CE - Sentencia 11001031500020250655300 de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Subsidiariedad. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Julián David Ruiz Barajas en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Julián Ruiz Barajas, en nombre propio, promovió acción de tutela1 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y principio de justicia rogada, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco del proceso de

nulidad electoral identificado con el radicado número 15001-23-33-000-2024-0011000, en el que se declaró la nulidad de la Resolución número 005 del 10 de enero de 2024, por medio de la cual se había nombrado al accionante como per sonero del municipio de Ramiriquí – Boyacá para el periodo constitucional 2024-2028.

2. Hechos

2.1. El accionante sostuvo que mediante acta de plenaria No. 002 de 2024, el Concejo Municipal de Ramiriquí procedió a realizar la elección del actor como Personero Municipal para el periodo institucional 2024 -2028, en desarrollo del concurso público de mérito s adelantado conforme a los lineamientos legales y reglamentarios aplicables.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado D3FDA0B42ED61E4A A9BD99ECCE747D64

F56EC1A66768FB84 3E9ABDAC6A8B0370.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

2

2.2. Afirmó que, posteriormente, la Mesa Directiva del Concejo Municipal expidió la Resolución No. 005 del 10 de enero de 2024, a través de la cual protocoliz ó el resultado del proceso de elección contenido en el acta mencionada.

2.3. La Universidad Popular del Cesar presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto administrativo por medio del cual el Concejo de Ramiriquí eligió a Julián David Ruiz Barajas como personero para el período 2024 a 2028, protocolizado mediante la Resolución No. 5 de 10 de enero

control de nulidad electoral contra el acto administrativo por medio del cual el Concejo de Ramiriquí eligió a Julián David Ruiz Barajas como personero para el período 2024 a 2028, protocolizado mediante la Resolución No. 5 de 10 de enero de 2024, expedida por el Concejo Municipal de Ramiriquí (Boyacá).

La universidad demandante adujo que el cuestionado acto se encontraba viciado al haber sido expedido con una clara infracción de las normas constitucionales y legales en que debería fundarse, en la medida que, mediante oficio del 10 de noviembre de 2023, e l Rector de la Universidad Popular del Cesar (entidad que estaba a cargo a adelantar el concurso de méritos que terminó con la expedición de la mencionada resolución), le informó al Concejo Municipal de Ramiriquí que no había celebrado ni autorizado la sus cripción de un convenio para el concurso público de méritos para la selección del personero de esa municipalidad.

Expuso que, pese a la anterior advertencia, el Concejo Municipal de Ramiriquí expidió la Resolución 005 de 10 de enero de 2024. Explicó que el rector de la Universidad Popular del Cesar puso en conocimiento del Concejo Municipal de Ramiriquí las irregulari dades que se presentaron con ocasión del convenio interadministrativo, específicamente, lo relacionado con el abu so de la delegación otorgada al vicerrector administrativo, y le propuso 3 escenarios jurídicos, a saber: (i) revocatoria directa del acto administrativo de apertura, (ii) terminación por mutuo acuerdo, y (iii) terminación unilateral del contrato ; no obstante, el citado Concejo Municipal profirió la resolución atacada.

(i) revocatoria directa del acto administrativo de apertura, (ii) terminación por mutuo acuerdo, y (iii) terminación unilateral del contrato ; no obstante, el citado Concejo Municipal profirió la resolución atacada.

Advirtió que el 27 de diciembre de 2023 el jefe de la oficina jurídica de la Universidad Popular del Cesar certificó al Procurador Regional de Instrucción del Cesar que no había incurrido en gastos, toda vez que, no había celebrado convenios, contratos o cualquier modalidad de contratación para adquirir y estructurar cuestionarios para la práctica de pruebas escritas en los concursos para la selección de personero municipal y que no existieron estudios previos adelantados por la universidad en procesos contractuales para la selección del personero municipal.

