CE - Sentencia 11001031500020250651700 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06517-00

Demandante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

Demandado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A

Tesis: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso de los mecanismos extraordinarios establecidos en la ley para la defensa de sus derechos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por los Procuradores 91 y 202 Judicial I para la Conciliación Administrativa, en contra del Consejo de EstadoSección TerceraSubsección A.

I. LA SOLICITUD

Edwin José López Fuentes y Víctor Miguel Sierra de Luque , en calidad de Procuradores 91 y 202 Judicial I para la Conciliación Administrativa, respectivamente, interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron

interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados con ocasión de las providencias de 11 de julio y 1 de septiembre de 2025 proferidas por la autoridad judicial accionada, dentro del medio de control de nulidad1 identificado con el número único de radicación 44001-23-40-000-2022-00075-02, promovido por los accionantes en contra del departamento de La Guajira.

En consecuencia, los accionantes pretenden:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de los suscritos al DEBIDO PROCESO -en sus dimensiones de motivación suficiente, congruencia, respeto del precedente, juez natural/competencia y garantía de defensa y contradicción -, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y a la IGUALDAD; y, como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 11 de julio de 2025 por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, así como el auto del 1.º de septiembre de 2025 que negó la sentencia complementaria.

SEGUNDO: ORDENAR a la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, integral, motivada y congruente, con sujeción estricta a las consideracio nes y precisiones expuestas en la parte motiva de la providencia que se dicte en este proceso. (Destacan los accionantes)

con sujeción estricta a las consideracio nes y precisiones expuestas en la parte motiva de la providencia que se dicte en este proceso. (Destacan los accionantes)

1 Acumulado con controversias contractuales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

2 En el escrito de tutela los actores i ndican que la Asamblea Departamental de La Guajira expidió la Ordenanza 524 de 2020, mediante la cual adoptó la política pública departamental de agua y saneamiento (PDA) y autorizó al Gobernador para crear, junto con los municipios, una empresa de servicios públicos. Asimismo, le facultó para adelantar las gestiones, trámites y actuaciones administrativas, contractuales y presupuestales necesarias para implementar dicha política y garantizar la eventual operación de la empresa.

Aducen que, mediante Escritura Pública n ro. 1022 del 30 de diciembre de 2020, el departamento de La Guajira y varios municipios constituyeron la sociedad ESEPAGUA S.A. E.S.P., bajo la modalidad de empresa de servicios públicos de carácter oficial, conforme a las autorizaciones previstas en la Ordenanza 524 de 2020.

Manifiestan que para la fecha de expedición de la citada ordenanza y del otorgamiento de la escritura pública, se encontraba vigente en el departamento de La Guajira la Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, a cargo de un administrador temporal, responsable de la dirección, gestión y administración del PDA en el departamento.

Señalan que promovieron el medio de control de nulidad (acumulado con

Administración Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, a cargo de un administrador temporal, responsable de la dirección, gestión y administración del PDA en el departamento.

Señalan que promovieron el medio de control de nulidad (acumulado con controversias contractuales), en el que solicitaron de manera principal: i) la nulidad de la Ordenanza 524 de 2020 y, como consecuencia, ii) la nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública nro. 1022 del 30 de diciembre de 2020, con fundamento en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 19932.

Exponen que formularon en la demanda como causal autónoma de nulidad absoluta del contrato la incompetencia del Gobernador para suscribir la Escritura Pública n ro. 1022 del 30 de diciembre de 2020, con sustento en el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, argumentando que dicha suscripción correspondía a la Administración Temporal del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico vigente en La Guajira.

Aseguran que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira 3, mediante sentencia del 22 de noviembre de 2023 declaró la nulidad de la Ordenanza citada y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública nro. 1022 de 2020; además, ordenó al Gobernador de La Guajira dar por terminado dicho contrato y proceder a su liquidación.

Afirman que la autoridad accionada, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, modificó el fallo de primera instancia en el sentido de

dar por terminado dicho contrato y proceder a su liquidación.

Afirman que la autoridad accionada, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, modificó el fallo de primera instancia en el sentido de declarar la nulidad de la Ordenanza nro. 524 de 2020, negar las demás pretensiones de la demanda (incluida la nulidad absoluta del contrato de sociedad ) y revocar la orden de dar por terminado y liquidar dicho contrato.

Refieren que presentaron solicitud de sentencia complementaria, con la cual pretendían que se profiriera un pronunciamiento expreso sobre el cargo autónomo de nulidad absoluta por incompetencia funcional del Gobernador de La Guajira para suscribir la precitada Esc ritura Pública n ro. 1022 de 2020, la cual fue negada por la autoridad judicial accionada mediante auto del 1 de septiembre de 2025.

Alegan que en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y que las providencias cuestionadas incurren en los defectos de

2 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 3 En adelante el Tribunal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

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3 falta de motivación, sustantivo por desconocimiento del precedente y procedimental absoluto.

