CE - Sentencia 11001031500020250654300 de 2025

Demandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06543-00

Demandante: AKARGO SAS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de la acción por no cumplir la relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de octubre de 2025, la sociedad Akargo SAS,

Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 17 de octubre de 2025, la sociedad Akargo SAS, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por la presunta vulneración d e sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de justicia, a la propiedad y a la igualdad ante la ley y ante la administración.

La parte actora consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de las sentencias del 26 de septiembre de 2024 y 10 de abril de 2025, dictadas en primera y segunda instancia en el proceso especialDemandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contencioso administrativo previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 19971, identificado con el radicado 25000-23-41-000-2019-01021-00/01. Este proceso fue promovido contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en su trámite se vinculó como llamado en garantía a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

trámite se vinculó como llamado en garantía a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

En consecuencia, se pide que se dejen sin efecto dichas providencias y se ordene a la autoridad judicial competente proferir una nueva decisión, con sujeción a los principios constitucionales de justicia material, igualdad real y reparación integral, valorando debidamente:

1. Los actos administrativos de viabilidad del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental (Resolución 978 de 2017), en cuanto definieron índices edificatorios, reparto de cargas y beneficios, y demás paráme tros urbanísticos con efectos jurídicos vinculantes;

2. Las pruebas que acreditan una práctica administrativa uniforme de la UAECD y el IDU de aplicar índices de construcción superiores al básico en predios en igual situación técnica; y

3. El precedente constitucional de la Corte, particularmente la Sentencia C1074 de 2002, conforme a la cual la indemnización por expropiación debe reflejar no solo el valor comercial vigente, sino también las expectativas legítimas y ciertas derivadas de actos administrat ivos en curso de ejecución.

Solo de esa manera podrá restablecerse la vigencia efectiva del artículo 58 de la Constitución y garantizarse que la expropiación se produzca con una indemnización realmente justa, acorde con la actuación administrativa.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito a esta Honorable Corporación:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al

indemnización realmente justa, acorde con la actuación administrativa.

Por lo expuesto, respetuosamente solicito a esta Honorable Corporación:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la indemnización justa de AKARGO S.A.S., vulnerados por las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección A, de fecha 26 de septiembre de 2024, y del Consejo de Estado – Sección Primera, de fecha 10 de abril de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 250002341000201901021-00.

1 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.Demandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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2. Dejar sin efecto las providencias judiciales impugnadas, por haber incurrido en defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente constitucional, y ordenar a la autoridad judicial competente

proferir una nueva sentencia en la que:

Se valoren de manera integral las pruebas documentales y técnicas que acreditan la práctica institucional uniforme de la UAECD y el IDU de aplicar índices de construcción superiores al básico (1.0) en predios

Se valoren de manera integral las pruebas documentales y técnicas que acreditan la práctica institucional uniforme de la UAECD y el IDU de aplicar índices de construcción superiores al básico (1.0) en predios sujetos a planes parciales en etapa de viabilidad o concertación;

Se reconozcan los efectos jurídicos del acto administrativo de viabilidad del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental (Resolución 978 de 2017) en la determinación del valor económico del inmueble; y

Se apliquen los estándares fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia reiterada sobre la indemnización justa y plena, que comprende no solo el valor comercial actual del bien, sino también las expectativas legítimas y ciertas derivadas de actos administ rativos en curso de ejecución.

De esta forma, se garantizará que el proceso expropiatorio se ajuste a los mandatos del artículo 58 de la Constitución Política, asegurando una reparación integral, proporcional y razonable, conforme al principio de justicia material que rige la función jurisdiccional del Estado.

…solicito acoger las pretensiones de esta acción de tutela y disponer lo pertinente para la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados.

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que es propietaria del predio ubicado en la AK 86 número 12-51 IN 1 de la ciudad de Bogotá, del cual hace parte el área de 12.611.07 m2 de terreno identificado con la cédula catastral BS 46916 en mayor extensión con CHIP AAA01370MAW y matricula inmobiliar ia 50C1334015.

12.611.07 m2 de terreno identificado con la cédula catastral BS 46916 en mayor extensión con CHIP AAA01370MAW y matricula inmobiliar ia 50C1334015.

Indicó que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) expidió la Resolución 4869 de 16 de octubre de 2018, por medio de la cual formuló una oferta de compra sobre el terreno por la suma de $8.562.916.530, conforme al avalúo que realizó la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) 20180869 RT 46986-IDU del 2 de octubre de 2018.

