CE - Sentencia 11001031500020250654601 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-06546-01

Demandante: FRANCISCO JAVIER GARCÍA LONDOÑO

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLO PROFERIDO EN UN

PROCESO DE ACCIÓN DE TUTELA . LA SALA

CONFIRMARÁ LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE EL AMPARO.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada en el marco del proceso de acción de tutela vulner ó sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de un fallo de tutela mediante el cual se confirmó la decisión que declaró la improcedencia y temeridad del mecanismo constitucional. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela porque no se demostró una situación de fraude.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la sentencia de 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de

Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia .”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAInegrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 20 de octubre de 20251, el señor Francisco Javier García Londoño promovió proceso de acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del

1 Índice 1, Samai, primera instancia.2

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debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justic ia y al desempeño de funciones y cargos públicos y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“1. QUE EN CASO DE QUE LA SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B DEL

CONSEJO DE ESTADO NO RINDA EL INFORME, LO RINDA EXTEMPORÁNEAMENTE O LO RINDA DE MANERA FORMAL Y NO DE FONDO, SE DE APLICACIÓN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1991.

2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15 000-2025-02472-00 de fecha 18 de junio de 2025.

2. Que se deje sin efectos el fallo dictado por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado con Radicación: 11001-03-15 000-2025-02472-00 de fecha 18 de junio de 2025.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se prof iera una nueva Sentencia Judicial, en la cual teniendo en cuenta los argumentos jurídicos planteados en el escrito de acción de tutela dentro del radicado 2025 -02472-00, en el escrito de impugnación, y el presente escrito de acción de tutela, se amparen mi s derechos fundamentales invocados como vulnerados por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado con Radicación: 11001 -03-15 000-202502472-00 de fecha 18dejuniode20259demayode2025: i) DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL JUEZ IMPARCIAL. ii) DERECHO A LA IGUALDAD.

iii) DERECHO A EJERCER CARGO PÚBLICO EN CARRERA

ADMINISTRATIVA. IV) DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA Y A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

4. QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DE MIS DERECHOS

FUNDAMENTALES INVOCADOS, SE ME REINTEGRE A MI CARGO DE

CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA DIAN SIN SOLUCIÓN DE

CONTINUIDAD PARA TODOS LOS EFECTOS LABORALES Y LEGALES. ”.

(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acc ión la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 2).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acc ión la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 29 de mayo de 2025 , el actor instauró acción de tutela 2 para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, libre escogencia de profesión u oficio y desempeño de cargos y funciones públicas, los cuales consideró vulnerados por la sentencia de 4 de abril de 2025, proferida por la Subs ección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la acción constitucional con radicación no. 11001-03-15-0002024-07030-00/01.

2 Radicación no. 11001-03-15-000-2025-02472-00/01.3

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1. El asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado3, autoridad judicial que en provide ncia de 18 de junio de 2025 declaró la improcedencia y temeridad de la acción de tutela.

1. La anterior decisión fue impugnada por el demandante, recurso que fue resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 25 de septiembre de 20254 en la que confirmó la decisión de primera instancia, por cuanto se habían presentado múltiples acciones de tutela relacionadas con la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad

que confirmó la decisión de primera instancia, por cuanto se habían presentado múltiples acciones de tutela relacionadas con la sentencia de 28 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual se configur ó un uso abusivo del mecanismo constitucional.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandad a vulneró sus derechos constitucionales fundamentales antes mencionados con ocasión del fallo de tutela del 25 de septiembre de 2025 , en la medida que , a su juicio, incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en diferentes sentencias de unificación de la Corte Constitucional, las cuales han señalado que los ciudadanos están facultados para promover indistintas solicitudes de amparo en salvaguarda de sus derechos.

