CE - Sentencia 11001031500020250657400 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: CARLOS EDUARDO RAMÍREZ ORTIZ Y OTROS

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Caducidad del medio de control de reparación directa por delitos de lesa humanidad - No se configuran los defectos invocados.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Carlos Eduardo Ramírez Ortiz, Pedro José Ramírez Valencia, Francisco Javier Delgado Tabares, Elida del Socorro Ramírez Delgado, Alba Elcy Ramírez Delgado, Dana Yanela Ramírez Delgado, Gleison Adolfo Ramírez Delgado, Jorge Eliecer Ramírez Zayas, Jency Maryory Posada Delgado, Luz Estella Ramírez Ortiz, María Glenis Ramírez Delgado, Leydi Julieth Ospina Ramírez y

Delgado, Jorge Eliecer Ramírez Zayas, Jency Maryory Posada Delgado, Luz Estella Ramírez Ortiz, María Glenis Ramírez Delgado, Leydi Julieth Ospina Ramírez y María Adiela Ramírez, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso al administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 28 de marzo de 2023 y 29 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 05001-33-33-018-2018-00482-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

2.1. Manifestaron que presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional con el fin de que se declarara “[…] administrativa y solidariamente responsable de la totalidad de los daños y perjuicios morales, materiales, daño a la vida de relación, causados por el homicidio del señor Jhonatan Ferney Ramírez Delgado el 18 de diciembre de 2007, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial “falso positivo” por parte de miembros del Ejército Nacional […]”.

vida de relación, causados por el homicidio del señor Jhonatan Ferney Ramírez Delgado el 18 de diciembre de 2007, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial “falso positivo” por parte de miembros del Ejército Nacional […]”.

2.2. Expresaron que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, mediante providencia de 28 de marzo de 2023, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

2.3. Señalaron que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2025, confirmó lo resuelto en primera instancia.

2.4. Consideraron que las providencias cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales indicados supra, por haber incurrido en los defectos fáctico, procedimental absoluto, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.5. Indicaron que el defecto fáctico se configuró “[…] por cuanto es evidente que antes del 20 de septiembre del año 2018 los demandantes no conocían las circunstancias de modo tiempo y lugar en que perdió la vida JONATHAN FERNEY RAMIREZ DELGADO, ya que es en esa fecha (20 de septiembre de 2018) cuando la Fiscalía 107 Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín, hace entrega a su abogado de copia de algunas piezas procesales del expediente, correspondientes a la inv estigación que se adelanta por el delito de homicidio en persona protegida, siendo víctima JONATHAN FERNEY RAMIREZ

DELGADO […]”.

expediente, correspondientes a la inv estigación que se adelanta por el delito de homicidio en persona protegida, siendo víctima JONATHAN FERNEY RAMIREZ

DELGADO […]”.

2.6. Sostuvieron que “[…] las accionadas pretenden imponer una carga probatoria a los demandantes, la cual fue establecida como regla a partir de la sentencia de unificación de Consejo de Estado es del 29 de enero del 2020; sin tener en cuenta, que la demanda de reparación directa fue presentada en el mes de diciembre año 2018 ante los Jueces Administrativos de Medellín. De tal man era, que las accionadas debieron adecuar el proceso, para que los demandantes actualizaran sus planteamientos y adecuarse a las reglas de unificación previstas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Al no permitirse a los demandantes exponer las razones por las cuales no acudieron ante la jurisdicción en los dos años siguientes a la ocurrencia muerte de JONATHAN FERNEY RAMIREZ DELGADO, se incurre por parte de las accionadas en una violación flagrante al DEBIDO

PROCESO por DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO […]”.

2.7. Afirmaron sobre el desconocimiento del precedente judicial que “[…] En el presente asunto las accionadas dieron aplicación al criterio de unificación de la3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

sentencia del 29 de enero de 2020 del Honorable Consejo de Estado, radicado: 85001333300220140014401 (61.003), desconociendo que la posición dominante del honorable Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos, para la

sentencia del 29 de enero de 2020 del Honorable Consejo de Estado, radicado: 85001333300220140014401 (61.003), desconociendo que la posición dominante del honorable Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos, para la fecha de presentación de la demanda diciembre de 2018, era que en los casos de delitos cometidos por la fuerza pública contra civiles, específicamente los casos de homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales, al tratarse de conductas que se enmarcan dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, en el estudio de la caducidad no pu ede otorgarse el mismo tratamiento de otras conductas que se configuran por fuera del conflicto armado […]”.

2.8. Precisaron que se configuró el “[…] DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE VERTICAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (Sentencias SU -167 de 2023; T044/22; T-354/23; T-024/24, T-378/24) […]”.

