CE - Sentencia 11001031500020250652100 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

Demandante: Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

Demandante: CRISTIAN CAMILO URIBE SÁNCHEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso porque la solicitud de amparo pretende provocar un pronunciamiento sobre un asunto que ya fue resuelto por el juez natural.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 16 de octubre de 2025, Leidy Johana Uribe Sánchez, en su nombre y en representación de su hijo Andrés Felipe Valderrama Uribe, Cristian Camilo Uribe

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 16 de octubre de 2025, Leidy Johana Uribe Sánchez, en su nombre y en representación de su hijo Andrés Felipe Valderrama Uribe, Cristian Camilo Uribe Sánchez, Jhon Kevin Aristizábal Uribe y Jhon Édgar Valderrama Belalcázar interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 21 Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y de acceso a la administración de justicia con motivo de la sentencias de 19 de abril de 2023 y 31 de marzo de 2025, proferidas por el Juzgado 21 Administrativo Oral de Cali y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33021-2019-00237-00/021. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):

1.- Solicitamos a los Honorables Consejeros de Estado proteger los derechos fundamentales de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia en sentido material de los demandantes, los cuales fueron vulnerados

1 La sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, fue revocada. En su lugar, se declaró probada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

Demandante: Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros

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Demandante: Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Oral de Cali y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia de primera y segunda instancia desconociendo el precedente judicial sobre la figura del riesgo excepcional en daños causados por la conducción de energía, y en especial, el no valorar adecuadamente la normatividad RETIE sobre el incumplimiento de las distancias de seguridad.

Como consecuencia de la declaración anterior solicito lo siguiente:

2.- Se ordene dejar sin efectos las sentencias proferidas el 19 de abril de 2023 y 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Veintiuno Administrativo oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de reparación directa instaurado por los acá́ demandantes contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI EICE ESP, radicado con el número 76001-33-33-021-2019-00237-02.

3.- Igualmente se le deberá ordenar al Tribunal que proceda a emitir el fallo de segunda instancia, estando obligado a valorar desde la sana critica la normatividad RETIE para el presente asunto, concluyendo que es deber de la empresa que suministra la energía eléctrica: solicitar las adecuaciones al propietario y a la administración municipal que realice las adecuaciones respecto de las distancias de seguridad entre la línea eléctrica y la vivienda, y por lo tanto, la cuerda que estaba incumpliendo las reglas RETIE era un hecho

propietario y a la administración municipal que realice las adecuaciones respecto de las distancias de seguridad entre la línea eléctrica y la vivienda, y por lo tanto, la cuerda que estaba incumpliendo las reglas RETIE era un hecho que no era imprevisible ni irresistible para EMCALI EICE ESP.

4.- Se ordenen todas las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los demandantes.

2. Como fundamento, expusieron los siguientes hechos:

3. El 29 de julio de 2017 , el entonces menor de edad Cristian Camilo Uribe Sánchez recibió una descarga eléctrica al tratar de desenredar una comenta de las cuerdas de conducción de energía que se ubican a una distancia de 1,61 metros desde la terraza de su vivienda, en el distrito de Cali.

4. Por ese hecho, se radicó demanda de reparación directa contra Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE E.S.P, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable y se le condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales.

5. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 21 Administrativo de Cali. Al proceso se le asignó el radicado 76001 -33-33-021-2019-00237-02. La sociedad Allianz Seguros S.A. y La Previsora S.A. Compañía de Seguros fueron vinculadas al litigio en calidad de llamadas en garantía de la entidad demandada.

6. El 19 de abril de 2023 el a quo profirió sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Determinó que la indemnización debía reducirse en un 50%, bajo la tesis de que la acción de la víctima

que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Determinó que la indemnización debía reducirse en un 50%, bajo la tesis de que la acción de la víctima concurrió causalmente, junto con la falla de la empresa de servicios públicos, en la producción del daño.

7. Contra esa decisión interpusieron recurso de apelación la parte a ctora, la entidad demandada y las llamadas en garantía.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

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8. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca dictó sentencia de segunda instancia el 31 de marzo de 2025 . Revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , por cuanto consideró que se configuró la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima. Sostuvo que la conducta del menor determinó la ocurrencia del accidente, porque manipuló de manera imprudente y sin supervisión un elemento metálico en cercanías de las redes eléctricas.

