CE - Sentencia 11001031500020250657900 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06579-001

Demandantes : Santiago Javier Ochoa Salcedo Demandado : Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión Vinculados : Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Quibdó y la Nación –

Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia Acción : Tutela Derechos : Debido proceso , estabilidad l aboral reforzada, vida en condiciones dignas, salud, seguridad social, mínimo vital, trabajo, acceso a la administración de justicia y confianza legítima Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por Santiago Javier Ochoa Salcedo , contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión , por la presunta vulneració n de su s derechos fundamentales al debido proceso, estabilidad laboral reforzada, vida en condiciones dignas, salud, seguridad social, mínimo vital, trabajo, acceso a la administración de justicia y confianza legítima.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante frente a la vulneración alegada; luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente , se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este

frente a la vulneración alegada; luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente , se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

1 Expediente digital disponible en Samai.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

Demandante: Santiago Javier Ochoa Salcedo

Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó

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La parte actora interpuso el presente recurso de amparo , con el fin de obtener decisión favorable sobre las siguientes pretensiones:

1. Se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y al trabajo, a la protección especial de las personas con disminución de la capacidad laboral, el derecho a ser reubicado, al acceso a la administración de justicia y la garantía de la confianza legítima, por la violación constitucional que comportan la sentencia accionada por defecto fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial de las sentencias:

• Sentencia T-358/24
• Sentencia T-372/18 • Sentencia T-373/24 • Sentencia del Honorable Consejo de estado del 03/12/2020 No. 11001 -03-15-000-2020

00170-01

• Sentencia C-063/18

2. Se ordene a la accionada Tribunal Administrativo del Chocó – Sala segunda de decisión MP Dr. Larry Yesid Cuesta Palacios, DICTAR NUEVA SENTENCIA, QUE SUSTITUYA LA

00170-01

• Sentencia C-063/18

2. Se ordene a la accionada Tribunal Administrativo del Chocó – Sala segunda de decisión MP Dr. Larry Yesid Cuesta Palacios, DICTAR NUEVA SENTENCIA, QUE SUSTITUYA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDIENDO A CONFIRMAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA y CONCEDER LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA , sentencia que se debe dictar teniendo en cuenta la carencia de carga argumentativa para sustentar la decisión y el desconocimiento del precedente jurisprudencial tal como lo son

las sentencias:

• Sentencia T-358/24
• Sentencia T-372/18 • Sentencia T-373/24 • Sentencia del 03/12/2020 No. 11001-03-15-000-2020-00170-01 • Sentencia C-063/18 %.

1.3 Hechos2.

El accionante manifestó que ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional desde el año 2017, y, desde 2019, padece «[…] patologías psiquiátricas y [es] farmacodependiente, razón por la cual convo[có] a la Junta Médico Laboral de las Fuerzas Militares».

Señaló que la Junta Médico Laboral de las Fuerzas Militares revisó su situación psicofísica, y a través de Acta 210044 de 28 de julio de 2021, encontró una p érdida de capacidad laboral del 11,50%.

Inconforme con esa determinación, convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que, mediante Acta de 29 de abril de 2022, ratificó la evaluación impugnada.

Inconforme con esa determinación, convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que, mediante Acta de 29 de abril de 2022, ratificó la evaluación impugnada.

Con sustento en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral anterior, el Ej ército Nacional dispuso retirarlo del servicio, por medio de Orden de Personal 1596 de 24 de mayo de 2022, acto que fue notificado el 3 de junio de 2022.

2 Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

Demandante: Santiago Javier Ochoa Salcedo

Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó

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Interpuso acción de tutela con la finalidad de ser reintegrado al servicio, y obtuvo sentencia de segunda instancia emitida el 11 de octubre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en la que dispuso:

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2022 por el Juzgado 6° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. En consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y al mínimo vital del

ciudadano Santiago Javier Ochoa Salcedo.