2.9. Adujeron que se configuró una violación directa de la Constitución comoquiera que “[…] Desconocen las accionadas la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia vinculante para todos los Estados parte (d efecto sustantivo), en el presente asunto la vertida en el caso Almonacid Arellano contra Chile […] Las accionadas no realizan el control oficioso de convencionalidad, teniendo en cuenta que los hechos puestos en su conocimiento daban cuenta de la ocurrencia de un delito de lesa humanidad (ejecución extrajudicial, falso positivo). En el recurso de apelación presentado oportunamente se hace referencia directa la (sic) ausencia de aplicación del control de convencionalidad por parte del fallador

ocurrencia de un delito de lesa humanidad (ejecución extrajudicial, falso positivo). En el recurso de apelación presentado oportunamente se hace referencia directa la (sic) ausencia de aplicación del control de convencionalidad por parte del fallador de primera instancia […]”.

III. PRETENSIONES

3. Los accionantes formularon la siguiente pretensión:

“[…] Con el debido respeto solicito a los honorables Consejeros declare la existencia de la violación de los derechos fundamentales invocados en la presente acción, y en segundo lugar con base en anterior declaración, que la misma jurisdicción proceda a amparar los derechos vulnerados, ordenando dejar sin efecto la providencias de primera instancia proferida por el Juzgado 18 Administrativo de Oral del Circuito de Medellín del 28 de marzo de 2023 y segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral que confirma la sentencia de primera instancia del 29 de septiembre de 2025, dentro del radicado número 05001 33 33 018 2018 00482 01, y que las accionadas procedan a proferir las sentencias, teniendo en cuenta los parámetros ordenados por el Honorable Consejo de Estado […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de noviembre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y a los señores Pedro José

Ramírez Delgado, Sandra Marcela Ramírez Zayas, Gleison Adolfo Ramírez4

calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la NaciónMinisterio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y a los señores Pedro José Ramírez Delgado, Sandra Marcela Ramírez Zayas, Gleison Adolfo Ramírez4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

Delgado en representación de sus hijos menores de edad J.F.R.T., E.R.T. y S.R.T.1, Jency Maryory Posada Delgado en representación de sus hijos menores de edad L.N.A.P. y M.A.A.P. 2, Luz Estella Ramírez Ortiz en representación de sus hijos menores de edad Y.A.R.R., E.R.R. y D.R.R. 3 y María Glenis Ramírez Delgado en representación de su hijo menor de edad J.F.R.D.4.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los vinculados,

se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín solicitó negar la acción de tutela, en la medida que “[…] esta acción de tutela no cumple con los requisitos generales y especiales para la procedencia de la presente acción constitucional y de lo aquí probado, sólo pone de presente que el Despacho obró ajustado a derecho y que NO hay vulneración o afectación alguna al derecho fundamental que considera vulnerado la parte accionante […]”.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó negar la acción de amparo, comoquiera que “[…] se logra colegir, que para pasaron más

fundamental que considera vulnerado la parte accionante […]”.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó negar la acción de amparo, comoquiera que “[…] se logra colegir, que para pasaron más de 9 años para incoar un medio de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y además no se acreditó por la parte interesada la existencia de situaciones que impidieran a los demandantes ejercer su derecho de acción desde el momento mismo del hecho, para lo que se encuentra que desde la presentación de la demanda, se puso de presente que la razón de acudir casi 9 años después al medio de control, encontraba razón de ser en la consciencia de que por ser un delito de lesa humanidad no estaba sometido al término de caducidad […]”.

5.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó negar las pretensiones de la demanda y señaló que el propósito del tutelante se traduce en “[…] esta acción en una tercera instancia, para así, nuevamente, empezar el debate jurídico planeado (sic) […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20156, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

1 No se publican los nombres de los menores de edad. 2 No se publican los nombres de los menores de edad.

de mayo de 20156, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

1 No se publican los nombres de los menores de edad. 2 No se publican los nombres de los menores de edad. 3 No se publican los nombres de los menores de edad. 4 No se publica el nombre del menor de edad. 5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 6 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

de 20217 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 8, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20199, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 202410.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Los accionantes le atribuyeron la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 28 de marzo de 2023 y 29 de septiembre de 2025 proferidas por Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicació n 05001-33-33-018-2018-0048200/01. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 29 de septiembre de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de los accionantes porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de los accionantes porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

8. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo

siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales invocados por l os accionantes al haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico y procedimental absoluto, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

7 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”. 9 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte

judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y

12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 13 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo

que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario jud icial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 14 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. Los señores Carlos Eduardo Ramírez Ortiz, Pedro José Ramírez Valencia,

03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. Los señores Carlos Eduardo Ramírez Ortiz, Pedro José Ramírez Valencia, Francisco Javier Delgado Tabares, Elida del Socorro Ramírez Delgado, Alba Elcy Ramírez Delgado, Dana Yanela Ramírez Delgado, Gleison Adolfo Ramírez Delgado, Jorge Eliecer Ramírez Zayas, Jency Maryory Posada Delgado, Luz Estella Ramírez Ortiz, María Glenis Ramírez Delgado, Leydi Julieth Ospina Ramírez y María Adiela Ramírez, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso al administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de 28 de marzo de 2023 y 29 de septiembre de 2025, proferidas por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación 05001-33-33-018-2018-00482-00/01.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

18. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental y se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales;

(iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término razonable 15; (iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fund amentales fue

otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales; (iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término razonable 15; (iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fund amentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; (v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto, y (vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

19. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, estudiará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por los accionantes. En el caso sub examine se alega la configuración del defecto fáctico, el desconocimiento del precedente judicial y la causal de violación directa de la

Constitución.