Indican que existe falta de motivación tanto en la sentencia controvertida como en el auto que negó la sentencia complementaria. En la primera, señalan que no es cierto lo afirmado respecto a que no se solicitó la nulidad del contrato de sociedad, pues

absoluto.

Indican que existe falta de motivación tanto en la sentencia controvertida como en el auto que negó la sentencia complementaria. En la primera, señalan que no es cierto lo afirmado respecto a que no se solicitó la nulidad del contrato de sociedad, pues dicha pretensión sí fue expresamente incluida en la demanda, en la fijación del litigio y en el fallo de primera instancia , por lo que la autoridad judicial se debía pronunciar sobre el particular . En la segunda, adu cen que se incurrió en falsa motivación al suprimir indebidamente el cargo autónomo de nulidad del contrato por incompetencia del Gobernador, confundiéndolo con los reproches dirigidos a la ordenanza.

Precisan, que se incurre en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al vulnerar la jurisprudencia que ha fijado los límites de competencia del ad quem, en razón a que en el presente asunto se desfiguró la causa petendi al modificar el fundamento fáctico y jurídico de la demanda, así como al mutar indebidamente el régimen aplicable del derecho público contractual al derecho mercantil e introducir una decisión no pedida, la exclusión de un socio, en vez de la nulidad absoluta del contrato solicitada. Aducen que la senten cia censurada no revela un simple disenso interpretativo, sino que comporta un quiebre frontal de la congruencia procesal.

Alega que también se configura el defecto sustantivo por inaplicación de los artículos 13 y 44 de la Ley 80 de 1993, normas que imponen la nulidad absoluta integral del contrato estatal cuando el vicio afecta elementos estructurales , razón por la cual era improcedente acudir al derecho privado.

13 y 44 de la Ley 80 de 1993, normas que imponen la nulidad absoluta integral del contrato estatal cuando el vicio afecta elementos estructurales , razón por la cual era improcedente acudir al derecho privado.

Finalmente, en relación con el defecto procedimental absoluto, señala que este se configura cuando se vulnera el principio de consonancia, al introducir en la segunda instancia un planteamiento novedoso, ajeno al recurso y sustraído del contradictorio.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada, ordenó vincular al departamento de La Guajira, a la Asamblea Departamental de La Guajira, a los municipios de Fonseca, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Villanueva y San Juan del Cesar, así como a la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueduc to, Alcantarillado y Aseo de La Guajira – ESEPGUA S.A. E.S.P. y al Tribunal Administrativo de La Guajira. Igualmente, dispuso la notificación de las partes y se pronunció sobre las pruebas allegadas.

2.2. La Gobernación de La Guajira 4 presentó informe en el que solicita declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, al estimar que los accionantes pueden acudir al recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia cuestionada. Indicó que no se configura un perjuicio irremediable que justifique la adopción de medidas urgentes por parte del juez constitucional.

controvertir la sentencia cuestionada. Indicó que no se configura un perjuicio irremediable que justifique la adopción de medidas urgentes por parte del juez constitucional.

2.3. El consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, presidente de la Sección Tercera de esta Corporación 5, presentó informe en el que solicit a declarar la improcedencia de la acción de tutela , al considerar que no se cumple el requisito

4 Ver índice SAMAI nro. 9. 5 Ver índice SAMAI nro. 11.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

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4 general de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos por los accionantes buscan reabrir un debate ya concluido, lo que equivaldría a instaurar una tercera instancia y desnaturalizar el diseño de protección constitucional previsto por el ordenamiento jurídico.

Señaló, con relación al fondo del asunto, que la sentencia cuestionada se ajust a a derecho, por cuanto la nulidad de la ordenanza no deriva en la invalidez del contrato societario, dado que la participación de los demás socios garantiza la existencia legal de la sociedad conforme al artículo 108 del Código de Comercio. Indicó que l a interpretación adoptada no constituye falsa motivación ni desconocimiento del marco decisorio, sino la aplicación razonada de la normativa especial, incluida la remisión contenida en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

Afirmó que, al haber apelado todas las partes, el juez de segunda instancia actuó dentro del ámbito de su competencia al resolver sin limitaciones , conforme a lo

contenida en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

Afirmó que, al haber apelado todas las partes, el juez de segunda instancia actuó dentro del ámbito de su competencia al resolver sin limitaciones , conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, sin que se advierta vulneración del debido proceso ni incongruencia en la decisión. Precisó que t ampoco se configur a una providencia infra petita , toda vez que los cargos relativos a la incompetencia del gobernador se subsumieron en el análisis de la capacidad del departamento de La Guajira para ser socio de la empresa de acueducto y alcantarillado.

