CE - Sentencia 11001031500020250648900 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante LILIBETH MURILLO TOVAR

Demandado JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Requisito de inmediatez. Proceso ejecutivo. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela instaurada por Lilibeth Murillo Tovar, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 14 de octubre de 2025 1, por intermedio de apoderado judicial, la seæora Lilibeth Murillo Tovar, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de los autos interlocutorios No. 1160 del 5 de agosto de 2022 y No. 0819 del 26 de septiembre de 2024, dentro del proceso

derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de los autos interlocutorios No. 1160 del 5 de agosto de 2022 y No. 0819 del 26 de septiembre de 2024, dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 27001-33-33-004-2009-00542-00. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de Justicia la seæora LILLIBETH MURILLO TOVAR, identificada con la cØdula de ciudadanía nœmero 1.045.488.756 expedida en Turbo, y en consecuencia ordenar: SEGUNDA: Dejar sin efectos las providencias interlocutorias nœmeros 232 del 25 de febrero de 2020, 1160 del 5 de agosto de 2022 emitidas por el Juzgado Cuarto Administr ativo del Circuito de Quibdó y el interlocutorio nœmero 0819 del 26 de septiembre de 2024 emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó.

TERCERA: Ordenar, que se decrete la medida cautelar solicitada sobre el impuesto predial indígena»2.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La seæora Lilibeth Murillo Tovar y otro iniciaron un proceso ejecutivo e n contra del municipio de Unguía, con sustento en las actas de conciliación No. 050 y 051 del 1° de agosto de 2008. 2.2. Al proceso se le asignó el radicado 27001-13-33-004-2009-00542-00 y a travØs

051 del 1° de agosto de 2008. 2.2. Al proceso se le asignó el radicado 27001-13-33-004-2009-00542-00 y a travØs de providencia 080 del 23 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Sexto

1 SAMAI, índice 2. 2 PÆginas 5 del escrito de tutela. SAMAI, índice No.2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Administrativo de Descongestión de Quibdó, se ordenó seguir adelante con la ejecución y por auto del 18 de marzo de 2014 se aprobó la liquidación de l crØdito. 2.3. La ejecutante presentó un memorial con una solicitud de embargo del impuesto predial unificado, predial indígena y el de industria y comercio que recauda el ejecutado y adjuntó una decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Quibdó en el que concedió esa petición en otro proceso judicial, por considerar esos recursos como no inembargables. 2.4. Mediante auto interlocutorio No. 232 del 25 de febrero de 2020, p roferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, se negó la medida cautelar de embargo y retención solicitada por la ejecutante respecto de los recursos del municipio de Unguía por concepto de predial indígena y afro, predial unificado e impuesto de industria y comercio, por ser estos impuestos inembargables al ser de destinación específica.

municipio de Unguía por concepto de predial indígena y afro, predial unificado e impuesto de industria y comercio, por ser estos impuestos inembargables al ser de destinación específica. 2.5. La parte ejecutante presentó un memorial aclarando el alcance de su p etición de embargo sobre los recursos del municipio; sin embargo, el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, a travØs de auto No. 1160 del 5 de agosto de 20 22, se atuvo a lo resuelto en el auto No. 232. 2.6. Contra la anterior decisión, la ejecutante presentó recurso de apelación, el cual resolvió el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante auto No. 819 del 26 de septiembre de 2024 , en el sentido de revocar parcialmente el auto No. 1160 del 22 de agosto de 2022, en tanto que confirmó que los recursos recaudados por concepto de impuesto predial unificado, indígena y afro son inembargables, pero le ordenó al Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó que efectuara un nuevo estudio frente al impuesto de industria y comercio.

3. Fundamentos de la acción La parte actora considera que la demanda interpuesta cuenta con relevan cia constitucional, en tanto que se precisa que los derechos fundamentales vulnerados son el del debido proceso, incluyendo el derecho de defensa; así mismo, afirmó que agotó los medios ordinarios en defensa de sus derechos, dado que acudió al recurso de apelación en contra de la decisión cuestionada; tambiØn dijo cum plir con el requisito de inmediatez porque presentó la tutela dentro del tØrmino razon able establecido por la jurisprudencia; planteó que expuso claramente los hechos qu e

