CE - Sentencia 11001031500020250649600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06496-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: JAIME ORTIZ SOTO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES

REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO

Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA TERCERA EDAD

Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JAIME ORTIZ SOTO, actuando a través de apoderado, en

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: JAIME ORTIZ SOTO

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tercera edad, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 29 de septiembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00129-01.

I.2.- Hechos

Señaló que, con ocasión de una orden judicial, la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO 2 reconoció y liquidó una pensión especial de retiro por vejez a la señora FIDELIA BARROSO (q.e.p.d.), de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 19983.

Afirmó que el 10 de diciembre de 2018 , en calidad de cónyuge supérstite, solicitó a la CONTRALORÍA el reconocimiento de la sustitución pensional, no obstante, le fue negada.

2 En adelante Contraloría. 3 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

sustitución pensional, no obstante, le fue negada.

2 En adelante Contraloría. 3 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”3

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Aseguró que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00129-00, el cual correspondió por reparto al JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI4 que, mediante sentencia de 19 de octubre de 2023 , denegó las pretensiones de la demanda, debido a que el artículo 46 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19935, no preveía la sustitución pensional de esa prestación.

Indicó que interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2025, confirmó la decisión inicial , al concluir que el régimen legal no autoriza la sustitución de las pensiones especiales de retiro por vejez, por tratarse de una prestación de naturaleza diferente a las de jubilación o vejez reguladas en la Ley 100.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Sostuvo que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que desconoció

o vejez reguladas en la Ley 100.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Sostuvo que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que desconoció

4 En adelante JUZGADO. 5 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones" .4

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el régimen aplicable y la regla de favorabilidad en materia pensional.

Anotó que, aunque la pensión de retiro por vejez no tiene previsión expresa de sustitución, tampoco existe prohibición ni causal legal de extinción del derecho por el fallecimiento; por ende, corresponde acudir a las normas generales sobre pensión de sobrevivientes establecidas en la Ley 100.

Sostuvo que no es entendible que no se le haya reconocido la sustitución pensional por ausencia de norma especial, dado que, en aplicación del principio de favorabilidad , el régimen previsto en la referida ley, le era aplicable.

Manifestó que la providencia cuestionada desconoce el precedente judicial, comoquiera que, si bien no hay jurisprudencia concreta para el caso de las pensiones de retiro por vejez, si hay pronunciamientos del Consejo de Estado respecto de prestaciones especiales como la pensión gracia, conforme con l os cuales su sustitución debe regirse por las normas generales ante la falta de regulación específica.

del Consejo de Estado respecto de prestaciones especiales como la pensión gracia, conforme con l os cuales su sustitución debe regirse por las normas generales ante la falta de regulación específica.

Citó para tal efecto apartes de la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -029CE-S2 de 2022 , proferida por la Sección5

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Segunda del Consejo de Estado, y de 5 de febrero de 2009, 4 de marzo de 2010 y 10 de octubre de 2019, dictadas por esta Corporación en los procesos identificados con los números únicos de radicación 1998-0158-01, 2006-00004-01 y 2014-01015-01.

Sostuvo que también se configuró el defecto de violación directa de la Constitución, comoquiera que se desconocieron los artículos 48 y 53, en torno a la aplicación de las normas generales de seguridad social para el reconocimiento pensional.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó:

“[…]- DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia No. 185 de fecha 29 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radica ción 76001333301520190012901. Dte.

Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radica ción 76001333301520190012901. Dte.

JAIRO ORTIZ SOTO - Demandado: MUNICIPIO DE YUMBO –

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE YUMBO.

• Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA, para que profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta los lineamientos que considere su Despacho en la sentencia de tut ela, en procura de la protección de los derechos fundamentales del actor […]”.6

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El MUNICIPIO DE YUMBO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las result as del proceso, sostuvo que las providencias cuestionadas negaron con acierto las pretensiones del demandante, toda vez que no existe fundamento normativo que obligue a reconocer una sustitución pensional derivada de una pensión especial de retiro por vejez reconocida bajo un régimen anterior o en vigencia de Ley 100.

Agregó que, en ese orden de ideas, la apreciación del actor es equivocada, razón por la cual no hay lugar a conceder el amparo pretendido.

anterior o en vigencia de Ley 100.

Agregó que, en ese orden de ideas, la apreciación del actor es equivocada, razón por la cual no hay lugar a conceder el amparo pretendido.

I.5.2.- La CONTRALORÍA DE YUMBO solicitó negar el amparo, al considerar que la sentencia cuestionada fue ajustada a derecho.

Indicó que la negativa del reconocimiento de la sustitución pensional se fundamentó en que la prestación reconocida a la causante tiene un origen excepcional, sustentado en su edad y falta de medios de subsistencia, sin que se tratara de una pensión de vej ez ni de invalidez susceptible de sustitución conforme con la Ley 100.7

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I.5.3.- El TRIBUNAL no rindió informe alguno, pese a haber sido notificado en debida forma, mientras que el JUZGADO se limitó a enviar copia digital del expediente origen de la controversia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la8

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jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional9

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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y

expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a10

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rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10]

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los11

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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, el actor pretende que se deje sin efecto la

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 29 de septiembre de 2025, proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2019-00129-01.

A través de la referida providencia la autoridad judicial accionada denegó al actor el reconocimiento de la sustitución de la pensión especial de retiro por vejez de la cual era titular su cónyuge , por cuanto el ordenamiento no prevé dicha posibilidad.

El disenso de la accionante deriva del hecho de que, en su sentir, se configuró defecto sustantivo porque, aunque la pensión de retiro por vejez no tiene normativa expresa que prevea su sustitución, tampoco existe una disposición que la prohíba o extinga por fallecimiento, por lo que debía acudirse a las normas generales establecidas en la Ley12

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100.

Alegó además un desconocimiento del precedente judicial, pues en su sentir, aunque no hay jurisprudencia específica sobre la sustitución de pensiones de retiro por vejez, el Consejo de Estado ha reconocido, en casos análogos como la pensión gracia o las

su sentir, aunque no hay jurisprudencia específica sobre la sustitución de pensiones de retiro por vejez, el Consejo de Estado ha reconocido, en casos análogos como la pensión gracia o las asignaciones de retiro, que ante la falta de regulación especial debe aplicarse el régimen general de seguridad social. Finalmente, el actor estima que se configuró un defecto de violación directa de la Constitución, por desconocimiento de sus artículos 48 y 53, en torno a la aplicación de las normas generales de seguridad social para el reconocimiento pensional.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en las irregularidades aducidas por el actor, al haber proferido la sentencia de 29 de septiembre de 2025 dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00129-01.13

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Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.14

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus

acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”15

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derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”16

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Actor: JAIME ORTIZ SOTO

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de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional

también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional , y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la prote