CE - Sentencia 11001031500020250658000 de 2025

Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06580-00

Demandante: HENRY ALFONSO GARZÓN SÁNCHEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Henry Alfonso Garzón Sánchez , mediante apoderado judicial 1, instauró acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Henry Alfonso Garzón Sánchez , mediante apoderado judicial 1, instauró acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo digno.

El accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales mencionadas, con ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 23 de abril de 2025, a través de la cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-201700206-01, adelantado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje [en adelante Sena].

1.2. Pretensiones

1 Índice 02 Samai poder aportado junto al escrito de tutela Guillermo Jutinico Hortua 2 Índice 02 Samai 15 de octubre de 2025Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

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Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 2. Dejar sin efectos la sentencia impugnada: Que se deje sin efectos la providencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, dentro del proceso identificado con la radicación 2500023-42-000-2017-00206-01 (3886-2022), por vulnerar los derechos fundamentales mencionados.

3. Restablecimiento del fallo de primera instancia o adoptar las medidas necesarias a fin de que cese la vulneración de los derechos fundamentales: en consecuencia, se ordene restablecer los efectos de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que reconoció la existencia de una relación laboral encubierta entre el accionante y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, declarando el derecho al pago de las prestaciones sociales derivadas de dicha relación durante el período comprendido entre el 28 de enero de 2010 y el 12 de diciembre de 2015.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Henry Alfonso Garzón Sánchez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena, reclamó la nulidad del oficio 004990 de 02 de marzo de 2016 mediante el cual la entidad negó el reconocimiento de una relación laboral.

de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena, reclamó la nulidad del oficio 004990 de 02 de marzo de 2016 mediante el cual la entidad negó el reconocimiento de una relación laboral.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a reconocer, y pagar a favor de la demandante las prestaciones sociales a partir del 2010 hasta el 2015.

El proceso correspondi ó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A 4 que, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2021 , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, indicó que, de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del plenario se demostró que el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez prestó sus servicios a la entidad demandada como instructor en el programa de análisis y desarrollo de sistemas de información desde el 28 de enero de 2010 al 12 de diciembre de 2015, a través de sendos contratos de prestación de servicios , y desarrolló de manera permanente la actividad de impartir instrucción a los aprendices, que es el objeto misional del Sena, sin autonomía, en condiciones de subordinación, sujeta al cumplimiento una jornada laboral y debía solicitar permiso para ausentarse en sus horarios de trabajo.

3 Transcripción original del texto con posibles errores. 4 Sala integrada por los magistrados José María Armenta Fuentes, Carmen Alicia Rengifo Sanguino y Néstor Javier Calvo ChavesDemandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

y Néstor Javier Calvo ChavesDemandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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Consideró que, los negocios jurídicos celebrados entre el demandante y la entidad pública demandada fueron realmente contratos de trabajo y no de servicios, dado que durante la ejecución del objeto contractual se hizo evidente la subordinación y la prestación personal del servicio contratado.

Teniendo en cuenta lo anterior, declaró la nulidad del ac to administrativo acusado, y la existencia de una relación laboral entre el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez y el Sena, desde el 28 de enero de 2010 al 12 de diciembre de 2015.

A título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor del demandante las prestaciones sociales de orden legal teniendo como ingreso base de liquidación el valor de los honorarios pactados en los contratos, y a título de indemnización , le ordenó girar a favor de las entidades de previsión a las que estaba afiliado el accionante, el valor correspondiente a las sumas faltantes por concepto de aportes en pensión, únicamente en el porcentaje que como empleador debió realizar, por el periodo que se demostró la vinculación laboral.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la entidad demanda formuló recurso de apelación, indic ó que debía probarse la existencia de la subordinación , deben existir los medios probatorios que den cuenta de forma fehaciente sobre las

laboral.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la entidad demanda formuló recurso de apelación, indic ó que debía probarse la existencia de la subordinación , deben existir los medios probatorios que den cuenta de forma fehaciente sobre las continuas órdenes a las que estaba sujeto el demandante al Sena.

Agregó que, los contratos tenían carácter temporal y limitado en el tiempo, pues solamente se celebraron por el tiempo indispensable para ejecutar el objeto contractual, los cuales eran diferentes uno del otro y expuso que lo que existió fue una gestión de coordinación para el desarrollo de las actividades que entre el actor y la entidad demandada.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , mediante providencia del 23 de abril de 2025 , revocó la decisión del a quo, argumentó que, de las pruebas aportadas en el proceso no se logró acreditar el elemento de la subordinación, al considerar que, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los contratos de prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda relación con la coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución del objeto convenido.

