CE - Sentencia 11001031500020250651800 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (03) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros1

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: MORA JUDICIAL – Decidir solicitudes de aclaración y adición frente a sentencia de nulidad electoral / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación en la causa por activa . Tutelantes no participaron en el proceso en el que se alega la presunta mora judicial

Surtido el trámite de ley 2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 16 de octubre de 2025 los señores Jacques Larsen Garrido, Sidney Lesly Cristopher Thyme, Isabela Hudgson Ballesteros y Leyzer Eyllan Myles Mcnish promovieron acción de tutela3 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con la pretensión de que se ordenara a la autoridad judicial resolver las solicitudes de aclaración presentadas frente a la sentencia de 3 de abril de 2025, mediante la cual,

promovieron acción de tutela3 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con la pretensión de que se ordenara a la autoridad judicial resolver las solicitudes de aclaración presentadas frente a la sentencia de 3 de abril de 2025, mediante la cual, en el marco del proceso de nulidad electoral 4 instaurado por el señor César Daniel Castro Muñoz y otros, se anuló el acto de elección del señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en su condición de gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el período 2024-2027, por doble militancia en la modalidad de apoyo.

2. La parte actora sostuvo que el 9 de abril de 2025 se presentaron las mencionadas solicitudes de aclaración y posteriormente han acaecido una serie de dilaciones por parte de algunos de los intervinientes en ese asunto, con el objeto de impedir que la

1 Sidney Lesly Cristopher Thyme, Isabela Hudgson Ballesteros y Leyzer Eyllan Myles Mcnish. 2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 Invocaron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración de justicia, “sufragio universal” y a elegir y ser elegido. 4 Expediente 11001-03-28-000-2023-00103-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

“sufragio universal” y a elegir y ser elegido. 4 Expediente 11001-03-28-000-2023-00103-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

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sentencia adquiera firmeza. Entre estas, un sin número de memoriales, tutelas, recursos de reposición, nulidades, escritos y solicitudes sin fundamentos, incluso han solicitado que toda la sentencia y autos sean traducidos al “idioma San Andresano CREOLE”, lo cual se ha efectuado.

3. Con dichas dilaciones procesales están perjudicando al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dado que en la actualidad no hay gobernabilidad, pues no se cuenta con una persona que tome decisiones serias en pro de la comunidad.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

4. Mediante auto de 23 de octubre de 20255, se aceptó el impedimento manifestado por el consejero Fernando Pardo Flórez, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó al Consejo Nacional Electoral, a los señores César Daniel Castro Muñoz y Nicolás Iván Gallardo Vásquez , así como a todos los sujetos reconocidos como terceros dentro del proceso de nulidad electoral 11001-03-28-000-2023-00103-00. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

5. Posteriormente, a través de auto de 13 de noviembre de 2024 6, se dispuso vincular como accionada a la Sección Primera de esta Corporación.

a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

5. Posteriormente, a través de auto de 13 de noviembre de 2024 6, se dispuso vincular como accionada a la Sección Primera de esta Corporación.

(i) Consejo de Estado – Sección Quinta

6. Relacionó las diferentes actuaciones judiciales acaecidas en el proceso de nulidad electoral desde la fecha en que se emitió la sentencia de 3 de abril de 2025. Con base en ello, indicó que no ha realizado ninguna actuación que pueda vulnerar los derechos fundamentales de los actores . Por el contrario, ha impartido trámite oportuno y diligente al asunto, en aras de garantizar que los intervinientes y partes cuenten con todos los recursos judiciales y las herramientas procesales procedentes y reciban una respuesta eficaz a sus solicitudes y recursos.

7. Informó que en la actualidad el expediente se encuentra en la Sección Primera de la Corporación con el fin de que se resuelva sobre las solicitudes de recusación instauradas nuevamente en su contra, lo cual impide que emita algún pronunciamiento o realice actuación en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del

CGP.

