CE - Sentencia 11001031500020250652200 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06522-00

Accionante: WILMAR OLAYA SANTANILLA

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y

OTROS Referencia: ACCIÓN DE TUTELA TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Wilmar Olaya Santanilla contra el Tribunal Administrativo del Huila.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 17 de octubre de 2025, Wilmar Olaya Santanilla , en nombre propio , interpus o acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social y el principio de favorabilidad, que considera vulnerados por la NaciónMinisterio de Defensa-Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, al haber proferido estas dos últimas las providencias del 28

Ministerio de Defensa-Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, al haber proferido estas dos últimas las providencias del 28 de febrero de 2024 y 19 de agosto de 2025, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1 que adelantaron contra la NaciónMinisterio de Defensa-Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR.

En virtud de la tutela, la parte accionante solicita:PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acto administrativo radicado bajo el numero No. 798614 por el cual se niega la petición de la asignación de retiro, fechado el 10 de febrero de 2023, en virtud del artículo 93 del CPACA.

SEGUNDO: Como consecuencia de la petición anterior y a título de restablecimiento del derecho, RECONOCER el pago mediante resolución al suscrito, la asignación de retiro conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del decreto 1213 de 1990 y ley 923 de 2004, norma que para el reconocimiento de la asignación exige 15 años de servicio cuando el retiro ocurre por cualquier causal diferente a la de solicitud propia.

TERCERO: RECONOCER el pago mensual de la pensión por retiro, a la cual se tiene derechos adquiridos según lo indica la ley marco 923 del 2004, así como también le sea reconocido la respectiva retroactividad de los pagos dejados de recibir desde el momento en que se efectuó el retiro, pago de las mesadas de la asignación de retiro no recibidas desde la fecha de retiro del suscrito, hasta el día en que se verifique el pago, de acuerdo al artículo 104

dejados de recibir desde el momento en que se efectuó el retiro, pago de las mesadas de la asignación de retiro no recibidas desde la fecha de retiro del suscrito, hasta el día en que se verifique el pago, de acuerdo al artículo 104 del decreto 1213 de 1990 que estipula “se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 ibidem, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad”, así mismo el pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho por este mismo concepto.

CUARTO: RECONOCER los intereses corrientes y moratorios de las cuotas no percibidas por el suscrito, desde el momento en que fui retirado hasta el día en que se verifique el pago.

QUINTO: Las sumas así causadas devengarán los intereses previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y se ejecutará en los términos establecidos en el artículo antes mencionado.

SEXTO: REMITIR copia autentica de la decisión, con constancia de notificación, a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, en orden de proveer el pago y cumplimiento oportuno a través de la Oficina Jurídica o entidad competente, para que dentro de los treinta días siguientes a su recibo, se adelante el trámite presupuestal respectivo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código

de la Oficina Jurídica o entidad competente, para que dentro de los treinta días siguientes a su recibo, se adelante el trámite presupuestal respectivo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y demás normas concordantes.»

Según la acción de tutela y los documentos que la soportan, la parte actora fundamenta la petición en los hechos que se resumen así:

El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social y el principio de favorabilidad, presuntamente vulnerados por la sentencia del 19 de agosto de 202 5, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Relató que, ingresa a la Policía Nacional el 22 de septiembre de 2004 en calidad de alumno nivel ejecutivo, condición que ostenta hasta el 31 de agosto de 2005 y del 1° de septiembre de 2005 al 30 de noviembre de 2022 se desempeña en el nivel ejecutivo siendo su último grado el de patrullero adscrito al departamento de Policía Huila, acumulando un tiempo de servicios de 18 años, 2 meses y 23 días. Fue retirado del servicio el 30 de noviembre de 2022 cuando le es notificada la resolución No. 03921 del 24 de noviembre del mismo año, por la cual se hace efectivo el fallo disciplinario del 12 de noviembre de 2021 confirmado en segunda instancia el 15 de septiembre de 2022, donde se le sanciona con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

disciplinario del 12 de noviembre de 2021 confirmado en segunda instancia el 15 de septiembre de 2022, donde se le sanciona con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

El 7 de diciembre de 2022 el solicitante radica derecho de petición para que se le reconozca y pague la asignación mensual de retiro al haber ingresado al nivel ejecutivo el 6 de septiembre de 2004, acumulando más de 18 años de servicio y ser retirado por destitución, argumentando que cumple los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos en la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

La anterior reclamación le es negada por CASUR, señalando que, aunque ingresa a la Policía Nacional el 1° de septiembre de 2005 como miembro del nivel ejecutivo y presta servicios por 18 años, 5 meses y 25 días, es retirado el 30 de noviembre de 2022 por la causal de destitución, por tanto no cumple los requisitos del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 que exige 25 años de servicio para destituidos y le subraya que el Decreto 754 de 2019 solo aplica a quienes se escalafonaron antes del 1° de enero de 2005.

