CE - Sentencia 11001031500020250653600 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06536-00

Demandante LUZ STELLA MONTES AGUIRRE

Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La subsidiariedad. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Recurso extraordinario de revisión. Principio de congruencia. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por la seæora Luz Stella Montes Aguirre, de conformidad co n lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 17 de octubre de 2025 1, la seæora Luz Stella Montes Aguirre instauró acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con ocasión de la sentencia de 10 de

tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con ocasión de la sentencia de 10 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 25307-33-33-003-2021-00157-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: se protejan mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, así como el derecho a la IGUALDAD en relación con el principio de INDUBIO PRO OPERARIO vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundi namarca, Sección Segunda, Subsección E.

SEGUNDA: se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E a modificar el fallo del 10 de octubre del 2025 en el sentido de abstenerse de resolver sobre “la prohibición de percibir doble asignación del tesoroel derecho pensional es incompatible con las prestaciones sociales derivadas del reconocimiento de un contrato realidad”, por las razones expuestas.

TERCERO: que en esta modificación se tenga en cuenta el pago de la difere ncia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la parte actora. CUARTO: por todo lo demÆs se entienda que CONFIRMA la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025, por el

Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Girardot».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Girardot».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La seæora Luz Stella Montes Aguirre interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el fin de anular de los actos administrativos

1 ˝ndice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

Demandante: Luz Stella Montes Aguirre

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que negaron el reconocimiento y pago de las acreencias laborales y prestacionales derivadas de la relación laboral. 2.2. En primera instancia, mediante sentencia de 8 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Girardot, (expediente 25307-33-33-003-202100157-01) accedió a las pretensiones y consecuentemente declaró la nulidad de los actos demandados y declaró la existencia de una relación laboral entre la seæora Luz Stella Montes Aguirre y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde el 27 de octubre del 2012 al 30 de noviembre del 201 9, quien fungió como instructora de tal entidad. Como restablecimiento del de recho, ordenó el pago de prestaciones sociales y demÆs emolumentos legales por dicho lapso. 2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada, por considerar qu e en el caso no se acreditó la existencia de un vínculo de carÆcter laboral ant e

dicho lapso. 2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte demandada, por considerar qu e en el caso no se acreditó la existencia de un vínculo de carÆcter laboral ant e la ausencia de subordinación; que la parte actora tenía la carga de la prueba a fin de acreditar los elementos constitutivos del contrato realidad; que en primera instancia no se tuvo en cuenta la excepción de fondo presentada respecto de la prescripción; y que la parte actora estaba cobrando sumas no debidas, pues solicitó el reconocimiento y pago de acreencias laborales como si hubiera desempeæado un cargo para el cual no fue contratada y que j amÆs desempeæó. 2.4. Mediante sentencia de 10 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E confirmó la decisión apelada, pero modificó el tØrmino de reconocimiento y pago de prestaciones sociales de carÆcter legal œnicamente hasta el 31 de enero de 2018. Fundamentó tal decisión en que se acreditó que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones reconoció a la actora una pensión de vejez a partir del 1 de febrero de 2018. En criterio del Tribunal tal circunstancia, inadvertida en primera instancia, afecta el reconocimiento de las prestaciones sociales y los aportes pensionales, pues se configura la incompatibilidad prevista en el artículo 128 de la Constitución Política consistente en recibir mÆs de una asignación que provenga del tesoro pœblico. AdemÆs, indicó que el Consej o de Estado ha sostenido que existe incompatibilidad entre una pensión proveniente del erario y las prestaciones sociales legales derivadas de la existencia de una relación laboral encubierta.

de Estado ha sostenido que existe incompatibilidad entre una pensión proveniente del erario y las prestaciones sociales legales derivadas de la existencia de una relación laboral encubierta. Por consiguiente, concluyó que no era procedente acceder al reconocimiento de las prestaciones sociales legales hasta el 30 de noviembre de 2019 fecha de finalización de la vinculación, como se hizo en primera instancia, sino hasta el 31 de enero de 2018 día anterior al reconocimiento pensional.

