CE - Sentencia 11001031500020250655500 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionado: Medio de control:

Tema:

Decisión: 11001 03 15 000 2025 06555 00

Michael Nicolás Niño Escobar Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B Acción de tutela Acción de tutela contra providencia judicial proferida en una acción de cumplimiento Declara la carencia actual de objeto por sustracción de materia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Michael Nicolás Niño Escobar en contra de la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por la Subsección B, Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la acción de cumplimiento identificada con el radicado nro. 25000 23 41 000 2025 01405 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Michael Nicolás Niño Escobar promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1. Amparar los derechos fundamentales del accionante y de la población con

El señor Michael Nicolás Niño Escobar promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1. Amparar los derechos fundamentales del accionante y de la población con discapacidad a la igualdad material, inclusión laboral, trabajo digno, estabilidad laboral reforzada, dignidad humana y debido proceso , conforme a los artículos 1, 13, 25, 47, 54 y 93 de la Constitución Política.

2. Revocar parcialmente la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección B, dentro de la Acción de Cumplimiento No. 25000-23-41-000-2025-01405-00.

3. Declarar que el DAFP y la CNSC incurrieron en omisión estructural y discriminación institucional, al no aplicar de manera inmediata el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024 ni garantizar la reserva del 7% de empleos para personas con discapacidad, pese a su carácter autoaplicativo y obligatorio.

4. Ordenar al DAFP y a la CNSC que, de forma coordinada:

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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a. Expidan un acto conjunto vinculante que establezca el procedimiento técnico y operativo para aplicar la reserva del 7% en todas las convocatorias públicas y de ascenso, aun sin reglamento adicional.

b. Incluyan en dicho acto un capítulo especial para personas con discapacidad cognitiva, psicosocial, múltiple o intelectual , con mecanismos de evaluación alternativos y acompañamiento especializado.

5. Ordenar la suspensión preventiva de los procesos del Concurso Territorial 11 y de cualquier otro proceso de selección vigente, en los que no se haya garantizado la reserva legal del 7 % ni los ajustes razonables , hasta que se verifique su cumplimiento conforme a la Ley 2418 de 2024.

6. Ordenar a la Personería Municipal de Chía que adopte medidas inmediatas de protección laboral reforzada a favor del accionante y demás servidores con discapacidad, y que reporte al DAFP y la CNSC el cumplimiento del porcentaje de reserva y ajustes razonables.

7. Exhortar al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud y al Ministerio de

Hacienda a:

a. Apoyar técnica y presupuestalmente la implementación de los ajustes razonables.

b. Diseñar programas de formación y sensibilización institucional sobre discapacidad cognitiva y diversidad funcional.

Hacienda a:

a. Apoyar técnica y presupuestalmente la implementación de los ajustes razonables.

b. Diseñar programas de formación y sensibilización institucional sobre discapacidad cognitiva y diversidad funcional.

8. Solicitar al Consejo de Estado que reconozca la existencia de una falla estructural del Estado colombiano en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, y exhorte al Gobierno Nacional a adoptar una política pública interinstitucional y vinculante para su corrección.

9. Remitir copia de esta acción y del fallo al despacho de la Procuraduría General de la Nación – Delegada para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Asuntos Sociales, a fin de que ejerza vigilancia preventiva sobre el cumplimiento de la Ley 2418 de 2024 y la aplicación de medidas afirmativas en concursos públicos. (Negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que es una persona con discapacidad certificada conforme el Decreto 1507 de 2014 y que desde el 16 de febrero de 2023 se desempeña como servidor público en provisionalidad en la Personería Municipal de Chía.

Relató que el 8 de agosto de 2024 entró en vigencia la Ley 2418 de 2024 que modificó el régimen de acceso y ascenso en el sistema general de carrera administrativa y creó la reserva de plazas para las personas con discapacidad.