requisito de inmediatez porque presentó la tutela dentro del tØrmino razon able establecido por la jurisprudencia; planteó que expuso claramente los hechos qu e generaron la vulneración de derechos fundamentales, al recalcar que tanto el a quo como el ad quem expidieron sus decisiones sin soportes jurídicos e indicó que las providencias atacadas no eran fallos de tutela. Seæaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, porque las decisiones adoptadas en relación a la medida cautelar solicitada, se fundamentaron en normas que desconocieron el contexto de aplicación, pasando por alto otras disposiciones que sí eran aplicables al caso, necesarias para efectuar una interpretación sistemÆtica, en tanto que como lo preceptœan los artículo 2 y 7 de la Ley 44 de 1990, el impuesto predial unificado es el recae sobre la propiedad del inmueble y se genera por la existencia del pred io, que es de propiedad del municipio y que no tiene destinación específica, por lo que, al ser una renta del ente territorial, resulta embargable, de conformidad con la Leyartículo 594 numeral 16 del CGPy la jurisprudencia, en razón a que son recursos para el sostenimiento del ente territorial, no vital para la inversión. A su parece r, el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó hizo una interpretación arbitraria de las reglas que regulan la inembargabilidad de las rentas de las entidades territoriales. TambiØn adujo la parte actora que se presentó un desconocimiento del precedente, porque en reiterados pronunciamientos se ha precisado que losRadicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

precedente, porque en reiterados pronunciamientos se ha precisado que losRadicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 ingresos de los entes territoriales son embargables en determinadas proporciones. Así las cosas el Tribunal Judicial de Quibdó, en providencia del 14 de abril de 2026, con ponencia del magistrado Jhon Jairo Ortiz `lzate, dentro del radicad o 27001-31050-001-2004-016020-01 y en otras providencias, sentó la tesis de que los recursos que ingresan a los municipios por concepto de impuestos predial indígena e impuesto predial afro, una vez en las arcas municipales tienen carÆcter de embargables e indicó que ese precedente viene de la jurisdicción ordinaria, p ero que el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó no lo valoró.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto del 22 de octubre de 2025, el despacho requir ió a la parte accionante para que acreditara cómo se configuraron en el caso en estudio los requisitos especiales o defectos previstos para las acciones de tutela en contra de providencias judiciales, establecidos por la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, en tanto que en la demanda no se mencionó ese tema y para que individualizara a los demandantes, demandados y terceros que participaron en el proceso ejecutivo.

Al cumplir con lo previsto anteriormente, el despacho sustanciador, mediante

tema y para que individualizara a los demandantes, demandados y terceros que participaron en el proceso ejecutivo. Al cumplir con lo previsto anteriormente, el despacho sustanciador, mediante auto del 7 de noviembre de 2025, admitió la demanda presentada por el apoderado de Lilibeth Murillo Tovar; así mismo, vinculó, en calidad de terceros con interØs, al municipio de Unguía (entidad ejecutada), al seæor Nelson Murillo Palacios (quien actuó como ejecutante en el proceso ejecutivo) ; al Ministerio Pœblico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (entidades vinculadas en el proceso ejecutivo). De otra parte, se ofició al Juzgado Cuarto Administrativo para que notificara al ejecutante del proceso ordinario y para que remitiera en medio digital la copia del expediente con el radicado 27001-33-33-004-2009-00542-00/01. TambiØn se le ordenó a la Secretaría General fijar un aviso informÆnd ole al ejecutante sobre la existencia de la presente acción constitucional y, con el mismo objeto, se ofició a la Oficina de Sistemas de la Corporación para que publicara en la pÆgina web un aviso, haciØndole saber que puede acudir al trÆmite de la tutela si lo consideraban necesario. Finalmente, se le reconoció personería al abogado de la parte demandante. 4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, en tanto que no se evidenció transgresión alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante, siendo las decisiones cuestionadas el resultado de un actuar debidamente motivado y

pretensiones de la acción de tutela, en tanto que no se evidenció transgresión alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante, siendo las decisiones cuestionadas el resultado de un actuar debidamente motivado y ajustado a derecho, que se expidieron con observancia de las garantías al debido proceso, defensa e igualdad de las partes.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundame ntales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

www.consejodeestado.gov.co 4 es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judicia les, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reun ir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o req uisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restrin girse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberÆ determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera el examen general de procedibilidad, haciendo especial Ønfasis en el requisito de inmediatez.

De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberÆ determinar, en primer lugar, si la acción de tutela supera el examen general de procedibilidad, haciendo especial Ønfasis en el requisito de inmediatez. En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se dirigirÆ a establecer si e l Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó incurrieron en los defectos invocados al proferir las providencias que son objeto de cuestionamiento, centrando el estudio en la decisión de segunda instan cia del 26 de septiembre de 2024, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 2700113-33-004-2009-00542-00/01, en tanto que fue esta la que puso fin a la controversia en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la e jecutante en cuanto al embargo de los recursos recaudados por el ente territorial ejec utado por concepto de impuesto predial unificado, indígena y afro.