3. Fundamentos de la acción La tutelante argumentó que, si bien el artículo 128 de la Constitución Política seæala que «nadie podrÆ (…) recibir mÆs de una asignación que provenga del tesoro pœblico», el Tribunal de segunda instancia no tuvo en cuenta que a ella le era a plicable una de las excepciones consagradas en la Ley 4 de 1992. Dicha excepción hace refe rencia a la labor de docencia, la cual ejerció durante todo el tØrmino de la relación laboral con el SENA.

Indicó que de acuerdo con el Decreto 224 de 1972, artículo 5 «El ejercicio de la docencia no serÆ incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuan do el beneficiario de estØ mental y físicamente apto para la tarea docente, pero no se decretarÆ retiro forz oso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) aæos de edad ». Por lo tanto, aseguró que «si el instructor del SENA ha sido nombrado como empleado pœblico, puede recibir doble remuneración de pa rte del estado, tanto por sus labores como instructor, como por concepto de su pensión de jubilación hasta tanto no

ha sido nombrado como empleado pœblico, puede recibir doble remuneración de pa rte del estado, tanto por sus labores como instructor, como por concepto de su pensión de jubilación hasta tanto no cumpla con la edad de retiro forzoso a los 70 aæos de edad».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A su vez, se refirió al concepto 1344 de mayo 10 de 2001 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se dispuso que «Los beneficiarios de pensiones pœblicas pueden celebrar contratos de prestación de servi cios pagados con recursos provenientes del tesoro pœblico». Con base en este œltimo, sostuvo que estaba facultada para recibir tanto la nómina pensional como la asignación salarial por parte del SENA. Ahora bien, aseguró que en el evento de existir dos o mÆs posturas jurisprudenciales respecto a la asignación salarial de los docentes, sean de plan ta o vinculados a travØs de contratos realidad, el Tribunal accionado debió aplicar la interpretación mÆs favorable al trabajador en virtud del principio de indubio pro operario, con el que se busca proteger a la parte dØbil de la relación labo ral para equilibrar las cargas frente al empleador. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se extralimitó al fall ar de forma extra petita a favor del empleador, dado que en el recurso de apelación en

equilibrar las cargas frente al empleador. Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se extralimitó al fall ar de forma extra petita a favor del empleador, dado que en el recurso de apelación en ningœn momento se alegó la prohibición de recibir doble asignación del tesoro. Y si bien el juez laboral tiene la facultad de fallar mÆs allÆ de lo solicitado , lo cierto es que tal facultad opera a favor del trabajador por ser la parte dØbil de la relación y no al contrario, es decir, en su contra. AdemÆs, afirmó que los jueces de segunda instancia no estÆn facultados, hasta tanto no entre en vigencia la Ley 2452 del 2025, para fallar extra y ultra petita, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al abordar un tema que no fue debatido ni en el recurso de apelación, ni durante el debate probatorio. Por lo tanto, consideró que se vulneró su derecho de defensa y contradicción, pues no se le permitió debatir si era procedente o no el reconocimiento de p restaciones sociales despuØs de haber obtenido el derecho a la pensión, como quiera que este tema nunca fue debatido en el medio de control, ni siquiera en la etapa de apelación.

4. TrÆmite e intervenciones 4.1. Mediante auto de 23 de octubre de 2025, se admitió la acció n de tutela interpuesta por la seæora Luz Stella Montes Aguirre contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E; se ordenó notificar en calidad de terceros con interØs al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Ministerio Pœblico, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E; se ordenó notificar en calidad de terceros con interØs al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Ministerio Pœblico, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Girardot; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E manifestó que, aunque la accionante no puntualizó específicamente en cuÆl defecto presuntamente se incurrió, de sus argumentos se desprende que se trata de un defecto procedimental, ante el desconocimiento del principio d e congruencia. Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que la tutela interpuesta es improcedente, puesto que no cumple con el requisito de subsidiariedad. Aseguró que existe otro mecanismo de defensa que no fue agotado por la accionante para proteger los derechos que invoca, esto es el recurso extraordinario de revisión por la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que establece como causal de nu lidad «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no proced e recurso de apelación». Causal de nulidad que, justamente, se configura por vicios de congruencia. Asimismo, sostuvo que la accionante pretende reabrir el debate probato rio y jurídico ya resuelto en el medio de control, con el fin de obtener un nue vo pronunciamiento sobre aspectos que fueron debidamente analizados yRadicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