Finalmente, concluyó que , no se demostró la existencia de direccionamientos puntuales al demandante en cuanto al contenido, cantidad, forma o actividades concretas y específicas con las que debía ejecutar las funciones convenidas en los respectivos contratos , es decir, no se logó probar la continua subordinación y/o dependencia del señor Garzón Sánchez respecto al Sena.

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 27 de mayo de 20255.

5 Índice 018 SamaiDemandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez

La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 27 de mayo de 20255.

5 Índice 018 SamaiDemandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El señor Garzón Sánchez consideró que la autoridad judicial accionada , al proferir la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

En cuanto al yerro fáctico expuso que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A valoró indebidamente las pruebas documentales y testimoniales que demostraban la existencia de una relación laboral encubierta entre el accionante y el S ena, tales como contratos u órdenes de prestación de servicios, funciones asignadas, cumplimiento de horarios, supervisión de labores , reportes y evaluaciones, las cuales consideró que fueron ignoradas o interpretadas de manera arbitraria, cuando estas evidenciaban la subordinación.

Respecto al defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció la norma aplicable y la jurisprudencia vigente, particularmente la Sentencia de Unificación de 9 de septiembre de 2021 (SUJ-025-CE-S2-2021)6 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

vigente, particularmente la Sentencia de Unificación de 9 de septiembre de 2021 (SUJ-025-CE-S2-2021)6 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

Precisó que, al apartarse injustificadamente de este precedente vinculante, el fallo incurrió en un defecto sustantivo, en tanto aplicó erróneamente normas sobre contratación estatal que no son pe rtinentes frente a una relación laboral demostrada. Argumentó que, la decisión judicial cuestionada carece de fundamento jurídico y probatorio suficiente.

Adujo que la autoridad judicial accionada otorgó un trato desigual e injustificado al accionante, en comparación con otros contratistas del Sena que, en circunstancias fácticas y jurídicas análogas, sí han obtenido el reconocimiento de la relación laboral encubierta conforme a la jurisprudencia de unificación citada del propio Consejo de Estado.

Referenció fallos del Consejo de Estado, Sección Segunda, en las cuales indicó que se resolvió casos iguales en sentido favorable a los contratistas del Sena :

Sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. 25000 -23-42-000-201601152-02, M.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas: se determinó que las funciones desempeñadas por el contratista eran inherentes al objeto misional del SENA, configurándose relación laboral por la prestación continua del servicio.

Sentencia del 6 de marzo de 2024, Rad. 17001 -23-33-000-201400482-01, M.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas: se concluyó que el contratista desarrollaba funciones análogas a las de un instructor de planta, bajo supervisión directa y

Rafael Francisco Suárez Vargas: se concluyó que el contratista desarrollaba funciones análogas a las de un instructor de planta, bajo supervisión directa y cumplimiento de horarios institucionales.

Sentencia del 9 de mayo de 2024, Rad. 08001 -23-33-000-201900687-01, M.P.

César Palomino Cortés: se reconoció que el instructor prestaba sus servicios en forma subordinada, sin autonomía técnica ni administrativa, ejecutando actividades propias de la misión institucional del SENA.

6 Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016)Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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Sentencia del 26 de junio de 2024, Rad. 13001 -23-33-000-201600976-01, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera: se acreditó la existencia de subordinación, continuidad y permanencia, declarando la relación laboral encubierta.

Sentencia del 27 de junio de 2024, Rad. 20001-23-33-000-201900130-01, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar: se reiteró que las labores de formación profesional y docencia son permanentes y esenciales al objeto misional del SENA, y por tanto, no pueden desarrollarse mediante contratos civiles de prestación de servicios7

Enrique Bedoya Escobar: se reiteró que las labores de formación profesional y docencia son permanentes y esenciales al objeto misional del SENA, y por tanto, no pueden desarrollarse mediante contratos civiles de prestación de servicios7

Adicionalmente, trajo a colación apartes de las providencias anteriormente citadas en cuanto: 1) las funciones de los contratistas constituyen parte del objeto misional del Sena, 2) estas se encuentran en el manual de funciones del Sena, y, 3) el servicio no se puede ejercer de manera autónoma e independiente.

Así mismo, manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó de las sentencias SU-445 de 2019 SU-047 de 2019 SU-355 de 2015 y SU-259 de 2021 , así como la C-154 de 1997 de la Corte Constitucional. . 1.5. Trámite de la acción de tutela

La solicitud de amparo fue presentada el 16 de octubre de 2025, que correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que mediante providencia el 17 de octubre de 2025, remitió por competencia el expediente al Consejo de Estado, en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 68º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

La acción de tutela fue radicada en el Consejo de Estado el 20 de octubre de 2025 y le correspondió por reparto a la Magistrada Ponente de esta decisión, quien mediante escrito del 23 de octubre de 20259, manifestó́ estar impedida para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmersa en la causal 5º del

y le correspondió por reparto a la Magistrada Ponente de esta decisión, quien mediante escrito del 23 de octubre de 20259, manifestó́ estar impedida para conocer de la acción constitucional al considerar que estaba inmersa en la causal 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por disposición del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

La Sala, mediante proveído del 6 de noviembre de 2025 10, declaró infundada la causal y, en consecuencia, ordenó la devolución del expediente.