4. Alcance del requisito general de procedibilidad de la inmediatez y anÆlisis en el caso en concreto 4.1. La Corte Constitucional 7 ha seæalado que si bien no es posible establecer un tØrmino de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, de be existir un tØrmino razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la naturaleza misma de este medio de defensa judici al no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías

4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provide ncias judiciales son: i) que el actor

sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías

4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provide ncias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la prote cción de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un tØrmino prudenc ial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgÆnico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fÆctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015 . M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 d e agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 7 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. `l varo Tafur Galvis.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

7 Corte Constitucional, sentencia T123 de 2007, M.P. `l varo Tafur Galvis.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 constitucionales de una persona, sino tambiØn con el respeto de la segurid ad jurídica y de los derechos de los terceros afectados8. En este orden de ideas, la inmediatez es mÆs bien una condición que bu sca que la acción se presente en un tØrmino razonable contado desde el mome nto en que se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un tØrmino de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial. Precisamente, en razón a que el anÆlisis de la procedencia de tutela contra providencias judiciales debe ser mÆs riguroso, la Sala Plena del Consejo d e Estado9 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un tØrmino de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia judicial enjuiciada, por considerarlo un tØrmino prudencial para que el interesa do interponga la acción. Límite temporal que tambiØn ha sido acogido por la Corte Constitucional10. Dicho tØrmino razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la

Constitucional10. Dicho tØrmino razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»11. Sin embargo, dicha providencia tambiØn acudió a unas pautas, para examin ar las excepciones a esa regla general, indicando que se debe analizar tambiØn «(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el nœcleo esencial de los derechos de terceros afectados con l a decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acció n y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió despuØs de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición». Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró que «No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un tØrmino razonable »12. Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la

ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional brindó cinco criterios: (i) la situación personal del peticionario; (ii) si la vulneración de derechos fundamentales se extiende en el tiempo; (iii) la naturaleza de la vulneración; (iv) la actuación contra la que se dirige la tute la; y (v) los efectos de la tutela. Así las cosas, tanto las reglas fijadas en la sentencia SU-391 de 2016 como en la providencia del Consejo de Estado son vÆlidas para estudiar el presupuesto de la inmediatez. Por esto, el estudio del requisito de inmediatez, ademÆs de considerar el lapso de seis meses, debe consultar los demÆs criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional, de manera tal, qu e caso a caso se estudie el cumplimiento de este requisito, atendiendo a sus particularidades, sin que el solo paso del tiempo constituya el criterio exclusivo para efectuar ese estudio. 4.2. Descendiendo al caso en concreto, se evidencia que la accionante cuestiona las siguientes providencias proferidas en el proceso ejecutivo con el radicado 27001-13-33-004-2009-00542-00/01:

8 Corte Constitucional. sentencia T-594 de 2008: « el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aœn mÆs estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente».

9 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto d e 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 10 Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero PØre z. 11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. 12 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-391 de 2016.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 (i) Auto No. 232 del 25 de febrero de 2020 , proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, mediante el cual se negaron las medidas cautelares de embargo de los recursos obtenidos por el municipio por concepto de impuesto predial unificado, indígena y afro, así como del impuesto de industria y comercio. (ii) Auto No. 1160 del 5 de agosto de 2022 , expedido por la misma autoridad judicial, mediante el cual confirmó su decisión. (iii) Auto No. 819 del 26 de septiembre de 2024 , dictado por el Tribunal Administrativo del Chocó, a travØs del cual se revocó parcialmente la negativa del embargo, en tanto que se le ordenó a quo estudiar nuevamente lo relacionada con el impuesto de industria y comercio, pero se confirmó la imposibilidad de inembargabilidad de los recursos provenientes del impuesto predial unificado, indígena y afro. De igual forma, se destaca que los defectos imputados a las decisiones