Se omitió que los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera, que conocieron de la acción de tutela identificada con el número de radicación 2024-07030-015, debieron declararse impedidos pa ra conocer del asunto en atención a lo previsto en el numeral cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 22 de octubre de 2025 6, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela y notificó a los magistrados de la Subsección B y A de la Sección Segunda del Consejo de Estado ; asimismo, a los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Sección Quinta de esa misma Corporación y al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Sección Quinta de esa misma Corporación y al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

3 Proceso con radicación no. 2025-02472-00/01. 4 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 16 de octubre de 2024. 5 Los magistrados María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica Méndez. 6 Índice 4, Samai, primera instancia.4

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(DIAN) con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 7 de noviembre de 20257, declaró improcedente el amparo invocado, por cuanto no cumplió los requisitos para la proceden cia excepcional de la tutela contra una providencia dictada en otro proceso de tutela.

6. Impugnación

La parte demandante p resentó impugnación contra el fallo de primera instancia , concedida en auto del 24 de noviembre de 20258.

Sostuvo que la sentencia de tutela de primera instancia desconoció, sin justificación, hechos y argumentos esenciales expuestos en la demanda, especialmente los relacionados con la imparcialidad judicial, la cosa juzgada fraudulenta y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sentencia SU -627 de 2015 para la procedencia excepcional de la tutela contra fallos de tutela.

relacionados con la imparcialidad judicial, la cosa juzgada fraudulenta y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la sentencia SU -627 de 2015 para la procedencia excepcional de la tutela contra fallos de tutela.

Los magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera ya habían intervenido y emitido decisiones en procesos estrechamente vinculados con el mismo asunto, lo cual configuraba causa les de impedimento previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicables a la acción de tutela por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

Se acreditaron los requisitos generales y específicos para estudiar de fondo la existencia de cosa juzgada fraudulenta, pues el fraude alegado se basaba en decisiones adoptadas por magistrados que previamente habían intervenido en asuntos sustancialmente iguales, con lo cual se afectó su imparcialidad.

7 Índice 24 Samai, primera instancia. 8 Índice 30 Samai, primera instancia.5

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por e l legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela

La Corte Constitucional en la sentencia SU -072 de 2018 indicó que se ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes.

No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.6

No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.6

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Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal para que opere es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de procedibilidad señalados para tales efectos.

Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudi arán, una vez se tengan por superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:

1. La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, v) se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no

medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no corresponda, a su vez, a una sentencia que haya definido una acción de tutela.

Sobre este último punto la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela pues los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.

Al respecto y en tratándose de acciones de tutela contra sentencias de tutela, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte señaló que para determinar la viabilidad o no del recurso de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente:

“(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla general es la de que no procede”.

(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional”.

(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilid ad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la7

genéricos de procedibilid ad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la7

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decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.” (negrillas de la Sala).

En esos términos, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-039 de 2019, “un comportamiento puede considerarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador.”.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y al desempeño de funciones y cargos públicos presuntamente vulnerados con ocasión de la tutela del 25 de septiembre de 2025, en la medida que, a su juicio, pasó por alto que los magistrados no se declararon impedidos en la ac ción constitucional identificada con el número de radicación 2024 07030 -01 y , además, que la Corte Constitucional permite que se haga uso de indeterminadas acciones para la protección de los derechos.

En la sentencia de primera instancia la Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente el amparo invocado, por cuanto no cumplió los requisitos para la procedencia excepcional de la tutela contra una providencia dictada en otro proceso de tutela.

El demandante en su impugnación afirmó que se acreditaron los requisitos generales y específicos para estudiar de fondo la existencia de cosa juzgada fraudulenta, pues, el fraude alegado se basó en decisiones adoptadas por magistrados que previamente habían intervenido en asuntos sustanc ialmente iguales, con lo cual se afectó su imparcialidad.8

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En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primer grado que declaró improcedente la acción de tutela, por las siguientes razones:

Demandante: Francisco Javier García Londoño Acción de tutela – Impugnación fallo

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de primer grado que declaró improcedente la acción de tutela, por las siguientes razones:

1. Para esta Sala , la acción de tutela interpuesta por el demandante no satisfizo los requisitos de viabilidad excepcional del mecanismo constitucional contra fallos de amparo y, en consecuencia, la misma es improcedente.

1. Esta Corporación advierte que, si bien el recurso de amparo puede llegar a ser viable contra una sentencia proferida dentro de un proceso de la misma naturaleza, ello solo resulta posible en situaciones de fraude, lo cual no se encuentra demostrado en la presente oportunidad.

