CE - Sentencia 11001031500020250649500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil vei nticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06495-00

Demandante SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y C˝A. SAS

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela. Proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de orden contenida en sentencia judicial. Derecho de petición en proceso judicial. Mora judicial. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instan cia, la acción de tutela instaurada por Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS , de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 .

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 15 de octubre de 2025 1, por conducto de apoderado, la sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS. promovió acción de t utela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsecc ión A, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proce so, de acceso a la administración de justicia y de petición.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA. SE TUTELEN los derechos fundamentales al DERECHO DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO y a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de SERVICIOS TEMPORALES

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA. SE TUTELEN los derechos fundamentales al DERECHO DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO y a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. , vulnerados por el Tribunal Administrativo de BogotÆ D.C.– Sección Cuarta. SEGUNDA. Que se ordene al Tribunal accionado emitir respuesta de fondo, completa y motivada al derecho de petición radicado el 22 de septiembre de 2025 por la empresa, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela».

2. Hechos De la revisión del expediente se advierten como hec hos relevantes los siguientes: 2.1. La empresa Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS promovió demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP (en adelante UGPP) con el fin de que se librara mandamiento de pago a s u favor conforme al título ejecutivo consistente en la sentencia del 7 de abril de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, autoridad judicial que conoció el medio de control de nulidad y restablecimiento

1 Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

Demandante: Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en primera instancia, asumió el trÆmite del proceso ej ecutivo (expediente 2500023-37-000-2014-00390-00). Mediante providencia del 25 de septiembre de 2024, se libró mandamiento de pago a favor de la sociedad ejecutante. En la misma fecha, por auto independiente el Tribunal corrió traslado a la parte demandada de la solicitud de medidas cautelares, po r el tØrmino de 5 días, para que se pronunciara al respecto. 2.3. El 18 de octubre de 2024 la UGPP presentó escrito de excepciones, concretamente propuso la denominada «pago de la obligación. De la excepción se corrió traslado a la sociedad ejecutante el 9 de octubre de 2024, quien se pronunció oponiØndose a su prosperidad. Posteriormente el 1” de noviembre de 2024, la ejecu tante presentó memorial en el que se pronunció frente a las excepciones de m Ørito propuestas por la UGPP. 2.4. Por auto del 22 de enero de 2025, el tribunal rechazó p or extemporÆneo el recurso de reposición y en subsidio apelación presenta do por la UGPP y, tuvo por extemporÆnea la presentación de excepciones. Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición y en subsidio sœplica. Por auto del 18 de julio de 2025 el tribunal repuso la decisión en el sentido de

por extemporÆnea la presentación de excepciones. Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición y en subsidio sœplica. Por auto del 18 de julio de 2025 el tribunal repuso la decisión en el sentido de tener por presentado en tiempo el recurso de reposició n y en “subsidio sœplica”, y el escrito de excepciones. Sin embargo, no modif icó el mandamiento de pago del 25 de septiembre de 2024. 2.5. Continuando con el trÆmite del proceso ejecuti vo, en auto del 30 de julio de 2025 el tribunal decretó la medida cautelar de embargo y retención de sumas de dinero depositadas en las cuentas bancarias que tuviera la UGPP; decisión que fue recurrida en apelación el 8 de agosto de 2025 . La sociedad ejecutante presentó memorial de rØplica el 12 de agosto de 2025 en el que consideró que el mencionado recurso era ex temporÆneo. La sociedad actora presentó memorial de impulso procesal el 9 de septiembre de 2025. 2.6. El 22 de septiembre de 2025 la sociedad ejecutante solicitó que se ordenara seguir adelante con la ejecución a fin de garantizar e l cumplimiento de la respectiva obligación. El expediente ingresó al despacho con las diversas sol icitudes y recurso de apelación el 10 de octubre de 2025. 2.7. Por auto del 12 de noviembre de 2025 el tribunal a ccionado dispuso tener por contestada la demanda por parte de la UGPP y ordenó c orrer traslado de las excepciones propuestas a la contraparte. TambiØn se refirió al derecho de petición presentado por la parte ejecutante el