Añadió que, dentro del término de enajenación voluntaria, presentó objeciones al informe de avalúo relacionadas con el índice de edificabilidad básica que se le otorgó al predio, la incorrecta aplicación del documentoDemandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnico de soporte DTS del Plan Parcial Tintalito M azuera Alsacia Oriental y de la Resolución 978 de 21 de junio de 2017, mediante la cual se otorga viabilidad al proyecto de plan parcial previamente referido.

Mencionó que el IDU expidió la Resolución 1105 de 14 de marzo de 2019 «por la cual ordena una ex propiación por vía administrativa» sobre el terreno

viabilidad al proyecto de plan parcial previamente referido.

Mencionó que el IDU expidió la Resolución 1105 de 14 de marzo de 2019 «por la cual ordena una ex propiación por vía administrativa» sobre el terreno y reconoce como precio indemnizatorio la suma de $8.562.916.530, decisión que fue recurrida vía reposición por razones atribuibles al avalúo comercial que acompañaba la oferta. Agregó que, a través de la Resolución 2156 de 23 de mayo de 2019, se resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición.

Precisó que presentó demanda contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano (IDU), en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 «[p]or la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones », para que se declarara la nulidad de las Resoluciones 1105 de 14 de marzo de 2019 y 2156 de 23 de mayo de 2019 y, en consecuencia, se reconociera lo siguiente:

1. La suma de $15.713.393.220 correspondientes a la diferencia entre el valor que debió ser pagado y el valor que efectivamente se pagó por concepto de precio indemnizatorio,

1. los intereses moratorios del monto anterior desde el 14 de marzo de 2019 hasta que efectivamente se realizara el pago,

1. el valor a cancelar de forma indexada y el cumplimiento de la sentencia en los de términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, así como el pago de los intereses moratorios.

1. el valor a cancelar de forma indexada y el cumplimiento de la sentencia en los de términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, así como el pago de los intereses moratorios.

Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024 negó las súplicas de la demanda por que el avalúo aportado por la demand ante, realizado con el método residual, no se elaboró con fundamento en la reglamentación urbanística vigente para el momento en que el IDU (a través de la UAECD) realizó la visita correspondiente , esto es, con fundamento en los requisitos técnicos previstos en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y, por tanto, no contaba con las características que permit iera desvirtuar la legalidad del avalúo que sirvió de fundamento a los actos demandados.

Expuso que presentó un recurso de apelación en contra de la anterior decisión, la cual fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Primera a través de providencia del 10 de abril de 2025 , al estimar que el proceso deDemandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expropiación garantizó el reconocimiento de u na indemnización justa y plena en la que comprendió el valor del bien inmueble objeto de expropiación y los

www.consejodeestado.gov.co expropiación garantizó el reconocimiento de u na indemnización justa y plena en la que comprendió el valor del bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios que se derivaron de ella . En esta decisión se indicó que el a quo «…valoró las pruebas presentadas por la parte demandante, determinando que en el plenario no existen elementos de prueba que demuestren que el avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto y, por ende, no hay motivo para decretar la nulidad solicitada.»

La anterior sentencia se notificó vía electrónica y por estado el 23 de abril de 2025.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulneradas sus garantías fundamentales por lo siguiente:

1.4.1. Defecto fáctico:

Indicó que se incurrió en un yerro de tal naturaleza porque las autoridades judiciales demandadas omitieron la valoración de pruebas determinantes que acreditaban la práctica administrativa y técnica del IDU y la UAECD.

Expuso que en el expediente obran avalúos de la UAECD de 2021 y 2022, aportados por la parte actora con escrito del 23 de agosto de 2023, que muestran la aplicación de índices de construcción superiores al básico (1.0) en predios sometidos a planes parciales no adoptados formalmente al momento de su valoración.

Destacó que estas piezas eran conducentes y determinantes para resolver la litis (paridad fáctica y técnica), y su omisión de análisis impidió el escrutinio integral del acervo probatorio, afectando las reglas de valoración y la motivación exigidas por la ley.

litis (paridad fáctica y técnica), y su omisión de análisis impidió el escrutinio integral del acervo probatorio, afectando las reglas de valoración y la motivación exigidas por la ley.

1.4.2. Defecto sustantivo:

Afirmó que el mencionado yerro ocurrió porque las autoridades judiciales demandadas interpretaron de manera restrictiva y contraria a la Constitución la normativa aplicable a la determinación del valor comercial del inmueble.

Adujo que en las providencias demandadas se dio por lectura irrazonable del marco n ormativo urbanístico/valuatorio, ya que l as decisiones convalidaron un avalúo que desconoció los efectos jurídicos del acto de viabilidad del Plan Parcial Tin talito Mazuera Alsacia Oriental —que definió usos, reparto de cargas y beneficios y edificabilidad resultante —, pese a que tales actosDemandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vinculan y orientan la edificabilidad en la fase de preadopción (art. 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015) y deben ser considerados al aplicar el método residual bajo el principio de mayor y mejor uso (art. 4 de la Resolución IGAC 620 de 2008).