2.4. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Boyacá bajo el número radicado número 15001-23-33-000-2024-00110-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 10 de julio de 2025 accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 005 del 10 de enero de 2024 expedida por el Concejo Municipal de Ramiriquí, por medio del cual se nombró a Julián David Ruiz Barajas como personero municipal de esa entidad territorial para el periodo constitucional 2024-2028.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

3

2.5. El señor Ruiz Barajas, en nombre propio, presentó solicitud de aclaración de sentencia, la cual fue negada mediante providencia del 24 de julio de 2025, bajo el

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

3

2.5. El señor Ruiz Barajas, en nombre propio, presentó solicitud de aclaración de sentencia, la cual fue negada mediante providencia del 24 de julio de 2025, bajo el argumento de que pese a que el demandado ejerció directamente su defensa, en atención a la natu raleza especial del medio de control nulidad electoral, para ese caso, resulta exigible la comparecencia y/o postulación mediante apoderado judicial que garantice el ejercicio de una defensa técnica. Adicionalmente, la autoridad judicial indicó que la solicitud de aclaración estaba orientada a indagar por la aplicación del derecho, que no podía ser discutido o debatido a través de este mecanismo, que tiene como finalidad solucionar incongruencias o frases que generen motivos de duda.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de defensa y principio de justicia rogada. En consecuencia, pidió i) dejar sin efectos la sentencia del 10 de julio de 2025, emitida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco del proceso de nulidad electoral identificado con el radicado número 15001-23-33-000-2024-00110-00 y, en su lugar, ii) que se ordene a la autoridad accionada que profiera una decisión de remplazo “ciñéndose estrictamente a los cargos formulados por el demandante en la demanda y su reforma, garantizando el respeto al principio de justicia rogada y una adecuada identificaci ón y an álisis del verdadero acto administrativo objeto de control”2.

cargos formulados por el demandante en la demanda y su reforma, garantizando el respeto al principio de justicia rogada y una adecuada identificaci ón y an álisis del verdadero acto administrativo objeto de control”2.

El accionante sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

(i) Defecto procedimental por proferir un fallo extrapetita . Sostuvo que la decisión vulneraba el principio de congruencia, en la medida en que la autoridad judicial fundamentó su decisión en un cargo que no fue planteado en la demanda principal, sino que fue incorporado en una coadyuvancia. Al respecto, indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido de manera reiterada que la coadyuvancia no puede transformar la causa petendi de la demanda, ni tampoco introducir cargos nuevos, máxime cuando el coadyuvante no tiene legitimidad para sustituir ni corregir errores en su formulación.

Manifestó que en la decisión censurada “no solo no existió una motivación reforzada que justificara apartarse de los cargos esgrimidos en la demanda, sino que se condenó al actor a la pérdida de su investidura en el cargo de personero sin que hubiese sido ese el punto de debate procesal originalmente establecido”3.

Por lo expuesto, resaltó que el tribunal declaró la nulidad de la Resolución No. 005 de 2024, cuando el verdadero acto de elección del personero municipal se encontraba en el Acta de Plenaria No. 002 de 2024. En consecuencia, consideró

2 Ibid. 3 Ibid.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

2 Ibid. 3 Ibid.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

4

que esa indebida identificación del acto demandado condujo a un pronunciamiento por fuera de lo solicitado, situación que habilitaba la intervención del juez constitucional.

(ii) Defecto fáctico por la valoración irrazonable de las pruebas . Adujo que el fallo cuestionado se sustentó en la presunta falsedad de un documento p úblico sin que existiera una declaración judicial en firme que sustentara tal calificación, por lo que resultaba inadmisible que , en el marco del proceso contencioso administrativo sin tramitar una nulidad probatoria y sin haber agotado “el contradictorio pleno sobre dicha prueba” 4, la autoridad derivara consecuencias jurídicas negativas de un documento cuya autenticidad no había sido desvirtuada por la autoridad penal.

Manifestó que el defecto fáctico resultaba más grave “si se tiene en cuenta que algunos de los procesos penales referenciados en el fallo como fundamento para invalidar el documento ni siquiera se encontraban en firme, y algunos incluso fueron archivados por retiro voluntario de las denuncias. El fallo no po ndero esa circunstancia y prefirió adoptar una postura acusatoria sin respaldo probatorio ni base jurídica suficiente, aplicando de forma errática el precedente judicial en materia de valoración probatoria y carga de la prueba dentro del contencioso electoral”5.

(iii) Desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, relativo a la idoneidad de las universidades para prestar apoyo al proceso de selección. Esgrimió

de valoración probatoria y carga de la prueba dentro del contencioso electoral”5.