Resaltó que los calificativos empleados por los accionantes reflejan una inconformidad meramente subjetiva con el sentido de la decisión judicial, lo que no demuestra arbitrariedad ni vulneración de derechos fundamentales. Aseguró que la controversia planteada corresponde al ámbito estrictamente legal y no constitucional, motivo por el cual procede declarar la improcedencia de la acción de tutela, en garantía de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

2.4. La Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E .S.P. ESEPGUA S.A. E.S.P.6 presentó informe en el que solicit a declarar improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, denegar el amparo constitucional solicitado. Adicionalmente, pidió ser desvinculada del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que, aunque los accionantes expresan discrepancias argumentativas frente a las providencias cuestionadas, no se acredita la configuración de un defecto

ser desvinculada del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que, aunque los accionantes expresan discrepancias argumentativas frente a las providencias cuestionadas, no se acredita la configuración de un defecto ostensible, específico y determinante, ni la situación de indefensión que habilite el amparo solicitado; por el contrario, l o que se evidencia, es la intención de reabrir el debate ya decidido por el juez natural de la causa.

Señaló que no existen los defectos específicos alegados en las providencias atacadas que permitan configurar una vía de hecho que habilite la intervención del juez constitucional.

2.5. El Municipio de Fonseca (La Guajira) 7 presentó informe en el que solicit a declarar improcedente la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su desvinculación del presente asunto.

Adujo que no se cumple el requisito general de subsidiariedad, toda vez que los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo

6 Ver índice SAMAI nro. 12. 7 Ver índice SAMAI nro. 13.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

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5 250 del CPACA8, el cual es idóneo y eficaz para controvertir decisiones judiciales del Consejo de Estado.

Señaló que no se acredit a ninguna amenaza cierta, actual o inminente de derechos fundamentales atribuible al municipio, por cuanto el debate planteado se limita a una interpretación jurídica de una providencia, la cual debe ventilarse en sede contencioso

Señaló que no se acredit a ninguna amenaza cierta, actual o inminente de derechos fundamentales atribuible al municipio, por cuanto el debate planteado se limita a una interpretación jurídica de una providencia, la cual debe ventilarse en sede contencioso administrativo y no a través de la acción de tutela.

2.6. El Municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) 9 presentó informe en el que solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su desvinculación del presente asunto.

Manifestó que los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión como medio judicial adecuado para controvertir las providencias proferidas por el Consejo de Estado, lo que implica que no se cumple el requisito general de subsidiariedad.

Agregó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe un vínculo directo entre su actuación y la presunta vulneración alegada. Indicó que no se evidencia una vulneración cierta, concreta o actual que le sea imputable, pues los planteamientos de los accionantes obedecen a una diferencia interpretativa respecto del alcance de una decisión judicial, materia que debe resolverse mediant e los mecanismos procesales ordinarios y no por medio de la acción de tutela.

Aseguró que revisar las providencias acusadas a través de esta solicitud constitucional vulnera los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica, reconocidos como pilares del sistema de administración de justicia.

2.7. El Municipio de Distracción (La Guajira) 10 presentó informe en el que solicit a su desvinculación al trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.7. El Municipio de Distracción (La Guajira) 10 presentó informe en el que solicit a su desvinculación al trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

De igual forma, estima que la acción de tutela es improcedente, en razón a que los accionantes disponen del recurso extraordinario de revisión como mecanismo idóneo y eficaz para controvertir las decisiones judiciales cuestionadas.

2.8. El Municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira) 11 presentó informe en el que solicita negar el amparo solicitado. Afirmó que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que las decisiones adoptadas por la autoridad judicial accionada fueron el resultado de una valoración objetiva y razonada del acervo probatorio, conforme a las normas sustantivas y procedimentales pertinentes.

Manifestó que no se configur a una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, dado que la parte accionante tuvo acceso pleno a los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios previstos en la ley.

Señaló que el hecho de que las decisiones adoptadas no le hayan sido favorables no implica vulneración de sus derechos, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional o paralela para reabrir debates propios del proceso ordinario.

8 En adelante CPACA. 9 Ver índice SAMAI nro. 15. 10 Ver índice SAMAI nro. 16. 11 Ver índice SAMAI nro. 18.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

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11 Ver índice SAMAI nro. 18.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

6 2.9. El Municipio de Urumita (La Guajira) 12 presentó informe en el que solicit a declarar la improcedencia de la acción de tutela, negar el amparo solicitado y ordenar su desvinculación del trámite constitucional.

Señaló que la solicitud de amparo es improcedente, por cuanto no se cumple el requisito general de subsidiariedad, toda vez que los accionantes disponen de otro medio de defensa judicial eficaz, como el recurso extraordinario de revisión.

Sostuvo que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no existe un nexo causal entre la actuación institucional y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Asimismo, agregó que del escrito de tutela no se advierte ninguna vulneración real, concreta o actual atribuible al ente territorial, ya que los argumentos expuestos se limitan a cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales objeto de controversia.

