CE - Sentencia 11001031500020250650600 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06506-001

Accionante : Luis Julián Cabezas Rodríguez

Accionado Vinculados : : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión Acción : Tutela Tema : Tutela contra providencia, reconocimiento de pensión gracia Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por Luis Julián Cabezas Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , por la presunta vulneración de su s derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Luis Julián Cabezas Rodríguez , qu ien actúa a través de apoderad a judicial ,

pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Luis Julián Cabezas Rodríguez , qu ien actúa a través de apoderad a judicial , interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

1 Expediente electrónico disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez

Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

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Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo de 2 0 de marzo de 2025 , mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A2 revocó la sentencia de 13 de febrero de 2019, con la que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión accedió parcialmente3 a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) [expediente 52001-23-33-000-2017-00606-01], para negarlas. En su lugar, pidió ordenar a la autoridad accionada emitir una nueva providencia en la que se acceda a las súplicas de dicho asunto contenciosoadministrativo.

Hechos4.

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el

providencia en la que se acceda a las súplicas de dicho asunto contenciosoadministrativo.

Hechos4.

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el accionante, se puede evidenciar que nació el 18 de mayo de 1961, es decir, cumplió 50 años de edad el 18 de mayo de 2011; y laboró durante más de 20 años en la docencia oficial como docente municipal de Tumaco (Nariño) , desde el 12 de octubre de 1980 hasta el 2017, motivo por el cual el 1 9 de diciembre de 2014 solicitó de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento de la pensión gracia, lo que le fue negado con las Resoluciones RDP 013759 del 10 de abril de 2015 y RDP 046669 del 10 de noviembre del mismo año, con el argumento de que no tenía derecho a tal emolumento, toda vez que, el tiempo de servicio prestado a partir de 1993 es de carácter nacional y financiado por medio del Sistema General de Participaciones.

Por lo anterior, el 1° de noviembre de 20 17 el ac tor acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (expediente 5200123-33-000-2017-00606-01), encaminado a obtener la anulación de l os mencionados actos administrativos y lo deprecado en sede administrativa.

2 C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

23-33-000-2017-00606-01), encaminado a obtener la anulación de l os mencionados actos administrativos y lo deprecado en sede administrativa.

2 C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves. 3 En tanto, aunque declaró la nulidad de los actos acusados, mediante los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia; y, a título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad demandada a otorgarle esa prestación, lo hizo con efectividad para el p ago a partir del 1 9 de diciembre de 2011 , pues declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad a esa fecha. 4 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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De ese asunto ordinario conoció el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión que, el 13 de febrero de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones formuladas, al estimar que el demandante «[…] reunió todos los requisitos consagrados en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, [por lo que] es poseedo[r] del derecho al pago de una pensión gracia».

Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, desatado el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , en el sentido de revocarla, con fundamento en que , el accionante «no cumplió con el requisito mínimo de haber prestado servicio docente con

apelación, desatado el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , en el sentido de revocarla, con fundamento en que , el accionante «no cumplió con el requisito mínimo de haber prestado servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, con una vinculación del orden territorial y/o nacionalizado, el cual resulta indispensable para obtener la pensión graci a», pues, los documentos que aportó para acreditarlo generaban duda.

Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de censura incurre en defecto fáctico, «al omitir darle el valor probatorio merecid [o] a pruebas documentales cruciales y, al mismo tiempo, otorgarle un valor desmedido a un supuesto no concluyente», máxime , cuando «no se avizoran reproches de violación a los procedimientos judiciales de la conducencia de la demanda y sus pasos uno a uno que permitieron que el Tribunal de Nariño llegara a la convicción de su decisión; esto es, acceder a las pretensiones de la demanda más aún cuando […] es experimentado en los temas que conciernen a los certificados expedidos por la Secretaría de Educación de Tumaco, por razones de infraestructura y afectaciones por razón de fuerza mayor ocasionados por el terremoto y los incendios que hace marras destruyeron los archivos de la época […]».

Asimismo, que «causa extrañeza cómo […] pasa por alto redargüir el hecho de que la UGPP se atribuye facultades de investigador propios de la competencia de la Fiscalía General de la Nación, en donde se hace un cotejo de los archivos físicos de la entidad municipal […] y concluye aspectos que no son de su incumbencia […]».

atribuye facultades de investigador propios de la competencia de la Fiscalía General de la Nación, en donde se hace un cotejo de los archivos físicos de la entidad municipal […] y concluye aspectos que no son de su incumbencia […]».

Aduce que, «se le reclama […] una copia original cuando en verdad los archivos fueron reconstruidos por la misma Alcaldía de Tumaco y así lo reconoce el fallo del Tribunal de Pasto al verificar la autenticidad de esa prueba […]», por lo que resulta reprochable que se le imponga «[…] una carga probatoria que le es imposible soportar cuando no estaba bajo su tutela», y, en todo caso, «[l]os documentos con los que se [acredita su] derecho […] a la pensión gracia, son […] expedidos por un funcionario público, a los cuales debe dársele el valor correspondiente, bajo el principio de la presunción de legalidad […]».