SEGUNDO: ORDENAR al Comandante del Ejército Nacional que a través de quien corresponda, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, reintegre al accionante a un cargo equivalente al que venía desempeñando, el

corresponda, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, reintegre al accionante a un cargo equivalente al que venía desempeñando, el cual debe r esultar acorde con sus aptitudes sicofísicas, función que desempeñar [á] hasta tanto se produzca la calificación definitiva que se ordenará en este proveído. Además, debe efectuar a Ochoa Salcedo el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo en el que ha estado desvinculado de la institución por cuenta de la orden administrativa No. 1596 del 23 de mayo de 2022.

Cabe advertir que en todo caso se deberá lograr la reubicación del accionante, aun si ello comporta la prestación de la capacitación necesaria para que pueda asumir nuevas funciones administrativas, docentes, de instrucción, etc., al interior del Ejército, velando porque no se lo desvincule de la institución, por ser sujeto de especial protección constitucional.

Dice que el anterior amparo fue dispensado de manera transitoria, por lo que, el 6 de diciembre de 2022, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ejército Nacional, en la que pretendió la anulación de la Orden de Personal 1596 de 24 de mayo de 2022, y la declaración definitiva de reintegro a la institución.

Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2024, el Juzgado 7 Administrativo de Quibdó resolvió:

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la orden administrativa de personal No. 1596 del 24 de mayo de 2022, por medio de la cual el

resolvió:

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la orden administrativa de personal No. 1596 del 24 de mayo de 2022, por medio de la cual el EJ[É]RCITO NACIONAL , retir[ó] del servicio activo al señor SANTIAGO JAVIER OCHOA SALCEDO de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, a título de restablecimiento del derecho, a reintegrar sin solución de continuidad, al señor SANTIAGO JAVIER OCHOA SALCEDO identificado con cedula de ciudadanía 1.075.305.829 de Neiva; para tal efecto, deberá reubicarl[o] con el fin de que desempeñe una actividad o labor que se adec [ú]e a las recomendaciones de medicina laboral, así como que tenga en cuenta su escolaridad y destrezas. De ser necesario, la entidad debe proveer ajustes razonables para el desempeño de la actividad y capacitarlo para asumir las nuevas labores.

La reubicació n deberá garantizar una remuneración mensual igual o mayor al salario que estaba recibiendo al momento de su retiro.

TERCERO: Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, a título de restablecimiento del derecho, a pagar al señor SANTIAGO JAVIER OCHOA SALCEDO , los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta el momento del cumplimiento de la sentencia, aplicando los descuentos por los conceptosAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

Demandante: Santiago Javier Ochoa Salcedo

momento del cumplimiento de la sentencia, aplicando los descuentos por los conceptosAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

Demandante: Santiago Javier Ochoa Salcedo

Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó

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autorizados por la ley.

El Ejército Nacional interpuso recurso de apelación contra dicho proveído, resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, en la que revocó la decisión de primera instancia, en los siguientes términos:

FALLA

PRIMERO: REVOCAR lo resuelto en la Sentencia No. No. 233 del 18 de septiembre de 2024, proferida por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE QUIBDÓ, que concedió parcialmente las s[ú]plicas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de legalidad del acto administrativo demandado, propuesta por la parte demandada por las razones expuestas.

TERCERO: NEGAR las s[ú]plicas de la demanda de conformidad con las consideraciones expuestas.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Choco, el cumplimiento de las medidas de protección a la intimidad y al buen nombre que están relacionadas y descritas en el penúltimo párrafo de la parte considerativa de esta providencia, a la vez que se insta a la entidad demandada y al Juzgado de primera instancia para que guarden el nombre de los demandantes. En ese orden de ideas, se deberá garantizar en todo momento la protección a la identidad de los demandantes en los archivos magnéticos y en las copias

se insta a la entidad demandada y al Juzgado de primera instancia para que guarden el nombre de los demandantes. En ese orden de ideas, se deberá garantizar en todo momento la protección a la identidad de los demandantes en los archivos magnéticos y en las copias que se entreguen de esta providencia para acceso al público.