El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva que, mediante sentencia del 28 de febrero de 2024 negó las pretensiones de la demanda. Consideró que, por no cumplir los 20 años de servicio requeridos en el Decreto 754 de 2019, el actor no tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro y en consecuencia deniega las pretensiones.

pretensiones de la demanda. Consideró que, por no cumplir los 20 años de servicio requeridos en el Decreto 754 de 2019, el actor no tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro y en consecuencia deniega las pretensiones.

Asimismo, estableció que las decisiones judiciales citadas por el actor fueron emitidas antes de la entrada en vigor del Decreto 754 de 2019 y no resultan aplicables, ya que no analizan dicha norma.

El accionante, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia para que fuera revocado y en su lugar se accediera alreconocimiento pensional. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 19 de agosto de 2025 confirmó el fallo de primera instancia, pues consideró que el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, regula el régimen prestacional aplicable a los agentes de la Policía Nacional, categoría distinta a la del personal del nivel ejecutivo a la que perteneció el demandante, por eso no resulta procedente efectuar un análisis de dicha norma, toda vez que los miembros del nivel ejecutivo se encuentran en un escalafón superior, con un régimen jurídico propio y diferenciado, lo cual impone un tratamiento normativo distinto conforme a los principios de especialidad y jerarquía funcional dentro de la estructura de la institución.

2. Fundamentos de la tutela

La parte accionante fundamentó la acción de tutela en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social y el principio de favorabilidad, con ocasión de la sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social y el principio de favorabilidad, con ocasión de la sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Alegó que dicha decisión incurrió en un defecto sustantivo, pues, su situación debía resolverse conforme a la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, al haber ingresado al nivel ejecutivo el 6 de septiembre de 2004, antes de la vigencia del Decreto 754 de 2019 y no esta última disposición.

Expresó que desconoció el precedente judicial e invocó varias decisiones, entre ellas fallos del Tribunal de Cundinamarca y juzgados de Bogotá, Florencia, Ibagué, Pereira, Valledupar y Bogotá, donde conforme a su opinión, se reconoció la asignación de retiro a otros miembros de la fuerza pública retir ados por causas disciplinarias con más de 15 años de servicio.

Manifestó que se presentó violación al principio de favorabilidad, luego de evocar el artículo 53 de la Constitución y la sentencia T-088/18 persiste en que se debe dar aplicación a la norma más beneficiosa como son los Decretos 1212 o 1213 de 1990.

Subrayó que se quebrantó el derecho a la igualdad , pues alega trato desigual respecto a otros antiguos miembros de la fuerza armada retirados en condiciones similares, a quienes se les reconoció la asignación de retiro con menos tiempo de servicio.Adujo el accionante que la sentencia se fundamenta en una falsa motivación al utilizar una norma inaplicable como es el Decreto 754 de 2019, ignorando las

similares, a quienes se les reconoció la asignación de retiro con menos tiempo de servicio.Adujo el accionante que la sentencia se fundamenta en una falsa motivación al utilizar una norma inaplicable como es el Decreto 754 de 2019, ignorando las disposiciones previas que le eran favorables, así como adolecer de una motivación aparente, al estar construida sobre una errónea interpretación de los hechos y del régimen jurídico.

Trámite procesal

El 27 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al accionante y a las autoridades judiciales accionadas, así como a la NaciónMinisterio de Defensa -Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, como tercero interesado en el resultado de esta acción. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación , el Tribunal Administrativo del Huila defendió la legalidad de la sentencia del 19 de agosto de 2025 y sostuvo que la parte actora no satisfizo el requisito de la relevancia constitucional necesario para que proceda la tutela contra una decisión judicial, pues se limita a señalar la vulneración de los derechos fundamentales invocados como vulnerados sin indicar con claridad, precisión y de manera expresa porqué la cuestión debatida es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que amerita la intervención del juez de tutela.

Sostuvo que el accionante tan solo señala que la acción es procedente, porque ya se encuentran agotados los recursos judiciales ordinarios y porque se satisface el

cuestión de relevancia constitucional que amerita la intervención del juez de tutela.

Sostuvo que el accionante tan solo señala que la acción es procedente, porque ya se encuentran agotados los recursos judiciales ordinarios y porque se satisface el requisito de inmediatez en razón a que el fallo cuestionado por esta senda constitucional data apenas del 19 de agosto hogaño.