Finalmente, arguye que si la autoridad accionada «observ[ó] y se enter[ó] que media[ba] un asunto penal sobre la idoneidad y legalidad de un documento público, debió entonces esperarAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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las resultas de la investigación penal […]» , y no presumir que, en razón a una denuncia penal que la UGPP afirma que adelantó en su contra por falsedad en documento público, estafa en grado de tentativa y fraude procesal, es un «delincuente y disciplinariamente responsable de un actuar que no le es imputable por ser ajeno a la facultad de

público, estafa en grado de tentativa y fraude procesal, es un «delincuente y disciplinariamente responsable de un actuar que no le es imputable por ser ajeno a la facultad de realizar [trámites] que son propios del Estado colombiano a través de la Secretaría y Alcaldía de Tumaco».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 20 de octubre de 202 5, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar a l Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A ; y (ii) dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 5 solicitó ser desvinculada de este mecanismo constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, «[…] en relación a los hechos y pretensiones de la demanda las mismas están dirigidas en contra del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A , Despacho competente para resolver las inconformidades señaladas por la parte actora en el escrito tutelar».

Que, de todas maneras «se evidencia una abierta improcedencia de la acción de tutela [porque] se pretende usar […] con el ánimo de obtener decisiones rápidas de la justicia cuando ya se cuenta

Que, de todas maneras «se evidencia una abierta improcedencia de la acción de tutela [porque] se pretende usar […] con el ánimo de obtener decisiones rápidas de la justicia cuando ya se cuenta con un proceso judicial finalizado en el cual se discutió y se emitieron unas decisiones de fondo respecto del derecho reclamado por el accionante».

2.1.2 El Tribunal Administrativo de Nariño6 solo aportó el expediente ordinario digitalizado, pero no emitió pronunciamiento alguno frente a lo expuesto y deprecado en la acción de tutela de la referencia.

5 Índice 00008 de Samai. 6 Índice 00010 de Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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2.1.3 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 7 indicó que, «[…] no existió una indebida valoración probatoria, en tanto que, el caso se analizó bajo las reglas de la sana crítica y teniendo como norte el precedente unificado sobre la materia, para lo cual resultaba indispensable analizar los actos administrativos de nombramiento y posesión, en aras de determinar la vinculación territorial alegada por el accionante, lo que no se constató, ya que el contenido de las documentales no permitía arribar a esa conclusión».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 20 de marzo de 2025 , mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A revocó la sentencia de 13 de febrero de 2019, con la que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión accedió parcialment e a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por el tutelante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión accedió parcialment e a las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por el tutelante contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) [expediente 52001-23-33-000-2017-00606-01], para negarlas ; y, en caso

7 Índice 00012 de Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y seguridad social invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela

forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos , uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,

sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechosAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales , deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnera rlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene

se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora ; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tut ela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la de cisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda laAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los qu e, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , la sala plena de lo contencioso administrativo del

ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que , la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales8, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos10.

3.5 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que , recae sobre el

8 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 9 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 10 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.

2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009 -01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011 -01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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reconocimiento de una prestación social, a la cual no ha podido acceder el actor, a su juicio, por una indebida valoración probatoria de la autoridad accionada, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social ; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto

de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social ; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 20 de mayo de 202511 y la solicitud de amparo se presentó el 16 de octubre siguiente, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por la accionante.

3.5.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»12.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra13.

a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra13.

En el presente caso , el demandante sostiene que , la decisión reprochada incurre en defecto fáctico, porque, «omití[ó] darle el valor probatorio merecid [o] a pruebas documentales cruciales y, al mismo tiempo, otorgarle un valor desmedido a un supuesto no concluyente», además, «se le reclama […] una copia original cuando en verdad los archivos fueron reconstruidos por la misma Alcaldía de Tumaco […]», por lo que resulta reprochable que se

11 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 13 de mayo de 2025, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 15 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. 12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06506-00

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le imponga «[…] una carga probatoria que le es imposible soportar cuando no estaba bajo su tutela», y, en todo caso, «[l]os documentos con los que se [acredita su] derecho […] a la pensión gracia, son […] expedidos por un funcionario público, a los cuales debe dársele el valor

tutela», y, en todo caso, «[l]os documentos con los que se [acredita su] derecho […] a la pensión gracia, son […] expedidos por un funcionario público, a los cuales debe dársele el valor correspondiente, bajo el principio de la presunción de legalidad […]».

No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite constitucional, cabe anotar que la pensión gracia comporta una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias.

Dicha prerrogativa se consagró por primera vez en el artículo 1º14 de la Ley 114 de 191315 para los maestros de las escuelas primarias oficiales, en cuyo numeral 3 del artículo 4 determinó que, para gozar de esa prestación, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

Posteriormente, la Ley 116 de 192816 (artículo 6) amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, «[…] en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan », de lo que se colige que dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la prestación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario , limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual17.

para poder acceder a la prestación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario , limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual17.

La Ley 37 de 1933 18 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a