contestada la demanda por parte de la UGPP y ordenó c orrer traslado de las excepciones propuestas a la contraparte. TambiØn se refirió al derecho de petición presentado por la parte ejecutante el 22 de septiembre de 2025 y sostuvo que, como se le h abía indicado en anteriores oportunidades, lo solicitado no constituía una petición por lo que era improcedente toda vez que la solicitud estaba relacionada con el desarrollo del proceso y advirtió que esta sería evacuada en la etapa procesal dispuesta para el efecto. Por auto de la misma fecha, 12 de noviembre de 2025, rechazó por extemporÆneo el recurso de apelación propuesto por la UG PP.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.8. En memorial del 12 de noviembre de 2025 el represe ntante legal de la sociedad actora presentó reiteración al derecho de pet ición inicialmente presentado el 22 de septiembre de 2025.

3. Fundamentos de la acción La sociedad actora indicó que se vulneraban sus derec hos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la adminis tración de justicia.

Precisó que radicó una petición formal ante el tribun al accionado solicitando celeridad en la actuación procesal relacionada con la ejecución de la sentencia, pero que el despacho ha omitido pronunciarse dentro del tØ rmino legal establecido en la Ley 1755 de 2015 que seæalaba que la autoridad estÆ en el deber de resolver

que el despacho ha omitido pronunciarse dentro del tØ rmino legal establecido en la Ley 1755 de 2015 que seæalaba que la autoridad estÆ en el deber de resolver peticiones en un tØrmino no mayor a 15 días hÆbiles . Indicó que con tal actuar se desconocía el derecho d e acceso formal a los despachos judiciales, a obtener decisiones efectivas y a que las providencias se cumplieran en forma oportuna. Se refirió al debido proceso y sostuvo que tal derecho i mplicaba que en toda actuación del poder pœblico incluidos los tribunales , se observaran las garantías mínimas que aseguraban la plena vigencia de los dere chos de las partes como el derecho a ser oído, a presentar pruebas, a obtener mo tivación de las decisiones, a una decisión en un plazo razonable y al deber de las autoridades de dar respuestas de fondo. En ese orden de ideas, sostuvo que cuando un tribunal, pese a existir sentencia ejecutoriada y mandamiento de pago, omitía avanzar en la ejecución o en responder las solicitudes que buscaban su cumplimiento incurría en una vulneración directa del derecho de acceso a la justicia y a los principio s de eficacia, celeridad y buena fe.

4. TrÆmite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 24 de octubre de 2025, se admitió l a acción de tutela promovida por la sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía . SAS.; se ordenó notificar a las partes demandante y demandada; y se vinculó como terceros con interØs a la UGPP, a la Agencia Nacional de Defe nsa Jurídica del Estado y al Ministerio Pœblico.

notificar a las partes demandante y demandada; y se vinculó como terceros con interØs a la UGPP, a la Agencia Nacional de Defe nsa Jurídica del Estado y al Ministerio Pœblico. 4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta , Subsección A, presentó escrito de oposición en el que hizo un re cuento de las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo que actualmente adelanta y en el que la sociedad actora es parte ejecutante. Sostuvo que la petición del 22 de septiembre de 2025 que es objeto de la presente acción en realidad es un memorial con el qu e la sociedad ejecutante busca que se le imparta celeridad al proceso, pero qu e no constituye en sí mismo un derecho de petición. Mencionó una acción de tutela anterior de la que conoció esta misma Sección2, cuyas partes eran las mismas y que tenía que ver con el mismo proceso judicial en curso y dijo que precisamente allí se indicó que las solicitudes presentadas ante autoridades judiciales que tuvieran que ver con e l proceso no constituían en sí un derecho de petición y por tanto no se regían por esas normas. En cuanto al trÆmite del proceso ejecutivo explicó qu e se ha venido atendiendo en un tiempo razonable, dentro del turno en el que s e encuentra y sin que se advierta dilación alguna.