Adujo que la magistrada Dunnia Madyuri Zapata Machado salvó su voto en esa oportunidad, y argumentó que la «[…] Sala no tuvo en cuenta la jurisprudencia reitera[da] de la Corte Constitucional respecto de la protección de los derechos laborales del personal militar que presenta limitaciones físicas o psicológicas, en la que se ha determinado que debe priorizarse su integración y reubicación antes de disponer su retiro del servicio».

Finalmente, dijo que, desde su reubicación en 2022, prestó sus servicios «[…] en el Batallón de Sanidad en Campaña J.M. HNDEZ como ayudante analista de soldados ([se] encargaba de ingresar los soldados al sistema, de los ingresos y salidas de la clínica e incapacidades de soldados, entre otros asuntos)[;] luego en el año 2023 f u[e] trasladado para el Batallón de Infantería # 17 GR DOMINGO CAICEDO en Tolima[,] donde deb[e] estar a cargo de la mensajería del Batallón».

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo del Chocó en la providencia reprochada incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al aplicar una teoría restrictiva y exegética sobre el retiro del servicio de los miembros de la Fuerza Pública, sin tener en cuenta que, la disminución de la capacidad laboral se

al aplicar una teoría restrictiva y exegética sobre el retiro del servicio de los miembros de la Fuerza Pública, sin tener en cuenta que, la disminución de la capacidad laboral se genera en la misma institución, y produce un fuero de estabilidad laboral reforzada.

Al respecto, en concreto, mencionó las sentencias T-372 y C-063 de 2018, T-358 y T-373Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

Demandante: Santiago Javier Ochoa Salcedo

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de 2024, de la Corte Constitucional, y el fallo de 3 de diciembre de 2020, expedido por el Consejo de Estado en el expediente 11001-03-15-000-2020-00170-01.

II. TRÁMITE PROCESAL

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia 3: indicó que la acción de tutela que nos ocupa es improcedente, dado que, busca plantear un nuevo debate sobre los hechos, pruebas y desacuerdos que ya fueron objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, refirió que , el acto demandado era un acto legal y sustentado en la normatividad, y más aún cuando existía una disminución de la capacidad laboral para la vida militar, siendo que justa su desvinculación del servicio, al ser una actividad peligrosa, requiere el 100% de la capacidad.

EL Tribunal Administrativo del Chocó Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Séptimo

vida militar, siendo que justa su desvinculación del servicio, al ser una actividad peligrosa, requiere el 100% de la capacidad.

EL Tribunal Administrativo del Chocó Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Quibdó no se pronunciaron sobre esta acción de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela , en virtud de lo normado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial; de ser así, se deberá establecer si la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Quibdó, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, estabilidad laboral reforzada, vida en condiciones dignas, salud, seguridad social, mínimo vital, trabajo, acceso a la administración de justicia y confianza legítima.

3 Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 008.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

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3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa jud icial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho4.

3.4. Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales5, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales5, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/05 6. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

4 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. 5 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 6 M.P. Jaime Córdoba TriviñoAcción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...) d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por

inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución.7

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

3.5 Análisis de los requisitos generales de procedencia

determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

3.5 Análisis de los requisitos generales de procedencia

Analizados los requisitos generales de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Relevancia constitucional: el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, estabilidad laboral reforzada, vida en condiciones dignas, salud, seguridad social, mínimo vital, trabajo, acceso a la administración de justicia y confianza legítima de la parte actora.

(ii) Legitimación en la causa por activa: el accionante es el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

(iii) Subsidiariedad: contra la decisión objeto de censura no procede recurso ordinario alguno, por tratarse de una sentencia de segunda instancia;

(iv) Identificación de los hechos: se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;

(v) Inmediatez: el requisito de inmediatez se satisface por cuanto se encuentra dentro de los 6 meses posteriores a la ejecutoria de la providencia.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues, pese a que el actor alegó también el defecto fáctico, sus argumentos están relacionados con una presunta inaplicación de criterios fijados en

asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues, pese a que el actor alegó también el defecto fáctico, sus argumentos están relacionados con una presunta inaplicación de criterios fijados en

7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

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sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto en discusión, por lo que en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial8, resulta adecuado analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.