8. Agregó que en la manifestación de rechazo frente a la última solicitud de recusación, se solicitó que se diera aplicación a lo dispuesto en el artículo 147 del CGP, que preceptúa que cuando una recusación se declare no probada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, se imponga al recusante

5 Notificado el 29 de octubre de 2025. 6 Notificado el 19 de noviembre de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

5 Notificado el 29 de octubre de 2025. 6 Notificado el 19 de noviembre de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

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y su apoderado, una multa, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que haya lugar.

(ii) Consejo de Estado – Sección Primera

9. Informó que en relación con la recusación del 23 de octubre de 2025 se registrará proyecto para la siguiente sala que tendría lugar el 27 de noviembre y frente a la recusación radicada el 30 de octubre de la presente anualidad, por auto de 18 de noviembre del año en curso, se puso en conocimiento de los magistrados de la Sección Quinta aquella, lo cual fue comunicado el 19 del mismo mes y año.

10. En ese sentido, no se han afectado los derechos fundamentales invocados por los accionantes, puesto que su competencia en el proceso de nulidad electoral respecto del que se alega la mora judicial se ha limitado a resolver sobre las recusaciones formuladas contra los magistrados de la Sección Quinta de esta Corporación y los trámites derivados de estas, a las cuales se les ha dado curso, con la celeridad que ha posibilitado los diversos memoriales y solicitudes procesales impulsad as por quienes han actuado en el asunto. Por tanto, se debe negar el amparo reclamado.

(iii) Consejo Nacional Electoral

11. Señaló que si bien es parte del proceso en el que se adoptó la sentencia, no intervino al momento de proferirse esa providencia, por cuanto se acusa de una

(iii) Consejo Nacional Electoral

11. Señaló que si bien es parte del proceso en el que se adoptó la sentencia, no intervino al momento de proferirse esa providencia, por cuanto se acusa de una inadecuada valoración probatoria por parte del juez natural de la causa. Por ende, al no tener incidencia en ello, carece de la competencia para pronunciarse de fondo sobre los argumentos expuestos por los tutelantes.

12. Advirtió que la parte actora no cumplió el requisito consistente en señalar claramente el yerro que cometió la administración de justicia al momento de dictar el fallo. Se enunciaron unas situaciones presuntamente suscitadas dentro del proceso electoral, sin establecer un nexo causal entre los hechos de la demanda, el proceso surtido y cómo el juez al momento de proferir fallo desfavorable cometió el error en la valoración probatoria, así como tampoco identifica las pruebas que se valoraron de manera errada.

(iv) Partido Liberal Colombiano

13. Indicó que las actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad electoral se han desarrollado con plena observancia de las normas que rigen el trámite y bajo el principio de legalidad procesal. Asimismo, las decisiones cuestionadas se profirieron por la autoridad competente, en ejercicio legítimo de su función jurisdiccional y con respeto de las etapas procesales, los términos legales y las garantías de contradicción y defensa. No existe evidencia de actuaciones arbitrarias, desviaciones procedimentales o desconocimiento de las formas propias del juicio que permitan concluir la transgresión del debido proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

procedimentales o desconocimiento de las formas propias del juicio que permitan concluir la transgresión del debido proceso.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

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14. Adicionalmente, las demoras derivadas del estudio o resolución de solicitudes presentadas por las partes no pueden calificarse como una mora judicial injustificada, pues encuentran justificación en la complejidad del asunto, así como en el respeto del derecho de contradicción de los intervinientes.

15. Además, la parte actora no acredita la legitimación en la causa por activa, en tanto no prueba un interés directo, real y actual en la protección de los derechos fundamentales que invoca. Los accionantes no fueron sujetos procesales ni intervinientes en el medio de control de nulidad electoral.

16. Por último, adujo que no se presenta la presunta falta de gobernabilidad en el departamento, comoquiera que la sentencia de 3 de abril de 2025 no se encuentra ejecutoriada, no ha producido efectos jurídicos frente a la titularidad del cargo del actual gobernador, por tanto, conserva plenamente el ejercicio de sus funciones hasta cuando la decisión judicial adquiera firmeza y sea formalmente ejecutada.