2 Expediente 11001-03-15-000-2025-04266-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Servicios Temporales Asociados y Cía. SAS

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que el expediente se encuentra al despacho de sde el 29 de julio de 2025 para pronunciarse sobre las excepciones presenta das por la parte ejecutada y que desde el 10 de octubre del aæo en cu rso estÆ pendiente de pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto de medidas cautelares. Precisó que, conforme al orden que corresponde en atenci ón a los demÆs procesos judiciales a cargo del despacho, el trÆmite objeto del requerimiento de la parte actora sería impartido en la segunda seman a del mes de noviembre. Finalmente, destacó que no era admisible que el acto r pretendiera impulsar el proceso judicial a partir de la interposición reiterada de acciones de tutela, pues que dicho mecanismo excepcional no estaba disp uesto para tal fin, en particular, cuando no se presentaba mora judicial alguna ni el desconocimiento de las garantías del demandante. Agregó que la conducta de la sociedad tutelante es t emeraria e implica un desgaste injustificado para la administración de jus ticia, que no se acompasa con los deberes y responsabilidades que le asisten a las partes y sus apoderados. Por lo que pidió que se negaran las pretensiones de la demanda. En escrito separado allegó el listado de los procesos que tiene a cargo el despacho, relacionando el turno en el que se encuen tra el proceso ejecutivo en el que la sociedad es parte ejecutante. 4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

En escrito separado allegó el listado de los procesos que tiene a cargo el despacho, relacionando el turno en el que se encuen tra el proceso ejecutivo en el que la sociedad es parte ejecutante. 4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, rindió informe en el que pidió ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por pasiva pues consideró que lo pretendido por la parte actora no tenía que ver con la entidad. 4.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Est ado y el Ministerio Pœblico, no se pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

2. Cuestión previa. Legitimación en la causa por pasi va La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensiona l y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, pidió ser de svinculada de la presente acción por carecer de legitimación en la causa por pas iva.

La Sala precisa que, segœn lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,

Parafiscales de la Protección Social, UGPP, pidió ser de svinculada de la presente acción por carecer de legitimación en la causa por pas iva. La Sala precisa que, segœn lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela, la UGPP fue vinculada al proceso constitucional en calidad de tercero con interØs al ser parte ejecutada en el proceso ejecutivo que actua lmente se tramita ante el

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1”: «Toda persona tendrÆ acción de tutela para reclamar ant e los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actœe en su nombre, la prote cción inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazado s por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de los particulares en los casos que seæala este decret o».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y no como parte accionada. De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 4, le asiste interØs legítimo en el resultado de este proceso constitucional y por tal motivo debe permanecer vinc ulada a Øste en la calidad de tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala

constitucional y por tal motivo debe permanecer vinc ulada a Øste en la calidad de tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala negarÆ la solicitud de desvinculación propuesta.

3. Planteamiento del problema jurídico La sociedad Servicios Temporales Asociados y Cía. SA S pretende que se ampare su derecho fundamental de petición por la falta de respuesta a la solicitud que presentó el 22 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en el proce so ejecutivo que se tramita actualmente en esa Corporación, razón por la que corresponderÆ determinar si la autoridad judicial vulneró el citado derecho a la sociedad actora.

Asimismo, ataæe a la Sala establecer si el mencionado tribunal incurrió en mora injustificada en el trÆmite del proceso ejecutivo q ue actualmente tramita el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsecc ión A (radicación 2500023-37-000-2014-00390-00).

