Folio 6.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

Accionante: Miller Alape Poloche

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7 argumenta la parte accionante, por lo que la tutela se pretende utilizar como si fuera una instancia adicional al proceso ordinario.

33. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia por no advertirse vulneración alguna de derechos fundamentales. Expuso que en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se respetaron los tiempo s para acudir y poner en conocimiento el aparato jurisdiccional, cada parte ejerció los derechos y garantías necesarias para el normal funcionamiento de la administración de justicia y tuvo la oportunidad de allegar pruebas y controvertirlas tanto en primera como en segunda instancia.

34. Por lo anterior, al no configurarse ninguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas, señaló que no existe una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normativa constitucional, por lo que no puede accederse al amparo de los derechos fundamentales que la parte accionante alega como desconocidos por la autoridad judicial accionada.

35. El Tribunal Administrativo del Tolima aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y restab lecimiento del

los derechos fundamentales que la parte accionante alega como desconocidos por la autoridad judicial accionada.

35. El Tribunal Administrativo del Tolima aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y restab lecimiento del derecho radicado núm. 73001-33-33-012-2017-00328-00/01.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

36. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

37. De conformidad con lo expuesto, entiend e la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior

interrogante, los siguientes cuestionamientos:

(i) ¿Incurrió el Tribunal Administrativo del Tolima en un desconocimiento del precedente constitucional que vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, a la confianza legítima y al acceso a la admi nistración de justicia de la parte accionante, al omitir la identificación y aplicación de la regla judicial7 que ordena a los operadores jurídicos a utilizar la norma posterior más favorable para determinar la pérdida de capacidad laboral y reconocer la pensión de invalidez a un miembro de la fuerza pública con

identificación y aplicación de la regla judicial7 que ordena a los operadores jurídicos a utilizar la norma posterior más favorable para determinar la pérdida de capacidad laboral y reconocer la pensión de invalidez a un miembro de la fuerza pública con una disminución de la facultad para trabajar del 50 % y no del 75%?

7 El actor citó el precedente fijado en las sentencias T -089 de 2015, T-696 de 2011, T-165 de 2016 y T-039 de 2015.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

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(ii) ¿Vulneró la autoridad judicial demandada los derechos mencionados del actor, dado que incurrió en defecto sustantivo, al aplicar de manera restrictiva el Decreto 94 de 1989, norma vigente al momento de las lesiones, y omitir la aplicación la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, que redujeron el umbral de pérdida de capacidad laboral del 75% a 50% para el otorgamiento de la pensión de invalidez?

(iii) Con la expedición de la sentencia del 25 de septiembre de 2025, ¿el Tribunal del Tolima incurrió en una violación directa de la Constitución, al abstenerse de aplicar el principio de favorabilidad laboral que exige emplear la norma posterior más beneficiosa para el demandante?

38. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto. El estudio iniciará con el análisis del primer

38. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto. El estudio iniciará con el análisis del primer problema jurídico. Por economía procesal, solo en caso de que no se configure el defecto por desconocimiento del precedente se abordará el segundo y tercero interrogante jurídico8.

Requisitos generales de procedibilidad

39. Conforme la Sentencia C-590 de 20059, reiterada de manera consistente por la Corte Constituci onal10, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

40. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar11; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional 13 o el Consejo de Estado 14, ni una sentencia inte rpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-15; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un

Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-15; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si

8 Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 2023. 9 Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005. 10 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2024 y SU-304 de 2024. 11 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de 2022. 12 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la c osa juzgada fraudulenta y el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T -218 de 2012 y T-373 de 2014. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024. 14 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017. 15 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06488-00

Accionante: Miller Alape Poloche

Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima Referencia: Acción de tutela

9 existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiari edad, esto es que el interesado acredite que

Referencia: Acción de tutela

9 existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiari edad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 16 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitar lo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga u n efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

41. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por cuanto la providencia del 25 de septiembre de 2025 puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, los argumentos que constituyen los derechos alegados no se encuadran en las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión 17 ni de unificación de jurisprudencia 18; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable porque la providencia enjuiciada se comunicó por vía electrónica el 2 de octubre de 202519 y la tutela se interpuso el 15 del mismo mes y año; (iii) no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos

mes y año; (iii) no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable en esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la presunta vulner ación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia; y (v) no se trata de una sentencia de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado 20 ni de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz21.

16 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015. 17 Conforme con las particularidades que rodean la presente controversia - relativas a la aplicación del marco legal que establece el porcentaje para acceder a la pensión de invalidez en el régimen