Aseguró que “ el DAFP y la CNSC ignoraron el carácter autoaplicativo de la ley y continuaron los concursos ordinarios – incluido el Territorial 11 – sin implementar reservas ni ajustes razonables”2.

Aseguró que “ el DAFP y la CNSC ignoraron el carácter autoaplicativo de la ley y continuaron los concursos ordinarios – incluido el Territorial 11 – sin implementar reservas ni ajustes razonables”2.

2 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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Manifestó que presentó acción de cumplimiento contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP por el presunto incumplimiento del parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024, que dispone lo siguiente:

[…] Parágrafo 1°. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el procedimiento para que las entidades y organismos reporten la Oferta Pública de Empleos, con el f in de viabilizar la reserva de plazas para personas con discapacidad regulado en el presente artículo […].

Indicó que la acción de cumplimiento correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 2 de octubre de 2025, por una parte, negó las pretensiones respecto a la CNSC y por otra, declaró el incumplimiento por parte del DAFP.

Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 2 de octubre de 2025, por una parte, negó las pretensiones respecto a la CNSC y por otra, declaró el incumplimiento por parte del DAFP.

Señaló que “la decisión desconoció la aplicación directa e inmediata de dicha ley, argumentando la falta de reglamentación, a pesar de que el texto legal no supedita su eficacia a desarrollo reglamentario alguno”3.

Anotó que el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024 establece una obligación autónoma y de efecto inmediato, por lo que, bajo su consideración, desde agosto de 2024 las entidades públicas debían iniciar el cumplimiento de l porcentaje de reserva de empleos para personas con discapacidad, independientemente de que se hubiera expedido o no el reglamento.

Expuso que “tanto el DAFP como la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) debieron coordinar de manera inmediata la implementación de la reserva del 7%, modificando los procesos de selección en curso —incluido el Concurso Territorial 11— e informando a las entidades territoriales sobre la obligación de ajustar sus plantas y reportes en SIMO”4.

Resaltó que las entidades continuaron con los concursos ordinarios sin aplicar el porcentaje de reserva ni realizar ajustes razonables, trasladando la carga de la inclusión a las personas con discapacidad.

Sostuvo que “el fallo omitió valorar las pruebas y documentos allegados que acreditaban mi condición de persona con discapacidad, certificada y registrada en los sistemas SIGEP y SIMO, así como el incumplimiento del DAFP y la CNSC en aplicar la reserva legal y

Sostuvo que “el fallo omitió valorar las pruebas y documentos allegados que acreditaban mi condición de persona con discapacidad, certificada y registrada en los sistemas SIGEP y SIMO, así como el incumplimiento del DAFP y la CNSC en aplicar la reserva legal y garantizar ajustes razonables en los procesos de selección”5.

Agregó que “la sentencia incurrió en incongruencia, al omitir pronunciamiento sobre la falta de coordinación interinstitucional y las omisiones estructurales en la aplicación de la Ley 2418 de 2024, pese a haber sido expresamente alegadas en la demanda”6.

Adujo que “el DAFP y la CNSC no verificaron en SIGEP y SIMO los reportes de personas con discapacidad ni garantizaron la accesibilidad informativa. Se trasladó la carga de

3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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informar al aspirante, configurando discriminación por omisión, contraria a los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política”7.

Reprochó que “se me atribuyó la responsabilidad de no informar mi discapacidad, pese a estar certificada en SIGEP y SIMO, lo cual constituye revictimización y discriminación por omisión (Cent. T-198/06, T-684A/11)”8.

a estar certificada en SIGEP y SIMO, lo cual constituye revictimización y discriminación por omisión (Cent. T-198/06, T-684A/11)”8.

Advirtió que “el lenguaje empleado en las comunicaciones y en el fallo judicial tuvo un tono personalizado y reduccionista, desviando la discusión colectiva sobre los derechos de las personas con discapacidad hacia un enfoque individual, afectando mi dignidad y reputación”9.

Alegó que “ el modelo de selección implementado por la CNSC mantiene un esquema homogéneo basado principalmente en pruebas escritas estandarizadas, sin contemplar alternativas como pruebas orales, entrevistas adaptadas, acompañamiento técnico, intérpretes cognitivos o apoyos pedagógicos diferenciados”10.

Arguyó que “ ni el DAFP ni la CNSC han anunciado medidas para rediseñar los instrumentos de evaluación o incorporar metodologías adaptadas. Esta inacción perpetúa un sistema meritocrático excluyente que mide la capacidad intelectual bajo criterios uniformes, sin valorar la diversidad funcional”11.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de octubre de 202512 a través de la ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 28 de octubre de 202513 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar14 a la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada; así como vincular15 a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, a la Personería Municipal

la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada; así como vincular15 a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, a la Personería Municipal de Chía, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 13 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 14 Esta orden se cumplió el 31 de octubre de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 15 Ibidem.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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De igual forma, se requirió la copia digital del expediente correspondiente a la acción de cumplimiento identificada con el radicado nro. 25000 23 41 000 2025 01405 00/01, el cual fue remitido16.

3.2. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada rindió informe 17 en el que manifestó que a la acción de cumplimiento objeto de debate se le impartió el trámite correspondiente, con observancia del debido proceso y que la decisión adoptada fue producto de un análisis jurídico riguroso, por lo que aseguró que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante.

3.3. La apoderada de la Procuraduría General de la Nación allegó escrito 18 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente trámite tutelar.

Señaló que, revisados los sistemas de información de la entidad, no se evidencia solicitud alguna de intervención, queja o petición por parte del señor Niño Escobar.

Indicó que “ dadas las pretensiones esbozadas en la acción de tutela y el marco de competencia de esta entidad, debe declararse la falta de legitimación en la causa de la Procuraduría General de la Nación, entidad que , valga aclarar, no ha adelantado actuación alguna en detrimento de los intereses de la (sic) accionante”.

Resaltó que “ previo a solicitar la intervención del Juez de Tutela, el accionante debía

actuación alguna en detrimento de los intereses de la (sic) accionante”.

Resaltó que “ previo a solicitar la intervención del Juez de Tutela, el accionante debía agotar el conducto regular y acudir primero ante la entidad que represento, para solicitar la gestión o intervención en su caso”.

3.4. El personero municipal de Chía presentó escrito19 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente trámite tutelar por la inexistencia de vulneración o amenaza alguna a los derechos invocados por la parte accionante.

Anotó que la Personería Municipal de Chía no tiene competencia alguna, ni legal ni reglamentaria, para administrar, dirigir, supervisar o intervenir en los concursos de mérito que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. Agregó que cualquier decisión, omisión o actuación relacionada con la implementación de la reserva del 7% establecida en la Ley 2418 de 2024 en el Concurso Territorial 11 es un asunto que escapa completamente a la órbita de su competencia.

En lo que respecta a la relación laboral que existe entre la entidad y el accionante, aclaró que la Personería Municipal de Chía ha procurado en todo momento garantizar las condiciones de trabajo dignas y acordes con las capacidades del señor Niño Escobar.

Concluyó que no existe negativa por parte de la entidad en impleme ntar ajustes razonables que hubiese n sido solicitado, ni actos de desvinculación o tratos discriminatorios o revictimizantes hacia el accionante.

16 Visto en los índices 22 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00.

discriminatorios o revictimizantes hacia el accionante.

16 Visto en los índices 22 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 17 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 18 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 19 Visto en los índices 11 y 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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3.5. El director jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP rindió informe 20 en el que solicitó que se niegue el amparo deprecado y se declare la excepción de cosa juzgada teniendo en cuenta que el accionante promovió otra acción de tutela21 en contra de dicha entidad con iguales pretensiones. Al efecto, aportó el fallo correspondiente.

Expuso que, en el asunto bajo examen, “no se avizora quebrantamiento de algún derecho

de tutela21 en contra de dicha entidad con iguales pretensiones. Al efecto, aportó el fallo correspondiente.

Expuso que, en el asunto bajo examen, “no se avizora quebrantamiento de algún derecho fundamental del accionante, como quiera que el operador judicial ha respetado todas las garantías y derechos inherentes al procedimiento cuestionado, de suerte, que no es este el escenario para enjuiciar el actuar de dicho Despacho judicial”.

Advirtió que en la acción de cumplimiento objeto de debate se encuentra en curso la impugnación presentada por el DAFP por lo que, bajo su consideración, la presente solicitud de amparo deviene improcedente al no haberse agotado todos los mecanismos judiciales correspondientes.

Informó que en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 33 37 044 2025 00390 00, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Michael Nicolás Niño Escobar, hoy accionante, al considerar que “su exclusión del concurso de méritos obedeció al incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el empleo al cual se inscribió, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 191 de 2024 y en la respectiva OPEC”.

Aseguró que “el querer del actor se ciñe en quedar dentro del proceso de selección al cual se inscribió, pero al no superar la etapa de verificación de los requisitos mínimos pretende de cualquier forma, seguir dentro del concurso con el argumento de que no se ha dado cumplimiento a las disposiciones señaladas en el artículo 6° de la Ley 2418 de 2024”.

Adujo que:

pretende de cualquier forma, seguir dentro del concurso con el argumento de que no se ha dado cumplimiento a las disposiciones señaladas en el artículo 6° de la Ley 2418 de 2024”.

Adujo que:

[…] mi representada no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte actora, pues como se ha venido insistiendo ante los diferentes despachos judiciales, la competencia del DAFP se enmarcó en elaborar el proyecto de Decreto “Por medio del cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, referente al procedimiento para la reserva de plazas para personas con discapacidad en los concursos de ingreso y ascenso en el sistema general de carrera administrativa”, en concordancia con lo establecido en la Ley 2418 de 2024.

Por ende, el DAFP no tiene injerencia alguna dentro del proceso de selección citado, ya que la provisión de empleos, en el presente asunto, es competencia de las entidades que adelantan los procesos de selección, como lo es la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Personería Municipal de Chía, entidad a la cual el actor pretende ingresar […].

20 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 21 Identificada con el radicado nro. 11001 33 37 044 2025 00390 00, asignada al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

Accionante: Michael Nicolás Niño Escobar

Administrativo del Circuito de Bogotá.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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3.6. El jefe encargado de la oficina jurídica de la Comisión Nacional de Servicio Civil – CNSC rindió informe22 en el que se opuso a las pretensiones y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela al no existir vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Alegó que:

[…] resulta evidente la improcedencia del amparo, toda vez que, las actuaciones y decisiones frente al caso del accionante, se ajustaron a las reglas del concurso y lo que pretende el tutelante es todo lo contrario, intentar por un medio jurídico no idóneo, que se le cambie de estado de no admitido a admitido por considerar que cumple con el requisito mínimo para el empleo al cual se inscribió y así mismo considerar que la aplicación de los lineamientos respecto del reporte de vacantes definitivas reservada s para personas con discapacidad hoy contenidos en la Circular Externa 2025RS01133 del 2025 y su modificatorio, las cuales como se ha mencionado el proceso de selección Territorial 11, se adelantó conforme lo previsto en la normatividad vigente, anterior a la expedición de la Ley 2418 de 2024 […].

Sostuvo que:

“[…] La CNSC contrario a lo considerado por el demandante, ha obrado en

previsto en la normatividad vigente, anterior a la expedición de la Ley 2418 de 2024 […].