1. En efecto, la Sala observa que el demandante manifestó que la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en fraude a la ley, debido a que no advirtió que algunos magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera habrían i ntervenido en procesos que, según él, guardan estrecha relación con el asunto discutido, lo que configuraría causales de impedimento previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991).

1. Sin embargo, es as afirmaciones no encuentran respaldo probatorio suficiente ni permiten, por sí mismas, estructurar el umbral de procedencia reforzado exigido para ejercer una acción de tutela contra otra sentencia de tutela.

1. El juez de primera instancia no desconoció el principio de iura novit curia ni el mandato

permiten, por sí mismas, estructurar el umbral de procedencia reforzado exigido para ejercer una acción de tutela contra otra sentencia de tutela.

1. El juez de primera instancia no desconoció el principio de iura novit curia ni el mandato del artículo 55 de la Ley 270 de 1996; por el contrario, valoró los elementos determinantes de la controversia y concluyó que la demanda no acreditaba los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan un estudio de fondo frente a la alegada cosa juzgada fraudulenta.

1. En realidad, la inconformidad del demandante se encamina a controvertir la tesis jurídica asumida por la Subsección B de la Sección Segunda por no acoger su apreciación sobre la existencia de impedimentos y por no declarar la irregularidad procesal que él atribuye a la Subsección A de la Sección Tercera dentro de la acción de tutela 2024-07030-01.9

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1. Estas discrepancias, aun cuando puedan reflejar un desacuerdo subjetivo, no constituyen prueba idónea de fraude, ni permiten concluir que la autoridad judicial accionada actuó con desviación, abuso o manipulación del procedimiento constitucional.

1. Ahora bien, respecto de la alegada imparcialidad, el demandante se limitó a sostener que existían causales de impedimento, pero no demostró que los magistrados hubieran intervenido en un asunto idéntico ni que existiera identidad subjetiva y objetiva entre los procesos previos y aquel que dio lugar a la sentencia de tutela cuestionada ; su

que existían causales de impedimento, pero no demostró que los magistrados hubieran intervenido en un asunto idéntico ni que existiera identidad subjetiva y objetiva entre los procesos previos y aquel que dio lugar a la sentencia de tutela cuestionada ; su argumentación part ió de analogías generales entre asuntos, mas no de hechos verificables que permitan concluir la existencia de una relación directa y determinante capaz de afectar la imparcialidad judicial.

1. En consecuencia, los presupuestos exigidos por la sentencia SU-627 de 2015 , en especial, la acreditación plena del defecto alegado y la demostración de la gravedad institucional de la irregularidad, no se satisfacen.

1. En este orden de ideas, no se advierte que se haya acreditado que la providencia cuestionada haya sido producto de un actuar fraudulento, ni que la eventual falta de valoración de algún argumento tenga entidad suficiente para configurar un defecto ; por el contra rio, el examen del expediente demuestra que el actor orientó su demanda a reabrir un debate ya decidido, pretendiendo que el juez constitucional sustituyera el criterio jurídico de la Subsección B de la Sección Segunda, lo cual resulta incompatible con la naturaleza estrictamente excepcional de la tutela contra providencias judiciales, y no activa el estudio de fondo sobre la cosa juzgada fraudulenta.

1. Por consiguiente, la Sala concluye que no se acreditó el presupuesto indispensable para la procedencia exc epcional de la tutela contra tutela , esto es, la existencia de un fraude procesal que vicie de manera radical la providencia judicial cuestionada, debido a que lo planteado por el demandante se contrae a manifestar su desacuerdo con la

para la procedencia exc epcional de la tutela contra tutela , esto es, la existencia de un fraude procesal que vicie de manera radical la providencia judicial cuestionada, debido a que lo planteado por el demandante se contrae a manifestar su desacuerdo con la interpretación y el sentido de la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda, pero ello no constituye, en los términos de la jurisprudencia constitucional, un fundamento legítimo para desplazar la cosa juzgada material ni para revocar la decisión impugnada.

1. En consecuencia, como no se demostró una situación de fraude en este caso para la Sala es claro que debe confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró la10

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improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier García Londoño.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y remítasele copia del mismo.

telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.