(v) Misión Archipiélago de San Andrés

17. Advirtió que , además de la presente acción , se ha n promovido otros trámites constitucionales 7 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y contra providencias judiciales sin ejecutar , por estar en trámite solicitudes ante dicha autoridad judicial. Dichos asuntos se instauraron en forma masiva y se repartieron a

constitucionales 7 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y contra providencias judiciales sin ejecutar , por estar en trámite solicitudes ante dicha autoridad judicial. Dichos asuntos se instauraron en forma masiva y se repartieron a diferentes despachos, dentro de los cuales se recaudaron pruebas y se recibieron respuestas de la accionada y demás intervini entes, lo cual vulnera el derecho al debido proceso del gobernador del Archipiélago de San Andr és, puesto que no es solo una autoridad judicial que conoce la controversia constitucional, en atención al Decreto 1834 de 2015.

18. Sin embargo, como no se dio cumplimiento al mencionado Decreto, no resulta viable acumular las mencionadas acciones de tutela, al no ser puestas en conocimiento de un solo juez desde el momento en que fueron repartidas. En la medida en que se efectuaron estudios simu ltáneos, se recibieron respuestas, se anexaron documentos y se recibieron solicitudes en forma separada, lo que implica que las demandas estén contaminadas con otros elementos de prueba y, por ende, ya no guarden similitud.

19. Posteriormente, informó que sobre la actuación judicial objeto de la presente acción de tutela se han iniciado por parte de las autoridades penales, procesos judiciales contra la parte actora, señor César Daniel Castro Muñoz y su representante, al igual que contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado por transgredir el artículo 453 de la Ley 599 de 2000 (fraude procesal).

7 Expedientes 11001-03-15-000-2025-06392-00 y 11001-03-15-000-2025-06749-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

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20. Asimismo, señaló que la recusación en curso contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ubicó el expediente en la Sección Primera de esta Corporación, corresponde a un procedimiento enmarcado en el artículo 141 (numerales 7 y 8) del CGP, por cuanto aquella Sección se encuentra inmersa en conductas que revisten la condición de delito, por hechos ajenos a estas diligencias.

21. En ese sentido, la mora en resolver el asunto obedece a la negativa de la Sección Quinta de apartarse del proceso de nulidad electoral, pese a estar inmersa en las causales de ley para hacerlo.

22. Además, no existe vulneración de derechos fundamentales ni la posible configuración de un perjuicio irremediable , máxime cuando la administración del actual gobernador del departamento ha desarrollado y entregado obras de interés público y de inversión dentro de su programa de gobierno y ejecutado algunas obras que quedaron pendientes de entregar en gobiernos anteriores.

23. Por último, advirtió que las únicas personas habilitadas para exigir la ejecución de una decisión judicial son quienes intervinieron en el proceso en el que fue dictada, condición que no cumplen los tutelantes, por lo que se debe declarar la improcedencia de este asunto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

condición que no cumplen los tutelantes, por lo que se debe declarar la improcedencia de este asunto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Análisis del caso concreto

24. La Sala declarará la improcedencia de esta acción, al advertir que los tutelantes carecen de legitimación en la causa por activa.

25. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vuln erados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente de los particulares.

Mandato constitucional que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

26. De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdict os y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial

(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual ma nera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) losRadicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

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Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

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personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado8.

27. Conforme a lo expuesto, se tiene que el ejercicio de la tutela está sujeto a unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre estos, el de la legitimación en la causa por activa, que implica que la persona que acude a este mecanismo tenga un interés particular y directo en la protección constitucional que pretende, con el fin de tener certeza que lo que reclama es la salvaguarda de un derecho fundamental suyo y no de un tercero.

28. Ahora bien, cuando se controvierte una decisión emitida en un proceso, lo cual se aplica también a una presunta mora judicial, la legitimación recae en quienes integraron las partes. La Corte Constitucional, en sentencia SU-329 de 2024, unificó el criterio relacionado con dicha legitimación frente a un proceso de nulidad electoral, en el sentido de indicar que, en este evento, “quienes no hayan sido partes o terceros en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión cuestionada, no tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En consecuencia, los tutelantes deben acreditar que participaron en el resp ectivo proceso en calidad de demandados, demandantes o terceros y que, por ende, les asiste un interés legítimo”.