Afirmó que el asunto planteado carece de relevancia constitucional, pues la demanda de tutela a pesar de que invoca los derechos a la igualdad, mínimo vital, dignidad humana, seguridad social y debido proceso administrativo, no señala en qué medida el juez ordinario deniega o desconoce tales garantías, se limita simplemente a manifestar el desacuerdo con el fallo judicial ordinario y a ofrecer una interpretació n alternativa de las normas jurídicas, buscando una suerte de tercera instancia, al punto que plantea como pretensiones en la tutela de manera directa la nulidad de los actos administrativos cuestionados en sede ordinaria, la revocatoria del fallo emitido por este Tribunal y las declarativas de restablecimiento del derecho pensional.Señaló que el escenario idóneo de valoración probatoria no es la tutela sino el proceso ordinario, donde contaron con todas las oportunidades procesales para controvertir la prueba, presentar solicitudes y expresar sus argumentos y sin embargo, en el recurso de apelación el apoderado de los demandantes se limita a reiterar sus planteamientos iniciales de la demanda, sin indicar si el juez de primera instancia había dado un alcance a las pruebas que pugnara groseramente con el orden jurídico o que tal valoración haya escapado a toda lógica y reglas de la sana crítica, lo que tampoco se hace en la tutela.

instancia había dado un alcance a las pruebas que pugnara groseramente con el orden jurídico o que tal valoración haya escapado a toda lógica y reglas de la sana crítica, lo que tampoco se hace en la tutela.

Subrayó que el escenario idóneo de valoración probatoria no es la tutela sino el proceso ordinario, donde contaron con todas las oportunidades procesales para controvertir la prueba, presentar solicitudes y expresar sus argumentos y sin embargo, en el recurso de apelación el apoderado de los demandantes se limita a reiterar sus planteamientos iniciales de la demanda, sin indicar si el juez de primera instancia había dado un alcance a las pruebas que pugnara groseramente con el orden jurídico o que tal valoración haya escapado a toda lógica y reglas de la sana crítica, lo que tampoco se hace en la tutela.

Finalmente, indicó que la tutela no podía prosperar, ya que se pretendía convertirla en una tercera instancia judicial, y que la parte actora no demostró la vulneración de derechos fundamentales atribuible a la entidad.

Por su parte, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR parte accionada controvirtió la afirmación del accionante y manifestó que, la presente acción va encaminada a pretender que se declare la nulidad de un acto administrativo que ya fue controvertido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el pleno agotamiento de todas y cada una de las etapas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Señaló que cuando el asunto objeto de tutela ha sido ya decidido en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

Ley 1437 de 2011 y la Ley 1564 de 2012. Señaló que cuando el asunto objeto de tutela ha sido ya decidido en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la tutela, por regla general, resulta improcedente porque existe un mecanismo ordinario y eficaz que agotó la controversia.

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 41001-33-33-006-2023-00153-00/01.

CONSIDERACIONESCuestión Previa

Aunque la parte accionante interpuso demanda de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y la Caja Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR, esta Sala solo analizará la sentencia de fecha 19 de agosto de 2025 , proferido por el Tribunal accionado, en tanto fue la providencia que puso fin al proceso ordinario.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia del 19 de agosto de 2025, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que el accionante funge como parte demandante.

4. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de JusticiaLEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de JusticiaLEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la acción de tutela señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará alcomprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del

trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de va lidez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.

origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que:

(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para lasolución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.

Caso concreto

La parte accionante estima que el Tribunal Administrativo del Huila y CASUR vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social al haber proferido la providencia 19 de agosto de 2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantaron contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía NacionalCASUR.

Lo anterior, debido a que el juez de primera instancia negó sus pretensiones dentro del proceso ordinario, consistentes en que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 798614 del 10 de febrero de 2023, mediante el cual se le rechaza el reconocimiento de la asignación mensual de retiro y como consecuencia, se le pague dicha asignación mensual, a partir de la fecha de ese

administrativo contenido en el oficio No. 798614 del 10 de febrero de 2023, mediante el cual se le rechaza el reconocimiento de la asignación mensual de retiro y como consecuencia, se le pague dicha asignación mensual, a partir de la fecha de ese hecho, junto con la retroact ivo de las mesadas dejadas de percibir, el pago de intereses corrientes y moratorios, y las prestaciones sociales correspondientes, conforme al artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y Ley 923 de 2004.

Posteriormente, el Ad quem ordinario, mediante sentencia del 19 de agosto de 2025 confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, regula el régimen prestacional aplicable a los agentes de la Policía Nacional, categoría distinta a la del personal del nivel ejecutivo a la que perteneció el demandante.