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pronunciamiento sobre aspectos que fueron debidamente analizados yRadicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co decididos en sede judicial. Esto desnaturaliza el carÆcter excepcional y subsidiario de la acción de tutela frente a decisiones judiciales. En todo caso, con relación al cargo sobre el fallo extra petita sostuvo que actuó dentro del marco de sus competencias como juez de segunda instancia a l resolver el recurso de apelación interpuesto por el SENA y concluir de forma motivada con base en las pruebas encontradas en el plenario que la demandante se encontraba incursa en la prohibición consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política. Aseguró que, pese a que lo relacionado con la doble erogación no fue alegado expresamente por la autoridad demandada en el recurso de apelación, su relevancia jurídica resulta indiscutible, debido a que el objeto del litigio consistía en establecer la existencia de los elementos del contrato realidad y, una vez acreditados, fijar con precisión el restablecimiento del derecho de l a demandante. En ese sentido, un estudio de fondo sobre la existencia de la relación laboral implicaba necesariamente el alcance del restablecimiento del derecho, y de las circunstancias que incidieran en este como el reconocimiento de una pensión a favor de la demandante. AdemÆs, consideró que no se desconoció el principio de congruencia, dado que el artículo 281 del Código General del Proceso, al cual se a cude por

las circunstancias que incidieran en este como el reconocimiento de una pensión a favor de la demandante. AdemÆs, consideró que no se desconoció el principio de congruencia, dado que el artículo 281 del Código General del Proceso, al cual se a cude por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, dispone que «en la sentencia se tendrÆ en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustanc ial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despuØs de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a mÆs tardar en su al egato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio». Por consiguiente, al estar probado el reconocimiento del derecho pensional a favor de la seæora Mon tes Aguirre, la pensión de la que ya gozaba la accionante era un hecho determinante para la definición del derecho sustancial reclamado que debía ser analizado. Por las razones expuestas, solicitó negar el amparo. 4.3. Mediante auto de 25 de noviembre de 2025, el despacho pon ente dispuso notificar debidamente al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA el auto admisorio de la acción, pues se advirtió que tal entidad no había sido notificada a su buzón electrónico dispuesto para tal fin. 4.4. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA manifestó que no es un establecimiento educativo, pues conforme al artículo primero de la Ley 119 de 1994 el SENA es un «establecimiento pœblico del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Mini sterio de Trabajo y Seguridad Social». Sostuvo que le corresponde cumplir la función del

1994 el SENA es un «establecimiento pœblico del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Mini sterio de Trabajo y Seguridad Social». Sostuvo que le corresponde cumplir la función del Estado consistente en invertir en el desarrollo social y tØcnico de los trabajadores colombianos, para lo cual ofrece formación profesional integral. En consecuencia, sostuvo que quienes imparten cursos en sus centros d e formación no son docentes, sino que fungen como instructores. Justament e, atendiendo a esa diferenciación, a estos œltimos no se les exige de manera obligatoria formación pedagógica. A su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en derecho al considerar que la actora estaba incursa en la incompatibilidad constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro pœblico, debido a qu e la tutelante recibe una pensión financiada con recursos de este œltimo. Insistió que ser instructor del SENA no encuadra en las excepciones contenidas en elRadicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 19 de la Ley 4 de 1992, pues la actora jamÆs se desempeæ ó propiamente como docente del SENA. 4.5. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Girardot remitió el expediente del medio de control y los demÆs terceros guardaron silencio durante el curso de la acción de tutela2.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.5. El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Girardot remitió el expediente del medio de control y los demÆs terceros guardaron silencio durante el curso de la acción de tutela2.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundam entales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga c omo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias ju diciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el anÆlisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse œnicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Con base en los antecedentes expuestos, y por tratarse de una tutela contra providencia judicial, le corresponde a la Sala establecer si se cumplen a ca balidad los requisitos generales de procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el de la subsidiariedad.