Manifestó que las decisiones judiciales reprochadas fueron adoptadas por la autoridad judicial competente con sujeción al debido proceso, razón por la cual su revisión en sede de tutela desconocería los principios de autonomía judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica.

2.10. El Tribunal Administrativo de La Guajira13 presentó informe en el que solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no existe una relación causal entre los derechos invocados como vulnerados y alguna acción u omisión imputable a esa autoridad judicial.

su desvinculación del trámite constitucional, al considerar que no existe una relación causal entre los derechos invocados como vulnerados y alguna acción u omisión imputable a esa autoridad judicial.

Precisó que lo que se controvierte en la presente acción son las providencias dictadas dentro del medio de control de nulidad identificado con el radicado 44001-23-40-0002022-00075-02, por lo que no le corresponde asumir responsabilidad en el asunto debatido.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestión previa

Se observa que la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. ESEPGUA S.A. E.S.P., los municipios de Fonseca, San Juan del Cesar, Distracción, Urumita, así como el Tribunal solicitaron, en sus respectivos informes, su desvinculación del presente trámite constitucional.

12 Ver índice SAMAI nro. 22. 13 Ver índice SAMAI nro. 23.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

trámite constitucional.

12 Ver índice SAMAI nro. 22. 13 Ver índice SAMAI nro. 23.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

7 Para resolver dichas solicitudes, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes términos:

Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigi da contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 200614, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva, así:

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia f avorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no

demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no procede acceder a las solicitudes de desvinculación de la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. (ESEPGUA S.A. E.S.P.) ni de las entidades territoriales municipales, toda vez que, del análisis del expediente de nulidad radicado bajo el número 44001-23-40-000-2022-00075-02, se advierte que dichas entidades se vincularon dentro del referido medio de control, razón por la cual les asiste interés en las resultas del presente trámite constitucional.

14 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

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En la misma vía, corresponde negar la solicitud de desvinculación del Tribunal , en razón a que dicha autoridad judicial conoció en primera instancia el proceso ordinario donde se profirieron las providencias censuradas dentro del presente tr ámite, por lo que le asiste interés en las resultas del proceso.

3.3. Hechos relevantes

3.3.1. Los Procuradores 91 Judicial I, 42 Judicial II y 202 Judicial I para asuntos

que le asiste interés en las resultas del proceso.

3.3. Hechos relevantes

3.3.1. Los Procuradores 91 Judicial I, 42 Judicial II y 202 Judicial I para asuntos administrativos interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, acumulado con controversias contractuales, con el fin de obtener la nulidad de la Ordenanza nro. 524 de 2020 expedida por la Asamblea Departamental de La Guajira, por medio de la cual se autorizó al departamento a constituir y/o participar en la creación y conformación de una empresa de servicios públicos del orden departamental. Así mismo, solicitaron que como consecuencia de la nulidad se disponga que el contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública 1022 del 30 de diciembre de 2020 mediante la cual se constituye la empresa “ESEPGUA S.A. E.S.P.” es nulo de nulidad absoluta y que se ordene la liquidación de la citada sociedad.

El mencionado medio de control se tramitó bajo el radicado nro. 44001-23-40-0002022-00075-02.

3.3.2. Mediante sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2023 el Tribunal declaró la nulidad de la mencionada ordenanza, así como la nulidad absoluta del contrato de sociedad contenido en la Escritura Pública nro. 1022 de 2020, en virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

En esta misma providencia se ordenó al gobernador de la Guajira: “i) dar por terminado el contrato de sociedad contenido en la escritura pública No. 1022 del treinta (30) de

En esta misma providencia se ordenó al gobernador de la Guajira: “i) dar por terminado el contrato de sociedad contenido en la escritura pública No. 1022 del treinta (30) de diciembre de dos mil veinte (2020), lo que deberá hacer a través de acto administrativo debidamente motivado y ii) disponer su liquidación en el estado en que se encuentre”.

3.3.3. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación por las partes , el cual fue decidido mediante sentencia del 11 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien resolvió:

1. MODIFICAR la sentencia del 22 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la ordenanza No. 524 de 2020, proferida por la Asamblea Departamental de La Guajira, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones, de conformidad con las consideraciones y efectos previstos en la parte motiva de esta providencia”

[…].

3.3.4. Respecto d el anterior fallo, los accionantes solicitaron sentencia complementaria, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante providencia del 1 de septiembre de 2025.

3.4. Análisis de la SalaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06517-00

Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

9 Corresponde a la Sala establecer si, en el presente asunto, la Subsección A de la

Accionante: Procurador 91 Judicial I para la Conciliación Administrativa y otro

9 Corresponde a la Sala establecer si, en el presente asunto, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes al dictar la sentencia de