La Sala reitera que la acción de tutela contra providencias judiciales resulta procedente únicamente de forma excepcional y restringida, cuando se verifica la configuración de al menos un defecto material, procedimental o funcional que comprometa directamente derechos fundamentales, siempre que se satisfagan los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia, dentro de los cuales se destaca la relevancia constitucional del asunto planteado.

Este requisito impone al actor la carga de demostrar que la discusión que sustenta la solicitud de amparo supera el ámbito de legalidad ordinaria y tiene impacto directo en el núcleo esencial de derechos fundamentales cuya protección inmediata resulta impostergable. En el presente caso, la Sala observó que el accionante dirigió la tutelacontra una sentencia de segunda instancia adoptada dentro de un proceso

en el núcleo esencial de derechos fundamentales cuya protección inmediata resulta impostergable. En el presente caso, la Sala observó que el accionante dirigió la tutelacontra una sentencia de segunda instancia adoptada dentro de un proceso contencioso-administrativo, en el que contaron con plenas garantías procesales, acceso a mecanismos ordinarios y la posibilidad de controvertir pruebas y argumentos a lo largo del trám ite. Si bien manifestaron inconformidad con la valoración probatoria y la interpretación normativa realizada por el juez natural, no acreditaron que tales discrepancias configuraran una vía de hecho o una vulneración ostensible del orden constitucional.

Por el contrario, del análisis del expediente se evidenció que el Tribunal Administrativo del Huila ejerció su función jurisdiccional dentro del marco de la autonomía judicial, aplicó razonadamente las normas vigentes sobre el régimen para la asignación de retiro del personal de la fuerza pública valoró las pruebas allegadas y sustentó su decisión con base en los elementos jurídicos y fácticos obrantes en el proceso.

Para el adquem, el exámen conjunto de la Ley 923 de 2004, el Decreto 754 de 2019 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, se observa que la regulación contenida en dicho decreto no riñe con la norma superior, toda vez que fue expedido dentro del marco competencial conferido a l Ejecutivo, por lo que mantuvo incólume la presunción de legalidad del acto administrativo atacado

Así las cosas, los argumentos expuestos por el accionante en sede de tutela se limitaron a reiterar aspectos ya debatidos en el proceso ordinario y a cuestionar la forma como el Tribunal interpretó el régimen prestacional aplicable a los agentes de

Así las cosas, los argumentos expuestos por el accionante en sede de tutela se limitaron a reiterar aspectos ya debatidos en el proceso ordinario y a cuestionar la forma como el Tribunal interpretó el régimen prestacional aplicable a los agentes de la Policía Nacional, categoría distinta a la del personal del nivel ejecutivo a la que perteneció el demandante, toda vez que los miembros del nivel ejecutivo se encuentran en un escalafón superior, con un régimen jurídico propio y diferenciado y un tratamiento normativo distinto conforme a los principios de especialidad y jerarquía funcional dentro de la estructura de la institución armada.

Tales afirmaciones, sin embargo, no evidenciaron una afectación directa a derechos fundamentales, sino un desacuerdo con el contenido del fallo judicial, lo cual no constituye, por sí solo, un problema de relevancia constitucional.

Reabrir el debate jurídico ya resuelto en sede ordinaria, bajo el pretexto del amparo, desnaturaliza la función de la acción de tutela y desconoce el carácter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional.Por lo anterior, la Sala considera que la presente solicitud no superó el umbral mínimo de procedencia exigido por la jurisprudencia constitucional, al no identificar un problema jurídico de naturaleza constitucional ni demostrar una afectación real, actual y directa de derechos fundamentales.

La acción de tutela no puede ser utilizada como una instancia adicional para controvertir una sentencia dictada con fundamento en derecho, sin que se acredite una actuación judicial arbitraria, caprichosa o desprovista de sustento normativo o probatorio.

Así las cosas, al no advertirse una actuación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades judiciales accionadas, no resulta procedente que el juez constitucional

probatorio.

Así las cosas, al no advertirse una actuación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades judiciales accionadas, no resulta procedente que el juez constitucional intervenga para revisar o reinterpretar las decisiones adoptadas por el juez natural del proceso. La acción de tutela no constituye una instancia adicional dentro del trámite ordinario ni puede emplearse como mecanismo para desconocer la autonomía e independencia que rige la función judicial.

En concordancia con lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela, al no cumplirse el requisito de relevancia constitucional exigido para su procedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Wilmar

Olaya Santanilla contra el Tribunal Administrativo del Huila.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE WILLIAM BARRERA MUÑOZFIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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