Posteriormente, en auto del 20 de noviembre de 202511, se admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar12 al tutelante13, a los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.14

7 Transcripción literal del escrito de tutela, incluye errores ortográficos 8 «las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Dec isión, Sección o Subsecci ón que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto...». 9 Índice 04 Samai 10 Índice 09 Samai 11 Índice 16 Samai 12 Índice 19 Samai 13 Notificación al correo electrónico guillermojutinico@gmail.com. 14Notificación a los correos electrónicos notifjduque@consejodeestado.gov.co dperezc@consejodeestado.gov.co,notifjmoralest@consejodeestado.gov.co,dgavirias@consejodee

14Notificación a los correos electrónicos notifjduque@consejodeestado.gov.co dperezc@consejodeestado.gov.co,notifjmoralest@consejodeestado.gov.co,dgavirias@consejodee stado.gov.co notiflmesa@consejodeestado.gov.co ces2secr@consejodeestado.gov.co .Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, al Sena15 [extremo pasivo del proceso contencioso] y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A 16 [juez de primera instancia del ordinario].

1.6. Intervenciones.

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A17

El actual magistrado del Despacho 18 expuso que , conforme a los atributos de autonomía e independencia judicial, con fundamento en el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto la primera, como la segunda instancia tomaron sus decisiones.

Además, señaló que, no existe vulneración a derecho fundamental alguno invocado por el actor, sino una inconformidad con las providencias proferidas dentro del proceso, en especial la de segunda instancia.

1.6.2. Servicio Nacional de AprendizajeSena 19

por el actor, sino una inconformidad con las providencias proferidas dentro del proceso, en especial la de segunda instancia.

1.6.2. Servicio Nacional de AprendizajeSena 19

El director del regional del distrito capital de la entidad solicitó que se desvincule a la entidad del trámite constitucional. Se opuso a todas y cada una de las peticiones presentada en el escrito de tutela y consideró que la solicitud de amparo debería declararse improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el accionante pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , por encontrarse inconforme con la valoración probatoria efectuada por el juez de segunda instancia.

1.6.3. Pese a que los m agistrados que integran el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A fueron debidamente notificados20, no contestaron la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

15Notificación a los correos electrónicos judicialdirecciong@sena.edu.co judicialcundinamarca@sena.edu.co judicialdistrito@sena.edu.co. 16 Notificación a los correos electrónicos scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co

15Notificación a los correos electrónicos judicialdirecciong@sena.edu.co judicialcundinamarca@sena.edu.co judicialdistrito@sena.edu.co. 16 Notificación a los correos electrónicos scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co. 17 Índice 20 18 Andrés José Quintero Gnecco 19 Índices 10 y 12 Samai 20 Índice 019 SamaiDemandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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2.2. Cuestión previa

El Sena solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional. Sin embargo, no se accederá a lo pedido, puesto que su vinculación se dio en calidad de tercero con interés jurídico legítimo, por ser la entidad demandada en el proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Por esa razón, se considera pertinente que ejerzan su derecho de defensa y contradicción dentro de la acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

Conforme con lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al trabajo invocados por el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez , con ocasión de la sentencia proferida el 23 de abril de 2025 que revocó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para, en su lugar, negar las pretensiones elevadas por el actor en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2017-00206-00/01.?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y, (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 21 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 22 y declaró su procedencia.23

unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 22 y declaró su procedencia.23

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 22 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñado. 23 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requi sitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento

1. subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

De manera preliminar, la Sala adelanta que el estudio de los yerros será separado en atención a que el presente requisito no se encuentra satisfecho en uno de ellos; para lo cual , resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este presupuesto.

para lo cual , resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este presupuesto.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando s e cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

24 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00

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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de

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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela , instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusio nes de naturaleza eminentemente legal25 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 26; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional27.

[…] En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

[…] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en se ñalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal28”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales29”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental […]

25 Sentencia SU-573 de 2019. 26 Sentencia SU-103 de 2022. 27 Sentencia SU-103 de 2022. 28 Sentencia SU-103 de 2022. 29 Sentencia SU-128 de 2021