9. Los accionantes consideran que el Tribunal: (i) dejó de valorar las pruebas conforme a la sana crítica; (ii) desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la aplicación del régimen de responsabilidad de riesgo excepcional en los casos relacionados con el desarrollo de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica, (iii) ignoró las normas RETIE, en lo concerniente a

de Estado sobre la aplicación del régimen de responsabilidad de riesgo excepcional en los casos relacionados con el desarrollo de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica, (iii) ignoró las normas RETIE, en lo concerniente a la distancia que deben tener las redes de conducción de energía eléctrica respecto de las viviendas, y (iv) obvió la protección reforzada que el Estado y las empresas de servicios públicos tienen frente a los niños. Aseguraron que la conducta de la víctima no podía valorarse con el mismo rasero que se aplica a los adultos.

10. En su criterio, la s falencias anotadas configur aron los defectos fáctico y sustantivo.

11. Agregaron que no era viable jurídicamente exonerar a la entidad demandada, pues se probó que incurrió en una falla del servicio al omitir el mantenimiento y seguimiento a sus redes, y porque energizó una instalación que incumplía las normas técnicas de seguridad, según quedó acreditado con el dictamen pericial allegado al proceso. Señalaron que las operadoras de energía se hacen responsables por la prevención del riesgo de electrocución y, en esa medida, como en el caso analizado no se respet ó la distancia mínima para ubicar las redes eléctricas, la demandada debía responder por la totalidad del daño, en tanto creó el mayor riesgo.

12. Precisaron que «el literal b del artículo 2.1.1 de la norma RETIE señala que el Operador de Red, el comercializador de energía o quien preste el servicio en la zona, no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conf ormidad con el RETIE y el literal c

Operador de Red, el comercializador de energía o quien preste el servicio en la zona, no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conf ormidad con el RETIE y el literal c señala que en el evento que se energice una instalación que no demuestre su conformidad con el presente reglamento, la empresa que preste el servicio será la responsable por los efectos que se deriven de este hecho».

13. Añadieron que , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.4 de dicho reglamento, cuando se evidencie alto riesgo o peligro inminente para las personas se debe interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica y comunicar la situación al organismo de control y vigilancia; sin embargo, al proceso no se aportó prueba que evidencie el cumplimiento de es os deberes . Estimaron que la demandada debió ser condenada por el 100% de los daños causados, en aplicación de la figura de la asunción propia del riesgo.

14. Afirmaron que los jueces del proceso de reparación directa incurrieron en error ostensible, flagrante y manifiesto , al concluir que operó la concausalidad y la culpaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 exclusiva de la víctima , «toda vez que la cuerda que incumplió las medidas de seguridad era un hecho que no era imprevisible e irresistible para EMCALI, por lo

www.consejodeestado.gov.co 4 exclusiva de la víctima , «toda vez que la cuerda que incumplió las medidas de seguridad era un hecho que no era imprevisible e irresistible para EMCALI, por lo tanto, no es posible hablar de las dos figuras antes mencionadas porque hay una falla acreditada de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica que sirve como nexo de causalidad».

15. En síntesis, estimaron que el defecto fáctico se estructuró porque se restó valor probatorio al dictamen del ingeniero eléctrico John Gerard o Rueda Zamudio, que indicó que la vivienda incumplía las distancias mínimas de seguridad establecidas en el artículo 13 del RETIE, lo cual no era imprevisible ni irresistible para EMCALI, y pese a ello energizó la red implicada, sin avisar a las autoridades competentes.

16. El defecto sustantivo, a su turno, lo fundamentaron en la aplicación indebida de la figura de la culpa exclusiva de la víctima . Señalaron que se desconoció el precedente del Consejo de Estado que ha establecido los criterios para la prosperidad de esa causal eximente de responsabilidad (irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad), de los cuales, en su concepto, los dos primeros no se cumplieron en el caso analizado.

17. Por último, expusieron que EMCALI tenía el deber de hacer visitas y seguimiento a sus re des, y suspender el servicio de energía a los predios que incumplieran la norma RETIE, como ocurría con la vivienda en la que se produjo el accidente. Afirmaron que «el daño fue jurídicamente causado por una conducta riesgosa de EMCALI EICE ESP, la cual incluso debe ser establecida como una falla

accidente. Afirmaron que «el daño fue jurídicamente causado por una conducta riesgosa de EMCALI EICE ESP, la cual incluso debe ser establecida como una falla del servicio al haberse incumplido con las normas RETIE».

B. Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto de 22 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó notificar la decisión a la s autoridades judiciales demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con interés, a EMCALI EICE E.S.P., a Allianz Seguros S.A. y a La Previsora S.A. Compañía de Seguros. Adicionalmente, se decretaron las pruebas allegadas con la demanda y se ordenó oficiar al Juz gado 21 Administrativo de Cali para que remitiera copia digitalizada o enlace con acceso al proceso de reparación directa.

19. El Juzgado 21 Administrativo de Cali manifestó que «los argumentos, apreciaciones e intervenciones expuestas por este juzgador en la sentencia proferida, la cual hoy se censura, tuvieron pleno apego a la legalidad, y la decisión fue tomada conforme a derecho. Lo anterior supone que el despacho garantizó todas las prerrogativas constitucionales, tanto en el trámite, como en la decisión de primera instancia, razón por la cual no hay desconocimiento a derechos fundamentales de los accionantes». Adjuntó enlace para acceder al proceso de reparación directa.

20. EMCALI EICE E.S.P. afirmó que no se presentó ninguna vulneración a derechos fundamentales en el proceso ordinario y la acción de tutela no puede

los accionantes». Adjuntó enlace para acceder al proceso de reparación directa.

20. EMCALI EICE E.S.P. afirmó que no se presentó ninguna vulneración a derechos fundamentales en el proceso ordinario y la acción de tutela no puede emplearse como una tercera instancia. agregó que esa empresa no está legitimadaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 en la causa por pasiva porque la decisión acusada fue proferida por un tercero , respecto al cual no tiene ninguna injerencia, y se encuentra conforme a derecho.

21. Allianz Seguros S.A. sostuvo que el incumplimiento de las normas RETIE se debió a « intervenciones constructivas irregulares (tercer piso y voladizos) que invadieron las distancias de seguridad y alteraron el entorno original donde, en los niveles inferiores sí se observaban las separaciones técnicas exigibles. En otras palabras, el evento se presenta por la modificación del entorno y por la conducta inmediata que produjo el contacto (intento de desenredar una cometa desde una zona no prevista para permanencia segura), no por un trazado defectuoso imputable a la entidad prestadora del servicio».

22. Agregó que incluso bajo el régimen objetivo de responsabilidad se requiere la demostración del nexo causal, el cual se rompe ante la comprobación de una causa extraña, en este caso la construcción irregular y el comportamiento de la víctima.

Aclaró que la participación de esa aseguradora en el proceso de reparación directa

demostración del nexo causal, el cual se rompe ante la comprobación de una causa extraña, en este caso la construcción irregular y el comportamiento de la víctima. Aclaró que la participación de esa aseguradora en el proceso de reparación directa fue accesoria y condicionada al resultado del proceso frente a EMCALI EICE E.S.P.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Legitimación en la causa

24. Leidy Johana Uribe Sánchez, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo Andrés Felipe Valderrama Uribe, Cristian Camilo Uribe Sánchez, Jhon Kevin Aristizábal Uribe y Jhon Édgar Valderrama Belalcázar se encuentran legitimados para interponer la acción de tutela, toda vez que son los titulares de los derechos fundamentales que consideran vulnerados, en su condición de demandantes en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33021-2019-00237-00/02, en el que se adoptó la decisión cuestionada.

25. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 fue la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 fue la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

2 La acción de tutela cuestionó las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso ordinario. El estudio, sin embargo, se restringirá al fallo de segunda instancia, toda vez que adoptó la decisión que puso fin a la controversia en ese litigio; además, los yerros que se le atribuyen a la providencia de primera instancia pudieron ser discutidos a través del recurso de apelación, como en efecto ocurrió.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

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D. Problema jurídico

26. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si se presentó la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

E. Análisis de la Sala

27. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicit ud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

providencia. Se requiere que la solicit ud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

28. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

29. Al revisar la controversia, esta Sala estima que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, por cuanto pretende convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario, con la intención de que se realice nuevamente el análisis probatorio y jurídico del asunto, a manera de una tercera instancia, como se verá más adelante.