4. Peticiones ante autoridades judiciales 4.1. Aunque en principio toda solicitud que se pres ente ante las autoridades públicas o privadas debe entenderse como el ejercicio del “derecho de petición”, existen algunas solicitudes que no se rigen bajo las normas previstas en la primera parte de la Ley 1437 de 2011, modificada s por la Ley 1755 de 2014, por no tratarse verdaderamente de “derechos de p etición”.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha in sistido que las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables c uando se le solicita a un servidor de la Rama Judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha in sistido que las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables c uando se le solicita a un servidor de la Rama Judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se encue ntran reguladas en procedimientos propios y no por el artículo 23 de la Constitución Política ni por los artículos 13 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 que regulan el derecho de petición. Por tanto, los memoriales y los recursos presentados en el curso de un proceso judicial se rigen por los tØrminos y etapas procesales previstos por el legislador, y en general, por las leyes procedimentale s propias de cada mecanismo judicial. Esto significa que las peticione s y escritos que se interponen ante autoridades judiciales sobre aspectos relacionados con el litigio se regulan por las reglas propias de cada juicio. De manera que en tales eventos no debe expedirse una respuesta como la dispu esta en las normas que regulan el derecho de petición ni en los tiempos allí establecidos, sino que el juez deberÆ proceder conforme las leyes específica s aplicables para el caso. Se reitera, entonces, que las disposiciones que rigen el derecho de petición no son aplicables a las solicitudes que pretendan o btener pronunciamientos relacionados con procesos judiciale s, así estos se presenten bajo el rótulo de derecho de petición.

4 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirÆ contra la autori dad pœblica o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado

4 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirÆ contra la autori dad pœblica o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas p or un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderÆ dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo qu e se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pœblica, la acción se tendrÆ por ejercida contra el super ior.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De no existir tal diferenciación, se vulnerarían las formalidades que deben observar las partes, el juez y los terceros interesados, cuyo principal propósito es garantizar el debido proceso. 4.2. Para distinguir si la petición presentada en un proceso judicial constituye un verdadero derecho de petición o si, por el contrario, h ace alusión a una solicitud judicial, ha dicho la Corte que «…es necesario establecer su esencia de tal manera que, se debe identificar si la respuesta implica una decisión judicial sobre algœn asunto relacionado con la litis o con el proc edimiento, casos en los cuales la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional y así, el juez, por mÆs que lo invoque el petente, no estÆ obligado a r esponder bajo las previsiones normativas del derecho de petición sino que, en acatamiento al debido proceso, deberÆ dar

mÆs que lo invoque el petente, no estÆ obligado a r esponder bajo las previsiones normativas del derecho de petición sino que, en acatamiento al debido proceso, deberÆ dar prevalencia a los tØrminos, procedimientos y contenidos de las actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto el ju ez como las partes» 5. (Negrillas fuera del texto original). En armonía con lo anterior, en la Sentencia T-172 de 201 6 la Corte Constitucional explicó nuevamente las diferencias entre un derecho de petición y una solicitud presentada ante un juez de la Repœblica: «La Corte Constitucional ha establecido que todas las per sonas tienen derecho a presentar peticiones ante los jueces de la Repœblica y que Østas se an resueltas, siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los proceso s que un funcionario judicial adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de carÆcter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicab les las normas que rigen la actividad de la administración pœblica, mientras que, respecto de los actos de carÆcter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis. En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parÆmetros fijad os por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trÆmi te de un determinado proceso

operador judicial se ha salido de los parÆmetros fijad os por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trÆmi te de un determinado proceso judicial». 4.3. En conclusión, no son derechos de petición las solicitudes presentadas ante un juez de la Repœblica que versen sobre un proceso judicial adelantado por este œltimo, ya sea que la solicitud recaiga sobre l a cuestión debatida en el caso o sobre un asunto de procedimiento del proceso en cuestión. Y, por lo tanto, al no tener esa naturaleza, las solicitudes d e esas características presentadas ante servidores judiciales no se rigen por el artículo 23 de la Constitución Política ni por los artículos 13, 14, 15 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 que regulan el derecho de petición.