3.6. Análisis de mérito - Desconocimiento del precedente.

El actor plantea que el Tribunal Administrativo encartado incurrió en un desconocimiento del precedente , en cuanto no observó las tesis jurisprudenciales establecidas en las sentencias T-372 y C-063 de 2018, T-358 y T-373 de 2024, de la Corte Constitucional, y la sentencia de 3 de diciembre de 2020, expedida por el Consejo de Estado en el expediente 11001-03-15-000-2020-00170-01.

Al respecto, la Sala advierte que el precedente judicial constituye un pilar del Estado de Derecho9, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles.

Al respecto, la Sala advierte que el precedente judicial constituye un pilar del Estado de Derecho9, pues busca asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles.

La causal de desconocimiento del precedente tiene dos modalidades, a saber: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, que tiene su origen en el artículo 241 superior y que se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucio nal en su jurisprudencia10; y (ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, que hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia a dolece de un defecto sustantivo 11 en virtud de los principios del debido

8 Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamenta les de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].

15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».

15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda». 9 Sentencias de 16 de marzo de 2006, Sección Segunda Subsección B, CP. Alejandro Ordoñez Maldonado, radicado 2881 -04, reiterado en sentencia del 25 de marzo de 2006, rad. 2922-04; así como de 1.º y 22 de marzo de 2012, rads. 2008-00366-01 y 225910, expedidas por el Consejo e Estado. 10 Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela». 11 Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T -193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria

Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.

P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-06579-00

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proceso, igualdad y buena fe12.

Con el fin de identificar si el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en el defecto enrostrado en esta oportunidad, conviene recordar el contenido y alcance de las sentencias presuntamente desconocidas:

a. C-063 de 201813: en esa oportunidad, la Corte Constitucional estudió si, ¿los artículos 8º (parcial) y 10º del Decreto Ley 1793 de 2000 violan los derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada, al autorizar el retiro de los soldados profesionales que sufran una disminución en su capacidad y aptitud psicofísica, por esa condición?

Con el fin de resolver dicho interrogante, refirió a su jurisprudencia en vigor, así:

En esa medida, la jurisprudencia ha concluido que cuando el empleador conoce el estado de salud de su empleado y tiene la posibilidad de situarlo en un nuevo puesto de trabajo, deberá reubicarlo en ese nuevo lugar en el cual se eliminen las barreras sociales de ingreso y

En esa medida, la jurisprudencia ha concluido que cuando el empleador conoce el estado de salud de su empleado y tiene la posibilidad de situarlo en un nuevo puesto de trabajo, deberá reubicarlo en ese nuevo lugar en el cual se eliminen las barreras sociales de ingreso y permanencia en el empleo. En caso de que no lo haga, y lo despida, se presume que el despido se efectuó como consecuencia de su condición y que el empleador abusó de una facultad legal para legitimar una conducta discriminatoria.

43. Ahora bien, las anteriores consideraciones no han sido ajenas al ámbito militar, particularmente cuando el empleador es el Ejército Nacional y aquellos que pierden su capacidad psicofísica son soldados profesionales. Así, e n distintas ocasiones se ha protegido el derecho a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada de los soldados cuando se ordena su retiro con pase de reserva, en aplicación de los artículos 8º y 10º del Decreto Ley 1793 de

2000 (demandados).

Es el caso de las sentencias T-437 de 2009, T-503 de 2010, T-470 de 2010, T-862 de 2010, T081 de 2011, T-417 de 2011, T-585 de 2011, T-910 de 2011, T-459 de 2012, T-1048 de 2