Mencionó que al reducirse indebidamente la « reglamentación u rbanística

residual bajo el principio de mayor y mejor uso (art. 4 de la Resolución IGAC 620 de 2008).

Mencionó que al reducirse indebidamente la « reglamentación u rbanística vigente al momento de la oferta » (artículo 61 de la Ley 388 de 1997) al solo momento de adopción formal del plan, las decisiones sustrajeron del juicio valorativo una normatividad incidente y previa que ya definía el po tencial edificatorio, lo q ue implicó u n quebrantamiento del debido proceso por errores manifiestos de derecho.

Agregó que el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015 señala que, cuando una autoridad distrital o municipal (como la Secretaría de Pl aneación de Bogotá) aprueba la «viabilidad» de un plan parcial, lo hace mediante un acto administrativo.

Refirió que , en el caso concreto, en 2017, la Secretaría Distrital de Planeación expidió la Resolución 978 de 2017, donde dio viabilidad al Plan Parcial « Tintalito Mazuera Alsacia Oriental ». En esa resolución ya se definieron los usos del suelo, los índices de construcción y las cargas y beneficios urbanísticos. Añadió que s egún el art ículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015, ese acto de viabilidad ya era obligatorio para todas las autoridades, incluso antes de que s e firmara el decreto final que «adopta» el plan parcial.

Resaltó que, desde 2017, el predio de Akargo ya estaba dentro de un plan parcial viable, y por tanto debía valorarse conforme a esa reglamentación, no

plan parcial.

Resaltó que, desde 2017, el predio de Akargo ya estaba dentro de un plan parcial viable, y por tanto debía valorarse conforme a esa reglamentación, no con la norma básica anterior (índice 1.0) ; sin embargo, el IDU y la UAECD ignoraron ese efecto y avaluaron el predio como si el plan parcial no existiera, aplicando solo el índice básico.

Consideró que, por lo anterior, las sentencias demandadas repitieron ese error, estableciendo que como el plan parcial aún «no estaba adoptado» , no podía tenerse en cuenta su edificabilidad, pese a que, e so contradice lo que contempla el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015, esto es, que la viabilidad ya produce efectos jurídicos plenos.

Refirió que la trascendencia constitucional es patente porque la forma de valorar el bien expropiado —a partir de reglas probatorias y normas urbanísticas— define el contenido del derecho de propiedad y la jus ta indemnización. De modo que, a su juicio, n o se trata de una discrepancia menor, sino de una lesión estructural del proceso debido en sede judicial.Demandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.3. Desconocimiento del precedente:

Sostuvo que l as decisiones judiciales impugnadas también incurri eron en

www.consejodeestado.gov.co 1.4.3. Desconocimiento del precedente:

Sostuvo que l as decisiones judiciales impugnadas también incurri eron en defecto por desconocimiento del precedente constitucional, al omitir la doctrina vinculante de la Corte Constitucional según la cual el valor indemnizatorio de una expropiación debe reflejar no solo la situación jurídica vigente, sino también las e xpectativas legítimas y ciertas derivadas de actos administrativos en curso de ejecución.

Precisó que e n la sentencia C-1074 de 2002, la c orte en cita señaló que el principio de indemnización justa comprende no solo el valor comercial actual, sino las expectativas legítimas de aprovechamiento del bien, cuando estas derivan de decisiones administrativas firmes o en trámite avanzado.

Mencionó que se desconoció el precedente vinculante de la Corte Constitucional en materia de indemnización justa, al limitar el valor del bien expropiado a la situación jurídica formal —esto es, la inexistencia del decreto de adopción del plan parcial — sin considerar las expectativa s legítimas, ciertas y verificables derivadas del acto administrativo de viabilidad del Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental (Resolución 978 de 2017).

Refirió que el precedente fijado en la «sentencia C-1074 de 2002, y reiterado en múltiples pr onunciamientos posteriores (C -189 de 2006, T -379 de 2016, T-630 de 2017)», ha establecido que la indemnización por expropiación debe reflejar la realidad jurídica y económica del bien, lo que incluye no solo su valor actual, sino también el potencial ciert o derivado de decisiones

T-630 de 2017)», ha establecido que la indemnización por expropiación debe reflejar la realidad jurídica y económica del bien, lo que incluye no solo su valor actual, sino también el potencial ciert o derivado de decisiones administrativas en curso de ejecución o con efectos consolidados.