(iii) Desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, relativo a la idoneidad de las universidades para prestar apoyo al proceso de selección. Esgrimió que el Tribunal Administrativo de Boyacá afirmó que la Universidad Popular del Cesar carecía de idoneidad para prestar apoyo al proceso de selección del personero municipal, sin que se efectuara un análisis integral de las pruebas allegadas al expediente que acreditaban lo contrario. Indicó que se omitió valorar la certificación expedida el 20 de jun io de 2023 por el vicerrector administrativo de la mencionada universidad, incluida en la propuesta presentada al Concejo Municipal, en la que, según afirmó, se acreditaba expresamente contar con los medios logísticos, presupuestales, técnicos y humanos pa ra cumplir con las funciones asumidas.

Aunado a lo anterior, adujo que la autoridad judicial ignoró el precedente judicial fijado por el Consejo de Estado en la sentencia emitida al interior del proceso con radicado número 25000-23-41-000-2020-00377-01. No obstante, aclaró que, si bien el precedente fijado no era formalmente vinculante, estaba revestido de un especial valor interpretativo por provenir de un órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, al establecer criterios sobre la aplicación del art ículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015.

Por otra parte, señaló que el fallo cuestionado se apartó sin justificación de la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, según la cual las universidades e instituciones de educación superior (IES), por el solo hecho de estar acreditadas

Por otra parte, señaló que el fallo cuestionado se apartó sin justificación de la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, según la cual las universidades e instituciones de educación superior (IES), por el solo hecho de estar acreditadas como tales, cumplían con el requisito d e idoneidad para apoyar los concursos de

4 Ibid. 5 Ibid.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

5

méritos para la elección de personeros municipales, sin que se les pueda exigir un estándar adicional de experiencia en procesos de selección de personal. Para el efecto invocó las siguientes sentencias emitidas por el Consejo de Estado: sentencia del 28 de agosto de 2025 Rad. 68001 -23-33-000-2024-00185-02; sentencia del 17 de febrero de 2022 Rad. 25000 - 23-41-000-2020-00377-01; sentencia del 25 de mayo de 2023 Rad. 11001 - 03-28-000-2022-00297-00; sentencia del 6 de mayo de 2021 Rad. 0800123-33-000-2020-00139-01.

Por último, añadió que la Corte Constitucional, en la sentencia C -105 de 2013 , preciso que “los concejos municipales mantienen la competencia principal en la organización de los concursos públicos de m éritos, pero reconoció que, dadas sus limitaciones t écnicas y logísticas, la normatividad les permite acudir al apoyo de instituciones de educación superior, como las universidades”6.

4. Trámite de tutela e intervenciones

limitaciones t écnicas y logísticas, la normatividad les permite acudir al apoyo de instituciones de educación superior, como las universidades”6.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 22 de octubre de 20257 admitió la acción de tutela ; vinculó como terceros con interés al Concejo Municipal de Ramiriquí, a la universidad Popular del Cesar y a quienes hayan participado en el medio de control de nulidad electoral identificado con el número de radicado 1500123-33-000-2024-00110-00; pidió a la autoridad demandada que aportara el expediente objeto de la solicitud de amparo , negó la medida provisional, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El señor Julián David Ruiz barajas8 allegó escrito mediante el cual solicitó se reconsiderara la decisión de no decretar la medida provisional. Sostuvo que, al haberse declarado la nulidad del acto administrativo, se despojaba de efectos una situación jurídica consolidada y habilitaba a la apertura de un nuevo concurso público.

Esgrimió que el perjuicio que se le causaba involucraba la pérdida de investidura como personero, la interrupción de su carrera profesional, la desprotección de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso y a la imposibilidad de restablecer la situación jurídica consolidada.

Agregó que además del daño personal al accionante, existía un riesgo colectivo para la legalidad y seguridad jurídica del municipio, derivado de la eventual

de restablecer la situación jurídica consolidada.

Agregó que además del daño personal al accionante, existía un riesgo colectivo para la legalidad y seguridad jurídica del municipio, derivado de la eventual coexistencia de dos personas que reclaman legitimidad sobre el mismo cargo, o de la nulidad de un nuevo nombramiento en caso de prosperar la tutela.

6 Ibid. 7 Índice 0000 5 del aplicativo SAMAI, certificado 6754BA250261CB8F E9B9267502B8B68F 8CBC64986C6D6692 A31DF2F90E4DA795. 8 Índice 000 12 del aplicativo SAMAI, certificado C027D88ABD9A2CB2 F09FC2286A9FCC6D

62B4FDE904FF4DBA 3769E34BA07CA3D80000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

6

4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá 9, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad.