29. Lo anterior, por cuanto (i) una providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes, por lo que, en principio, solo quienes participaron en las respectivas diligencias estarían habilitados para reclamar la vulneración de sus

legítimo”.

29. Lo anterior, por cuanto (i) una providencia judicial que resuelve un caso concreto surte efectos entre las partes, por lo que, en principio, solo quienes participaron en las respectivas diligencias estarían habilitados para reclamar la vulneración de sus garantías superiores como con secuencia de dicha decisión judicial; y (ii) conforme al artículo 228 del CPACA, en el proceso electoral cualquier persona puede pedir que se le tenga como impugnador o coadyuvante, por ende, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de solicitar su participación en este tipo de asuntos en los que tengan interés y poner en conocimiento del juez natural los argumentos que consideren relevantes.

30. En el proceso de nulidad electora l dentro del que se alega la mora obra como demandante el señor César Daniel Castro Muñoz y como demandado el señor Nicolás Iván Gallardo Vásquez, en su condición de gobernador de San Andrés para el período 2024 -2027. Trámite dentro del cual se vinculó al Consejo Nacional Electoral por haber expedido el acto de elección acusado y se aceptó la intervención del Partido Liberal como impugnador 9. Asimismo, se aceptaron las intervenciones, en condición de impugnadores, de los señores Vanesa Ruiz Gueto, Saúl Valencia de la Cruz, Suany Sofía Torres Saltos, Carlos de Alba Padilla, Luz Dary Rodríguez

8 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,

de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidadpara promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008 de la Corte Constitucional. 9 Auto de 1º de febrero de 2024.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

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Cardona, Kimberly Torres Saltos, Jill Lucía Palacio González y José Manuel Cañate Márquez10; Rosario González James y el Partido Cambio Radical 11; Marvin Alfredo Edén Henry y otras 171 personas 12 (identificadas13 en el memorial allegado en el índice 45 de Samai) ; Richard Nicolás Martínez Olivera 14 (en nombre propio y en representación de Misión Archipiélago de San Andrés) ; y Partido Nuevo Liberalismo15.

31. Por consiguiente, las personas habilitadas para alegar la aludida mora judicial a través de este mecanismo constitucional son quienes participaron en el referido proceso de nu lidad electoral, pues la facultad para acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva, está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en

proceso de nu lidad electoral, pues la facultad para acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva, está en cabeza únicamente de quienes intervinieron en el proceso, en razón a que es a ellos a quienes afecta la presunta tardanza.

32. En el sub lite se tiene que presentaron el escrito de tutela los señores Jacques Larsen Garrido, Sidney Lesly Cristopher Thyme, Isabela Hudgson Ballesteros y Leyzer Eyllan Myles Mcnish , quienes no participaron en el aludido asunto judicial , por tanto, carecen de legitimación en la causa por activa . Conforme al criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, el cual acogió esta Sala en un asunto con similares contornos fácticos, “cualquier vulneración atribuida a la Sección Quinta del Consejo de Estado solo puede ser alegada por quienes conformaron los extremos activo o pasivo de aquel proceso, o intervinieron en él como terceros”16.

33. En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de legitimación en la causa por activa , esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

10 Mediante auto de 4 de abril de 2024. 11 Por medio de auto de 6 de mayo de 2024. 12 A través de auto de 11 de julio de 2024. 13 Dentro de las que no aparecen relacionados los tutelantes. 14 Mediante auto de 22 de agosto de 2024. 15 Por medio de auto de 21 de noviembre de 2024. 16 Sentencia de 25 de noviembre de 2025, expediente 11001 -03-15-000-2025-05945-00 ( acumulado con los radicados 11001-03-15-000-2025-06164-00 y 11001-03-15-000-2025-05960-00) C. P. María Adriana Marín.Radicación: 11001-03-15-000-2025-06518-00

Accionante: Jacques Larsen Garrido y otros

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

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TERCERO: De no ser impugnada la presente pro videncia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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