Expuso que n egar ese valor implica una forma de indemnización irrisoria o simbólica, expresamente prohibida por la jurisprudencia constit ucional. Esto, pues en el caso de la demandante, la Resolución 978 de 2017 había definido los índices de edificabilidad y el reparto equitativo de cargas y beneficios, elementos que integran el valor económico del suelo conforme a la técnica residual prevista en la Resolución IGAC 620 de 2008.

Indicó que, por desconocer la existencia y los efectos jurídicos de dicho acto de viabilidad, las instancias ordinarias redujeron artificialmente el valor del bien y vaciaron de contenido el derecho de propiedad. Por lo que, estimó que se desconoció el lineamiento jurisprudencial sobre las expectativas legítimas y justa indemnización en expropiación.

1.4.4. Otras garantías que se alegan como desconocidos:

La parte actora sostuvo que su derecho a la igualdad se transgredió porqueDemandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el « mismo entorno urbanístico y bajo condiciones normativas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el « mismo entorno urbanístico y bajo condiciones normativas equiparables, la UAECD sí aplicó índices de edificabilidad superiores al básico en avalúos de 2021 y 2022 para predios sujetos a planes parciales aún no adoptados (mismas eta pas predecretales) », mientras que a ella le aplicó el índice básico (1.0), disminuyendo su valor del suelo en el ejercicio residual.

Manifestó que e sa divergencia técnica injustificada —no examinada ni desvirtuada por las decisiones — comporta un trato de sigual sin razón objetiva ni proporcional, prohibida por el artículo 13 superior , y refuerza el defecto fáctico (omisión de valorar la prueba que evidenciaba la práctica administrativa uniforme). La omisión judicial impidió restablecer la paridad de trato, consolidando una discriminación económica en perjuicio de la accionante. De modo que, se desconoció dicho principio porque se convalidó un trato técnico y económico injustificadamente desfavorable.

Puntualizó que también se desconoció el derecho a la indemnización justa en la expropiación contemplado en el artículo 58 de la Constitución Política exige que toda e xpropiación se acompañe de una « indemnización previa y justa», lo cual implica que el valor reconocido al propietario debe reflejar no solo el valor físico del bien, sino también su potencial urbanístico real y jurídicamente definido.

Adujo que se transgredió su confianza legítima pues esta no fue infundada

solo el valor físico del bien, sino también su potencial urbanístico real y jurídicamente definido.

Adujo que se transgredió su confianza legítima pues esta no fue infundada ni especulativa, sino jurídicamente protegible, ya que se basó en actos administrativos e xpresos, firmes y emitidos por la propia Administración Distrital, particularmente la Resolución 978 de 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la cual se otorgó la viabilidad al Plan Parcial Tintalito Mazuera Alsacia Oriental.

Refirió que, este acto, conforme al artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015, tiene naturaleza decisoria y vinculante, al definir los parámetros de edificabilidad, usos del suelo, y el reparto equitativo de cargas y beneficios que regirán el desarrollo del ámbito espacial del plan.

Recordó que cuando estructuró su actuación económica y jurídica en torno a esa viabilidad —esperando únicamente la expedición formal del decreto de adopción— lo hizo amparada en la legítima expectativa de estabilidad y coherencia institucio nal, generada por el propio Estado. Entonces, en su sentir, no se trataba de una mera expectativa de hecho o de conveniencia, sino de una situación jurídica en consolidación, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico.Demandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite

Mediante prov idencia del 24 de octubre de 2025, se inadmitió la demanda constitucional puesto que, si bien se aportó un poder especial otorgado por el señor César Emilio Maldonado Vidales, quien en dicho documento manifestó ser el representante legal de la empresa acci onante, en el certificado de existencia y representación legal que se adjuntó 2, no se demostró que aquel actualmente ostentara dicha calidad y que contara con la facultad respectiva. Para corregir dicha falencia se concedió el término de tres (3) días. El anterior auto se notificó vía electrónica el 27 de octubre de 2025.

La sociedad accionante, con memorial remitido el 28 del mismo mes y año, aclaró: i) que la empresa se encuentra legalmente constituida y vigente; ii) que el señor Juan Guillermo Londoño Molina ostenta la calidad de representante legal principal y que el señor César Emilio Maldonado Vidales la de representante legal suplente, conforme al Acta número 14 del 17 de marzo de 2015, inscrita en Cámara el 9 de diciembre de 2020 , (iii) y que los estatutos confieren al «gerente plenas facultades judiciales y extrajudiciales, incluyendo la posibilidad de otorgar poderes, comparecer en juicio, transigir,

estatutos confieren al «gerente plenas facultades judiciales y extrajudiciales, incluyendo la posibilidad de otorgar poderes, comparecer en juicio, transigir, conciliar y comprometer, de manera que el representante legal suplente puede ejercer dichas funciones cuando el principal se encuentre imposibilitado».