15 La providencia objeto de esta acción co nstitucional fue notificada el 30 de septiembre de 2025 y la presente tutela fue radicada el 20 de octubre de 2025.8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

VI.4.2.1. Solución a los defectos en el caso concreto

20. Los accionantes indicaron en síntesis que, en la decisión de 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal

20. Los accionantes indicaron en síntesis que, en la decisión de 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución , de conformidad con los siguientes

argumentos:

21. Indicaron que el defecto fáctico se configuró “[…] por cuanto es evidente que antes del 20 de septiembre del año 2018 los demandantes no conocían las circunstancias de modo tiempo y lugar en que perdió la vida JO NATHAN FERNEY RAMIREZ DELGADO, ya que es en esa fecha (20 de septiembre de 2018) cuando la Fiscalía 107 Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos de Medellín, hace entrega a su abogado de copia de algunas piezas procesales del expediente, cor respondientes a la investigación que se adelanta por el delito de homicidio en persona protegida, siendo víctima JONATHAN FERNEY RAMIREZ

DELGADO […]”.

22. Sostuvieron que “[…] las accionadas pretenden imponer una carga probatoria a los demandantes, la cual fue establecida como regla a partir de la sentencia de unificación de Consejo de Estado es del 29 de enero del 2020; sin tener en cuenta, que la demanda de reparación directa fue presentada en el mes de diciembre año 2018 ante los Jueces Administrativos de Medellín. De tal manera, que las accionadas debieron adecuar el proceso, para que los demandantes actualizaran sus planteamientos y adecuarse a las reglas de unificación previstas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Al no permitirse a lo s demandantes exponer

accionadas debieron adecuar el proceso, para que los demandantes actualizaran sus planteamientos y adecuarse a las reglas de unificación previstas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Al no permitirse a lo s demandantes exponer las razones por las cuales no acudieron ante la jurisdicción en los dos años siguientes a la ocurrencia muerte de JONATHAN FERNEY RAMIREZ DELGADO, se incurre por parte de las accionadas en una violación flagrante al DEBIDO

PROCESO por DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO […]”.

23. Afirmaron sobre el desconocimiento del precedente judicial que “[…] En el presente asunto las accionadas dieron aplicación al criterio de unificación de la sentencia del 29 de enero de 2020 del Honorable Consejo de Estado, radicado: 85001333300220140014401 (61.003), desconociendo que la posición dominante del honorable Consejo de Estado, Tribunales y Juzgados Administrativos, para la fecha de presentación de la demanda diciembre de 2018, era que en los casos de delitos cometidos por la fuerza pública contra civiles, específicamente los casos de homicidios en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales, al tratarse de conductas que se enmarcan dentro de la definición de crímenes de lesa humanidad, en el estudio de la caducidad no puede otorgarse el mismo tratamiento de otras conductas que se configuran por fuera del conflicto armado […]”.

24. Precisaron que se configuró el “[…] DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

VERTICAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (Sentencias SU -167 de 202 3; T044/22; T-354/23; T-024/24, T-378/24) […]”.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06574-00

Accionantes: Carlos Eduardo Ramírez Ortiz y otros

25. Adujeron que se configuró una violación directa de la Constitución comoquiera que “[…] Desconocen las accionadas la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia vinculante para todos los Est ados parte (defecto sustantivo), en el presente asunto la vertida en el caso Almonacid Arellano contra Chile […] Las accionadas no realizan el control oficioso de convencionalidad, teniendo en cuenta que los hechos puestos en su conocimiento daban cuenta de la ocurrencia de un delito de lesa humanidad (ejecución extrajudicial, falso positivo).

En el recurso de apelación presentado oportunamente se hace referencia directa la ausencia de aplicación del control de convencionalidad por parte del fallador de primera instancia […]”.

26. Al respecto, se advierte que, en la sentencia de 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia al analizar la configuración de la caducidad en

el caso sub examine sostuvo lo siguiente:

“[…] En primer lugar, como ha sido señalado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado, el artículo 164.2 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dio lugar a diferentes interpretaciones en torno al tema de la caducidad en el medio de cont rol de la reparación directa cuando se trataba de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En razón

y de lo Contencioso Administrativo dio lugar a diferentes interpretaciones en torno al tema de la caducidad en el medio de cont rol de la reparación directa cuando se trataba de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En razón a la disparidad de criterios existentes en torno al tema, fue precisamente que el Consejo de Estado emitió el 29 de enero de 2020 la sentencia de uni ficación, en ese sentido, contrario a lo indicado por la parte demandante, con el fallo proferido en primera instancia, no se desconoció o irrespetó una tesis vigente al momento de la presentación de la demanda, pues se reitera, no existía una posición uni ficada en lo referente a la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos como el que hoy