30. La demanda del proceso de reparación directa , con los aspectos que fueron reformados, centró la imputación en el incumplimiento de la distancia establecida por el RETIE entre la terraza en la que ocurrió el accidente y la línea eléctrica de media tensión que lo produjo. Se precisó que la distancia reglamentaria era de mínimo 2,3 metros; sin embargo, para el momento de los hechos, esta medida era de 1,61 metros, lo cual , además, demostraba la falla del servicio de EMCALI EICE E.S.P.

metros; sin embargo, para el momento de los hechos, esta medida era de 1,61 metros, lo cual , además, demostraba la falla del servicio de EMCALI EICE E.S.P. porque continuó prestando el servicio de energía eléctrica a la vivienda , pese a l riesgo que generaba su proximidad con las redes eléctricas.

31. En el recurso de apelación que la parte actora interpuso contra la sentencia de primera instancia recalcó el incumplimiento de la distancia de seguridad establecida en el RETIE y la omisi ón en la que incurrió la demandada por no interrumpir el suministro de energía. Agregó que no estaba demostrado que EMCALI EICE E.S.P. hubiera informado lo pertinente a la Secretaría de Seguridad y Justicia

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 de Cali con el fin de que se ordenaran las medidas necesarias para mitigar el riesgo, y sostuvo que «la asunción de ese riesgo mayor por parte de la Empresa de Energía debe llevarlo a asumir todas las consecuencias del mismo». Adicionalmente, solicitó reconocer indemnización a título de perjuicios morales a favor del señor Jhon Édgar Valderrama Belalcázar, en calidad de padre de crianza de la víctima.

reconocer indemnización a título de perjuicios morales a favor del señor Jhon Édgar Valderrama Belalcázar, en calidad de padre de crianza de la víctima.

32. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca resolvió la controversia, sin límites, dado que todas las partes interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia . Formuló el problema jurídico, en los siguientes

términos:

46. Le corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se acreditaron los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, en razón a la falta de vigilancia y cuidado de los padres de la víctima directa y la construcción irregular del tercer piso del inmueble donde ocurrió́ el hecho dañino, sin previa licencia de construcción y sin respetar la distancia reglamentaria de las redes eléctricas, respectivamente.

47. En caso negativo, se determinar á si en la producción del daño contribuyó el actuar de la víctima configurándose una concausa y si hay lugar a reconocer el perjuicio moral a favor del padre de crianza de la víctima y el lucro cesante futuro.

33. A continuación, valoró la s pruebas aportadas al proceso , entre ellas, el dictamen pericial rendido p or ingeniero electricista, en el cual se concluyó que , al momento de la inspección realizada por el perito , no se cumplían las distancias mínimas de seguridad establecidas en el artículo 13 del RETIE, entre el inmueble y la instalación eléctrica, lo que representaba «peligro inminente, nivel de riesgo alto».

34. Tuvo en cuenta , además, las manifestaciones que hizo el perito en la

mínimas de seguridad establecidas en el artículo 13 del RETIE, entre el inmueble y la instalación eléctrica, lo que representaba «peligro inminente, nivel de riesgo alto».

34. Tuvo en cuenta , además, las manifestaciones que hizo el perito en la audiencia de contradicción del dictamen pericial y en el escrito de contestación al cuestionario planteado por La Previsora S.A. , sobre la alteración de la distancia de seguridad, a raíz de la construcción de «las salientes o voladizos irregulares » en el tercer nivel de la edificación; así mismo, indicó que en la primera planta sí se cumplía la distancia reglamentaria.

35. También analizó el informe del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Santiago de Cali y las respuestas de las Curadurías 1, 2 y 3 de esa ciudad, que demostraron la expedición de licencia de construcción en el predio , para una vivienda bifamiliar de dos (2) pisos de altura y la ausencia de trámites adicionales para ampliar la construcción. Observó, igualmente, los testimonios e interrogatorios de parte practicados en el proceso, que se refirieron a la forma en la que, al parecer, ocurrió el accidente.

36. A partir del estudio y contraste del material probatorio concluyó que la víctima directa, Cristian Camilo Uribe Sánchez, que en ese entonces tenía 10 años, recibió una descarga eléctrica cuando intentó recuperar una cometa que se enredó en las cuerdas de transporte de energía eléctrica, con ayuda de un elemento metálico.