Respecto al primer cargo, relativo a que se excedieron los límites del debate procesal propuesto en la demanda, precisó que, mediante auto del 4 de febrero de 2025, el despacho ponente de la decisión cuestionada realizó la fijación del litigio. Por lo tanto, afirmó que desde ese momento se delimitó el acto administrativo objeto de nulidad, es decir la Resolución No. 5 del 10 de enero de 2024 expedida por el

Por lo tanto, afirmó que desde ese momento se delimitó el acto administrativo objeto de nulidad, es decir la Resolución No. 5 del 10 de enero de 2024 expedida por el Concejo Municipal de Ramiriquí. Al margen de ello puso de presente que, a pesar de que el mencionado proveído fue recurrido por el aquí accionante en reposición y súplica, lo cierto era que con los mencionados recursos no cuestionó el acto administrativo objeto de nulidad, ni la fijación del litigio, circunstancia que acreditaba que el solicitante omitió cuestionar esa determinación a través de los mecanismos procedentes.

Por otra parte en cuanto al cargo de que “no hay prueba alguna que acreditara la falta de idoneidad de la Universidad Popular del Cesar para prestar apoyo técnico en el proceso de selección del Personero Municipal, el despacho discrepa al respecto, ya que, como se indicó en la sentencia de única instancia del 10 de julio de 2025, atendiendo precisamente el precedente jurisprudencial , se demostró que la Universidad Popular del Cesar (UPC) no tenía idoneidad para adelantar el concurso de selección del personero municipal, porque, aunque goza de una presunción general de idoneidad por ser una institución de educación superior, esa presunción fue desvirtuada al demostrarse que carecía de experiencia, capacidad técnica, administrativa, logística y habilitación normativa específica para desarrollar este tipo de procesos” 10. En consecuencia, manifestó que no era cierto que se hubiera desconocido el precedente jurisprudencial.

4.3. Los demás sujetos procesales a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

hubiera desconocido el precedente jurisprudencial.

4.3. Los demás sujetos procesales a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

9 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado F07F7C32A02C242F CBD40C02EB44CDE3

B66DADFAD3AACE1E 2015C2F529F41168.

10 Ibid.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

7

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la parte actora presentó “solicitud de reconsideración” con el fin de que se revocara el auto del 22 de octubre de 2025, a través del cual se negó la medida provisional deprecada, entre otras cosas. Al respecto , se pone de presente que la acción de tutela se caracteriza por su trámite preferente y sumario, desprovisto de las formalidades propias de los procedimientos ordinarios. En ese sentido, la Corte Constitucional, si bien ha admitido la aplicación supletoria de las normas del proce dimiento civil, ha sido enfática en señalar que dicho mecanismo no puede asimilarse a un proceso de naturaleza civil, razón por la cual no resultan procedentes todos los mecanismos allí previstos11.

Así entonces, al ser improcedente la petición presentada por el actor y en atención

no puede asimilarse a un proceso de naturaleza civil, razón por la cual no resultan procedentes todos los mecanismos allí previstos11.

Así entonces, al ser improcedente la petición presentada por el actor y en atención a los principios de celeridad y economía procesal que rigen el trámite de tutela conforme al artículo 3 del Decreto 2591 de 1991 12, esta Subsección procederá a dictar sentencia.

3. Legitimación en la causa

3.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Julián David Ruiz Barajas es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas en su condición de demandado dentro del medio de control de nulidad electoral, con radicado núm. 15001-23-33-000-2024-00110-00.

3.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el tribunal Administrativo de Boyacá fue la autoridad que profirió la sentencia del 10 de julio de 2025, que puso fin al proceso de nulidad y que, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales. Lo anterior, al margen de que a través de auto del 24 de julio de 2025 se negó la aclaración de la sentencia.

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

5. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina

judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

5. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de

11 Cfr. Corte constitucional, A-270 de 2002, A-228 de 2003 y A-097 de 2017. 12 “ARTICULO 3o. PRINCIPIOS. El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

8

fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a través de la sentencia C -590 de 2005 13 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

5.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 14 De acuerdo con la sentencia C -590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constituciona l; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales es pecíficas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento est ablecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el

inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.0000

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06553-00

Accionante: Julián David Ruiz Barajas

9

jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”17.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o

de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia con