CE - Sentencia 11001031500020250656500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: MONICA DEL PILAR ANGARITA VILLALOBOS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL -Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELANaturaleza subsidiaria del amparo. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. PRETENSIÓN ECONÓMICA. La acción de tutela no es la vía procesal para dirimir pretensiones económicas.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Mónica del Pilar Angarita Villalobos contra el Tribunal Administrativo del Cesar, que mediante sentencia del 10 de abril de 2025 negó las pretensiones de la demanda presentada por la accionante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 20001-33-33-0082024-00103-01.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Mónica del Pilar Angarita Villalobos a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al «debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de

Mónica del Pilar Angarita Villalobos a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al «debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, y principi o pro homine » ; que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar, al haber proferido la sentencia del 10 de abril de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de demanda, en el marco del2 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 2000133-33-008-2024-00103-00/01.

En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean tutelados y que se deje sin efecto la sentencia proferida, por desconocer de manera manifiesta las pruebas del proceso e incurrir en error de hecho y derecho. Consecuentemente, solicitó que se ordene al accionado a proferir una nueva decisión, además de ordenar a las autoridades competentes realizar el seguimiento periódico a las condiciones de riesgo ambiental y social de la zona en los siguientes términos:

«Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de

ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Mónica Del Pilar Angarita Villalobos y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo d efinido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.»

2. Hechos relevantes

Mónica del Pilar Angarita Villalobos radicó la solicitud del pago de sus cesantías junto con la documentación requerida el 24 de agosto de 2021 a través de la plataforma Humano en Línea, por lo que se profirió la Resolución VALLE2021000008 del 4 de octubre de 2021, en la que se reconoció el pago, p ero este solo se ejecutó hasta el 13 de diciembre de 2021. Motivo por el que present ó solicitud de pago de sanción por mora, el 15 de diciembre de 2023, que le fue negado el 29 de diciembre siguiente.

En consecuencia, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Municipio de Valledupar -Secretaría de Educación y La Fiduprevisora S.A.; para que se les ordene reconocer el pago de sanción por mora en el pago de cesantías, que fue negada mediante Oficio VAL2023EE025183 del 29 de diciembre de 2023.

El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo

en el pago de cesantías, que fue negada mediante Oficio VAL2023EE025183 del 29 de diciembre de 2023.

El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, quien mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024 declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación3 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

y cobro de lo no debido . El Juez consideró que las entidades cumplieron con los términos establecidos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues la solicitud de pago de cesantías se dió el 15 de septiembre de 2021, no el 24 de agosto com o indicó la accionante.

Inconforme con la decisión, la accionante present ó recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 10 de abril de 2025. En dicha providencia, el Tribunal confirmó la decisión emitida por el a quo, en tanto considero que el material probatorio allegado confirma que la soli citud de cesantías se presentó el 15 de septiembre de 2021, y el acto de reconocimiento fue expedido el 4 de octubre siguiente, es decir, dentro del término pertinente para ello. Además, que el pago ejecutado por el FOMAG también se dió dentro del término legal.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante considera que la autoridad judicial accionad a vulneró sus derechos fundamentales «debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la

legal.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante considera que la autoridad judicial accionad a vulneró sus derechos fundamentales «debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, y principio pro homine». Lo anterior, por defecto fáctico derivado de la indebida valoración probatoria de parte del Tribunal en la sentencia proferida el 10 de abril de 2025.

La parte accionante a rgumentó que reposa en el expediente prueba suficiente de que la solicitud de cesantías se radic ó el 24 de agosto, no el 15 de septiembre. Y que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa se entiende iniciada en el mome nto en el que se radica la solicitud. Hecho que considera el Tribunal Administrativo desconoció, al indicar que la actuación inició el 15 de septiembre de 2021, cuando la entidad territorial adelantó el estudio de la prestación económica, pues no obra en el expediente solicitud alguna de documentos adicionales, que puedan dar cuenta de que la solicitud no se radic ó en la fecha indicada.

4. Trámite procesal4

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

El 27 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la autoridad judicial accionada, así como a la Nación–Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –, Municipio de Valleduparla autoridad judicial accionada, así como a la Nación–Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –, Municipio de ValleduparSecretaría de Educación - y La Fiduprevisora S.A., como terceros interesados. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, la Nación-Ministerio de Educaci ón Nacional solicitó declarar improcedente la acción por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, al tratarse de una acción impetrada con el fin de reabrir debates discutidos en el proceso ordinario. De manera que acceder a las pretensiones podría implicar una violación al principio de juez natural.

Por su parte, el Municipio de Valledupar solicito declarar que no existió vulneración alguna a los derechos fundamentales incoados por la parte accionante, y declarar que el Municipio de Valledupar no vulneró ningún derecho fundamental, en tanto adelantó todos los trámites en el término pertinente.

La Fiduprevisora S.A. solicitó declarar la acción constitucional improcedente, por no cumplir con los requisitos constitucionales de procedencia, además solicito la desvinculación por falta de legitimación por pasiva.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar remitieron copia digital del expediente ordinario y guardaron silencio respecto de la acción.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia del 10 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia del 10 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar en el marco d el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la accionante fungió como parte demandante.5 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de JusticiaLEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa jud icial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad

el afectado haya agotado todos los medios de defensa jud icial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela pros perará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia

1 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. 2 Ibidem.6 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

constitucional3: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se

Acción de tutela – Primera instancia

constitucional3: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que la tutela no constit uya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU -215 de 2022, la Corte Constitucional rei teró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado , circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamen tales; y (iv) la prevención del uso

la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamen tales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La parte actora alegó vulneración de los derechos fundamentales «al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, y principio pro homine », por considerar que existió material probatorio suficiente para demostrar la radicación completa de la solicitud de cesantías, y que el Tribunal valoró incorrectamente el material probatorio allegado, llevando a conclusiones erróneas y violatorias de sus derechos.

3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).7 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

Del examen del expediente se evidenció que tanto el Juzgado como el Tribunal Administrativo del Cesar, se pronunciaron respecto del material probatorio allegado. En el caso particular, el Tribunal indicó que: «El argumento principal de la apelante es que la solicitud de cesantías realmente se radicó el 24 de agosto de 2021 y no el 15 de septiembre como equivocadamente se indicó en el fallo de primera instancia, puesto que se hizo en el aplicativo de la entidad

«El argumento principal de la apelante es que la solicitud de cesantías realmente se radicó el 24 de agosto de 2021 y no el 15 de septiembre como equivocadamente se indicó en el fallo de primera instancia, puesto que se hizo en el aplicativo de la entidad y allí se le solicitaron varios documentos ant es de iniciar el trámite correspondiente pero la solicitud se hizo en la primera fecha indicada. Revisadas las pruebas se observa que el sistema utilizado por la entidad para la radicación de las solicitudes de cesantías advierte al usuario desde el primer momento que la petición no se entenderá radicada hasta que no se completen los documentos necesarios para el trámite solicitado, asunto que no se evidencia transgresor de los derechos del solicitante en cuanto los trámites previos sobre certificaciones de salarios son indispensables para el reconocimiento de la prestación reclamada y por otra parte no es razonable que los términos establecidos en la ley se cuenten sin que se garantice previamente que se aportaron los elementos necesarios para efectuar el reconocimiento. »

Para la Sala e s claro que las autoridades judiciales ordinarias abordaron el punto discutido con motivación suficiente, identificaron la regla aplicable y valoraron el acervo probatorio disponible. Luego la negativa de las pretensiones de la demanda respondió a una valoración probatoria razonada y a la aplicación directa de la normatividad vigente.

De maner a que la petición de tutela no acreditó un defecto fáctico de carácter constitucional. La censura se limitó a afi rmar que el juez desconoció el valor de los documentos aportados y que, por esa razón, tomó una decisión desfavorable a sus

constitucional. La censura se limitó a afi rmar que el juez desconoció el valor de los documentos aportados y que, por esa razón, tomó una decisión desfavorable a sus intereses. Sin embargo, la providencia atacada evidencia el estudio de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, además de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a las reglas unificadas para el reconocimiento de pagos de cesantías y la mora en caso de ser procedente, establecidas por la Corporación en sentencia SUJ -012-S2 del 18 de julio de 2018.8 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

En ese orden de ideas, reitera la Sala que la acción de tutela no es una habilitación para que el juez constitucional reemplace al juez natural en las decisiones. Luego la discrepancia sobre el mérito de las piezas probatorias al interior de un proceso ordinario es un asu nto de naturaleza meramente procesal y probatoria, que no corresponde a la naturaleza del actuar del juez constitucional.

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela pretendió reabrir un debate legal ya resuelto por el juez competente y convertir el amparo en una tercera instancia, pese a que la providencia censurada mostró motivación suficiente, correspondencia con el marco normativo aplicable y ausencia de arbitrariedad. En consecuencia, no procede el amparo por falta del presupuesto general de relevancia constitucional.

correspondencia con el marco normativo aplicable y ausencia de arbitrariedad. En consecuencia, no procede el amparo por falta del presupuesto general de relevancia constitucional.

Además de lo expuesto, se advierte que la accionante busca perseguir pretensiones netamente económicas sobre la mora en el reconocimiento y pago de cesantías, lo que escapa de la órbita constitucional del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo de pretensiones «deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes»4. Por ello, la acción de tutela tampoco cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción presentada por Mónica del Pilar Angarita Villalobos contra el Tribunal Administrativo del Cesar por la sentencia proferida el 10 de abril de 2025.

4 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.MP Cristina Pardo9 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06565-00

Accionante: Mónica del Pilar Angarita Villalobos Acción de tutela – Primera instancia

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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