relacionada con el impuesto de industria y comercio, pero se confirmó la imposibilidad de inembargabilidad de los recursos provenientes del impuesto predial unificado, indígena y afro. De igual forma, se destaca que los defectos imputados a las decisiones cuestionadas en la demanda de tutela se refieren, particularmente, a l a procedencia del embargo de los recursos provenientes del impuesto predial unificado y del impuesto predial indígena y afro, sin hacer alusión a lo decidido frente a la medida cautelar sobre el impuesto de industria y comercio 13, por lo que la Sala advierte que la decisión que puso fin a la controversia en cuanto a la posibilidad de afectar los recursos del municipio con origen en el impuesto predial unificado, indígena y afro, fue la que resolvió el recurso de apelación frente a la negativa de la medida solicitada, es decir, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 26 de septiembre de 2024, auto No. 819. El referido auto, que confirmó la negativa de la medida cautelar sobre el impuesto predial unificado, indígena y afro, se notificó a las partes el 2 de octubre de 2024 14, de conformidad con lo registrado en la plataforma de gestión judicial SAMAI. Así las cosas, como la demanda de tutela se radicó el 14 de octubre de 2025, si se tiene en cuenta la fecha en la que se notificó la providencia referenciada proferida en el proceso ejecutivo, para la Sala es claro que se excedió ostensiblemente el tØrmino considerado como razonable para acceder a la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando lo

proferida en el proceso ejecutivo, para la Sala es claro que se excedió ostensiblemente el tØrmino considerado como razonable para acceder a la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando lo que se cuestiona es el contenido de providencias judiciales, en tanto que transcurrió mÆs de un aæo desde que el accionante tuvo conocimiento del supuesto escenario de vulneración y la fecha en la que ejerció la acción constitucional. 4.3. Conviene recordar que la tesis pacífica de la Sala segœn la cual, cuand o la acción de tutela se interpone contra providencias judiciales, el requisito de la inmediatez se computa desde que el accionante tuvo conocimiento de la decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la providencia judicial que se cuestiona, pues es en ese momento en el que adquiere conocimiento del presunto escenario de vulneración iusfundamental15. En línea con lo expuesto y de conformidad con la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente para declarar la

13 Lo anterior se ratifica, en tanto que, en cumplimiento por lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, volvió a estudiar la medida cautelar en cuanto a los recursos provenientes del impuesto de industria y comercio y accedió a la solicitud, mediante providencia No. 1253 del 13 de noviembre de 2025. SAMAI del proceso ejecutivo. ˝ndice No.19. 14 SAMAI de segunda instancia del proceso ejecutivo, índice No. 04.

proceso ejecutivo. ˝ndice No.19. 14 SAMAI de segunda instancia del proceso ejecutivo, índice No. 04. 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo . Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia de tute la del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-0 00-2019-01555-01. M.P. Julio Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).Radicado: 11001-03-15-000-2025-06489-00

Demandante: Lilibeth Murillo Tovar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante, esto al reconocer que no existen reglas inflexibles; no obstante, al analizar las particularidades del asunto objeto de estudio, segœn lo esgrimido en la demanda de tutela, no se evidencia argumento alguno dirigido a justificar la inacción de los demandantes por mÆs de 6 meses, considerado este como el tØrmino razonable para ejercer la acción constitucional. Al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional 16 no se encuentra acreditada en este caso una situación que justifique la interposición de la acción de tutela por fuera d e tØrmino establecido como razonable para ello, por lo que resulta evidente que

por la Corte Constitucional 16 no se encuentra acreditada en este caso una situación que justifique la interposición de la acción de tutela por fuera d e tØrmino establecido como razonable para ello, por lo que resulta evidente que la acción interpuesta no cumplió con el requisito de procedibilidad de inmediatez.

5. Conclusión Por anterior, la Sala considera que la acción de tutela no supera el requisito d e inmediatez, ya que se interpuso por fuera del tØrmino de 6 meses considerado por la jurisprudencia como razonable para acudir al juez constitucional en procurar de la protección de derechos fundamentales, con ocasión de la expedición d e providencias judiciales y, ademÆs, porque tampoco se acreditó una circunsta ncia particular que le impidiera a la parte actora acudir a este mecanismo constitucional, razón por la cual se declararÆ la improcedencia del amparo solicitado.

En mØrito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado , administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley, FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la seæora Lilibeth Murillo Tovar , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio mÆs expedito.

3. Publicar la presente decisión en la pÆgina web del Consejo de Estado.

4. De no impugnarse la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cœmplase, Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

4. De no impugnarse la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cœmplase, Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha. (Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN

Presidente (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODR˝GUEZ MONTAÑO

(Firmado electrónicamente)

CLAUDIA RODR˝GUEZ VEL`SQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a travØs de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria SÆchica MØndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviæo, sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005