5. La mora judicial injustificada 5.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constit ución, el derecho fundamental al debido proceso se aplica a todas las actuaciones jud iciales y administrativas, y al momento de determinar su alcance, la norma seæal a que toda persona tiene derecho a «un debido proceso pœblico sin dilaciones injustificadas».

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneració n de este elemento del derecho al debido proceso, trÆtese de un proceso jud icial o administrativo, se configura cuando: «(i) el incumplimiento de los tØrminos seæalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra anÆlisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el anÆlisis global de procedimiento;

de plazo razonable que involucra anÆlisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el anÆlisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»6.

5 Corte Constitucional. Sentencia T –311 de 2013 6 Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Con stitucionalRadicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un tØrmino establecido en la ley no basta para considera r vulnerado el derecho al debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dil ación es injustificada. 5.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconoci do que quien interpone una acción judicial o algœn recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se le resuelva dentro de los tØrminos establecid os en la ley. Sin embargo, se ha insistido en que dadas las condiciones que pr oducen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilac ión en la decisión equivale a negligencia7. Debe decirse entonces que, la mora judicial correspo nde al incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión de los proce sos a su cargo. Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valo rar en cada caso si la

incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión de los proce sos a su cargo. Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valo rar en cada caso si la conducta del funcionario o corporación judicial es in justificada y negligente, pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con l os plazos para decidir o para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura bÆsica en los despachos judiciale s, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas . Circunstancias que no pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón prin cipal por la que se incumplen los tØrminos judiciales no se debe al act uar de los funcionarios, sino a las dificultades prÆcticas que debe afrontar la Ra ma Judicial. Por lo tanto, en el evento en que exista una justificación que expli que la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirÆ mora judicial injustificada y en consecuencia no se habrÆn vulnerado los derechos f undamentales de quien acudió a la justicia 8. Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional seæaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,

seæaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada, como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mo ra judicial obedece a circunstancias objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fall ador, mal podría la Corte Constitucional acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido , sin analizar con sumo cuidado las razones de la mora judicial que se alega». En cambio, habrÆ mora judicial injustificada si el af ectado con la dilación del proceso comprueba que el juez u órgano judicial exced ió desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación para justificar la demora e n que incurrió. Es decir, que al juez de tutela le corresponde realizar una valor ación de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la tardanza. En la Sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora jud icial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilaci ón y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistem Ætica de los deberes del funcionario judicial. Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable , la alta Corte seæaló que se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias ge nerales del caso concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conduc ta procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trÆmite.

concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conduc ta procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trÆmite.

7 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 20 14. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R. Radicado : 11001-03-15-000-2014-01444-00. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06495-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. AnÆlisis del caso 6.1. De acuerdo con los antecedentes del caso, la sociedad actora cuestiona la ausencia de una respuesta a la petición que radicó el 22 de septiembre de 2025 ante la autoridad judicial accionada.

Revisado el contenido de la solicitud presentada an te el juez natural, se evidencia que lo peticionado es que se ordene seguir adelante con la ejecución con el fin de garantizar el cumplimiento de la obliga ción contenida en la sentencia que le fue favorable a sus pretensiones, mÆxime cuando segœn relató en su escrito, en el proceso ejecutivo ya se h abía librado mandamiento de pago y habían sido decretadas medidas cautelares encaminadas a materializar el cumplimiento de la obligación. Textualmente la petición fue la siguiente: «ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, disponie ndo lo que en derecho

de pago y habían sido decretadas medidas cautelares encaminadas a materializar el cumplimiento de la obligación. Textualmente la petición fue la siguiente: «ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, disponie ndo lo que en derecho corresponda para garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación impuesta en sentencia judicial, evitando que se continœe afectando los derechos patrimoniales de SERVICIOS

TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S.A.S. – SETA».

En este sentido y conforme con la motivación preceden te, precisa la Sección que el asunto no debe analiza