Sostuvo que:

“[…] La CNSC contrario a lo considerado por el demandante, ha obrado en cumplimiento de la disposición legal, emitiendo los lineamientos dentro del plazo fijado para garantizar al momento de reporte de empleos de carrera en vacancia definitiva la reserva de plazas para personas con discapacidad, hecho que per se no implica, desconocer que a la fecha no se ha emitido la reglamentación de la Ley 2418 del 9 de agosto de 2024, aspecto que es de vital relevancia para la materialización de la norma, dado que desd e allí se establecerán los medios, herramientas y condiciones que la misma exige para garantizar la participación de este grupo poblacional en los procesos de selección que adelanta la CNSC, así mismo, no se han establecido los derroteros bajo los cuales s e certificará y acreditará la discapacidad por parte de los aspirantes […]”.

3.7. El apoderado del Ministerio de Salud y Protección Social presentó escrito23 en el que se opuso a las pretensiones formuladas por el accionante y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se exonere de toda responsabilidad a dicha entidad.

Manifestó que “el accionante no ha probado que, durante el proceso seguido ante los despachos judiciales, se haya incurrido en alguno de los yerros que la jurisprudencia ha determinado para acceder a la protección del juez de tutela por parte de este Ministerio, pues no existe conculcación de los derechos fundamentales del mismo”.

3.8. La subdirectora jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó escrito24

pues no existe conculcación de los derechos fundamentales del mismo”.

3.8. La subdirectora jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó escrito24 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo y se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.

22 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 23 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 24 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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Señaló que, frente a los hechos y pretensiones planteados por el accionante, se evidencia que ninguno de ellos se refiere a asuntos que por competencia deban ser atendidos por dicha cartera ministerial por lo que, bajo su consideración, no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la veracidad de lo afirmado en el escrito de tutela.

que ninguno de ellos se refiere a asuntos que por competencia deban ser atendidos por dicha cartera ministerial por lo que, bajo su consideración, no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la veracidad de lo afirmado en el escrito de tutela.

Precisó que “el rol que cumple el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es concretamente presupuestal, en lo que compete a la asignación global de los recursos a cada sección del presupuesto nacional y de acuerdo con la autonomía presupuestal que ostentan las entidades estatales, son ellas las encargadas de administrar y ejecutar los recursos asignados”.

3.9. El asesor de la de la oficina asesora jurídica del Ministerio del Trab ajo, rindió informe25 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela respecto a dicha entidad y se le desvincule del presente trámite constitucional.

Advirtió que “no resulta procedente exigir a esta Cartera apoyo presupuestal ni órdenes sobre concursos o actos de reserva que son competencia propia de la CNSC, el DAFP y las entidades convocantes”.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 26 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 27 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 28, así como con fundamento en el artículo 13 del

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 27 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 28, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 29, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente30:

4.2.1. El señor Michael Nicolás Niño Escobar promovió acción de cumplimiento contra la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, con el fin que se declarara el incumplimiento de dichas entidades

25 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00. 26 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 27 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 28 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 29 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 30 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de cumplimiento identificad a con el radicado nro. 25000 23 41 000 2025 01405 00. Visto en los índices 22 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06555 00.Radicado: 11001 03 15 000 2025 06555 00

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frente a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 6 de la Ley 2418 de 2024, específicamente lo dispuesto en el parágrafo 1 de dicho artículo.

Adicionalmente, solicitó lo siguiente:

Que se ordene la suspensión inmediata de la prueba escrita programada para el 14 de septiembre de 2025, del Concurso Territorial 11, hasta tanto se expida y se garantice el procedimiento reglamentario adecuado que asegure la reserva del 7% para personas con discapacidad y se establezcan ajustes razonables.

Que se ordene a la CNSC y al DAFP la expedición inmediata del procedimiento

garantice el procedimiento reglamentario adecuado que asegure la reserva del 7% para personas con discapacidad y se establezcan ajustes razonables.

Que se ordene a la CNSC y al DAFP la expedición inmediata del procedimiento reglamentario de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2418 de 2024.

Que se ordenen las demás medidas necesarias para proteger el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y garantizar su participación en condiciones de igualdad en los procesos de selección.

4.2.2. La acción de cumplimiento correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Prime