Determinó, así que, aunque el hecho dañoso fue producido por el desarrollo de unaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

Demandante: Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros

Determinó, así que, aunque el hecho dañoso fue producido por el desarrollo de unaRadicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

Demandante: Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 actividad peligrosa, se dio la ruptura del nexo de causalidad por la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, bajo el siguiente razonamiento:

85. En el caso concreto, la posición de garante para el día de los hechos se encontraba a cargo de su madre y sus cuidadoras ANA RUBY VALDERRAMA BELALCAZAR y MARÍA ALEJANDRA ARAGON VELASQUEZ (tías del menor), quienes conociendo el riesgo por la cercanía de las redes eléctricas, no ejercieron el debido cuidado, prevención y atención frente al menor C.C.U.S. al punto de permitirle acceder a la terraza de la vivienda, elevar una cometa sin supervisión y manipular un elemento metálico cerca al cableado eléctrico, lo cual era evidente, constituía un peligro para su integridad física.

(…)

87. Adicionalmente, según las respuestas del DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI y

las curadurías urbanas de Cali, el inmueble ubicado en la carrera 9 No. 79 -14 del barrio Puerto Mallarino de Cali, donde ocurrieron los hechos solo tenía aprobado la construcción de dos pisos, por lo que es claro que se configuró el hecho de un tercero, al haberse construido el tercer piso en dicha vivienda sin

del barrio Puerto Mallarino de Cali, donde ocurrieron los hechos solo tenía aprobado la construcción de dos pisos, por lo que es claro que se configuró el hecho de un tercero, al haberse construido el tercer piso en dicha vivienda sin contar con la debida licencia de construcción, ni observar las distancias de seguridad respecto de las redes eléctricas existentes.

88. Dicha situación fue determinante en la ocurrencia del accidente sufrido por el menor C.C.U.S., pues al realizarse la ampliación del inmueble con una terraza no autorizada, sin respetar las distancias de seguridad como qued ó demostrado con el dictamen pericial obrante en el expediente, se expuso a sus habitantes a un riesgo que finalmente se concretó en cabeza del menor, dada la cercanía del inmueble con las redes eléctricas.

89. Cabe anotar, que con el dictamen pericial se acredit ó también que las distancias de seguridad inicialmente se encontraban en regla respecto del primer y segundo piso de la vivienda y no obra prueba alguna que demuestre que se haya realizado algún requerimiento a EMCALI EICE ESP para reubicar las redes eléctricas al advertir su cercanía respecto del tercer piso de la vivienda.

(…)

92. En consecuencia, para la Sala es claro que a pesar de la existencia del riesgo por las redes eléctricas, ello no fue lo que causó finalmente las lesiones del menor C.C.U.S., pues no se acredit ó que las mismas fueran producto del mal estado de la red o por violación de las distancias de seguridad por parte de EMCALI EICE ESP al momento de su instalación, sino el actuar imprudente del menor al acercar un elemento metálico a la red eléctrica, sin la supervisión y

mal estado de la red o por violación de las distancias de seguridad por parte de EMCALI EICE ESP al momento de su instalación, sino el actuar imprudente del menor al acercar un elemento metálico a la red eléctrica, sin la supervisión y cuidado de sus padres, aunado a que el propietario del inmueble realiz ó una ampliación al mismo sin contar con la licencia de construcción respectiva, inobservando las distancias de seguridad reglamentarias.

93. De esta manera, se rompió el nexo causal entre la ocurrencia del daño y la imputación a EMCALI EICE ESP, por estar acreditada la culpa exclusiva de la víctima por la falta de cuidado de los padres del menor C.C.U.S. y el hecho de un tercero, por cuanto el propietario del inmueble construyó sin autorización el tercer piso e invadió el espacio destinado para la protección de las personas, desconociendo las distancias mínimas de seguridad con respecto a las redes eléctricas.

37. El recuento que se ha hecho permite a la Sala advertir que la discusión planteada en esta acción constitucional ya fue abordada en el proceso de reparación directa, pero se resolvió de manera adversa a los intereses de los demandantes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06521-00

Demandante: Cristian Camilo Uribe Sánchez y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

38. Contrario a lo expuesto en la demanda, el Tribunal sí advirtió el incumplimiento de las distancias de seguridad que establece el RETIE, valoró el dictamen pericial y

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38. Contrario a lo expuesto en la demanda, el Tribunal sí advirtió el incumplimiento de las distancias de seguridad que establece el RETIE, valoró el dictamen pericial y decidió el asunto con base en el régimen de responsabilidad de riesgo excepcional , luego de desestimar una falla del servicio . No obstante, estableció que la causa directa y determinante del daño , en ese caso concreto, fue ron la imprudencia de la víctima, consentida indirectamente por la inobservancia de los deberes de cuidado y protección exigible a las p