Solo en caso de superar dicho anÆlisis, y de cumplirse los demÆs requisitos generales de procedibilidad, la Sala determinarÆ si al proferir la sentencia de 10 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E incurrió en los errores alegados por la parte actora.

4. Alcance del requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requ isitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Es a norma dispone que la tutela «solo procederÆ cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

norma dispone que la tutela «solo procederÆ cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

2 A índice 8 en Samai obra la notificación del auto admisorio a las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

Demandante: Luz Stella Montes Aguirre

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos q ue se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Segœn esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederÆ como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinari os de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela. Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante.

tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante. En ese estudio tambiØn debe analizarse la existencia o no de un perjuici o irremediable, en los tØrminos del numeral 1” del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente: «La acción de tutela ha sido concebida œnicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaz a de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir segœn la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre Øste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el œltimo recurso al alcance

de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el œltimo recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, segœn la Constitución, es la de œnico medio de protec ción, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las pers onas una plena protección de sus derechos esenciales (…)» 3. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo con trario, la tutela deviene improcedente.

5. AnÆlisis del caso 5.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con e l requisito de subsidiariedad, porque en el caso existe otro mecanismo de defensa judici al previsto por el ordenamiento jurídico para alegar la presunta extralimitación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar de forma extra y ultra petita.

En criterio de la parte actora, esta situación se generó dado que la parte demandada no alegó en el recurso de apelación lo relacionado con la prohibición de recibir doble asignación del tesoro y aun así en el fallo de segunda instancia el Tribunal se pronunció sobre este aspecto.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

Demandante: Luz Stella Montes Aguirre

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segunda instancia el Tribunal se pronunció sobre este aspecto.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06536-00

Demandante: Luz Stella Montes Aguirre

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Materialmente, tal inconformidad apunta a la transgresión del principio de congruencia por tratarse de una presunta discrepancia entre los cargos expuestos en el recurso de apelación y la decisión de segunda instancia. A l respecto, el Consejo de Estado ha precisado que la congruencia puede ser interna y externa. La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda, es decir la externa, alude a que la decisión contenida en la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en su contestación. Sobre esto, la Sección Cuarta de esta corporación expresó: «El petitum, entonces deberÆ expresar claramente la modificación o reforma que se pretende de los actos acusados, y a Øl ataæe la observancia por parte del juzgador del princi pio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el pedido de la (sic) partes en la dema nda y su corrección, junto con las excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en conc ordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar “los hechos en que se

fundamento en los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en conc ordancia con el 305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar “los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones”. No debe olvidarse, además, que conforme al artículo 30 4 del C.P.C. la parte resolutiva “deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda...”. Dado que con la definición del proceso se busca la certeza jurídica, la norma le impone al juez el deber de claridad respecto de la sentencia, noción que se opone a las decisiones oscuras, ambiguas o dudosas. La congruencia interna, estÆ referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fÆcticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decis ión plasmada en la parte resolutiva de la sentencia»4. El mecanismo al cual la parte actora puede acudir para ventilar tal reproche es el recurso extraordinario de revisión, en consideración a que jurisprudencialmente se ha reconocido su procedencia para la protección del principio de congruencia, en virtud del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que en su numeral quinto consagra como la causal de revisión « 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurs o de apelación». En este sentido se pronunció esta corporación: «Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se gen ere en el preciso

originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurs o de apelación». En este sentido se pronunció esta corporación: «Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se gen ere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto de censura contra la cual no procede el r ecurso de apelación, pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a Østa, no tendrÆ cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir que el mencionado recurso se convierta en una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes incurrieron en el trÆmite del proceso ordinario al no proponer las nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los tØrminos del artículo 144 ib. Sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala Plena de lo Contenc ioso Administrativo ha seæalado los siguientes: a. sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por desistimiento, transacci ón o perención, porque con esto se revive un proceso legalmente concluido. b. sentenci a cuando el proceso se encuentra suspendido. c. sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de mÆs, o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermiti r la instancia, por ejemplo: i) al proferir una sentencia sin motivación o ii) violar el princi pio de la non

por la firma de mÆs, o menos jueces de los requeridos legalmente. d. Pretermiti r la in