A su vez, señaló que el señor Londoño Molina padecía de una enfermedad neurodegenerativa progresiva con compromiso cognitivo y funcional severo, que le impide actualmente ejercer sus funciones e jecutivas, motoras y de decisión, incluyendo la suscripción de actos jurídicos y poderes judiciales y que, por tanto, el señor Maldonado Vidales asumió la representación legal como suplente. Además, indicó que este último le confirió poder especial para presentar esta acción de tutela.

Para tal efecto, anexó el soporte documental del caso: i) Certificado de existencia y representación legal de Akargo SAS (Cámara de Com ercio de Cartagena con fecha de expedición 17 de octubre de 2025, ii) c onceptos médicos del Grupo de Neurociencias de Antioquia (23/10/2024) suscritos por la médica Victoria Zubiría y iii) copia del poder especial otorgado por el señor César Emilio Maldonado Vidales.

Por lo que, una vez revisada la documental aportada que daba cuenta de la representación legal de la sociedad demandante, con auto del 7 de noviembre de 2025, se admitió la demanda de tutela 3 y, en consecuencia, se

2 Expedido el 16 de septiembre de 2025, con código de verificación AuYWEFu6TS.

representación legal de la sociedad demandante, con auto del 7 de noviembre de 2025, se admitió la demanda de tutela 3 y, en consecuencia, se

2 Expedido el 16 de septiembre de 2025, con código de verificación AuYWEFu6TS. 3 En esta providencia, se indicó lo siguiente: «… se observa que en el certificado de existencia y representación en mención se indica que la «…representación legal de laDemandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenó la notificación de los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Primera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

A su vez, se dispuso la vinculación de los representantes del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

Adicionalmente, se requirió el expediente objeto de demanda y, entre otros asuntos, se reconoció personería jurídica al abogado de la empresa actora.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

El magistrado actualmente ponente del despacho que emitió la sentencia de segunda instancia se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que no cumple el requisito de la relevancia constitucional, pues la

El magistrado actualmente ponente del despacho que emitió la sentencia de segunda instancia se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que no cumple el requisito de la relevancia constitucional, pues la parte actora se fundó en apreciaciones subjetivas con el fin de que se acoja el criterio que es favorable a sus intereses , a manera de una «tercera instancia».

Agregó que, subsidiariamente, deben negarse las pretensiones de amparo, dado que la providencia objeto de tutela se encuentra debidamente fundamentada y las consideraciones allí contenidas resultan suficientes para desvirtuar la vulneración de derechos fundamentales alegada.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

1.6.2.1. El magistrado ponente de la sentencia de primera instancia señaló que la demanda constitucional de la referencia no cumple el requisito de la relevancia constitucional.

Indicó que en la providencia cuestion ada se tuvieron en consideració n los

compañía y la administración de los negocios sociales compete al Gerente de la sociedad» y que este tendrá «UN (1) suplente» que lo reemplazará en sus falta s absolutas o temporales, con las mismas atribuciones del principal. De igual manera, se advierte que entre las facultades del representante legal se encuentra: «4. Ejecutar o celebrar cualquier acto o contrato, ajustado al objeto social de la sociedad. Con tal función podrá representar a la compañía judicial y extrajudicialmente…», también se enuncia como representante legal principal al señor Juan Guillermo Londoño Molina y, como

«4. Ejecutar o celebrar cualquier acto o contrato, ajustado al objeto social de la sociedad. Con tal función podrá representar a la compañía judicial y extrajudicialmente…», también se enuncia como representante legal principal al señor Juan Guillermo Londoño Molina y, como suplente al señor César Emilio Maldonado Vidales y que, este último, ante la imposibilidad médica del principal, confirió el poder especial al mencionado abogado. En tal sentido, se advierte que el requerimiento realizado en el auto del 24 de octubre de 2025 fue atendido adecuadamente.»Demandante: Akargo SAS Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro Rad: 11001-03-15-000-2025-06543-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co argumentos que ahora exp uso el accionante y se indicaron las razones por las cuales el avalúo aportado por la demandante no tenía las características para desvirtuar el de la UAECD.

Recalcó qu e no puede predicarse la violación de derechos fundamentales cuando en la decisión se atendió a l a regulación probatoria y procesal que existe sobre el particular y se valoraron suficientemente y de manera razonada las pruebas aportadas.